Decisión nº 17 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 19 de Septiembre de 2016

Alegan los recurrentes que fue solicitada la nulidad absoluta del escrito de acusatorio, siendo ésta declarada sin lugar por la Juzgadora A quo, sin indicar los motivos de hecho y de derecho en que se funda tal decisión negativa.

Al respecto, oportuno es de indicar, que cursa de los folios 155 al 158 de la Pieza Nº 01, escrito presentado por la defensa pública, en la que opone como excepción la contenida en el artículo 28 numeral 4 literal “i” del Código Orgánico Procesal Penal, vale decir la excepción referida a la acción promovida ilegalmente por falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal, toda vez que el acto conclusivo (acusación fiscal) no reúne los requisitos exigidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, particularmente en lo que respecta al numeral 3 eiusdem, el cual impone que la acusación fiscal contenga: “3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan”.

De este modo, la defensa técnica señaló textualmente en el escrito de oposición de excepción lo siguiente:

Respecto al requisito contemplado en el numeral 3º del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es: “Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan”, la defensa considera, tal como se desprende en autos, luego de un detenido examen de la acusación fiscal, que los elementos de convicción y los medios de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público en la causa penal, no acreditan los hechos imputados a mi defendido, por cuanto no establecen un nexo de causalidad directo o indirecto ni lógico entre aquellos y éste, motivo por el cual no resultan idóneos para demostrar que mi defendido realizó la conducta antijurídica que se subsume en el tipo penal por el cual se le acusó, lo que acarrea la inadmisibilidad de la acusación por ausencia de fundamentos serios para su enjuiciamiento como lo exige el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, todo ello en acatamiento al criterio establecido en la sentencia vinculante, NRO: 1242 del 16 de agosto de 2013, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia…

En virtud de tales consideraciones y dado que el escrito de acusación fiscal no cumple con los requisitos a los cuales se refieren el numeral 3º del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual hace procedente en derecho el ejercicio de la excepción contemplada en el artículo 28 numeral 4º, literal “i” ejusdem, esta Defensa, muy respetuosamente, solicita que se declare con lugar la excepción planteada en el presente asunto penal y en consecuencia inadmita totalmente la acusación fiscal presentada en contra de mi defendido y como consecuencia de la inadmisibilidad, declare el sobreseimiento de la causa, de conformidad con lo previsto en los numerales 1º y 4º del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal”.

Posteriormente, en la celebración de la audiencia preliminar de fecha 14/03/2016 (folios 163 al 167 de la Pieza Nº 01), al cedérsele el derecho de palabra al Abogado GEGDIEL CASTELLANOS, en su condición de Defensor Privado de los imputados L.A.C.Z. e I.J.L.L., en razón de haber cesado en sus funciones la defensa pública, éste alegó lo siguiente: “mi defendido estaba prestando apoyo a un agente policial, solicito una medida menos gravosa para mi defendido, y un cambio de calificación, solicito copia de la presente acta y de la motiva, solicito la prueba complementaria fundamentada en el artículo 326, la declaración del jefe inmediato del funcionario L.C., así como copia certificada del Libro de novedades, ambos de la fecha que prueba los hechos, es todo”.

Por su parte, al cedérsele el derecho de palabra a la Defensora Privada Abogada YOIMAR RODRÍGUEZ, en la celebración de la audiencia preliminar, indicó: “solicito no se admita la acusación fiscal, por no cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, Así mismo hago referencia a la sentencia nº 1303 de la SALA CONSTITUCIONAL en concordancia con lo establecido en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, aunado a esto LA SENTENCIA 1242 DE FECHA 16 AGOSTO del año 2003, ratifico el escrito de excepción presentados en su oportunidad legal, mi defendido es un funcionario policial activo, lo que trató de hacer fue frustrar un delito, solicito el cambio de calificación de acuerdo al artículo 409 en concordancia con el 65 del Código Penal, solicito una medida menos gravosa como puede ser el Arresto Domiciliario, quiero acotar que la diligencia de la Planimetría Balística fue consignada después de la acusación, es todo”.

Ante dichas solicitudes planteadas por la defensa técnica, la Jueza de Control en el auto de apertura a juicio oral y público publicado en fecha 04/04/2016 (folios 168 al 180 de la Pieza Nº 01), se pronunció del siguiente modo:

TERCERO

Oída los argumentos esgrimidos por los Defensores privados en que afirman que los imputados no tenían la intención de causar la muerte del adolescente sino frustrar la ejecución de un robo, dada la condición de funcionario policial de uno de ellos y que en consecuencia se trata de un hecho culposo o en cumplimiento del deber, se tiene de las entrevistas rendidas en la fase de investigación que el ciudadano L.A.C.Z. no se encontraba en ejercicio de sus funciones, que además estaba ingiriendo licor y como consecuencia de la actitud sospechosa de robo por parte de dos sujetos a bordo de una moto, comienza la persecución accionando el arma de fuego indiscriminadamente dado que el sitio del suceso se trata de una zona residencial en que para el momento habían personas en tránsito y niños en la calle, indicándose en las entrevistas que el imputado una vez que lesionó al adolescente se bajó de la moto y lo observó y abandonó el lugar de donde se infiere que no lo auxilió y demostró irrespeto por la vida de este adolescente y prueba de ello es que los imputados fueron ubicados en sus viviendas para su aprehensión, lo que no se corresponde con la conducta de un funcionario consciente y responsable de sus actos. A todo evento, se trata de un análisis de los hechos que corresponde ser dilucidado en un debate oral y público pero que e esta audiencia no hacen procedente el cambio de calificación jurídica ya que es indiscutible que el funcionario accionó su arma en reiteradas oportunidades y que no impactó en la humanidad de los sujetos que perseguía pero si en la de un adolescente que salía de una casa en dirección a la suya, por lo que se declara sin lugar la solicitud de la Defensa.

De modo tal, que existen dos situaciones que precisar. La primera, en cuanto a la oposición de la excepción (art. 28, numeral 4, literal “i”) presentada mediante escrito por la defensa pública ejercida en ese momento, conforme a las previsiones del artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la segunda, referida a la solicitud efectuada por la defensa privada en su escrito de apelación, en cuanto a la nulidad absoluta de la acusación fiscal, la cual fue declarada sin lugar por la Juzgadora A quo.

De esta manera, es de señalar, que procesalmente es de lege ferenda, que contra quien se acciona, tiene el derecho de excepcionarse, atacando en materia penal la acusación, tal como consta en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal

Por ende, las excepciones se identifican con defensas que pueden oponer las partes, ya sean de fondo, dirigidas a neutralizar la acusación en función del derecho que se aspira materializar en la sentencia, y formales, que son de tipo procesal, destinadas a lograr la improcedencia o extinción del proceso por su no adecuación a las normas legales que lo regulan, procurando detener el mismo de manera provisional o definitiva, teniendo la particularidad que en la fase intermedia, deben oponerse en un lapso que culmina hasta el quinto día antes de llevarse a cabo el acto de la audiencia preliminar, según el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal.

Una vez opuesta una excepción, le corresponderá al Juez de Control resolverla en la celebración de la audiencia preliminar, conforme lo dispone el artículo 313 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal.

Además, es de destacar, que la excepción contenida en el literal “i”, numeral 4 del citado artículo 28, emerge de la ausencia de los requisitos para intentar la acusación fiscal, particular o privada, siempre que las formalidades exigidas en los artículos 308 y 392 del Código Orgánico Procesal Penal, no puedan ser corregidas o no se hayan corregido en la oportunidad que prevé el artículo 313 y 403 eiusdem, respectivamente, circunscribiéndose entonces a situaciones de fondo.

Con base en todas las consideraciones efectuadas, esta Alzada verifica, que la nulidad solicitada por la defensa técnica en su escrito de apelación, se corresponde con la declaratoria sin lugar por parte de la Jueza de Control del escrito de oposición de excepción formulado por la defensa pública en la fase intermedia del proceso.

De tal manera, ha sido criterio reiterado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que los planteamientos relativos a las excepciones opuestas por la defensa durante el desarrollo de la fase intermedia, pueden ser propuestos nuevamente ante el tribunal de juicio correspondiente y a través de los medios legales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

En ese orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No. 419, de fecha 14/03/2007, con relación a la inimpugnabilidad de la declaratoria sin lugar de las excepciones propuestas en la fase intermedia a través del ejercicio del recurso de apelación de autos, señaló lo siguiente:

…Siendo ello así, en cuanto a la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas por la defensa del accionante en la audiencia preliminar, el artículo 31 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal establece que: “Durante la fase del juicio oral, las partes sólo podrán oponer las siguientes excepciones: (omissis)

4.- Las que hayan sido declaradas sin lugar por el Juez de control al término de la audiencia preliminar

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Respecto a las excepciones, esta Sala en su pacífica y reiterada jurisprudencia ha señalado en sentencia Nº 3206 del 25 de octubre de 2005, caso: F.O.B.H., lo siguiente:

…la expresa referencia que realiza el artículo 447.2 del Código Orgánico Procesal Penal (2001), con relación a la inapelabilidad de las excepciones declaradas sin lugar por el Juez de control en la audiencia preliminar (de forma similar a la aludida inapelabilidad del auto de apertura a juicio en sí -entendido como un auto de mero trámite-, prevista en el último aparte del artículo 331 eiusdem), tiene su fundamento en la naturaleza jurídica de la fase intermedia del proceso penal, y, especialmente, en la celeridad que ha pretendido imprimirle el legislador a la misma, y más allá, al momento de transición entre ésta y la fase de juicio, a lo cual se añade en el punto sub examine, que tal y como lo establece la precitada norma, al igual que lo hace el artículo 31 en su cardinal 4 eiusdem, las excepciones declaradas sin lugar en la audiencia preliminar pueden ser opuestas nuevamente en fase de juicio, lo cual convierte en un sin sentido y, sobre todo, en un obstáculo totalmente injustificado, consagrar un medio –ordinario- de impugnación de la decisión que declare sin lugar una excepción en la audiencia preliminar, cuestión que confirma un orden considerable en el Código Orgánico Procesal Penal (2001), en este aspecto. Y, siguiendo tal lógica procesal, el legislador consagró la procedencia del recurso de apelación contra la decisión que declare sin lugar la excepción opuesta durante la fase de juicio (Art. 31, último aparte eiusdem), con lo cual se demuestra la intención del legislador del Código Orgánico Procesal Penal (2001), en señalar expresamente cuáles son las decisiones recurribles, afirmación que ha sido meridianamente plasmada en el artículo rector que encabeza las disposiciones generales del Libro Cuarto del Código Orgánico Procesal Penal (2001), referido a los recursos, a saber, el artículo 432, el cual, por diáfanas razones de orden, celeridad y eficacia procesal, contempla lo siguiente:

Artículo 432. Impugnabilidad objetiva. Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos (Subrayado de la Sala).

Del análisis anterior se puede apreciar la expresa inimpugnabilidad –ordinaria- de la decisión que declare sin lugar la excepción opuesta en la audiencia preliminar, prevista en el Código Orgánico Procesal Penal (2001). Ahora bien, con relación a la admisibilidad de la acción de amparo constitucional en casos similares a este, la Sala ha sostenido que, en tanto el accionante puede volver a interponer en fase de juicio las excepciones declaradas sin lugar en la audiencia preliminar, aun no ha agotado la vía judicial preexistente, lo cual hace inadmisible la pretensión de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (...)

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Así las cosas, de lo anterior se desprende que las excepciones declaradas sin lugar en la audiencia preliminar pueden plantearse nuevamente en la etapa de juicio del proceso, por ende, tal como lo ha establecido esta Sala, la defensa del accionante contaba con la oportunidad para impugnar nuevamente y obtener el restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida y, si en esta etapa fuese declarada nuevamente sin lugar dicha excepción, cuentan con el recurso de apelación, el cual puede interponerse conjuntamente con la sentencia definitiva…”

En tal sentido, la decisión dictada en audiencia preliminar, mediante la cual se desestime alguna excepción opuesta, es inimpugnable o irrecurrible mediante el recurso de apelación, por expresa disposición del artículo 439 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone: “Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones: …2. Las que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el Juez o Jueza de Control en la audiencia preliminar, sin perjuicio de que pueda ser opuesta nuevamente en la fase de juicio”; ello en razón de que las excepciones declaradas sin lugar, no causan un gravamen irreparable, tomando en consideración que la misma puede ser opuesta nuevamente en la fase de juicio.

Lo anterior se respalda con lo establecido en el artículo 32 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, referido al trámite de las excepciones durante la fase de juicio oral, en el que las partes sólo podrán oponer como excepción: “Las que hayan sido declaradas sin lugar por el Juez o Jueza de Control al término de la audiencia preliminar”; razón por la cual, tiene la defensa técnica la oportunidad de oponer nuevamente ante el Tribunal de Juicio la excepción que le fuera declarada sin lugar en la fase intermedia.

De modo que, en atención a las normas procesales antes citadas, en concordancia con el criterio explanado por la Sala Constitucional, aunado a que los alegatos explanados por la defensa en su escrito de impugnación, constituyen materia a ser dilucidada en una fase posterior del proceso, como lo es la fase de juicio, la cual tiene como finalidad a través del contradictorio, obtener la verdad material de los hechos objetos del juicio, esta Alzada estima pertinente que al respecto se ha de declarar la INADMISIBILIDAD del argumento de la declaratoria sin lugar de la excepción opuesta en fase intermedia, y consecuencialmente la apertura a juicio del asunto, pues como bien lo señala la mencionada Sala, el legislador previó la apelación de dicha figura en la fase de juicio a través del recurso de impugnación de la sentencia definitiva, atendiendo a la celeridad procesal y la naturaleza de la fase intermedia, de conformidad con el numeral 2 del artículo 439 en relación con el artículo 428 literal “c” del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.-

Alegan los recurrentes que la prueba de levantamiento planimétrico y trayectoria balística, no fue consignada para el momento en que fue presentada la acusación fiscal, violentándose la garantía constitucional establecida en el artículo 49, referente al debido proceso y el derecho a la defensa.

Ante dicho alegato, oportuno es señalar, que la Jueza de Control en el auto de apertura a juicio oral y público publicado en fecha 04/04/2016 (folios 168 al 180 de la Pieza Nº 01), se pronunció del siguiente modo: “Ahora bien, en relación a la prueba de planimetría, la misma fue ordenada por el Ministerio Público en la fase de investigación y consignada ciertamente con posterioridad a la presentación de la acusación, lo que no afecta ni vulnera disposición alguna al haber sido ordenada en la fase correspondiente”.

Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 831 de fecha 18/06/2009, que pueden promoverse unas experticias con el escrito de acusación, aún y cuando los técnicos no hayan culminado su informe pericial, es decir, las experticias pueden promoverse aún y cuando los técnicos no hayan culminado su actividad o ejercicio técnico. Y por su parte, la Sala de Casación Penal en sentencia Nº 543 de fecha 11/08/2005 indicó que no causa indefensión que el Ministerio Público ofrezca una experticia ordenada al momento de las investigaciones, pero practicada con posterioridad a la audiencia preliminar.

Aclarado lo anterior, oportuno es destacar, que la referida Sala Constitucional, mediante sentencia N° 1768, de fecha 23/11/2011, con carácter vinculante, hizo un análisis en cuanto a los puntos que pueden ser impugnados. En razón de ello, la mencionada sentencia precisó lo siguiente:

Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional modifica su criterio, y así se establece con carácter vinculante, respecto a la imposibilidad de interponer recurso de apelación contra la decisión contenida en el auto de apertura a juicio, referida a la admisión de los medios de prueba que se indiquen en dicho auto, toda vez que, tal como ha quedado expuesto, la admisión de uno o varios medios probatorios obtenidos ilegalmente, impertinente, o innecesarios pueden causar un gravamen irreparable a quien pudiere resultar afectado con tal disposición, al crearse la expectativa de una decisión definitiva fundamentada en la valoración de aquellos. Siendo así, las decisiones referidas a la admisión o negativa de una prueba ofertada para el juicio oral y público, forman parte de la categoría de aquellas que son recurribles en apelación, contempladas en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se establece

. (Subrayado de esta Alzada)

De modo tal, dispone expresamente el último aparte del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal: “salvo que la apelación se refiera sobre una prueba inadmitida o una prueba ilegal admitida”.

Se entiende por prueba ilegalmente admitida, aquella cuya admisión está prohibida por la Ley, en virtud de ser contraria al orden público y a las buenas costumbres. La ilegalidad se patentiza cuando su inadmisibilidad es el producto de una prohibición de la Ley, que de modo expreso ha manifestado su inaplicabilidad al caso concreto disentido en el juicio.

De tal manera, al verificarse del fallo impugnado que la Jueza de Control se pronunció sobre la solicitud planteada por la defensa técnica, y dado que la prueba de levantamiento planimétrico y trayectoria balística no fue ilegalmente admitida, en razón de haber sido solicitada su práctica en la fase preparatoria del proceso (folio 34 de la Pieza Nº 01), siendo incorporada su resulta en fase intermedia como actuaciones complementarias (folio 162), para luego ser ofrecida como medio de prueba en el escrito de acusación fiscal la declaración del experto designado para su elaboración, y al no ser su práctica contraria a la Ley teniendo una regulación específica en el procedimiento penal, lo ajustado a derecho es declarar INADMISIBLE POR INIMPUGNABLE el segundo alegato formulado por los recurrentes. Así se decide.-

Alegan los recurrentes que no se emitió pronunciamiento judicial en cuanto a la solicitud de un cambio en la calificación jurídica, señalando que la juzgadora de control no motivó su negativa a lo solicitado por la defensa.

Con base en lo anterior, preciso es aclarar, que entre los pronunciamientos que el Juez de Control puede emitir al final de la audiencia preliminar, se encuentra lo contenido en el numeral 2° del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente: “2.-) Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o de él o la querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el Juez o Jueza atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación Fiscal o de la víctima”.

En efecto, es en la audiencia preliminar donde se puede apreciar con mayor claridad la materialización del control de la acusación, ya que en la misma, es donde se lleva a cabo el análisis de si existen motivos para admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y de la víctima, si la hubiere.

Frente a este alegato, oportuno es señalar, que el criterio de la inapelabilidad de la admisión de la acusación fue asentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia vinculante Nº 1303, de fecha 20/06/2005, con ponencia del Magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, caso: Andrés E.D.L., donde se señaló:

…Así, de la lectura de la última frase del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal [ahora 314], la cual reza ‘Este auto será inapelable’, puede evidenciarse que el legislador no consagró el recurso de apelación contra la decisión por la cual el juez admite la acusación fiscal, por lo que las demás providencias que dicte el Juez en el auto que contiene la admisión de la acusación, forma parte de la materia propia de la apertura a juicio y en consecuencia no pueden ser impugnadas por la vía de la apelación, dado que se trata de una sola decisión que fue excluida expresamente del ejercicio de este recurso…

.

Dicho criterio fue reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1768 de fecha 23/11/2011 (caso: Á.L. escalona y otro), en los términos siguientes:

Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional modifica su criterio, y así se establece con carácter vinculante, respecto a la imposibilidad de interponer recurso de apelación contra la decisión contenida en el auto de apertura a juicio, referida a la admisión de los medios de prueba que se indiquen en dicho auto, toda vez que, tal como ha quedado expuesto, la admisión de uno o varios medios probatorios obtenidos ilegalmente, impertinente, o innecesarios pueden causar un gravamen irreparable a quien pudiere resultar afectado con tal disposición, al crearse la expectativa de una decisión definitiva fundamentada en la valoración de aquellos. Siendo así, las decisiones referidas a la admisión o negativa de una prueba ofertada para el juicio oral y público, forman parte de la categoría de aquellas que son recurribles en apelación, contempladas en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal [ahora 439]. Así se establece

.

Con base en lo anterior, los recurrentes pretenden impugnar la calificación jurídica admitida por la Jueza A quo, con ocasión de la celebración de la audiencia preliminar, lo cual también resulta inimpugnable, toda vez que este pronunciamiento se encuentra expresamente establecido en el Código Orgánico Procesal Penal como una de las facultades propias del Juez en Función de Control en la fase intermedia.

El último aparte del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, expresamente dispone: “Este auto será inapelable, salvo que la apelación se refiera sobre una prueba inadmitida o una prueba ilegal admitida”. Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que ni el acusado ni su defensa técnica, podrán impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este sentido, las denuncias relacionadas con la admisión de la acusación y la calificación jurídica bajo la cual se apertura a juicio oral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, resulta inimpugnable, puesto que con relación a los pronunciamientos de admisión de la acusación fiscal con la correspondiente calificación jurídica contenida en la misma, entre otros, decretados por parte de la Jueza de Control en el acto de audiencia preliminar, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 628 de fecha 22/06/2010 precisó:

“…El auto de apertura a juicio determina el objeto del juicio y hace precluir la fase intermedia del proceso, para impulsar a éste hacia la fase del juicio oral, contemplando el referido artículo la prohibición expresa de su apelación. Es oportuno recordar a la parte accionante que el auto de apertura a juicio, es una decisión interlocutoria que simplemente delimita la materia sobre la cual se centrará el debate, y que ordena el pase al juicio oral, por lo que mal puede tal decisión judicial ocasionar un gravamen irreparable al acusado. El fundamento de esta afirmación estriba en que a través de dicho acto, se da apertura a la fase más garantista del proceso penal, esto es, la fase de juicio.

Lo señalado se apoya en el criterio sostenido por esta Sala en sentencia N° 1.303 del 20 de junio de 2005 (caso: “Andrés E.D.L.”), que modificó el criterio establecido con anterioridad por esta Sala, según el cual era posible la interposición del recurso de apelación contra la primera parte del auto de apertura a juicio, contentiva de la admisión de la acusación… en consecuencia, estableció que contra tales pronunciamientos no procederá recurso de apelación alguno…”.

De modo pues, conforme a la decisión vinculante que arriba ha quedado transcrita, la calificación jurídica contenida en el auto de apertura a juicio, es objeto del debate, fase más garantista del proceso penal, en el cual el Tribunal de Juicio determinará en última instancia cuáles son los hechos acreditados, para advertir, y ulteriormente decidir la calificación jurídica que se ajuste al caso en concreto.

De lo supra transcrito se concluye que, la admisión de la acusación fiscal por parte del Tribunal de Control, que implica indefectiblemente la admisión de la calificación jurídica dada a los hechos por el Ministerio Público, calificación jurídica que forma parte del auto de apertura a juicio, y siendo que este pronunciamiento es de los previstos en el artículo 313 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es señalado como inapelable por la sentencia vinculante antes aludida, lo procedente en el presente caso es declarar INADMISIBLE por inimpugnable el tercer alegato formulado por los recurrentes, conforme a lo preceptuado en el artículo 428 literal “c” en relación con el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.-

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR INIMPUGNABLE, el recurso de apelación interpuesto en fecha 18 de marzo de 2016, por los Abogados GEGDIEL J.C.B. y YOIMAR J.R.F., en sus condiciones de Defensores Privados de los acusados L.A.C.Z. e I.J.L.L., en contra de la decisión dictada en fecha 14 de marzo de 2016 y publicada en fecha 04 de abril de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Guanare; ello de conformidad con el artículo 428 literal “c” del Código Orgánico Procesal Penal.

Regístrese, diarícese, déjese copia y remítase al Tribunal de procedencia el presente cuaderno de apelación y sus actuaciones principales en la oportunidad de ley correspondiente.-

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en la ciudad de Guanare, a los DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016). Años: 206º de la Independencia y 157° de la Federación.-

La Jueza de Apelación de la Sala Accidental (Presidenta),

S.R.G.S.

(PONENTE)

La Juez de Apelación, El Juez de Apelación,

L.E.R.R.J.A.R.

El Secretario,

R.C.

Seguidamente se cumplió lo ordenado en autos. Conste.-

El Secretario.-

Exp. 6986-16

SRGS/