Decisión nº 04 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 12 de Julio de 2010

Se recibieron las presentes actuaciones en este Juzgado Superior en virtud de la apelación interpuesta por el abogado F.O.C.M., apoderado judicial del ciudadano J.Á.C.B., parte actora, contra la sentencia de fecha 20 de julio de 2009 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. (fls. 86 al 109)

Se inició el presente asunto cuando el ciudadano J.Á.C.B., asistido por el abogado F.O.C.M., demandó a los ciudadanos P.P.G., P.P.F. y C.M.M.U., por indemnización de daños y perjuicios materiales. Manifestó en su escrito libelar que en fecha 09 de octubre de 1997 suscribió una opción de compra sobre una parcela signada con el N° 11, Villa Araure I, con un área de terreno de 134, 9 metros, San Cristóbal, Estado Táchira, con los siguientes linderos y medidas: Norte, Conjunto Residencial Los Educadores o Villa San Cristóbal, mide 6, 52 metros; Sur, con la parcela N° 12, mide 6, 50 metros; Este, con la parcela N° 12, mide 20, 53 metros y Oeste, con la parcela N° 10, mide 20, 99 metros. Que la parcela en cuestión forma parte de un terreno de mayor extensión adquirido según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San Cristóbal, el 21 de diciembre de 1995, bajo el N° 33, Protocolo Primero, Tomo 41, Cuarto Trimestre. Que el precio convenido de la compra venta y valor de enajenación del inmueble fue acordado en la cantidad de Bs. 6.746.500,00, estableciéndose respecto a su pago lo siguiente: “Este dinero va a ser abonado a la cuenta de la carpintería según contrato a realizar en la Avenida Rotaria en la construcción de puertas, closets de las casas N° 15, 16, 11, 29 y 33 Villa Araure I, G.D. N° 10, Villa Araure. El monto de la carpintería de las casas es por la cantidad de Bs. 9.390.000, quedando una deuda pendiente de Bs. 2.643.500,00”. Que tal deuda pendiente la canceló con trabajo de carpintería (puertas, closets, empotramiento de cocina en un inmueble ubicado en la Urbanización Altos de Pirineos, San C.E.T., propiedad de uno de los vendedores, ciudadana C.M.M.U.. Que cumplió con todos sus trabajos de carpintería y canceló el precio estipulado tanto en el documento de opción como en el documento privado.

Que la negociación descrita la realizó con los ciudadanos P.P.G., P.P.F. y C.M.U., quienes eran los propietarios y socios del inmueble descrito, pero es el caso que desde tiempo atrás realizó gestiones para que los referidos ciudadanos le otorgaran el documento definitivo de la compra venta, encontrándose con la sorpresa de que los mencionados ciudadanos vendieron a la ciudadana Glenia E.M.G. la referida parcela según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio San Cristóbal el 15 de marzo de 1.999, bajo el N° 17, Tomo 015, Protocolo 01, folios 1 al 3, Primer Trimestre. Que ante tal situación procedió a reclamarle a los mencionados ciudadanos el daño que le habían ocasionado, ya que a sabiendas de que esa parcela era de su propiedad por haberles cumplido totalmente con lo pactado, la enajenaron a un tercero sin su consentimiento y causándole un daño material, pues no le entregaron la parcela que les había cancelado realizándoles el referido trabajo de carpintería con sus materiales y mano de obra que era el pago total convenido.

Que la causa del daño material, aparte de las explicadas anteriormente, ha sido la negligencia de los mencionados ciudadanos, quienes obraron con culpa al vender a la ciudadana Glenia E.M.G. lo que ya le habían vendido a él y había sido pagado honradamente. Fundamentó la acción en los artículos 1.133, 1.135, 1.137, 1.139, 1.140, 1.141, 1.155, 1.159, 1.160, 1.167, 1.185 y 1.196 del Código Civil.

Por las razones expuestas demanda a los ciudadanos P.P.G., P.P.F. y C.M.M.U. para que convengan o en su defecto sean condenados por el Tribunal, en pagarle por los daños materiales descritos y a título de indemnización, la cantidad de Bs. 50.000.000,00 que es el valor actual de la parcela que les comprara el 09 de octubre de 1997. Solicitó igualmente la indexación económica de las cantidades que sean ordenadas pagar por el Tribunal en la sentencia definitiva, y protestó las costas y costos del juicio. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 el Código de Procedimiento Civil solicitó el decreto de medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad de los demandados, a los fines de que no quede ilusoria la ejecución del fallo. Por ultimo, solicitó que la demanda presentada fuera admitida, tramitada por el procedimiento ordinario y declarada con lugar con todos los pronunciamientos de ley. (fls. 1 al 2). Anexos (3 al 12)

Por auto de fecha 14 de marzo de 2003 el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira admitió la demanda cuanto ha lugar en derecho y ordenó citar a los ciudadanos P.P.G., P.P.F. y C.M.M.U., para la contestación de la misma. (fl. 13)

Al folio 14 riela poder apud acta otorgado por el ciudadano J.Á.C.B. a los abogados F.O.C.M. y Críspulo R.R.Á.. (fl. 14)

En fecha 26 de junio de 2003 el abogado M.Á.G.R. consignó poder que le fuera otorgado por los ciudadanos P.P.G., P.P.F. y C.M.M.U., por ante la Notaría Pública Segunda de San Cristóbal en fecha 02 de junio de 2003. Asimismo, se dio por citado en nombre de sus representados. (Fl. 24 al 26)

En fecha 30 de julio de 2003 el apoderado judicial de los demandados presentó escrito de contestación de demanda. Rechazó, negó y contradijo la misma en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho, en virtud de las siguientes consideraciones: Que el demandante celebró un contrato privado de opción de compra-venta, fue con uno de sus representados, es decir, con la ciudadana C.M.U., como propietaria de un porcentaje de terreno donde se ubicaría una unidad de vivienda signada con el N° 11, en un área de terreno de 134,9 metros cuadrados, del Conjunto Residencial Villa Araure I, Avenida Rotaria, Urbanización S.R., Parroquia La Concordia, Municipio San C.d.E.T., por lo que es totalmente falso que el mencionado demandante haya celebrado alguna negociación con los ciudadanos P.P.G. y P.P.F. como propietarios y socios del inmueble descrito, ya que el contrato privado de opción de compra-venta en el que se fundamenta la acción, se efectuó entre el demandante y su representada C.M.M.U., desprendiéndose de la lectura del mismo que la aludida negociación fue sobre el porcentaje de su propiedad, pues ésta no puede disponer del derecho ajeno correspondiente a sus otros representados, y así está señalado en forma específica en el referido contrato cuando alude a que ella es la propietaria del porcentaje del terreno donde se ubicaría la mencionada unidad de vivienda; y no como lo pretende hacer ver al a quo la parte actora. Que es por esto que los otros dos comuneros no tienen ninguna relación jurídica que afecte su condición de copropietarios. Adujo, igualmente, que es totalmente falso que el precio convenido de la compra venta y valor de la enajenación del inmueble fuera acordado en la cantidad de Bs. 6.746.500,00 en la forma que indica el demandante, puesto que este monto corresponde sólo a la cantidad en que C.M.M.U. estimó el porcentaje que a ella corresponde, y no como única propietaria de toda la parcela. Que es por esto que el demandante incurre en una infracción de las disposiciones legales que aluden a demandar en todo caso la solidaridad, al incluir como demandados a personas que no debieron ser demandadas ni en forma directa ni indirecta, ya que la relación jurídica que nace del precitado contrato privado de opción de compra venta no tiene ninguna relación con ellos. Que en el caso de autos la parte actora disfrazó la demanda para hacerla ver como una obligación solidaria y que las obligaciones solidarias constituyen junto con las obligaciones indivisibles, la excepción al régimen que regula las obligaciones con pluralidad de sujetos y cuyos principios básicos están constituidos por las obligaciones conjuntas o mancomunadas, en las cuales la característica fundamental es la división de la obligación entre los diversos sujetos. Que el demandante pretende obtener el pago de daños materiales con origen en un contrato privado de opción a compra efectuado entre él y la ciudadana C.M.U., y para ello convierte la obligación en una obligación solidaria como si hubiera nacido con sus otros dos representados, quienes en ningún momento pueden ser obligados al pago de una obligación inexistente, ya que en el presente caso no existe ni obligación solidaria, ni obligación mancomunada para con sus representados P.P.G. y P.P.F.. Que a todo evento, en nombre de su representada C.M.M.U., rechaza, niega y contradice que el contrato de opción de compra venta se haya efectuado sobre la totalidad de la parcela a que alude la parte demandante, ya que el precitado contrato se efectuó sobre el porcentaje de terreno que le pertenece a la misma sobre dicha parcela; y que en virtud del incumplimiento por parte del demandante adquirente en dicha negociación, su representada se acogió a lo establecido en las cláusulas sexta y séptima del mismo, según las cuales, si el adquirente se atrasaba en la cancelación de las cuotas correspondientes, se entendería que desistía de la negociación pudiendo la propietaria acogerse a la cláusula siguiente (séptima), según la cual si la compraventa dejare de efectuarse por causa imputable al adquirente, éste perdería en beneficio de la propietaria el 30% de la cantidad recibida en arras hasta la fecha, como compensación de daños y perjuicios causados a ésta, los cuales no requerirían de prueba alguna, en cuyo caso se entendería resuelto de pleno derecho el contrato suscrito, sin necesidad de pronunciamiento alguno judicial o extrajudicial, quedando en consecuencia la propietaria en total libertad de negociar con terceras personas el inmueble objeto del contrato y devolvería al adquirente el remanente que le pertenece dentro de los cinco (5) días después de haber enajenado nuevamente el referido inmueble.

Que el precitado contrato privado de opción de compraventa sobre el porcentaje de la parcela propiedad de C.M.M.U., se resolvió de pleno derecho por incumplimiento del demandado y es por esto que sus representados en forma conjunta venden a un tercero, ya que dos de los mismos no se encontraban relacionados con ella en cuanto a enajenación de sus derechos y ninguno de ellos se encontraba obligado con relación al demandante.

De conformidad con las disposiciones contenidas en el primer aparte del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, rechazó, negó y contradijo la estimación de la demanda propuesta por la parte demandante en la suma de cincuenta millones de bolívares (Bs. 50.000.000,oo), cuyo equivalente actual es la cantidad de Bs. 50.000,oo, por considerarla exagerada, en virtud de que dicha estimación debió haberla hecho en base a la cuota que como co-propietaria del porcentaje aludido en la referida parcela, le pertenecía a C.M.M.U. y no sobre la totalidad que por daños materiales se demanda.

Igualmente, de conformidad a las disposiciones contenidas en el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de sus representados reconvino al ciudadano J.Á.C.B. por daños y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato de opción a compra venta efectuado entre el mencionado ciudadano y C.M.M.U. en fecha 09 de octubre de 1997, tales como fueron la falta de pago de las cuotas correspondientes y que por tal motivo no obtuvo el finiquito correspondiente, e igualmente la compensación establecida como beneficio en un 30% de las arras recibidas. Asimismo, por los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la acción mal intentada en contra de sus poderdantes P.P.G. y P.P.F., quienes no debieron ser demandados en forma conjunta por no existir en dicha acción solidaridad alguna con respecto al fundamento de la misma. Estimó la reconvención en la cantidad de doce millones de bolívares (Bs. 12.000.000,00), equivalentes actuales a Bs. 12.000,oo, protestando las costas. (fls. 27 al 32)

Por auto de fecha 20 de agosto de 2003 el Tribunal de la causa admitió la reconvención propuesta por la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, fijó oportunidad para que la parte demandante reconvenida diera contestación a la misma. (fl. 34)

En fecha 19 de agosto de 2003 el ciudadano J.Á.C.B., asistido por el abogado Críspulo R.R.Á., dio contestación a la reconvención planteada por la parte demandada, rechazándola y contradiciéndola tanto en los hechos como en el derecho, aduciendo que son los demandantes reconvinientes quienes adeudan a su representado los daños y perjuicios expresados en la demanda. (fl. 40)

A los folios 41 al 42 riela escrito de pruebas presentado en fecha 29 de septiembre de 2003 por el apoderado judicial de la parte actora.

A los folios 43 al 46 corre escrito de promoción de pruebas presentado en fecha 14 de octubre de 2009 por el apoderado judicial de los ciudadanos P.P.G., P.P.F. y C.M.M.U., parte demandada.

Mediante sendos autos de fecha 28 de octubre de 2003 fueron admitidas las pruebas promovidas por las partes. (fls. 49 y 50)

Por auto de fecha 29 de septiembre de 2005 el Juez Temporal del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, abogado J.M.C.Z., se abocó al conocimiento de la causa. (fl 76)

A los folios 86 al 109 riela la decisión de fecha 20 de julio de 2009 relacionada al comienzo de la presente narrativa.

Mediante diligencia de fecha 29 de enero de 2010, el coapoderado judicial de la parte actora reconvenida apeló de la referida decisión. (fl. 122)

Por auto de fecha 04 de febrero de 2010 el Tribunal de la causa acordó oír en ambos efectos la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte actora reconvenida. En consecuencia, ordenó remitir el expediente original al Juzgado Superior en función de distribuidor a los fines legales consiguientes. (fl. 123)

En fecha 12 de febrero de 2010 se recibieron las presentes actuaciones en este Juzgado Superior, como consta en nota de Secretaría (fl. 125); y por auto de la misma fecha se le dio entrada e inventario. (fl. 126)

En fecha 17 de marzo de 2010 el apoderado judicial del ciudadano J.Á.C.B. presentó informes. Manifestó que la apelación interpuesta radica en que el a quo debió condenar a los codemandados P.P.G. y P.P.F. al pago de lo demandado y declarar con lugar la totalidad de la demanda, por cuanto los mencionados codemandados para el momento de la negociación con el demandante de autos eran dueños del inmueble vendido y de una mayor extensión de terreno y de parcelas, tal y como consta de documento registrado el 21 de diciembre de 1.995 por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San Cristóbal, anotado bajo el N° 33, Tomo 41, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre, hoy Registro Público del Primer Circuito del Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, por adquisición hecha a Inmobiliaria Suroeste C.A., . Asimismo, que los demandados C.M.U., P.P.F. y P.P.G., el 26 de febrero de 1.997 por ante el mencionado Registro Público, bajo el N° 08, Protocolo Primero, Tomo 29, constituyeron y registraron el documento de condominio del Conjunto Residencial Villa Araure I, documento en el cual aparecen actuando como propietarios comuneros y en el que identifican la parcela 11 con sus medidas y linderos; parcela esta que había adquirido el actor y que fue vendida posteriormente a la ciudadana Glenia E.M.G.. Que esta venta fue realizada a una tercera persona y no a J.Á.C.B., por ante el Registro y sin autorización del mencionado ciudadano, es decir, que los codemandados actuaron dolosamente tal como lo estableció el Juez de la causa. Que el porcentaje de la parcela N° 11, vendida al demandante, es la misma que aparece en medidas y linderos en el documento de condominio en todo su porcentaje y no la confusión que pretendió crear la parte demandada. Consignó copia fotostática certificada expedida por el Registro Público del Primer Circuito del Municipio San C.d.E.T., del documento del 26 de febrero de 1.997, Tomo 29, N° 07, Protocolo Primero y del documento N° 09, Tomo 29 del 26 de febrero de 1.997, para demostrar que los codemandados eran propietarios del bien objeto de la demanda, quienes actuaban de manera conjunta en las negociaciones y por ello la demanda necesariamente tenía que ir dirigida hacia ellos tres como dueños, por estar en presencia de un caso de legitimación ad causam pasiva. Es por esto que el Tribunal de la causa debió condenar a todos los codemandados y no absolver de la instancia a dos. Por las razones expuestas, solicitó a este Juzgado Superior declare con lugar la apelación interpuesta y con lugar la totalidad de la demanda y que se condene a todos los codemandados a pagar las cantidades de dinero ordenadas por el Tribunal de la causa, así como al pago de las costas procesales del juicio y recurso de apelación. (fls. 127 al 129). Anexos (fls. 130 al 175)

Por auto de fecha 17 de marzo de 2010 se dejó constancia de que la parte demandada no presentó informes (f. 176); y por auto del 05 de abril de 2010 se dejó constancia de que tampoco presentó observaciones a los informes de la parte contraria (f. 177).

Por auto de fecha 4 de junio de 2010 se difirió el lapso para dictar sentencia por treinta (30) días calendario (fl. 178).

II

MOTIVOS PARA DECIDIR

La materia sometida al conocimiento de esta alzada versa sobre la apelación interpuesta por el coapoderado judicial del ciudadano J.Á.C.B., parte actora, contra la decisión de fecha 20 de julio de 2009 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró parcialmente con lugar la demanda incoada por el ciudadano J.Á.C.B. sólo contra la ciudadana C.M.M.U. y no contra los codemandados P.P.G. y P.P.F.. En consecuencia, condenó a la prenombrada C.M.M.U. a pagar al demandante la cantidad de Bs. 9.390,00 actuales, ordenando efectuar la indexación monetaria de dicha cantidad, desde el día 09 de octubre de 1997 hasta la fecha en que quede firme la decisión, para lo cual ordenó la realización de una experticia complementaria del fallo a tenor de lo establecido en la pare in fine del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, declaró sin lugar la reconvención propuesta por los demandados P.P.G., P.P.F. y C.M.M.U. contra J.Á.C.B., condenando en costas a la parte reconviniente de conformidad con lo establecido en el artículo 274 eiusdem, en virtud de haber resultado totalmente vencida en la reconvención propuesta.

Antes de entrar al conocimiento de fondo, deben resolverse de manera previa los siguientes puntos:

PUNTO PREVIO I

SOLIDARIDAD PASIVA

La representación judicial de la parte demandada, alega que el actor nunca celebró contrato alguno con los ciudadanos P.P.G. y P.P.F., como propietarios y socios del inmueble descrito en el libelo de demanda. Que el contrato privado de opción de compraventa en el que se fundamenta la acción, fue celebrado entre él y la codemandada C.M.M.U., sobre el porcentaje de propiedad que a ella correspondía sobre el referido inmueble, pues no podía disponer del derecho ajeno correspondiente a los precitados P.P.G. y P.P.F., quienes no tienen nada que ver con la relación jurídica nacida del referido contrato de opción de compraventa. Que en consecuencia, éstos no debieron ser demandados ya que no puede constreñírseles al pago de una obligación que no contrajeron.

Que el actor pretende obtener el pago de daños materiales con origen en un contrato privado de opción a compra efectuado con la ciudadana C.M.M.U., y para ello convierte la obligación en una obligación solidaria como si hubiera nacido con sus otros dos representados, pero que éstos en ningún momento pueden ser obligados al pago de una obligación inexistente, ya que no existe en el presente caso obligación solidaria alguna, ni obligación mancomunada que obligue a sus representados P.P.G. y P.P.F..

Por su parte, el coapoderado judicial de la parte actora señala en su escrito de informes presentado ante esta alzada, que los mencionados ciudadanos deben ser incluidos en la condena de indemnización por daños materiales efectuada por el a quo, puesto que los mismos eran copropietarios del inmueble que fue vendido a su poderdante mediante el documento privado de opción de compraventa y que posteriormente, sin su consentimiento, fue vendido por todos los demandados a la ciudadana Glenia E.M.G., mediante documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público.

Ahora bien, se evidencia de la lectura del instrumento fundamental de la demanda constituido por el documento privado de opción de compraventa de fecha 09 de octubre de 1.997, corriente a los folios 8 al 11, que el referido contrato fue suscrito entre la ciudadana C.M.M.U. en calidad de propietaria, y el demandante J.Á.C.B. en calidad de adquirente. No se señala en el mismo que la mencionada ciudadana estuviera actuando como apoderada o en representación de P.P.G. y P.P.F.. En consecuencia, no puede hablarse en el presente caso de la existencia de una obligación con pluralidad de sujetos respecto a la parte deudora, ya sea mancomunada cuya característica principal sería la división de la obligación entre los distintos deudores, o solidaria, lo que haría posible que el acreedor pudiera exigir el pago a uno cualquiera de los deudores.

Tal como lo señala el artículo 1.221 del Código Civil, “La obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno pueda ser constreñido al pago por la totalidad, y que el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros, …”.

En el caso sub litis, los mencionados P.P.G. y P.P.F. no forman parte del contrato celebrado por la ciudadana C.M.M.U. y, por tanto, la procedencia de la presente demanda por indemnización de daños materiales, sólo debe ser considerada respecto a ésta. Así se establece.

PUNTO PREVIO II

IMPUGNACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA DEMANDA

Aprecia esta sentenciadora que en el libelo de demanda no consta una estimación expresa de su cuantía; no obstante, en el petitorio la parte actora pide que se le pague a título de indemnización por los daños materiales alegados, la cantidad de Bs. 50.000.000,00, equivalente hoy día a Bs. 50.000,00, monto este que considera es el valor actual de la parcela objeto del contrato de compraventa.

En el escrito de contestación de demanda el apoderado judicial de los demandados impugnó dicho monto, aduciendo lo siguiente:

…RECHAZO, NIEGO y CONTRADIGO, la estimación de la demanda interpuesta por la parte demandante en la suma de CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 50.000.000,oo), por considerarla EXAGERADA, en virtud de que dicha estimación debió haberla hecho en base a la cuota parte que como co-propietaria del porcentaje aludido, en la referida parcela le pertenecía a mi co-representada Candida (sic) Mora Urbina, y no sobre la totalidad que por daños materiales, mal se demanda. …

(fl. 31)

Establece el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil:

Artículo 38: Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará.

El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez decidirá sobre la estimación en capítulo previo en la sentencia definitiva. … (Resaltado propio)

Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión Nº R.H.-00504 del 26 de julio de 2005, reiterando criterio anterior, señaló:

Sobre este asunto, cuando el demandado impugna la cuantía estimada en la demanda, por considerarla exigüa o exagerada, esta Sala, en decisión de fecha 15 de noviembre de 2004, (Caso: J.M.R.E., A.E.F.G. y N.D.V.B.M. contra P.S.B., L.S.d.B. y J.P.B.S.), estableció:

...se limita la facultad del demandado a alegar un nuevo hecho, que la cuantía es reducida o exagerada y los motivos que lo inducen a tal afirmación; pudiendo, si lo considera necesario, sostener una nueva cuantía. No pareciera posible, en interpretación del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que el demandado pueda contradecir la estimación pura y simplemente por fuerza debe agregar el elemento exigido como es lo reducido o exagerado de la estimación, en aplicación a lo dispuesto textualmente que ‘el demandado podrá rechazar la estimación cuando la considere insuficiente o exagerada’.

Por lo tanto, el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma

.

En consecuencia, se desprende del criterio jurisprudencial cuya transcripción antecede, que cuando el demandado rechace la estimación de la demanda, bien por insuficiente o exagerada, si no es probado ese nuevo elemento, quedará firme la estimación realizada por el demandante en su escrito libelar, … . (Resaltado propio)

(Exp. Nº AA20-C-2005-000378).

Ahora bien, al examinar las actas procesales se aprecia del contrato de opción de compraventa del que dimanan los supuestos daños y perjuicios reclamados, que el precio de la misma fue establecido en la cantidad de Bs. 6.746.500,00, equivalente actual a Bs. 6.746,50, por lo que de conformidad con la mencionada norma y en apego al criterio jurisprudencial transcrito ut supra, considera esta sentenciadora que es ese el monto de estimación de la demanda. Así se decide.

Resueltos como han quedado los anteriores puntos previos, se pasa al conocimiento de fondo.

El actor J.Á.C.B. pretende indemnización por daños y perjuicios materiales que a su decir le fueron causados por el incumplimiento de la parte actora del contrato de opción de compraventa sobre la parcela signada con el N° 11 del Conjunto Residencial Villa Araure I, suscrito con la ciudadana C.M.M.U., cuyo precio de venta fue acordado en la cantidad de Bs. 6.746.500,00, los cuales se comprometió a pagar con trabajos de carpintería a realizar en las casas Nos. 15, 16, 11, 29 y 33 de Villa Araure I, G.D. N° 10 y Villa Araure.

Que siendo el monto de los trabajos de carpintería por la cantidad de Bs. 9.390.000,00, quedaba una deuda pendiente de Bs. 2.643.500,00, que pagó con trabajos de carpintería (puertas, closets y empotramiento de cocina) en un inmueble ubicado en la Urbanización Altos de Pirineos, San Cristóbal, Estado Táchira, propiedad de C.M.M.U.. Que él cumplió con todos sus trabajos de carpintería y canceló el precio estipulado, pero que los demandados propietarios del referido inmueble objeto de la opción, lo vendieron por documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público a la ciudadana Glenia E.M.G., ocasionándole un daño material que estimó en la suma de Bs. 50.000.000,00, equivalente hoy día a Bs. 50.000,00, que a su decir es el precio actual de la referida parcela de terreno. Solicitó la indexación de las cantidades ordenadas a pagar por el Tribunal en la sentencia definitiva.

La parte demandada negó, rechazó y contradijo la demanda en todas y cada una de sus partes, aduciendo que el referido contrato privado de opción de compraventa fue celebrado por el demandante con la ciudadana C.M.M.U., como propietaria del porcentaje de terreno donde se ubicaría la unidad de vivienda signada con el N° 11 del Conjunto Residencial Villa Araure I, que a ella corresponde, y no sobre la totalidad de la parcela. Que es totalmente falso que el precio convenido de la compraventa y valor de enajenación del inmueble fuera acordado en la cantidad de Bs. 6.746.500,00, equivalente actual a Bs. 6.746,50, ya que ese monto corresponde sólo al referido porcentaje propiedad de C.M.M.U. y no a la totalidad de la parcela, por lo que en nombre de ésta, rechazó, negó y contradijo que el referido contrato de opción de compraventa se haya efectuado sobre la totalidad de la parcela a que alude la parte demandante. Alegó igualmente, que el referido contrato quedó resuelto de pleno derecho por el incumplimiento en que incurrió el demandante, adquirente en dicha negociación, por falta de pago de las cuotas correspondientes, razón por la cual la prenombrada C.M.M.U. se acogió a lo estipulado en las cláusulas sexta y séptima del mismo, en las que quedó establecido que si el adquirente se atrasaba en el pago de las cuotas correspondientes, se entendería que desistía de la negociación; y que si la ejecución de la compraventa dejare de efectuarse por causas imputables al adquirente, éste perdería en beneficio de la propietaria el 30% de la cantidad recibida en arras hasta la fecha, como compensación por daños y perjuicios causados a ésta, sin que tales daños requirieran de prueba alguna, razón por la que se consideraría resuelto de pleno derecho el contrato suscrito, quedando la propietaria en total libertad para negociar con terceras personas, debiendo devolver al adquirente el remanente que le pertenece dentro de los cinco (5) días siguientes a tal enajenación. Que dado el incumplimiento del demandado, el referido contrato se resolvió de pleno derecho y es por esto que sus representados vendieron el inmueble a un tercero.

De igual forma, RECONVINO al demandante J.Á.C.B. por daños y perjuicios originados por el incumplimiento del referido contrato de opción de compraventa celebrado entre éste y C.M.M.U. en fecha 09 de octubre de 1.997, tales como la falta de pago de las cuotas correspondientes e igualmente, la compensación establecida como beneficio en un 30% de las arras recibidas. Asimismo, por los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la acción intentada en contra de P.P.G. y P.P.F., quienes no debieron ser demandados, por no existir solidaridad alguna respecto a la obligación demandada. Estimó la reconvención en la suma de Bs. 12.000.000,00, equivalentes actuales a la cantidad de Bs. 12.000,00.

Por su parte, el actor reconvenido rechazó y contradijo la reconvención tanto en los hechos como en el derecho, aduciendo que son los demandantes quienes le adeudan a su representado los daños y perjuicios expresados en el libelo.

Circunscrito como ha quedado el thema decidendum, considera esta sentenciadora necesario la formulación de las siguientes consideraciones:

El Código Civil establece:

Artículo 1.159.- Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes.

Artículo 1.264.- Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención.

Artículo 1.271.- El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe.

De la lectura de tales normas se desprende que las obligaciones deben cumplirse en la forma en que han sido contraídas y que en caso de contravención, el deudor es responsable de daños y perjuicios, pudiendo ser condenado a su pago tanto por inejecución como por retardo en la ejecución, si no prueba que tales daños no le son imputables.

Respecto al incumplimiento culposo de las obligaciones, el Dr. E.M.L. señala:

… el incumplimiento culposo de una obligación produce como efecto fundamental el cumplimiento forzoso de la misma, el cual se descompone así: a) cumplimiento forzoso en especie, y b) indemnización de daños y perjuicios, los que a su vez pueden ser: a’) moratorios cuya indemnización está destinada a resarcir al acreedor de los daños y perjuicios causados por la tardanza culposa del deudor y pueden ser solicitados junto con el cumplimiento forzoso en especie de la obligación, y b’) compensatorios, cuya indemnización está destinada a resarcir o compensar al acreedor de los daños y perjuicios causados por la inejecución definitiva o permanente del deudor y sólo pueden ser solicitados en sustitución de la ejecución en especie. Los daños y perjuicios compensatorios son los que comúnmente integran el cumplimiento forzoso por equivalente. (Resaltado propio)

(Curso de Obligaciones, Derecho Civil III, Cuarta Edición, Universidad Católica A.B., Caracas, 1.983, p. 126)

Hechas las anteriores consideraciones se pasa al análisis de las pruebas promovidas por las partes bajo los principios de comunidad de la prueba y exhaustividad probatoria.

A.- PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA RECONVENIDA

Con el libelo de demanda consignó:

1. - Original del contrato privado de opción de compraventa suscrito en fecha 09 de octubre de 1997, el cual corre inserto a los folios 8 al 11. Dicho contrato se valora como documento privado reconocido de conformidad con lo establecido en los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil y 1.363 del Código Civil, evidenciándose del mismo que en la fecha indicada, la ciudadana C.M.M.U. dio en opción de compra al demandante J.Á.C.B., el porcentaje de terreno de su propiedad donde se ubicaría una vivienda signada con el N° 11 del Conjunto Residencial Villa Araure I, con sujeción a las siguientes cláusulas: