Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 2 de Octubre de 2012

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales incoada por el ciudadano R.G.L.G., contra la Sociedad Mercantil MAPFRE LA SEGURIDAD, C.A., DE SEGUROS, plenamente identificados en autos. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte actora por haber resultado perdidosa en el presente procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”.

En la oportunidad en que se llevo acabo la audiencia oral celebrada por ante esta Alzada, la representación judicial de la parte actora apelante, en líneas generales, señalo que a su criterio la parte demandada no logro desvirtuar lo pretendido por el accionante el escrito libelar; aduce que la accionante no probó lo expresado en el escrito de contestación de la demanda, en tal sentido indica que no desvirtuó la relación laboral sostenida entre el ciudadano R.L. y la empresa Mapfre La Seguridad, C.A.; sostiene que la recurrida, al momento de su pronunciamiento en relación al alegato de falta de cualidad aducida por la accionada consideró primeramente la determinación de la prestación de trabajo, estableció que las partes están conteste del que el actor prestó sus servicios como agente exclusivo de la mencionada empresa la cual fue debidamente autorizado por la superintendencia de seguros, hace valer documental relacionada con la fecha de ingresó del accionante, aduciendo que la misma fue en fecha 05/08/1992, y que la credencial le fue concedida por la mencionada superintendencia en fecha en el mes de noviembre del año 2003, en tal sentido sostiene, que la circunstancia, condición o naturaleza en que prestó su representado sus servicios desde el año 1992 hasta el año 2003, fue laboral y para la empresa demandada; resalta que la demandada sostuvo que la parte actora no indicó el horario de trabajo, siendo dilucidada esta circunstancia en la audiencia oral de juicio, mediante el interrogatorio que le hiciera la recurrida al accionante; por otra parte señala que la demandada alegó que la gestión que efectuaba su representado era el cobro de recibos, primas y que la compañía le indicaba el cobro de la comisiones a devengar, motivo por la cual aduce que el a quo, ignoro el hecho que ejercía la demandada en supervisar y controlar a su representado; refiere la naturaleza del pago de la prestación del servicio, donde la recurrida estableció que su representado prestaba servicios y a cambio de ello cobraba comisiones que eran superior al salario mínimo, así como que también superaban lo percibido por cualquier otro profesional del técnico universitario como lo es su mandante, en este sentido indica que la superintendencia de seguros no regula las comisiones percibidas por los agentes o vendedores de seguro, lo que regula tal organismo es el porcentaje máximo que puede otorgar una empresa de seguros o pagar una empresa de seguros por el concepto de comisiones según el plan de seguros que le es sometido a consideración, pero que en modo alguna limita el monto que puede percibir cualquier agente como remuneración por la actividad desarrollada, en razón de ello indica que el monto que percibía su mandante no fue por regalía, si no la consecuencia de la actividad de trabajo desarrolla a la empresa; señala que se estableció que los bienes eran suministrados por la empresa aseguradora al accionante para el desarrollo de su actividad, pero que nos consta que se haya demostrado la periodicidad con que el accionante concurría a la sede la accionada, del mismo modo hace valer la declaración de parte efectuada a su mandante, por lo que solicita sea escuchada tal declaración a fines de corroborar tal circunstancia; aduce que en relación a la ejenidad la sentenciadora acoge la prueba documental de fecha febrero de 2010, que cursa en el folio 230 del cuaderno de recaudos N° 1, que fue promovida por la parte accionada, y en la cual se consideró que su mandante cedió todos los derechos a un tercero sobre las pólizas que tenia emitidas con la empresa Seguros la Seguridad, razón por la cual indica que tal documento es un hecho que se acontece con posterioridad a la fecha de la finalización de la relación laboral, que fue el día 31/12/2009, no obstante indica que tal documento no tiene validez de conformidad con el articulo 156 y 158 de la Ley de Seguros y Reaseguro, por lo que refiere que el mencionado hecho no se sucede con el precitado documento; aduce que la recurrida estableció que su mandante era una trabajador dependiente, que el mismo asumía los riesgos, que el monto percibido por el accionante no podía ser considerado salario, al respecto señala que el salario no tiene limites, que todo esta en función en el desarrollo de la actividad y la intensidad en que se genere, razón por lo cual señala que el salario que devengaba su mandante generaba un salario variable derivado de las comisiones que percibía; por todo lo anterior señala que la parte demandada no logro desvirtuar las pretensiones de su mandante y tal sentido solicita se anule la sentencia recurrida y sea declarada con lugar la presente apelación.

Por su parte la representación judicial de la parte demandada, en líneas generales, adujo, que estaba de acuerdo con la sentencia proferida; refiere que la actividad aseguradora esta bastante regulada por parte del Estado, por lo que indica que la figura de productor exclusivo para nada debe de confundirse con los elementos que caracterizan una relación laboral, que simplemente se esta hablando de un elemento técnico en la cual un sujeto interviene como intermediario en beneficio de una sola empresa, señalando que distinto es cuando lo hace bajo la figura del corredor de seguros, cargo que ostenta actualmente la parte accionante y que fácilmente le permite operar para varias empresas; indica que la Ley de Seguros y Reaseguros, regula las incompatibilidades, prohibiciones, deberes formales en la cual existen hasta declaraciones juradas, notariadas donde el propio demandante expresa que no mantiene ningún tipo de relación laboral con ningún empresa; hace valer las documentales que cursan en el expediente donde se evidencia el carácter tutelado de su representada; aduce que no existe evidencia de cumplimiento de horario alguno del actor ni de subordinación técnico Jurídica como elemento caracterizante de la relación laboral; señala que en relación a la remuneración se evidencia que eran bastante dispareja y que tales montos superan los que cualquier trabajador pudiera recibir si se dedicara a esta actividad de forma subordinada; aduce que las comisiones sin son reguladas por la superintendencia del ramo, sin tener en ese sentido las partes la libertad de precisar este concepto, por otra parte indica que existe un expediente relacionado con el actor que no lo lleva la empresa si no la mencionada institución indica que al momento de la declaración de parte efectuada ante la recurrida el actor señala que cumplía un horario de trabajo lo cual no es cierto, por todo lo anterior solicita sea declarado sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte actora y se confirme la sentencia recurrida.

Vista la forma como fue circunscrita la presente apelación (ver sentencia Nº 204 de fecha 26/02/2008, proferida por la Sala de Casación Social), corresponde a esta Alzada determinar si el a-quo actuó o no ajustado a derecho al declarar sin lugar la demanda. Así se establece.-

En razón de lo anterior, este Juzgador pasa a analizar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 10, 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Pruebas de la parte actora.

Promovió documental marcada “A”, cursante al folio 3 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, “CERTIFICADO DE ASISTENCIA” a nombre del actor, por su participación a curso profesional de seguro, de fecha 20/09/1992, emitido por la empresa Seguros La Seguridad, C.A., por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales marcadas “B”, cursantes a los folios 4 al 7 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, constancias emitidas a favor de la parte actora por la empresa Mapfre, dirigidas a distintas entidades bancarias en la cual le informan que la parte actora devengaba cierta cantidad por conceptos, tales como bonos y comisiones, emitidas en fecha 08/01/2007, 29/06/2007 y16/01/2008, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documental marcada “C”, cursante al folio 8 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, copia de cédula de identidad y credencial N° 12-2/3/4-602, del ciudadano R.G.L.G., en la cual el Ministerio de Finanzas, autoriza al mencionado ciudadano para actuar como agente exclusivo de Seguros la Seguridad, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales marcadas “D a la D11, E a la E13”, cursantes a los folios 9 al 227 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, impresión de fecha 21/10/2010, relacionada con ingresos recibidos por el actor como productor de seguro, de la cual se detallan montos, conceptos, contratantes, nombre del agente, comercial, numero de póliza, importe por comisión; comisiones devengadas, relacionado con las partes en el presente asunto, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales marcadas “F y F1”, cursantes a los folios 228 al 232 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, reconocimiento recibido por el actor en fecha 22/05/2007, por la labor de intermediario desarrollada por proceso de oposición a la cual fue asignado y folleto de concurso denominado “Batea de Jonrón”, la cuales no fueron objeto de impugnación por parte de la empresa demandada, manifestando que era practica común que se le otorguen reconocimiento a los corredores, intermediaros o agentes, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales marcadas “G a la G11”, cursantes a los folios 233 al 247 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, recibos denominados “CONTROL DE PAGO DE PRIMA”, con soportes de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2009, no obstante, que en la audiencia de juicio el apoderado judicial de la demandada, impugnó tales documentales, sin que la parte actora haya promovido un medio o auxilio de prueba para hacerlo valer, se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales marcadas “H”, cursantes a los folios 248 y 249 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, copias de listado de p.c.y. cuya renovación correspondía al año 2010, visto que en la audiencia de juicio el apoderado judicial de la demandada, impugnó tales documentales, sin que la parte actora haya promovido un medio o auxilio de prueba para hacerlo valer, por lo que, se debe desechar del proceso conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo. Así se establece.

Promovió documentales marcadas “I e I1”, cursantes a los folios 250 al 296 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, convenciones colectivas de Trabajo de la empresa Seguros La Seguridad, que al haber cumplido con los parámetros legales de conformidad con sentencia del 27 de septiembre de 2004, (Tribunal Supremo de Justicia – Sala de Casación Social) “debe considerarse derechos y no simples hechos sujetos a las reglas generales de las cargas de alegación y prueba que rigen para el resto de los hechos aducidos por las partes en juicio, razón por la cual al ser derecho y no hechos sujetos a su alegación y prueba, no es procedente su valoración.” Así se establece.-

Promovió documentales marcadas “I2”, cursantes a los folios 297 al 320 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, reglamento interno de la empresa Mapfre la Seguridad C.A. de Seguros, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

De la prueba de exhibición.

Solicitó la exhibición de las documentales marcada “D a la D11, E a la E13, I, I1 e I2”, a las cuales, se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, amen de haber sido valoradas supra. Así se establece.-

Pruebas de la parte demandada.

Promovió documentales marcadas “2”, cursantes a los folios 321 al 323 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, copia simple de declaración jurada autenticada por ante la Notaria Publica Tercera del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 03/08/2000, en la cual la parte actora manifiesta, entre cosas, “…no estar incurso en las prohibiciones contenidas en el articulo 138 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros…”, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales marcadas “3 y 4”, cursantes a los folios 324 y 325 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, copia solicitud de registro de agentes por parte del accionante a la Superintendencia de Seguros de fecha 16/11/2001, de la cual en fecha 26/06/2003, obtuvo respuesta por parte de la mencionada institución a saber, “…le informo que ha obtenido una calificación de once (11) puntos, resultando así reprobado…”, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales marcadas “5 y 6”, cursantes a los folios 326 al 327 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, copia solicitud de registro de agentes por parte del accionante a la Superintendencia de Seguros de fecha 20/10/2004, de la cual en fecha 23/11/2004, obtuvo respuesta por parte de la mencionada institución a saber, “…se le autoriza para actuar como AGENTE EXCLUSIVO DEFINITIVO de la empresa MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS, en todos los ramos quedando inscrito en el N° 12-06-602, en el Registro de Agentes de Seguros que al efecto lleva este Organismo…”, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documental marcada “7”, cursante al folio 328 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, solicitud de liberación de Seguros, por parte del ciudadano R.L., dirigido a la empresa Mapfre la Seguridad, C.A., recibido en fecha 22/10/2009 en la cual el accionante solicita “…la liberación del código 9193, que poseo en esta compañía, debido a razones personales…”, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documental marcada “8”, cursante al folio 329 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, comunicado de fecha 15/09/2009, emitido por la empresa Mapfre, dirigidas a la Superintendencia de Seguros, en la cual le indican que el ciudadano “…RAUL G.L.G. (…), nos ha manifestado su deseo de no seguir ejerciendo su actividad como Agente Exclusivo de MAPFRE La Seguridad, C.A. de Seguros, de cuyas gestión intermediario no presenta a la fecha saldos deudores de ninguna naturaleza, ni recibos al cobro en su poder, en virtud de lo antes expuesto, se le emite la carta de liberación…” , por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documental marcada “9”, cursante al folio 330 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, comunicación de fecha 25/02/2010, emitida por la parte actora y dirigida a la Empresa Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros, en la cual manifiesta “…Yo, R.G.L.G., (…) cedo todos los derechos que se deriven de todas las p.q.p.m. intermedio fueron suscritas bajo el código 9193, a favor de U.V.P.B. productor activo de esta empresa…” , de la misma forma se evidencia que este ultimo asumía todos los derechos y obligaciones por “TRASPASO DE CARTERA”, suscritos por los ciudadanos antes mencionados, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documental marcada “10 a la 12”, cursante al folio 332 y 390 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, oficio N° FSS-2-1-004507, de fecha 02/08/2010, emitida por la Superintendencia de Seguros, referidas al trámite administrativo para el cambio de condición y monto de primas y comisiones al actor, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales marcadas 13”, cursantes a los folios 391 y 392 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, evidenciándose, constancias emitidas a favor de la parte actora por la empresa Mapfre, dirigidas a distintas entidades bancarias en la cual le informan que la parte actora devengaba cierta cantidad dineraria por conceptos de bono y comisiones, emitidas en fecha 29/06/2007, la cual también fue promovido por la parte demandante y fue valorada supra. Así se establece.-

De la prueba de informes.

Solicitada a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, cuyas resultas corren insertas a los folios 118 al 206, de la pieza principal del presente expediente de la misma se evidencia, copia de expediente administrativo llevado por dicho ente, relacionado con el ciudadano R.G.L., del mismo se desprende entre otras cosas Registro de Productor y declaración jurada, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Solicitada al Servicio Autónomo Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), cuyas resultas corren insertas a los folios 89 al 111, de la pieza principal del presente expediente de la misma se evidencia, copias certificadas de la declaración de impuesto Sobre la Renta y Registro Único de Información Fiscal (RIF) del ciudadano R.G.L., por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

De la prueba de exhibición.

Solicitó la exhibición de las documentales marcada “3, 5 y 6”, al respecto en la audiencia oral de juicio, el a quo le preguntó a la parte actora con referencia a tal exhibición, manifestó que las reconocía, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

De la prueba de testigos.

Promovió pruebas de testigos de los ciudadanos: Norelys Pire, Y.G., J.C.D., S.S., C.G., A.D., M.P.M., Isaura Yánez, Mónica Crespo y J.L.C., quienes no se hicieron presentes al momento de su evacuación, por lo que no hay materia sobre la cual pronunciarse. Así se establece.-

Consideraciones para decidir.

Pues bien, esta Alzada pasa a pronunciarse sobre el fondo del presente asunto en los siguientes términos:

El artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (vigente para la fecha que se suscitaron los hechos) señala que: “Se presumirá existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba…”, mientras que el artículo 39 ejusdem reza que: “Se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otro.

La prestación de sus servicios debe ser remunerada”.

Ahora bien, vista la forma como la demandada contestó la demanda y en atención a las disposiciones anteriormente transcritas, se tiene por admitida la prestación personal de servicios del demandante, toda vez que la accionada indicó que el vinculo que la unió a la parte actora fue de naturaleza jurídica distinta a la laboral, quedando en tal sentido verificado el extremo legal previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, con el cual se pone en marcha la presunción de existencia de la relación laboral, entre el accionante y la empresa demandada. Así se establece.-.

Así mismo, vale destacar que para ir en la búsqueda de la verdad material, en casos como el de autos, la doctrina desarrolló una manera a través de la aproximación de ciertos cánones que permiten delimitar las fronteras que subyacen o dificultan la determinación de una relación jurídica como laboral o de otra entidad (test de laboralidad, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia - ver sentencias Nº 1897, de fecha 13/11/2006 y Nº 1537, de fecha 16 de julio de 2007 -, cuya aplicación deviene de acuerdo a lo previsto en el artículo 321 de Código de Procedimiento Civil, por así permitirlo el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En tal sentido se ha señalado que el juzgador deberá observar: Forma de determinar el trabajo, tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo, forma de efectuarse el pago, trabajo personal, supervisión y control disciplinario, inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria, asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo, la exclusividad o no para la usuaria, la naturaleza del pretendido patrono, de tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio, la naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar, aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena.

Pues bien, ciertamente la dificultad de identificar la existencia de un contrato de trabajo en prestaciones de carácter personalísimo, es evidente, ya que en doctrina se señalan las características de los contratos prestacionales (servicio profesional) como aquel en el que una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio por precio cierto. En este contrato que es normalmente de duración, la actividad se presta sin subordinación o dependencia y fijando libremente el precio de los servicios (por ejemplo, percibiendo la remuneración en función de cada hora de servicio prestado). Es la clásica figura contractual que acoge el trabajo de las profesiones llamadas liberales (médicos, abogados, arquitectos, etc.). El arrendamiento de servicios, en suma, comporta en sí mismo la propiedad inicial de los frutos y una libertad de actuación profesional que lo aleja del poder directivo del empresario, característico del contrato de trabajo.

El contrato de trabajo y el de prestación de servicios profesionales son especies de los contratos prestacionales, de allí su parecido, no obstante, la diferencia radica en el carácter subordinado – en el sentido de una especie de enajenación temporal de la libertad – con que se ejecuta la prestación, siendo que en el primero hay sujeción, mientras que en el segundo hay libertad, aunque en algunos casos se este sometido a control y supervisión e incluso a algún tipo de orientación en el modo de prestación del servicio.

Ahora bien, visto que la demandada negó la naturaleza laboral de la relación que la unió a la parte actora, para la resolución del presente asunto hay que aplicar el referido test, a los fines de verificar si se esta en presencia de un contrato de trabajo o si por el contrario existe una relación de otra índole, toda vez que el punto medular de la presente litis esta en la calificación jurídica que habrá que darle a la prestación de servicio realizado por el accionante en la empresa demandada. Así se establece.-

1. Forma de determinar el trabajo, tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo: De un análisis a las actas procesales se evidencia que el accionante fungía como agente exclusivo, lo cual hacía con su propios medios, no observándose que tuviera algún tipo de supervisión al realizar sus funciones, constándose igualmente la existencia de Registro Único de Información Fiscal (RIF) V-10473206-9, a su favor; del mismo modo se evidencia que el accionante fue debidamente autorizado en fecha 23/11/2004, por la Superintendencia General de Seguros para el desempeño de su actividad bajo el N° 12-06-602, en este orden de ideas observa esta Alzada de las pruebas que fueron promovidas y debidamente admitidas, folio 330 del cuaderno de recaudos N° 1, del presente expediente, comunicación de fecha 25/02/2010, emitida por la parte actora y dirigida a la Empresa Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros, en la cual manifiesta “…Yo, R.G.L.G., (…) cedo todos los derechos que se deriven de todas las p.q.p.m. intermedio fueron suscritas bajo el código 9193, a favor de U.V.P.B. productor activo de esta empresa…” , de la misma forma se evidencia que este ultimo asume todos los derechos y obligaciones por “TRASPASO DE CARTERA”, que fueren suscritos por los ciudadanos antes mencionados, amen de verificarse a los autos que sólo se le asignaba una ruta la cual debía realizar para inspeccionar los vehículos, para lo cual era necesario su experiencia en dicho ramo, además consta a los autos que el mismo debía presentar facturas y relaciones de ajustes, avalúos e inspecciones para poder proceder al cobro de las inspecciones, reinspecciones y ajustes de siniestros realizadas por él, evidenciándose facturas membreteadas con la denominación “Florencio A. Parra Rodríguez”, siendo que las facturas establecen el monto a cobrar, así como la descripción de la actividad realizada por el actor, constándose de igual manera que la demandada emitía los pagos a la orden del actor y de forma semanal, montos estos que fluctuaban, así por ejemplo, según la factura signada con el No. 0001 de fecha 11/10/2007 el monto pagado por la demandada al actor fue de Bs. 1.320.000; según la factura signada con el No. 0004 de fecha 30/10/2007 el monto pagado por la demandada al actor fue de Bs. 1.540.000, según la factura signada con el No. 00010 de fecha 11/12/20007, el monto pagado por la demandada al actor fue de Bs. 940.000,00; circunstancias estas que lo subsumen en el supuesto de hecho de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para la fecha) y su Reglamento, por lo que considera quien decide que estos elementos no aparejan un indicio de laboralidad, ni expresan la existencia de una subordinación en los términos previstos en el derogado artículo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo (vigente para la fecha). Así se establece.-

2. Forma de efectuarse el pago: vale advertir, que la actividad del actor era la de productor exclusivo de seguro, no siendo un hecho controvertido que las partes admitieron expresamente que por virtud de la actividad realizada el actor generaba el derecho al cobro de comisiones y cuyos límites se encuentran establecidos por el ente regulador de la actividad aseguradora que es la Superintendencia de Seguros, siendo la remuneración en función de la producción o venta de pólizas, sobre cuya prima le correspondía un porcentaje variable según el ramo (vida individual, vida colectivo, accidentes personales, automóvil, incendio, robo, transporte, etc..); así mismo se observa de autos que la demandada era la que le indicaba al actor las comisiones generadas por dicha actividad, igualmente se observa que el pago recibido por el servicio realizado es un monto elevado e importante sobre todo si se compara con el de quienes de manera subordinada realizan una labor idéntica o de similar calidad; se evidencia también que ciertamente los ingresos percibidos por el actor fueron de carácter variable y que esa variabilidad era sustancialmente superior o inferior en unos y otros meses, siendo que loa precitada situación se repite a lo largo del tiempo de servicio prestado, circunstancia esta que conlleva a que se concluya en cuanto a que los montos percibidos por el actor por su actividad superaba con creces el salario mínimo nacional para cada periodo del año, siendo inclusive y por máximas de experiencia, superiores a los percibidos por un trabajador del mismo nivel profesional del actor como agente o corredor de seguros, por lo que, en este orden de ideas comparte esta Alzada el criterio establecido por la a quo al señalar que “…evidencia el Tribunal que ciertamente los ingresos percibidos por el actor fueron de carácter variable y que esa variabilidad era sustancialmente superior o inferior en unos y otros meses; así y a modo de ejemplo en el mes de diciembre de 1997, el salario alegado fue de Bs.418,70, mientras que el salario mínimo de la época era de Bs.75,00 (Gaceta Oficial N° 36.232 de fecha 20 de junio de 1997), en el año de 1998 el salario alegado fue de Bs.596,06, mientras que el salario mínimo nacional fue de Bs.100,00 (Gaceta oficial N° 36.399, de fecha 19 de febrero de 1998), para el mes de enero de 1999 fue de Bs. 1933,53, mientras que para el mes de diciembre de ese mismo año fue de Bs1.036,09, es decir un salario menor, siendo el salario mínimo de la época de Bs.120,00 (Gaceta oficial N°36.690 de fecha 29 de abril de 1999), para el mes de junio de 2001 fue de Bs.3.409,03 mientras que el salario mínimo era de Bs.158,40, para junio de 2002 era de Bs. 7.426,64 y el mínimo era de Bs.190,00, en septiembre de 2003 el salario que menos devengó el actor fue de Bs.1.071,65, mientras que el mínimo nacional era de Bs.185,32 (Gaceta Oficial N° 37.681, de fecha 02 de mayo de 2003), repitiéndose esta misma situación cuantitativa para los años subsiguientes, observándose que para el mes de febrero de 2007 percibió la cantidad de Bs. 2.504,97, pero en el mes de junio de ese mismo año percibió la cantidad de Bs. 18.822,14; siendo inferior lo percibido en el mes de agosto de 2007, de Bs. 5.594,32 y en diciembre de ese mismo año fue de Bs. 20.695,91, en el año 2009 el salario mínimo percibido fue de Bs.4.248,08 (mes de octubre), mientras que el mínimo nacional fue de Bs.959,08 y finalmente para el mes de diciembre de 2009 el salario devengado fue de Bs.25.768,08, mientras que el mínimo nacional de la época fue de Bs.959,08 (Gaceta Oficial N° 39.151. La situación salarial antes referida se repite a lo largo del tiempo de servicio prestado, concluyendo el Tribunal que los montos percibidos por el actor por su actividad superaba con creces el salario mínimo nacional para cada periodo del año, siendo inclusive y por máximas de experiencia, superiores a los percibidos por un trabajador del mismo nivel profesional del actor como agente de seguros y de profesión Técnico Superior Universitario en Comercio Internacional…”, debiendo señalarse además que el pago que recibía a cambio de la labor prestada el accionante, estaba reglamentado por el Estado, el cual consistía en comisiones cuyo limites eran aprobadas por la Superintendencia de Compañías de Seguros, es decir, siendo que una de las características del salario, es precisamente que éste no puede estar sujeto a condición alguna, es decir, se causa independientemente del resultado esperado por el empleador, el hecho que la remuneración, al igual que la determinación del trabajo, este regulada por el Estado, hace concluir igualmente que la contraprestación recibida por la parte actora por lo servicios que prestaba a la demandada, no revisten carácter salarial; por lo que considera quien decide que estos elementos no aparejan un indicio de laboralidad, ni expresan la existencia de una remuneración en los términos previstos en los derogados artículos 39 y 133 de la Ley Orgánica del Trabajo (vigentes para la fecha). Así se establece.-

3. Trabajo personal, supervisión y control disciplinario: De las actas que conforman el presente expediente se constata que las condiciones de tiempo, modo y lugar de la prestación del servicio se desarrolló en un contexto de autonomía e independencia, es decir, no se evidencia que se desarrolló en condiciones de subordinación y ajenidad, existiendo una subordinación propia de una vinculación Jurídica normal entre contratantes, es decir, no se observa que tuvieran una subordinación distinta a la que se genera del interés propio del negocio que conjuntamente habían pactado las partes, siendo que no se constata que el accionante estuviera directa o indirectamente supervisado en la realización de gestiones de cobro y comisión de primas derivadas de p.d.s. por el personal destinado para tal fin por la demandada, ni que estuviera sometido a un horario de trabajo, mas que el propio de cualquier contratación realizada por los particulares conocimientos y funciones que realiza el actor en los términos expuesta supra y conforme lo permitía la Ley de empresas de Seguros y Reaseguros, publicada en la Gaceta Oficial No 4865, de fecha 08/03/1995; Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, publicado en la Gaceta Oficial No. 5.339 extraordinaria del 27 de abril de 1999; P.A.N. 1.521 del 09/10/2000, publicada en Gaceta Oficial No. 5495, extraordinaria de fecha 10-10-00); del en este orden de ideas se evidencia al folio 327, solicitud de registro de agentes por parte del accionante a la Superintendencia de Seguros de fecha 20/10/2004, en la cual en fecha 23/11/2004, obtuvo respuesta por parte de la mencionada institución a saber, “…se le autoriza para actuar como AGENTE EXCLUSIVO DEFINITIVO de la empresa MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS, en todos los ramos quedando inscrito en el N° 12-06-602, en el Registro de Agentes de Seguros que al efecto lleva este Organismo…”, desprendiéndose de la precitada documental, que es el Ministerio de Hacienda, es decir, el Estado a través de la Superintendencia de Seguros, quien autoriza a la parte actora, luego del cumplimiento de determinados requisitos, para que labore de forma independiente como agente o productor exclusivo y definitivo de la empresa Seguros la Seguridad., circunstancias estas por lo que considera quien decide que estos elementos no aparejan un indicio de laboralidad, ni expresan la existencia de una subordinación en los términos previstos en el derogado artículo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo (vigente para la fecha). Así se establece.-

4. Inversiones, suministro de herramientas, materiales: Con relación a este punto, es pertinente es indicar que en virtud del ejercicio de la actividad profesional que realizaba el accionante, la cual es producto de su conocimiento profesional y experiencia para el logro de los resultados propuestos, resultando lógico que la demandada asumiera esta actividad y que el accionante dispusiera de las instalaciones, herramientas y materiales necesarios para la materialización de su actividad; circunstancias estas por lo que considera quien decide que estos elementos no aparejan un indicio de laboralidad, ni expresan la existencia de una subordinación en los términos previstos en el derogado artículo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo (vigente para la fecha). Así se establece.-

5. Asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio: de autos se evidencia que las partes valuaron la contraprestación de los servicios, mediante la presentación de informes los cuales serian cancelados por concepto de honorarios profesionales; observándose que para que dicho pago se efectuara debía el actor presentar de manera previa una relación de los trabajos realizados, siendo la remuneración en función de la producción o venta de pólizas, sobre cuya prima le correspondía un porcentaje variable según el ramo (vida individual, vida colectivo, accidentes personales, automóvil, incendio, robo, transporte, etc..) por lo que tenía una remuneración variable, lo que a su vez hace desprender que solo le pagaban al actor por informes efectivamente presentados, amen que las rutas o tareas las realizaba fuera de las instalaciones de la demandada, las hacía con su propio vehículo, una moto, cuyos gastos de mantenimiento que se ocasionaron fueron cubiertos con dinero de su propio peculio, verificándose que quedó demostrado de las pruebas aportadas a los autos, específicamente la documental cursante al folio 230 del cuaderno de recaudos No. 01 que el actor cedió a un tercero de nombre U.V.P.B., todos los derechos derivados de todas las p.q.p.s. intermediación fueron suscritas bajo el Código 9193, cuya liberación fue previamente solicitada a la demandada en fecha 22 de octubre de 2009 (folio 328 del cuaderno de recaudos N° 01 del expediente); con lo cual debe concluirse que si tales pólizas le hubiesen sido todas asignadas por la demandada en ocasión a la prestación del servicio tal como lo indicó en su escrito libelar, mal podía entonces disponer de las mismas y ceder sus derechos a un tercero; en tal sentido, considera quien decide, que las pólizas gestionadas por el actor se derivaban de sus propios clientes, siendo que un trabajador subordinado conforme al principio de ajenidad no puede ceder a un tercero los precitados; circunstancias estas por lo que considera quien decide que estos elementos no aparejan un indicio de laboralidad, ni expresan la existencia de una subordinación en los términos previstos en el derogado artículo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo (vigente para la fecha). Así se establece.-

6. La exclusividad o no para la usuaria: quedo probado que la relación era de exclusividad, por así disponerlo la normativa especial que rige esta actividad, circunstancia esta, que a criterio de quien decide es un indicio de no laboralidad. Así se establece.-

En tal sentido, verificadas las actas procesales, en especial el cúmulo probatorio, este Tribunal concluye que entre la demandada y el accionante no existió un vínculo laboral, toda vez que quedo demostrado que actor era un trabajador independiente (productor exclusivo de seguro) que realizó actividades relacionadas con la gestión de p.d.s. como intermediario para la demanda, asumiendo los riesgos de dicha actividad, siendo una relación regida por Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, la cual regula, en cuanto al punto que nos interesa lo relativo a las incompatibilidad del productor de seguros y el trabajador subordinado (ver artículos 138 y 154 de la precitada Ley), por lo que en el presente asunto así ha quedado corroborado al observarse el cúmulo de indicios descritos supra, no siendo suficiente, por si solo, el hecho que se le haya dado un curso al accionante o que el pago se hiciera de forma regular, por las razones expuestas precedentemente, circunstancias estas que al adminicularse con el hecho que el actor nunca reclamó prestaciones sociales en sentido amplio, abonan en la dirección señalada supra, resultando forzoso declarar la improcedencia de la presente apelación y consecuencialmente sin lugar la demanda, pues la demandada logró desvirtuar la presunción de laboralidad. Así se establece.-

Visto lo anterior, se declara, tal y como se hará en la parte dispositiva del presente fallo, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte actora, sin lugar la demanda, en consecuencia se confirma el fallo recurrido. Así se establece.-

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión de fecha 22 de marzo de 2012, dictada por el Juzgado Noveno (9°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda incoada por el ciudadano R.G.L.G. contra la Sociedad Mercantil Mapfre La Seguridad C.A., de Seguros. TERCERO: SE CONFIRMA la decisión recurrida.

Se condena en costas a la parte actora de conformidad con lo previsto en el artículo 59 y 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los dos (02) días del mes de octubre del año dos doce (2012). Años: 202º y 153º, de la Independencia y de la Federación, respectivamente.-

EL JUEZ

WILLIAM GIMÉNEZ

EL SECRETARIO;

RONALD ARGUINZONES

NOTA: En la misma fecha y previo cumplimiento de las formalidades legales, se dictó y publicó la presente decisión.-

EL SECRETARIO,

WG/RA/rg.

Exp. N°: AP21-R-2011-000514.