Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 7 de Octubre de 2008

Versa el recurso de apelación sobre la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, dictada por el Juez Tercero de Control del Circuito Judicial Penal, Extensión San A.d.T.; toda vez que la fiscal recurrente considera que en la audiencia de calificación de flagrancia, el juez a quo decretó en contra del imputado R.S.V., la privación judicial preventiva de libertad, a tenor de lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Asimismo, señala la recurrente, que el a quo para revisar la medida de privación judicial preventiva de libertad, debió analizar si efectivamente habían variado las circunstancias que lo llevaron a dictar dicha medida en la audiencia de fragancia de fecha 19 de junio de 2008, ya que en tal acto procesal, el Juez señaló que consideraba que estaban llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, considerando además, que existía una presunción de peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, aunado a la pena que podría llegar a imponerse y la magnitud del daño causado.

Por otra parte, argumenta la representación fiscal, que el a quo no estimó a la hora de revisar la medida, los elementos de convicción alegados en el escrito de acusación fiscal, entre los cuales se destaca el dictamen pericial químico de fecha 23 de junio de 2008, mediante el cual los expertos concluyeron que la muestra “1” corresponde a EFEDRINA con un peso neto calculado de 919,3 gamos; la muestra “2” corresponde a EFEDRIN; considerando además, que la EFEDRINA es una sustancia química controlada, incluida en la lista I del anexo I de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, debiendo someterse al régimen administrativo de control, fiscalización y comercialización establecidos en esa ley, por ser susceptible de ser desviada hacia la producción ilícita de drogas.

De igual forma, la recurrente considera que el Juez Tercero de Control ignoró el hecho que posterior a la detención flagrante del imputado, fue practicado un allanamiento en la habitación que ocupaba antes de su detención y allí también encontraron los funcionarios actuantes más prendas y una maleta impregnadas de la misma sustancia.

Finalmente, alega la recurrente, que el a quo en su afán de tratar de justificar que las circunstancias de la privación judicial preventiva de libertad sí habían variado, consideró única y exclusivamente la posibilidad de una posible admisión de hechos por parte del imputado de autos y la pena que podría llegársele a imponer por no poseer antecedentes penales, lo que a juicio de la representación fiscal es un adelanto de opinión de la decisión que tomaría el juez en la audiencia preliminar.

Analizado lo anterior, esta Corte considera necesario destacar primeramente que el artículo 49, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 9, 243, 247, 250, y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, están referidos al principio de la presunción de inocencia y al derecho a la libertad, de donde se infiere que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que aunque se le impute la comisión de uno o varios hechos punibles a una o varias personas, hasta tanto no haya una sentencia condenatoria definitivamente firme, a dichas personas debe presumírsele su inocencia; y por otra parte, la libertad debe ser la regla y la privación de la misma la excepción, por lo que la medida privativa de libertad debe aplicarse cuando otras medidas resulten insuficientes a los fines de asegurar la finalidad del proceso.

En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentado en reiteradas decisiones que la medida de privación de libertad, es la provisión cautelar más extrema a que hace referencia la legislación, tanto en el ámbito internacional, en los distintos pactos sobre derechos humanos que regulan la materia, como en el ámbito interno, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal.

De igual forma la referida Sala ha sostenido que la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, no significa el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas.

También, la misma Sala ha sostenido que los principios de presunción de inocencia y de libertad, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esa Sala y por los restantes Tribunales de la República por imperativo de la propia Constitución y, aún más allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal, lo que no significa que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance del proceso.

Asimismo, ha establecido la Sala que en ese orden de ideas, no escapa la responsabilidad del Juez de razonar debidamente la decisión mediante la cual decreta una medida privativa de libertad y que cualquier disposición que se tome en torno a ella, debe obedecer a buenas y bien fundadas razones, con el objeto de evitar la impunidad en la administración de justicia penal, independientemente de la obligación del Juez, de evaluar la entidad del delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño.

Tomando en consideración que la posibilidad excepcional de aplicar una medida de coerción personal debe interpretarse con carácter restrictivo, el Juzgador en cada caso en que se le plantee una solicitud de tal naturaleza, debe a.c.s. están o no, cumplidos los extremos de ley, por cuanto su resolución versa sobre el más trascendental de todos los derechos de la persona después del derecho a la vida, como es el derecho a la libertad; supuestos que constituyen las excepciones al principio establecido en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que consiste en que toda persona debe ser juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

Revisadas las actuaciones, esta Alzada observa, que los funcionarios aprehensores entre otras cosas dejaron constancia que se encontraban el día 17 de junio de 2008, aproximadamente a las 9:30 horas de la mañana en la agencia de encomiendas M.R.W, ubicada en la carera 10, entre las calles 8 y 9, edificio JURVIV, San A.d.T., cuando observaron llegar a una persona de sexo masculino, con intenciones de enviar una encomienda con destino a Guatemala, la cual constaba de una maleta, color azul, que a su vez contenía prendas de vestir de uso preferentemente masculino, en regular estado de conservación, de las que emanaba un olor fuerte y penetrante, quedando identificado el propietario de la maleta como R.S.V.; que al revisar la referida maleta, observaron un doble fondo, donde se ocultaba un material sintético acolchado color negro con puntos color blanco, de donde expedía un olor fuerte y penetrante con características similares a la droga denominada “cocaína”; que posteriormente procedieron a realizar un allanamiento en el “Hotel Manuel” de San A.d.T., donde se hospedaba el ciudadano R.S.V., donde encontraron una maleta grande confeccionada con tela y material sintético, color negro, la cual fue abierta e inspeccionada en presencia de los testigos, observando que contenía prendas de vestir y en las paredes de dicha maleta un doble fondo, dentro del cual se encontraba oculto un material sintético (acolchado) color negro con puntos color blanco, del que expedía olor fuerte y penetrante, similar a la droga denominada “cocaína”; que al ser sometida la sustancia incautada a la prueba de orientación, pesaje y precintaje, la misma arrojó como resultado PSEUDOEFEDRINA, con un peso bruto de ocho (08) kilos, quinientos noventa y nueve (599) gramos y novecientos (900) miligramos.

Con base a las circunstancias descritas en el acta policial y la sustancia incautada, la representación fiscal elabora la precalificación jurídica que según su criterio, merecen los hechos ocurridos. En tal sentido, al celebrarse la audiencia de calificación de flagrancia la Fiscal del Ministerio Público atribuye al imputado R.S.V. la presunta comisión del delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y al mismo tiempo solicita se decrete en contra del mencionado ciudadano, medida de privación judicial preventiva de libertad y la prosecución de la causa por el procedimiento ordinario.

Vista la petición fiscal, en la respectiva audiencia, celebrada en fecha 19 de junio de 2008, el juez a-quo estimó que era procedente decretar medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de R.S.V., por cuanto se encontraban llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, existiendo además, una presunción de peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, aunado a la pena que podría llegar a imponerse y la magnitud del daño causado.

Posteriormente en fecha 24 de julio de 2008 el Juez a quo, en virtud del escrito presentado por el abogado J.L.A.M., quien solicitó el examen y la revisión de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad recaída sobre R.S.V., el a quo decidió lo siguiente:

(Omissis)

Con base a ello, deberá razonarse del modo establecido las circunstancias por las que debe decretarse, mantenerse, sustituirse o revocarse la medida cautelar extrema, siempre, bajo el prisma integral establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, primero, la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad cuya acción no esté evidentemente prescrita, segundo, la existencia de fundados elementos de convicción para estimar la autoría o participación del imputado en tal hecho punible, y tercero y último, la existencia de presunción razonable del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad. En opinión del juzgador, la existencia del particular primero y segundo permitirá abordar el razonamiento del tercero y último para determinar el tipo o clase de la medida cautelar a dictar, -extrema o no, (sic) por el contrario, la inexistencia de algunos de los primeros, impedirá abordar el último, surgiendo así una verdadera máxima jurídica; pues aceptar lo contrario implicaría someter (sic) al proceso a una persona por la mera existencia de una investigación, lo cual resultaría craso (sic) error de juzgamiento, en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano.

Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocatoria o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.

De la disposición legal enunciada, se desprende claramente, en primer lugar, el carácter de cosa juzgada formal y no material que causa el auto que decrete la medida cautelar, y en segundo el derecho irrestricto de los imputados en solicitar el examen y revisión de la medida de coerción personal existente en su contra en cualquier momento, y al mismo tiempo, se establece el deber jurisdiccional en razonar y motivar el mantenimiento, revocación o su sustitución, pues permitirse lo contrario, sería dejarlo al capricho judicial, lo cual es enteramente inaceptable desde todo punto de vista.

En el presente caso, la revisión de la medida cautelar sustitutiva de libertad sólo es posible en virtud de la mutabilidad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesariamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario han sufrido alteración deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea la situación especifica. En el caso de autos, se aprecia que desde 19 (sic) de Junio (sic) de 2008, fecha en la cual se decretó Medida (sic) Judicial (sic) de Privación (sic) Preventiva (sic) de la Libertad (sic), en contra del imputados (sic) de autos (sic), hasta la presente fecha, han cambiado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la medida cautelar – extrema-, en virtud de la celebración de la Audiencia (sic) de Calificación (sic) de Flagrancia (sic).

Ahora bien, observa este Juzgador, que el Ministerio Público ha solicitado para el imputado el enjuiciamiento por el delito de TRANSPORTE (sic) ILÍCITO (sic) DE (sic) SUSTANCIAS (sic) ESTUPEFACIENTES (sic) Y PSICOTRÓPICAS (sic), previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 35 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del Estado Venezolano, el cual establece una pena de 3 a 5 años de prisión, que ante una eventual admisión de hechos y por no poseer antecedentes penales podría llegar imponérsele una pena que no excede de tres años por lo que de conformidad con el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente sería el otorgamiento de una medida sustitutiva de la privación de la libertad, es por lo que este Jurisdicente por razonamientos y principios del derecho que favorecen al reo considera que lo procedente en el caso en comento es el otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, con las siguientes condiciones: conforme a los artículos 256 y 257 del Código Orgánico Procesal Penal.

1.- Presentaciones una vez cada quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extinción Judicial. 2.- Prohibición de salir del país, sin autorización del Tribunal, 3.- Presentar caución económica por el monto de ciento treinta (130) unidades tributarias, que deberán ser depositadas en la entidad bancaria de Banfoandes a nombre de este Tribual. 4.- No incurrir en nuevos delitos Y así se decide.

(Omissis)

Las medidas de coerción personal, son instrumentos procesales que se imponen en el desarrollo del proceso penal, para restringir el ejercicio de los derechos personales o patrimoniales del imputado, con la finalidad de evitar los peligros de obstaculización al proceso y asegurar el efectivo cumplimiento de la posible sanción.

La privación judicial preventiva de libertad como medida cautelar, sólo es aplicable si existe un hecho punible cuya acción penal no esté evidentemente prescrita; existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión de ese hecho punible; exista una presunción razonable de fuga, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación; requiriéndose además la debida motivación tal como lo exige expresamente el artículo 254 de la norma adjetiva penal.

Ahora bien, la revisabilidad como característica de las medidas de coerción personal, significa que su imposición responde a una determinada situación de hecho existente al momento de adoptar la medida, que varía si las circunstancias que la motivaron sufrieron modificaciones a lo largo del proceso, lo que obliga a su sustitución o revocación.

Al respecto observa la Sala, que el Juzgador no cumplió a cabalidad con la responsabilidad de razonar debidamente la decisión mediante la cual decretó la medida cautelar sustitutiva, puesto que para decidir debe a.d.s. las circunstancias por las cuales se decretó la privación judicial preventiva de libertad, variaron para el momento de realizarse la revisión de esa medida.

En este sentido, al examinar las actas que guardan estrecha relación con el recurso ejercido, el a quo para decretar la privación judicial preventiva de libertad fundamentó el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda la verdad, señaló que se imputaba el delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el cual tiene señalada una pena de prisión que en su límite máximo es de diez años (delito endilgado por el Ministerio Público en la audiencia de calificación de flagrancia); sin embargo, en el auto que revisó la medida privativa de libertad y la sustituyó por una medida cautelar, indicó sencillamente que desde el día 19 de junio de 2008, fecha en la cual se realizó la audiencia de calificación de flagrancia, donde se decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad, hasta el día 24 de julio de 2008, fecha de la revisión, cambiaron las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la medida cautelar extrema; agregando que el delito imputado, vale decir, transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, contempla una pena de tres (03) a cinco (05) años de prisión, que ante una eventual admisión de hechos y por no poseer antecedentes penales podría llegar a imponérsele una pena que no excede de tres (03) años.

Ahora bien, tal como lo expresa la recurrente, efectivamente el a quo no analizó si efectivamente los supuestos de hecho que lo movieron a aplicar la medida de privación judicial preventiva de libertad, habían variado; no estimó el dictamen pericial químico de fecha 23 de junio de 2008, que arrojó que la sustancias incautada resultó ser EFEDRINA; como tampoco consideró que el acusado de autos es extranjero, sin residencia fija en el país, la pena que podría llegar a imponerse y la magnitud del daño causado; situación que analizó y por los cuales decretó privación judicial preventiva de libertad en fecha 19 de junio de 2008.

Esta Sala advierte, que el a quo únicamente puede sustituir la privación judicial preventiva de libertad, cuando los supuestos que la motivaron, puedan ser razonadamente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa, para lo cual debe a.p.s. las circunstancias bajo las cuales se decretó la misma han variado para el momento de la revisión de la medida.

Por otra parte, esta Sala observa que el abogado J.L.A.M., en el escrito de contestación al recurso de apelación, refiere lo inoficioso que resulta la apelación de la representación fiscal, por cuanto su defendido admitió los hechos en la audiencia preliminar y fue condenado por el acto conclusivo fiscal, a cumplir la pena de dos (02) años de prisión, pudiendo entonces el Tribunal de ejecución otorgar la suspensión condicional de la pena.

En relación con estos alegatos, considera la Sala, que el hecho que el acusado de autos haya sido condenado a cumplir la pena de dos (02) años de prisión, previa admisión de los hechos, no significa que sea razón suficiente para que el Juez de control de pleno derecho, tenga que decretar una medida cautelar sustitutiva de privación judicial preventiva de libertad, por cuanto el Juez de ejecución es el encargado de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, además de ser la instancia competente para el conocimiento de todo lo concerniente a la libertad del penado, luego que éste ha sido condenado; por otra parte, para otorgar el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, se requiere analizar una serie de requisitos para decidir si se otorga o no dicho beneficio.

Con base a lo antes mencionado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión de fecha 15 de noviembre de 2004, expediente N° 1396-04, Magistrado Ponente Pedro Rafael Rondón Haaz, señaló:

(omissis)

De las normas que se transcribieron se deriva que, luego de que fue dictada la decisión condenatoria por el Juez Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, éste debió, una vez definitivamente firme la sentencia que pronunció, remitir las actuaciones al Juzgado de Ejecución, el cual es el encargado de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, además de que es la instancia competente para el conocimiento de “todo lo concerniente a la libertad del penado, fórmulas alternativas del cumplimiento de pena (omissis)”. No obstante, el referido jurisdiscente, una vez que pronunció su decisión condenatoria, decretó, erradamente, dos medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad a favor del penado e incurrió, así, en dos graves errores: 1) dictó medidas cautelares a un condenado, aun cuando, como acertadamente lo estableció la Sala n° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, “las medidas cautelares sólo proceden como medio de coerción para asegurar la presencia del imputado mientras dura el juicio, es decir siempre son previas a la sentencia definitiva, y una vez pronunciada la sentencia, aquellas deben cesar”; y, 2) usurpó las funciones del juez de ejecución, según el contenido del artículo 479 que fue trascrito anteriormente.

(Omissis)

Tal como lo afirma la sentencia transcrita, no es imperativo para el Juez de control, decretar medida cautelar sustitutiva de privación judicial preventiva de libertad, cuando por admisión de los hechos por parte del imputado, se condena a una pena inferior a tres (03) años, pues es el Juez de ejecución, el encargado de la ejecución de las penas y medidas de seguridad; además, que es la instancia competente para el conocimiento de todo lo concerniente a la libertad del penado.

En consideración a lo analizado, al no haber realizado la actividad jurisdiccional, a la que está obligado el Juez, apartándose de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y de las disposiciones legales citadas para mantener, sustituir o revocar la medida de coerción personal, esta Corte estima que lo procedente es revocar la decisión impugnada, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, debiendo el a quo librar las correspondientes órdenes de captura; y así se decide.

DECISION

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada F.M.T.O., Fiscal Vigésima Primera (Encargada) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control Nº 3 del Circuito Judicial Penal, Extensión San A.d.T., en fecha 24 de julio de 2008, mediante la cual revocó la medida de privación judicial preventiva de libertad a R.S.V. y otorgó medida cautelar sustitutiva de privación de libertad, de conformidad con los artículos 256 y 257 del Código Orgánico Procesal Penal.

REVOCA la decisión señalada en el punto anterior.

Ordena al a quo librar las correspondientes órdenes de captura.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de audiencias de la Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los siete (07) días del mes de octubre de dos mil ocho. Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

LOS JUECES DE LA CORTE

E.J.P.H.

Presidente -Ponente

FANNY Y. BECERRA CASANOVA NELIDA IRIS MORA CUEVAS

Jueza Temporal Jueza Temporal

MILTON ELOY GRANADOS FERNANDEZ

Secretario

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.

Milton Eloy Granados Fernández

Secretario

1-Aa-3618-08/EJPH/Neyda.-