Decisión nº 84 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 7 de Abril de 2015

Escuchados como han sido los argumentos esgrimidos por cada una de las partes, esta Instancia estima pertinente hacer las siguientes consideraciones, ciertamente nos encontramos ante la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, por lo que éste Juzgado fundamenta su decisión en los actos de investigación realizados y que a continuación se indican:

1. - ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL de fecha 25-02-2015, suscrita por los funcionario Detective Jefe J.R., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sub. Delegación Guanare, quienes dejan constancia de las circunstancias de tiempo modo y lugar de la aprehensión del ciudadano J.G.D.D..

2. - Acta de Inspección Nº 552, de fecha 25-02-2015, suscrita por los funcionarios Detective Jefe J.R. y Detective G.G., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, practicada en: UNA VÍA PÚBLICA UBICADA EN EL BARRIO MATURIN, CALLE 07 CON CARRERA 9 Y 10 DEL MUNICIPIO GUANARE ESTADO PORTUGUESA.

3. - Acta de Inspección Nº 553, de fecha 25-02-2015, suscrita por los funcionarios Detective Jefe J.R. y Detective G.G., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, practicada en: UNA VÍA PÚBLICA UBICADA EN EL BARRIO MATURIN, CALLE 07 CON CARRERA 9 Y 10 DEL MUNICIPIO GUANARE ESTADO PORTUGUESA..

4. - Acta de Entrevista de fecha 25 de febrero de 2015, rendida por la ciudadana L.E.T.C., ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, quien expuso: “Resulta que el día de hoy 25-02-2015, yo me encontraba saliendo del local de nombre Inversiones Decoll´s C.A, cuando de repente llega un sujeto al que no conozco, el cual se me acerco y me dijo quédate quieta o si no te mato que esto es un atraco, al decirme esto, el coloco su mano en la cintura como para sacar algo, entonces me dijo que le entregara todo y con sus propios manos me quito mi computadora tipo laptop y un teléfono celular, mientras otro sujeto lo estaba esperando unos metros más adelante en una bicicleta, en ese momento iba pasando un a patrulla de la petejota y yo comienzo a gritarles para que me ayudaran, por lo que ellos inmediatamente se dan cuenta de lo sucedido, pero el sujeto que me había robado le pasa mis cosas al de la bicicleta, logrando los funcionarios detener al que me había robado, ya que el otro se perdió de vista rápidamente. Es todo”.

5. - Experticia N° 9700-054-103 de fecha 25-02-2015, suscrita por el Detective G.G., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, practicado a un (1) instrumento de apariencia de arma de fuego de fabricación rudimentaria.

Dentro de esta perspectiva es necesario señalar que existen dos maneras para que ciudadano alguno sea detenido por los funcionarios de la Fuerza Pública, ellas son, cuando el delito sea cometido bajo las circunstancias establecidas en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece la flagrancia y la otra previa orden judicial, emitida por un Juez Competente, en el presente caso, analizadas las circunstancias de la aprehensión, este Juzgado estima que se está en uno de los supuestos de flagrancia, por cuanto el imputado Duran Duran J.G., fue aprehendido por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, quienes se encontraban en labores de patrullaje por el Barrio Maturín, calle 07 entre carreras 09 y 10 de esta ciudad de Guanare, cuando logran observar a un ciudadano que vestía para el momento un blu jean y una franela manga larga a rayas con blanco, que despojaba a una ciudadana de su teléfono celular y una laptop, con el uso de un arma de fuego, para posteriormente huir del lugar, siendo aprehendido posteriormente por funcionarios de la policía de investigación; así las cosas el Tribunal acoge las precalificaciones jurídicas dada por el Fiscal del Ministerio Público, como Robo Agravado, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal, en perjuicio de L.E.T.C., Resistencia la Autoridad, conforme al articulo 218 del código Penal, y Porte ilícito de arma de fabricación rudimentaria 112 de la Ley para el desarme y control de Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano, por cuanto los hechos se subsumen en las previsiones fácticas de los mencionados tipos penales.

Habiéndose calificado como flagrante la aprehensión ya dicha, debe ordenarse la aplicación del procedimiento ordinario, conforme al artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, tal y como lo requirió la Representante del Ministerio Público, quien ejerce la titularidad de la acción penal en representación del Estado Venezolano.

En cuanto a la solicitud de medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, considera quien aquí decide, que es procedente acordarla, por cuanto se encuentra satisfecho el primer requisito exigido para la imposición de medida de coerción personal alguna, como es la existencia de suficientes indicios en contra del imputado (fumus boni iuris), asimismo se encuentra satisfecho el segundo requisito denominado por la doctrina “periculum in mora”, habida cuenta que los ilícitos penales atribuidos son el Robo Agravado, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal, en perjuicio de L.E.T.C., Resistencia la Autoridad, conforme al articulo 218 del Código Penal, y Porte ilícito de arma de fabricación rudimentaria, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el desarme y control de Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano, para lo cual estamos en presencia de concurso de delitos y la pena que podría llegar a imponerse excede de los diez (10) años; y el Código Orgánico Procesal Penal establece en el parágrafo primero del artículo 237, la presunción del peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, pues se presume juris tantum en tal supuesto, que el imputado intentara eludir la acción de la justicia, aunado a la magnitud del daño causado, razón por la cual, debe decretarse la privación judicial preventiva de libertad del imputado plenamente identificado en autos, a los fines de asegurar la sujeción al proceso.

DISPOSITIVA

Con base a las consideraciones que anteceden, este Juzgado de Primera Instancia Municipales y Estadales en lo Penal, en Función de Control No. 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa con sede en Guanare, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

1. - Declara con lugar la aprehensión en flagrancia del ciudadano J.G.D.D., por encontrarse llenos los extremos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal.

2. - Se acuerda el procedimiento por la vía ordinaria conforme al artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.

3. - Se califica el delito como Robo Agravado, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal, en perjuicio de L.E.T.C., Resistencia la Autoridad, conforme al articulo 218 del código Penal, y Porte ilícito de arma de fabricación rudimentaria, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el desarme y control de Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano.

4. - Se decreta Medida Privativa de Libertad al imputado J.G.D.D., conforme a los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, acordando como sitio de reclusión la Comandancia General de Policía.

5. - Se declara sin lugar la solicitud de la defensa, en relación a la solicitud de desestimación del delito. Se acuerda librar la correspondiente boleta de privativa. Se ordena el traslado del imputado hasta el CDI, colinas de curazao, a fin que sea valorado por presentar malestar de salud. Se ordena el traslado del imputado desde el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas hasta la Comandancia de Policía, donde quedara recluido a la orden de este Tribunal...”

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La Corte de Apelaciones a los fines de emitir el pronunciamiento que haya ha lugar, previamente observa:

Ante cualquier resolución de un Órgano Jurisdiccional, las partes en el proceso pueden adoptar actitudes; bien la aquiescencia, o conformidad con dicha decisión, que supone la voluntad de aceptar como solución del conflicto o de la concreta cuestión a pesar de los defectos que pueda contener, o la impugnación, que no es otra cosa, que la posición por la que, a través, del ejercicio de los recursos establecidos en la Ley Adjetiva Penal pretenden su anulación o su sustitución por otra que dé satisfacción a su pretensión. En este sentido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:

Articulo 49. Garantía del debido proceso. “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales...

1. La defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso... tiene derecho a recurrir del fallo.

Por su parte el Código Orgánico Procesal Penal, dispone:

Artículo 435. Interposición. “Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinen en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión.”

Artículo 432. Competencia. “Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados.”

Es así, como se aprecia que la decisión sometida a la consideración de esta Corte de Apelaciones; por vía de apelación, ha sido dictada el Veintisiete (27) de febrero del dos mil quince (2015), por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa en su sede principal en la ciudad de Guanare; en ocasión a la realización de la audiencia de Presentación de imputado, en donde la juzgadora decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del imputado: J.G.D.D., por la presunta comisión del delito de: ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal en perjuicio de la ciudadana L.E.T.C., RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal y por el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FABRICACIÓN RUDIMENTARIA, previsto y sancionado el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Municiones; en perjuicio del Estado Venezolano.

Contra el referido pronunciamiento judicial, ejerció Recurso de Apelación la profesional del derecho: M.P.M., en su carácter de defensora pública del imputado: J.G.D.D., quien denuncia primeramente que la calificación jurídica dada por el fiscal del Ministerio Público y acogida por el Tribunal de control, de PORTE ILICITO DE ARMA DE FABRICACIÓN RUDIMENTARIA; no se le puede atribuir a su defendido, toda vez que el delito no se subsume correctamente en las circunstancias de tiempo modo y lugar, para considerarlo autor o partícipe del hecho punible que se le imputa, en segundo lugar denuncia el perjuicio que le ha ocasionando a su representado al decretarle medida de privación de su libertad, por lo que solicita a esta Corte de Apelaciones revoque la decisión de fecha Veintisiete (27) de febrero del dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa en su sede principal en la ciudad de Guanare y en consecuencia se decrete a favor de su defendido medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad conforme lo establece el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.-

Bajo este sentido, es necesario destacar que la Jueza Primera de Primera Instancia en función de Control, de conformidad con lo establecido en los artículos 236 numerales 1°, 2° y 3°; 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene competencia para decretar la Medida de Privación Preventiva de Libertad, cuando considera que están cubiertos los extremos del artículo 236 ejusdem, a decir: 1.- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita. 2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible. 3.- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación y además que la pena que merezca el delito en su término superior sea mayor de tres años, como lo establece el artículo 239 ejusdem, para determinar la presunción de fuga del encausado.

De la decisión recurrida, dictada en la celebración de la Audiencia de Presentación de fecha Veintisiete (27) de febrero del dos mil quince (2015), por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal estado Portuguesa en su sede principal en la ciudad de Guanare, se desprende en primer lugar, que la Juzgadora, para decretar Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al imputado: J.G.D.D., en base a lo preceptuado en los artículos 236, 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal, realizó el siguiente análisis:

… Omissis… SEGUNDO:

Escuchados como han sido los argumentos esgrimidos por cada una de las partes, esta Instancia estima pertinente hacer las siguientes consideraciones, ciertamente nos encontramos ante la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, por lo que éste Juzgado fundamenta su decisión en los actos de investigación realizados y que a continuación se indican:

1.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL de fecha 25-02-2015, suscrita por los funcionario Detective Jefe J.R., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sub. Delegación Guanare, quienes dejan constancia de las circunstancias de tiempo modo y lugar de la aprehensión del ciudadano J.G.D.D..

2.- Acta de Inspección Nº 552, de fecha 25-02-2015, suscrita por los funcionarios Detective Jefe J.R. y Detective G.G., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, practicada en: UNA VÍA PÚBLICA UBICADA EN EL BARRIO MATURIN, CALLE 07 CON CARRERA 9 Y 10 DEL MUNICIPIO GUANARE ESTADO PORTUGUESA.

3.- Acta de Inspección Nº 553, de fecha 25-02-2015, suscrita por los funcionarios Detective Jefe J.R. y Detective G.G., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, practicada en: UNA VÍA PÚBLICA UBICADA EN EL BARRIO MATURIN, CALLE 07 CON CARRERA 9 Y 10 DEL MUNICIPIO GUANARE ESTADO PORTUGUESA..

4.- Acta de Entrevista de fecha 25 de febrero de 2015, rendida por la ciudadana L.E.T.C., ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, quien expuso: “Resulta que el día de hoy 25-02-2015, yo me encontraba saliendo del local de nombre Inversiones Decoll´s C.A, cuando de repente llega un sujeto al que no conozco, el cual se me acerco y me dijo quédate quieta o si no te mato que esto es un atraco, al decirme esto, el coloco su mano en la cintura como para sacar algo, entonces me dijo que le entregara todo y con sus propios manos me quito mi computadora tipo laptop y un teléfono celular, mientras otro sujeto lo estaba esperando unos metros más adelante en una bicicleta, en ese momento iba pasando un a patrulla de la petejota y yo comienzo a gritarles para que me ayudaran, por lo que ellos inmediatamente se dan cuenta de lo sucedido, pero el sujeto que me había robado le pasa mis cosas al de la bicicleta, logrando los funcionarios detener al que me había robado, ya que el otro se perdió de vista rápidamente. Es todo”.

5.- Experticia N° 9700-054-103 de fecha 25-02-2015, suscrita por el Detective G.G., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, practicado a un (1) instrumento de apariencia de arma de fuego de fabricación rudimentaria.

TERCERO

Dentro de esta perspectiva es necesario señalar que existen dos maneras para que ciudadano alguno sea detenido por los funcionarios de la Fuerza Pública, ellas son, cuando el delito sea cometido bajo las circunstancias establecidas en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece la flagrancia y la otra previa orden judicial, emitida por un Juez Competente, en el presente caso, analizadas las circunstancias de la aprehensión, este Juzgado estima que se está en uno de los supuestos de flagrancia, por cuanto el imputado Duran Duran J.G., fue aprehendido por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, quienes se encontraban en labores de patrullaje por el Barrio Maturín, calle 07 entre carreras 09 y 10 de esta ciudad de Guanare, cuando logran observar a un ciudadano que vestía para el momento un blu jean y una franela manga larga a rayas con blanco, que despojaba a una ciudadana de su teléfono celular y una laptop, con el uso de un arma de fuego, para posteriormente huir del lugar, siendo aprehendido posteriormente por funcionarios de la policía de investigación; así las cosas el Tribunal acoge las precalificaciones jurídicas dada por el Fiscal del Ministerio Público, como Robo Agravado, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal, en perjuicio de L.E.T.C., Resistencia la Autoridad, conforme al articulo 218 del código Penal, y Porte ilícito de arma de fabricación rudimentaria 112 de la Ley para el desarme y control de Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano, por cuanto los hechos se subsumen en las previsiones fácticas de los mencionados tipos penales.

Habiéndose calificado como flagrante la aprehensión ya dicha, debe ordenarse la aplicación del procedimiento ordinario, conforme al artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, tal y como lo requirió la Representante del Ministerio Público, quien ejerce la titularidad de la acción penal en representación del Estado Venezolano.

En cuanto a la solicitud de medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, considera quien aquí decide, que es procedente acordarla, por cuanto se encuentra satisfecho el primer requisito exigido para la imposición de medida de coerción personal alguna, como es la existencia de suficientes indicios en contra del imputado (fumus boni iuris), asimismo se encuentra satisfecho el segundo requisito denominado por la doctrina “periculum in mora”, habida cuenta que los ilícitos penales atribuidos son el Robo Agravado, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal, en perjuicio de L.E.T.C., Resistencia la Autoridad, conforme al articulo 218 del Código Penal, y Porte ilícito de arma de fabricación rudimentaria, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el desarme y control de Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano, para lo cual estamos en presencia de concurso de delitos y la pena que podría llegar a imponerse excede de los diez (10) años; y el Código Orgánico Procesal Penal establece en el parágrafo primero del artículo 237, la presunción del peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, pues se presume juris tantum en tal supuesto, que el imputado intentara eludir la acción de la justicia, aunado a la magnitud del daño causado, razón por la cual, debe decretarse la privación judicial preventiva de libertad del imputado plenamente identificado en autos, a los fines de asegurar la sujeción al proceso.

DISPOSITIVA

Con base a las consideraciones que anteceden, este Juzgado de Primera Instancia Municipales y Estadales en lo Penal, en Función de Control No. 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa con sede en Guanare, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

1.- Declara con lugar la aprehensión en flagrancia del ciudadano J.G.D.D., por encontrarse llenos los extremos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal.

2.- Se acuerda el procedimiento por la vía ordinaria conforme al artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.

3.- Se califica el delito como Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de L.E.T.C., Resistencia la Autoridad, conforme al artículo 218 del código Penal, y Porte ilícito de arma de fabricación rudimentaria, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano.

4.- Se decreta Medida Privativa de Libertad al imputado J.G.D.D., conforme a los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, acordando como sitio de reclusión la Comandancia General de Policía.

5.- Se declara sin lugar la solicitud de la defensa, en relación a la solicitud de desestimación del delito. Se acuerda librar la correspondiente boleta de privativa. Se ordena el traslado del imputado hasta el CDI, colinas de curazao, a fin que sea valorado por presentar malestar de salud. Se ordena el traslado del imputado desde el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas hasta la Comandancia de Policía, donde quedara recluido a la orden de este Tribunal...

De la decisión recurrida, se observa, que la ciudadana jueza para decretar Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al imputado: J.G.D.D., conforme a los parámetros del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, establece en primer lugar el hecho punible objeto del proceso, esto es, los delitos de: ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal en perjuicio de la ciudadana L.E.T.C., RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal y por el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FABRICACIÓN RUDIMENTARIA, previsto y sancionado el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Municiones; en perjuicio del Estado Venezolano; al sostener:

…ciertamente nos encontramos ante la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita,

…(…)…

por cuanto el imputado Duran Duran J.G., fue aprehendido por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, quienes se encontraban en labores de patrullaje por el Barrio Maturín, calle 07 entre carreras 09 y 10 de esta ciudad de Guanare, cuando logran observar a un ciudadano que vestía para el momento un blue jean y una franela manga larga a rayas con blanco, que despojaba a una ciudadana de su teléfono celular y una laptop, con el uso de un arma de fuego, para posteriormente huir del lugar, siendo aprehendido posteriormente por funcionarios de la policía de investigación; así las cosas el Tribunal acoge las precalificaciones jurídicas dada por el Fiscal del Ministerio Público, como Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de L.E.T.C., Resistencia la Autoridad, conforme al artículo 218 del código Penal, y Porte ilícito de arma de fabricación rudimentaria 112 de la Ley para el desarme y control de Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano, por cuanto los hechos se subsumen en las previsiones fácticas de los mencionados tipos penales...

Por otra parte, señala como elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho presuntamente cometido, los siguientes:

…éste Juzgado fundamenta su decisión en los actos de investigación realizados y que a continuación se indican:

1.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL de fecha 25-02-2015, suscrita por los funcionario Detective Jefe J.R., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sub. Delegación Guanare, quienes dejan constancia de las circunstancias de tiempo modo y lugar de la aprehensión del ciudadano J.G.D.D..

2.- Acta de Inspección Nº 552, de fecha 25-02-2015, suscrita por los funcionarios Detective Jefe J.R. y Detective G.G., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, practicada en: UNA VÍA PÚBLICA UBICADA EN EL BARRIO MATURIN, CALLE 07 CON CARRERA 9 Y 10 DEL MUNICIPIO GUANARE ESTADO PORTUGUESA.

3.- Acta de Inspección Nº 553, de fecha 25-02-2015, suscrita por los funcionarios Detective Jefe J.R. y Detective G.G., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, practicada en: UNA VÍA PÚBLICA UBICADA EN EL BARRIO MATURIN, CALLE 07 CON CARRERA 9 Y 10 DEL MUNICIPIO GUANARE ESTADO PORTUGUESA..

4.- Acta de Entrevista de fecha 25 de febrero de 2015, rendida por la ciudadana L.E.T.C., ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, quien expuso: “Resulta que el día de hoy 25-02-2015, yo me encontraba saliendo del local de nombre Inversiones Decoll´s C.A, cuando de repente llega un sujeto al que no conozco, el cual se me acerco y me dijo quédate quieta o si no te mato que esto es un atraco, al decirme esto, el coloco su mano en la cintura como para sacar algo, entonces me dijo que le entregara todo y con sus propios manos me quito mi computadora tipo laptop y un teléfono celular, mientras otro sujeto lo estaba esperando unos metros más adelante en una bicicleta, en ese momento iba pasando una patrulla de la petejota y yo comienzo a gritarles para que me ayudaran, por lo que ellos inmediatamente se dan cuenta de lo sucedido, pero el sujeto que me había robado le pasa mis cosas al de la bicicleta, logrando los funcionarios detener al que me había robado, ya que el otro se perdió de vista rápidamente. Es todo”.

5.- Experticia N° 9700-054-103 de fecha 25-02-2015, suscrita por el Detective G.G., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Guanare, practicado a un (1) instrumento de apariencia de arma de fuego de fabricación rudimentaria...

Como tercer punto, la Sentenciadora para imponer la medida de prisión preventiva, considera que existe presunción de fuga del imputado, por la pena que podría llegarse a imponer y, siendo que el delito de ROBO AGRAVADO, uno de los tipos penales por los cuales se le enjuicia, tiene establecida una pena que en su límite máximo superaría el límite indicado por la norma; afirmando:

“…En cuanto a la solicitud de medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, considera quien aquí decide, que es procedente acordarla, por cuanto se encuentra satisfecho el primer requisito exigido para la imposición de medida de coerción personal alguna, como es la existencia de suficientes indicios en contra del imputado (fumus boni iuris), asimismo se encuentra satisfecho el segundo requisito denominado por la doctrina “periculum in mora”, habida cuenta que los ilícitos penales atribuidos son el Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de L.E.T.C., Resistencia la Autoridad, conforme al artículo 218 del Código Penal, y Porte ilícito de arma de fabricación rudimentaria, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano, para lo cual estamos en presencia de concurso de delitos y la pena que podría llegar a imponerse excede de los diez (10) años; y el Código Orgánico Procesal Penal establece en el parágrafo primero del artículo 237, la presunción del peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, pues se presume juris tantum en tal supuesto, que el imputado intentara eludir la acción de la justicia, aunado a la magnitud del daño causado, razón por la cual, debe decretarse la privación judicial preventiva de libertad del imputado plenamente identificado en autos, a los fines de asegurar la sujeción al proceso…”

Bajo el mismo tenor y en atención al desglose de la recurrida, la Alzada, procede a resolver las denuncias expuestas por el recurrente en su escrito de impugnación, efectuándolo en los términos que a continuación se exponen:

.- PRIMERA DENUNCIA:

De la precalificación jurídica dada a los hechos por parte del Ministerio Público y acogida por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa en sede principal ubicada en la ciudad de Guanare, en cuanto refiere al delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FABRICACIÓN RUDIMENTARIA, previsto y sancionado el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Municiones; en perjuicio del Estado Venezolano.

Señala la defensa pública en su escrito recursivo no compartir la calificación jurídica dada a los hechos por parte del Ministerio Público y acogidas por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, específicamente en cuanto se refiere al delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FABRICACIÓN RUDIMENTARIA; toda vez que según su decir, no se le puede atribuir a su defendido, en virtud de que la fiscalía no logro aportar elementos de convicción que acredite responsabilidad de su defendido en el delito, aludiendo: “…que no corresponde lo declarado por la víctima en la sala de audiencia y lo que consta en el acta policial en cuanto a la incautación del Arma de fuego…”; por lo tanto esa precalificación invocadas no se subsume correctamente dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar para considerar si se trata o no de éste tipo penal acogidos por el Tribunal.-

Al respecto, la Alzada considera pertinente aportar, que la calificación jurídica que acoge el Juez o Jueza de Primera Instancia en funciones de Control en la fase investigativa del proceso, posee un carácter netamente provisional, que con la eventual presentación de acusación por parte del Ministerio Público adquirirá un carácter más definitivo y que en la señalada fase del proceso, igual se tiene la posibilidad, de persistir la inconformidad de la adjudicación del delito, de oponerse al mismo, mediante la herramientas que el legislador previó a tales efectos, en la normativa adjetiva penal.

En función a ello, el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala de Casación Penal, dicta sentencia en fecha trece (13) de Abril del año dos mil cinco (2005), en la que argumenta:

…La sala de Casación Penal considera, que el artículo 330 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, es claro y directo y, por medio de esta disposición jurídica se faculta al juez para modificar la calificación jurídica de los hechos objetos del proceso, cuando lo considere y en razón y a la vista de los hechos y el derecho que aparecen en el proceso y esta calificación es provisional en razón de que puede variar en el juicio oral. Todo esto va acorde con el principio de control jurisdiccional que inviste al juez, quien es el rector en el p.p. y por ende actúa como regulador del ejercicio de la acción Penal.

Criterio jurisprudencial; que denota, que durante el desarrollo del proceso, más específicamente en la fase intermedia, el Juez está facultado para modificar la calificación jurídica de los hechos, y ello tampoco le otorga un carácter definitivo ya que tal carácter será otorgado por el Juez o Jueza en funciones de Juicio al que, o a la que le corresponda decidir a la luz de los hechos y el derecho que surjan el debate oral y público.

Los delitos acogidos provisionalmente calificados al imputado: J.G.D.D., son: ROBO AGRAVADO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y PORTE ILICITO DE ARMA DE FABRICACIÓN RUDIMENTARIA, previstos y sancionados en los artículos 458 y 218 del Código Penal y el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, evidentemente por un hecho punible que merece pena privativa de libertad cuyo límite superior alcanzaría los diecisiete (17) años, por el delito más grave; tal como lo dispone el artículo supra mencionado, siendo el caso que en fecha veinticinco (25) de febrero del dos mil quince (2015), se produjo la aprehensión del hoy imputado de autos, por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, cuando se encontraban efectuando patrullajes de prevención por las diferentes urbanizaciones, poblados y Barrios de la ciudad de Guanare; y cuando se encontraban en el Barrio Maturín, entre carreras 09 y 10 de éste Municipio, observaron que un sujeto portando un arma de fuego, constriñó a la víctima ciudadana L.E.T.C., despojándola de su pertenencias, siendo un teléfono móvil(celular) y una computadora Lapto; y procediendo en forma inmediata entregárselas a otro ciudadano que se dio a la fuga en una bicicleta; procediendo en acción policial, logrando interceptarlo a pocos metros del lugar de los hechos, y conforme a los parámetros de la Ley le logran incautar del cinto que portaba el arma de fuego de fabricación rudimentaria; circunstancia que aprecio la Juzgadora de Primera Instancia para emitir su pronunciamiento, del acta policial de fecha 25/02/2015; del acta de entrevista de la ciudadana L.E.T.C., de fecha 25/02/2015, víctima del presente asunto penal, expuesta en la Sub delegación de Cuerpo de Inve4stigaciones Científicas Penales y Criminalísticas; del Reconocimiento técnico Nº 9700-254-103 de fecha 25/02/2015 suscrito por el detective G.G., funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas- Guanare, del Registro de Cadena de Custodia de fecha 25/02/2015; y de lo expuesto por la victima ciudadana L.E.T.C., en la sala de audiencia en fecha 27 de febrero del 2015 con ocasión a la audiencia de presentación de detenido exponiendo: “Yo iba saliendo del negocio DECOLLS,C.A. y en lo que voy saliendo él me apunta y me dice que no me mueva que si no me mata…” , actuaciones cursantes en los folios 01,02, 07, 09, 12, 21 y 22 de las actuaciones principales identificadas bajo el Nº 2C-9843-15(nomenclatura del Tribunal de Control); es decir, existe participación del imputado de autos, en los hechos atribuidos y subsumidos en tipos penales, entre ellos el objetado por la recurrente como es el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO DE FABRICACIÓN RUDIMENTARIA, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; razón por la cual es permisible afirmar que la acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, pudiendo variar dicha precalificación con la eventual presentación de una acusación por parte del Ministerio Público, donde adquirirá un carácter más definitivo; en consecuencia la presente denuncia debe ser declarada Sin Lugar. Y ASÍ SE DECIDE.-

.- SEGUNDA DENUNCIA:

De la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada al imputado: J.G.D.D., según lo previsto en los artículos 236, 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

A la luminiscencia de estas consideraciones; se conoce, que el Debido Proceso en la opinión autoriza.d.A.T.d.J., en Sala de Casación Penal, en sentencia número 552 de fecha doce (12) de agosto de dos mil cinco (2005), bajo la ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores, es concebido como:

…el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a ser oído con las debidas garantías, el derecho a conocer la identidad del juez, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un proceso público, el derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete público, en caso de no comprender o hablar el idioma, el derecho a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, el derecho a conocer de modo detallado los pronunciamientos que se emitan en la causa seguida en su contra, el derecho que se le conceda al imputado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, el derecho de defenderse personalmente, ser asistido por un defensor de su elección, el derecho de la defensa de interrogar a los testigos, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, el derecho a recurrir el fallo, el derecho a no ser juzgado nuevamente por los mismos hechos, y debe hacerse especial mención al derecho a ser juzgado por el juez natural..

Del extracto del precedente jurisprudencial transcrito, se colige que el debido proceso encuentra su esencia y razón de ser, en un juicio justo a la persona contra la cual se sustancie una acusación penal, garantizándose plenamente la igualdad de las partes en el contradictorio, conforme a los principios de inmediación y oralidad del proceso que se cumple plenamente en el debate oral y público.

En esta misma línea de fundamentación el doctrinario C.B. (2001), ha sostenido que: “El debido proceso nace y encuentra su mejor ambiente en el principio de legalidad procesal nula poena sine indicio, es decir tiene que ver con la legalidad de las formas de aquellas que se declaran esenciales para que exista un verdadero, auténtico y eficaz contradictorio y que a la persona condenada se le haya brindado la oportunidad de ejercer apropiadamente la defensa”... (La Constitución y el P.P.. Página. 332)

Visto lo anterior, esta Instancia Superior, estima que en esta etapa del proceso (fase de investigación) el derecho a la defensa, piedra angular del sagrado principio del debido proceso, no se le ha violentado al referido imputado, al estar legitimada la decisión impugnada, al realizarse dicha detención por un órgano jurisdiccional competente, cumpliéndose los requisitos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.

En tal sentido, la Jurisprudencia Constitucional en sentencia número: 274, de fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil dos (2002), por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Dr. J.M.D.O., en relación a la medida judicial preventiva privativa de libertad, ha establecido que:

...aquellas medidas acordadas tanto por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal como sus respectivos superiores, tendentes a privar provisionalmente de la libertad a cualquier ciudadano durante el curso de un p.p., en observancia de las normas adjetivas que lo contienen, del respeto de las prescripciones legales y de la previa determinación de cada una de las circunstancias que rodean el hecho o hechos sometidos a su consideración, están revestidas de plena legitimidad por provenir de órganos jurisdiccionales debidamente facultados para ello. En consecuencia, en modo alguno constituyen infracciones de derechos o garantías constitucionales, puesto que ellas van en procura de un proceso sin dilaciones indebidas y de una pronta decisión judicial...

En este orden de ideas, se considera pertinente citar, lo que al tema afirma la doctrina Española:

…La prisión provisional, es una medida cautelar de carácter personal, en virtud de la cual se priva a una determinada persona de su libertad individual a fin de asegurar su presencia en el acto del juicio oral, impidiendo su huida y garantizando el cumplimiento de la posible condena que le pueda hacer impuesta.

Cumple también otras finalidades 1) prevenir la comisión de nuevos delitos por parte del imputado. 2) asegurar la presencia del presunto culpable para la práctica de diligencias de prueba, a la vez que se le impide destruir o hacer efectos, armas o instrumentos del delito.

La prisión provisional se reserva para los delitos de mayor gravedad, rigiéndose su aplicación por el principio de la excepcionalidad…

(Publicaciones del C.G.d.P.J.. 2004).

En sentido similar, el Tribunal Constitucional Español, en su sentencia del diecisiete (17) de febrero del año dos mil (2000), (STC 47/2000), estableció que, la prisión provisional, se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y, el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano.

Es así, que el Tribunal Constitucional Federal Alemán, ha establecido al respecto lo siguiente:

La penalización pronta y adecuada de los delitos más graves no sería posible en muchos casos, si las autoridades encargadas de la persecución penal les estuviere prohibido, sin excepción, detener y mantener en prisión a los presuntos autores hasta que se dicte la sentencia. Otra cosas es que la plena restricción de la libertad personal, mediante la confinación a un establecimiento carcelario, sea una sanción, que el Estado de Derecho, en principio, permite imponer sólo a quien ha sido juzgado por una actuación sancionada penalmente. Este tipo de medidas, en contra de una persona acusada de haber cometido un delito, son admisibles sólo en casos excepcionalmente limitados. De esto se origina que respecto de la presunción fundamental de inocencia, se excluyan las acusaciones graves en contra del inculpado, permitiendo la imposición anticipada de medidas que por sus efectos se equiparan a la pena privativa de libertad…

(Cfr CINCUENTA AÑOS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMAN. Compilación de sentencias por Jürgen Schwabe. Konrad Adenauer Stiftung.)

Así las cosas y, con fuerza en la motivación que antecede, esta Corte de Apelaciones observa que, en la decisión recurrida, se han determinado los requisitos esenciales para decretar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al imputado J.G.D.D., según lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236, numerales 2 y 3 y parágrafo primero del artículo 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la juzgadora ha establecido la existencia de un hecho punible precalificados como delitos de ROBO AGRAVADO, RESITENCIA A LA AUTORIDAD y PORTE ILICITO DE ARMA DE FABRICACION RUDIMENTARIA, previstos y sancionados en los artículos 458 Y 218 del Código Penal y el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en su orden, en perjuicio de la ciudadana L.E.T.C. y El Estado Venezolano.-

En razón de lo antes expuesto, ésta Superior Instancia, considera que fue procedente y ajustada a derecho la decisión del Tribunal A-quo que acordó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al imputado J.G.D.D., no causándole gravamen irreparable y sin perjuicio que el mismo, o su defensora pueda solicitar una medida menos gravosa todas las veces que lo consideren pertinente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que debe declararse Sin Lugar la presente denuncia. Y así se decide.-

En consecuencia, al encontrarse legitimada la decisión recurrida conforme a lo establecido en la ley procesal penal y, en aplicación al precedente Jurisprudencial antes transcrito, pretendiéndose que se realice un litigio, sin dilaciones indebidas con plena garantías del debido proceso, estima esta Corte de Apelaciones, que lo procedente y ajustado a derecho, es DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa pública representada por la profesional del derecho M.P.M. y CONFIRMAR la decisión dictada en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil quince (2015), por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, en su sede principal ubicada en la ciudad de Guanare, en ocasión de la realización de la Audiencia de Presentación del Imputado: J.G.D.D., mediante el cual, en base a lo preceptuado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236, numerales 2 y 3 y parágrafo primero del artículo 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, RESITENCIA A LA AUTORIDAD y PORTE ILICITO DE ARMA DE FABRICACION RUDIMENTARIA, previstos y sancionados en los artículos 458 Y 218 del Código Penal y el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en su orden, en perjuicio de la ciudadana L.E.T.C. y El Estado Venezolano; ORDENANDOSE la remisión en el lapso pertinente, del presente recurso; asi como de las actuaciones principales al Tribunal de Primera Instancia a los efectos de que continúe el proceso.-Y ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con Sede en Guanare, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le Confiere la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR El Recurso de Apelación interpuesto por el Profesional del Derecho M.P.M. defensora pública. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil quince (2015), por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, en su sede principal ubicada en la ciudad de Guanare, en ocasión de la realización de la Audiencia de Presentación del Imputado: J.G.D.D., mediante el cual, en base a lo preceptuado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236, numerales 2 y 3 y parágrafo primero del artículo 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, RESITENCIA A LA AUTORIDAD y PORTE ILICITO DE ARMA DE FABRICACION RUDIMENTARIA, previstos y sancionados en los artículos 458 Y 218 del Código Penal y el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en su orden, en perjuicio de la ciudadana L.E.T.C. y El Estado Venezolano. TERCERO: SE ORDENA la remisión inmediata del presente recurso; asi como de las actuaciones principales al Tribunal d Primera Instancia a los efectos de que continúe el proceso.-

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, en Guanare, a los Siete (07) días del mes de Abril del año 2015. Año 204º de la Independencia y 156° de la Federación.

La Jueza de Apelación Presidenta,

Abg. S.R.G.S.

El Juez de Apelación, La Jueza de Apelación,

Abg. J.A.R.A.. Magûira Ordóñez de Ortiz

(PONENTE)

El Secretario,

Abg. R.C.

Seguidamente se cumplió lo ordenado en autos. Conste.

Secretario,

Exp.-6381-15/ MOdeO/jgb.