Decisión nº 085-2014 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 31 de Marzo de 2014

Tras haberse iniciado un procedimiento de verificación de deberes formales a la recurrente por parte de la Administración Tributaria, en fecha 26 de abril de 2004 se emitieron las Planillas de Liquidación Nros. 04-10-01-1-30-010078, 04-10-01-1-30-010079, 04-10-01-1-30-010080, 04-10-01-1-30-010081, 04-10-01-1-30-010082, 04-10-01-1-30-010083, 04-10-01-1-30-010084, 04-10-01-1-30-010085, 04-10-01-1-30-010086, 04-10-01-1-30-010087, 04-10-01-1-30-010088, 04-10-01-1-30-010089, 04-10-01-1-30-010090, 04-10-01-1-30-010091, 04-10-01-1-30-010092 y 04-10-01-1-30-010093, todas de fecha 26 de abril de 2004, por concepto de sanciones de multas e intereses moratorios, por haberse constatado el enteramiento con retardo de retenciones de impuesto sobre la renta para los meses mayo a diciembre de 2002.

El 17 de junio de 2004 la contribuyente fue notificada de las Planillas de Liquidación antes mencionadas.

En fecha 19 de julio de 2004 la representación judicial de la contribuyente ejerció recurso jerárquico contra las Planillas de Liquidación antes descritas, el cual fue signado con el Nro. 0273.

El 19 de enero de 2006 la Administración Tributaria emite la Resolución signada con letras y números GRTIRZ-DJT-CRJ-JGP-2055-1480 del 30 de diciembre de 2005, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Z.d.S.N.I.d.A.A. y Tributaria (SENIAT), que declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado por la contribuyente contra las Planillas de Liquidación Nros. 04-10-01-1-30-010078, 04-10-01-1-30-010079, 04-10-01-1-30-010080, 04-10-01-1-30-010081, 04-10-01-1-30-010082, 04-10-01-1-30-010083, 04-10-01-1-30-010084, 04-10-01-1-30-010085, 04-10-01-1-30-010086, 04-10-01-1-30-010087, 04-10-01-1-30-010088, 04-10-01-1-30-010089, 04-10-01-1-30-010090, 04-10-01-1-30-010091, 04-10-01-1-30-010092 y 04-10-01-1-30-010093, todas de fecha 26 de abril de 2004, confirmando el reparo efectuado por la Administración Tributaria por la cantidad expresada en moneda actual de Trescientos Treinta Mil Doscientos Diecinueve Bolívares con Treinta y Cuatro Céntimos (Bs. 330.219,34); y es contra dicha decisión que se ejerce el recurso en estudio.

PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES

1. - De la violación al derecho a la defensa y al debido proceso.

   En su escrito recursivo sostiene la representación judicial de la contribuyente que el procedimiento seguido por la Administración Tributaria para emitir las Planillas de Liquidación y las Planillas para Pagar impugnadas, se encuentra viciado de nulidad absoluta por violación del derecho al debido proceso y a la defensa, al no ceñirse al procedimiento de fiscalización y determinación consagrado en el Código Orgánico Tributario vigente.

   En este sentido, señala quien recurre que en los casos que la Administración aplique las sanciones correspondientes, debió sujetarse al procedimiento previsto en la Ley, teniendo por norte la notificación de la iniciación de la fiscalización (artículo 178 del Código Orgánico Tributario vigente), aún cuando sea sobre base cierta a las verificaciones de las declaraciones presentadas por la recurrente en sede Administrativa, debiendo levantar un Acta de Reparo que contenga los requisitos del artículo 183 eiusdem, el derecho a consignar descargos (artículo 188 eiusdem), el derecho a promover y evacuar pruebas y el derecho a allanarse con la consecuente disminución de intereses, y no conforme al procedimiento de verificación; en aras del respaldo del derecho a la defensa y al debido proceso.

   Por otra parte, solicita quien recurre que este Juzgado en ejercicio del control difuso previsto en el artículo 334 de la Constitución Nacional, desaplique la norma contenida en el artículo 172 del Código Orgánico Tributario de 2001, por infringir el principio rector del derecho a la defensa y al debido proceso, dado que la posibilidad de verificar en la sede la administración tributaria con total prescindencia de la notificación del sujeto pasivo acerca de la formación del acto administrativo que puede culminar en la imposición de severas y desproporcionadas sanciones que van mucho más allá de su capacidad contributiva.

2. - De la inmotivación del acto recurrido en lo que respecta a la procedencia del prorrateo de las sanciones de multas impuestas.

   Denuncia la representación judicial de la sociedad civil recurrente la inmotivación de los actos administrativos contenidos en el acto administrativo recurrido, en virtud de la improcedencia de pechar prorrateadamente la multa que se impuso a Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia (IPPLUZ); ya que conforme a lo pautado por el artículo 113 del vigente Código Orgánico Tributario, las multas deben ser calculadas por cada mes completo de retraso en el enteramiento y no mediante el fraccionamiento utilizado por la Administración Tributaria con el objeto de agravar la sanción que le fue impuesta y extenderla más del verdadero sentido y alcance que le fue atribuido por el legislador, con lo cual dicha interpretación extensiva de tales normas viola expreso principios de hermenéutica jurídica consagrados en el artículo 5 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 del Código Civil, todo lo cual se traduce en un cobro indebido por parte de la Administración Tributaria frente a la recurrente.

3. - De la violación al principio de no confiscatoriedad.

   Manifiesta la representación de la recurrente que el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia (IPPLUZ) es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo administrar y prestar un servicio de salud integral y promover programas complementarios de previsión social para sus asociados y afiliados, cuyos ingresos se limitan al aporte de sus asociados y aportes institucionales de la Universidad del Zulia, la cual se entera de manera irregular y siempre tardíamente sólo una porción de los aportes de los profesores universitarios, ya que los aportes que la misma universidad realiza, son aún mas retardados, esporádicos, e inciertos en cuanto a su percepción.

   Alega asimismo, que de materializarse el cobro de las multas e intereses liquidados, haría imposible continuar la actividad para la cual fue creado Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia (IPPLUZ), y ello sin duda resultaría en una absoluta violación del derecho de propiedad en virtud del carácter confiscatorio de las excesivas y compulsivas multas e intereses liquidados.

   Insiste entonces, en que los montos de las multas y los respectivos intereses moratorios, exagerados y confiscatorios a la luz del contenido del artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recayendo sobre el patrimonio de los miembros del personal docente y de investigación, activos y jubilados de la Universidad del Zulia. Además de lo anterior señala que no medio ningún tipo de procedimiento administrativo para que se produjera el pago o enterramiento lo cual evidencia que no existió ni dolo ni culpa.

4. - Del silencio de pruebas.

   Sostiene quien recurre que su representada al momento de ejercer el recurso jerárquico respectivo, promovió pruebas tendientes a fundamentar que las sanciones e intereses recurridos afectaban notablemente su capacidad contributiva; siendo que la Administración Tributaria nada resolvió al respecto al momento de emitir el acto recurrido.

   DE LOS INFORMES

   De la República.

   En su escrito de Informes, la abogada B.G., actuando en su condición de apoderada judicial sustituta de la Procuradora General de la República sostiene que la representación de la recurrente confunde los procedimientos de verificación y fiscalización previstos en el Código Orgánico Tributario de 2001. En este sentido indica que el procedimiento de verificación consiste en la acción y efecto de comprobar el monto del impuesto determinado por el contribuyente, tomando como base los datos aportados en su declaración para ser ajustados a las disposiciones legales si fuera el caso y el cumplimiento de los deberes formales establecidos en las normas que regulan la materia.

   Indica que el procedimiento será llevado por la Administración Tributaria en su sede cuando se proceda a examinar las declaraciones de los sujetos pasivos y podrá realizarse en el domicilio del contribuyente cuando se revisen el cumplimiento de sus deberes formales. En el caso de autos, la administración para el supuesto especifico de verificaciones de las declaraciones presentadas por los contribuyentes que se realiza en la propia sede administrativa, no requiere P.A. autorizatoria, toda vez que no puede mediante esta acción verificatoria solicitar o requerir ningún tipo de documentación al contribuyente, sino que el requerimiento a que alude la norma solo atiende a la solicitud que podrá efectuar la Administración respecto de aquellos soportes que no obstante ser exigidos en normas legales o reglamentos, no fueron anexos por el contribuyente a su respectiva declaración, todo lo cual en el caso de marras se realizó con estricto apego al contenido del parágrafo único del artículo 172 del Código Orgánico Tributario, de donde se evidencia que el codificador releva a la Administración Tributaria del cumplimiento de ciertos actos de trámite para sancionar el incumplimiento de los deberes formales.

   Manifiesta que la Administración Tributaria verificó la extemporánea presentación de declaraciones en las formas 11 y 13, elaboradas para enterar retenciones de Impuesto sobre la Renta de personas naturales y jurídicas residentes en el país, así pues se constató y verificó por el Sistema Venezolano de Información Tributaria (SIVIT) la fecha de recibo o presentación efectiva por ante las entidades bancarias de las declaraciones, comprobándose la extemporaneidad, hechos que constituyen, incumplimientos de deberes formales; es decir la contribuyente incumplió el deber establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta en materia de Retenciones procediendo la Administración a imponer las multas contenidas en el Código Orgánico Tributario y el cobro de intereses de conformidad con el artículo 66 euisdem.

   En relación al alegado carácter confiscatorio de las multas la representación fiscal en primer término aclara que las mismas se causaron en virtud de su condición de agente de retención y no como contribuyente del impuesto. En este sentido manifiesta que lo deberes de los agentes de retención no pudieran ser considerados como deberes formales, sino una categoría sui generis, sin embargo por mandato del Código Orgánico Tributario de 2001 los mismos se investigan mediante el procedimiento de Verificación y tales deberes son retener y a la vez enterar impuesto sobre la renta.

   En cuanto al alegato de violación del debido proceso, la representación fiscal manifiesta que la recurrente incurrió en un error al confundir el debido proceso con el procedimiento legalmente establecido, y que la ausencia de procedimiento sólo acarreará la nulidad del acto cuando éste haya sido dictado con prescindencia total y absoluta de aquél, es decir, cuando ciertamente ha habido la ausencia de trámites esenciales, de lo contrario, sólo se producirá la nulidad relativa o anulabilidad del mismo. Ratifica que a la contribuyente no se le negó en forma alguna la participación en el procedimiento, sino que el mismo se levantó de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario.

   Por otro lado, en relación al fundamento de violación al derecho a la defensa de la recurrente, señala que existe indefensión cuando el juez priva o limita el ejercicio por las partes, de los medios y recursos que la ley procesal les concede para la defensa de sus derecho; pero no cuando ejercido este lo declaran improcedente.

   Finalmente en cuanto a la condenatoria en costas, solicita la representación de la República que el Fisco Nacional sea eximido de las mismas en razón de haber tenido motivos para litigar.

   DE LAS PRUEBAS.

   Conjuntamente con la interposición del recurso contencioso tributario bajo estudio la representación judicial de la sociedad de comercio recurrente presentó copia simple de la Resolución distinguida con letras y números GRTIRZ-DJT-CRJ-JGP-2005-1480 del 30 de diciembre de 2005, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Z.d.S.. (Folios 63 al 97 del expediente judicial).

   En fecha 14 de julio de 2006 la abogada B.G., en representación de la República consignó copia certificada del expediente administrativo que instruyó la causa en sede administrativa, el cual consta de las siguientes documentales:

1. - Copia certificada del escrito de recurso jerárquico inserto bajo el Nro. 0273 del 19 de julio de 2004, consignado por la representación de la contribuyente en sede administrativa. (Folios 152 al 199 del expediente judicial).

2. - Copia certificada de los formatos de constancia de notificación Nros. 0461367, 0461368, 0461369, 0461370, 0461371, 0461372, 0461373, 0461374, 0461375, 0461376, 0461377, 0461366, 0461363, 0461365, 0461364, 0461378.

3. - Copia certificada de la Resolución identificada con letras y números GRTIRZ-DJT-JGP-2005-1480 del 30 de diciembre de 2005, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Z.d.S.. (Folios 223 al 257 del expediente judicial).

   Durante la fase de promoción de pruebas, la abogada N.H., actuando en representación de la contribuyente promovió el mérito favorable que se desprenden de las actas.

   Al respecto, el Tribunal valora las documentales insertas en el expediente judicial y administrativo, a reserva de las consideraciones que se puedan efectuar en el desarrollo del fallo. Así se declara.

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

   Observa esta Juzgadora, que de las actas procesales se advierte que el recurso contencioso tributario bajo análisis, versa sobre actos administrativos originados de un procedimiento de verificación con base en el artículo 172 del Código Orgánico Tributario de 2001, mediante el cual la Administración Tributaria efectuó una revisión de los montos de impuesto sobre la renta retenidos y enterados durante los meses de mayo a diciembre del año 2002, donde se evidenció que dichos enteramientos se efectuaron tardíamente; detectándose una trasgresión al artículo 21 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en virtud de lo cual se determinaron e impusieron multas y se calcularon intereses moratorios, de conformidad a lo previsto en el artículo 113 y 66 del Código Orgánica Tributario de 2001.

   Vistos los alegatos formulados por las partes, observa este Tribunal que en el caso de autos la controversia se circunscribe a decidir la procedencia de los siguientes planteamientos:

1. - De la nulidad absoluta de las actuaciones por violación del derecho a la defensa y al debido proceso.

   La contribuyente alega que en el caso de autos el procedimiento se encuentra viciado de nulidad absoluta por cuanto la Administración Tributaria no se ciñó a lo previsto en los artículos 177 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2001, relativos a la sustanciación del procedimiento de fiscalización y determinación fiscal, donde tiene el derecho de presentar descargos y pruebas, el cual a su decir resulta aplicable para la imposición de las sanciones de multa a que haya lugar. En relación a dicha alegación el Tribunal observa:

   1. ) Nuestra Carta Magna, establece en el artículo 49 numerales primero y tercero:

   El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas en consecuencia:

   1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…

   (omissis)…

   3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente…(omissis)…

   .

   Sobre la Garantía Constitucional del Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, la Sala Político-Administrativa de nuestro más Alto Tribunal en reiterada jurisprudencia ha considerado lo siguiente:

   Respecto a la violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, esta Sala, ha dejado sentado en diferentes oportunidades (vid. sentencia del 30 de octubre de 2001, número 02425), que el debido proceso -dentro del cual se encuentra contenido el derecho a la defensa- es una garantía aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, teniendo su fundamento en el principio de igualdad ante la Ley, toda vez que el debido proceso significa que las partes, en el procedimiento administrativo y en el judicial, deben tener igualdad de oportunidades, tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditarlos.

   En este orden de ideas, ha profundizado la Sala (vid. sentencia del 20 de mayo de 2004, número 00514) que el debido proceso comprende un derecho complejo que encierra dentro de sí un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado, entre los que se encuentran el derecho a acceder a la justicia, a ser oído, a la articulación de un proceso debido, al acceso a los recursos legalmente establecidos, a un tribunal competente, independiente e imparcial; a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, a un proceso sin dilaciones indebidas y a la ejecución de las sentencias, entre muchos otros, que se vienen configurando a través de la jurisprudencia y que se desprenden de la interpretación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   En tal sentido, el derecho al debido proceso constituye una expresión del derecho a la defensa, donde este último, comprende no sólo la posibilidad de acceder al expediente sino de impugnar la decisión, el derecho a ser oído (audiencia del interesado), a hacerse parte, a ser notificado y a obtener una decisión motivada, así como el derecho a ser informado de los recursos pertinentes para el ejercicio de la defensa.

   Aunado a lo anterior, la importancia del debido proceso trasciende en aquellos procedimientos administrativos que como en el caso objeto de examen, “...aluden a un régimen sancionatorio, concretizado en la necesaria existencia de un procedimiento previo a la imposición de la sanción, el cual ofrezca las garantía mínimas al sujeto investigado y permita, sobre todo comprobar su culpabilidad”. (Sentencias Nros. 00479 y 00084 de fechas 23 de abril de 2008 y 27 de enero de 2010, respectivamente, casos: Tenería Primero de Octubre, C.A., y Quintero y Ocando, C.A., respectivamente).

   En armonía con lo señalado, es preciso referir lo sostenido por la referida Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al cumplimiento del derecho a la defensa y al debido proceso, tanto en el procedimiento administrativo como en el judicial, los cuales se imponen con estricta rigurosidad en todas las fases o etapas del proceso, con miras a que las partes involucradas tengan iguales oportunidades para formular alegatos y defensas, así como controlar las pruebas que cada una promueva para demostrar sus argumentos o pretensiones; lo contrario constituye una alteración al derecho de igualdad de las partes que violenta la esencia misma del proceso.

   En este orden de ideas, el Código Orgánico Tributario de 2001 establece una serie de procedimientos administrativos constitutivos o lo que la doctrina ha llamado procedimientos de primer grado, entre los cuales está el procedimiento de Verificación del cumplimiento de deberes formales (Arts. 172 al 176 del Código Orgánico Tributario) y el procedimiento de Fiscalización y Determinación (Arts. 177 al 193 eiusdem). En el caso de autos, la Administración siguió el procedimiento de Verificación, conforme se evidencia de las actas que conforman el expediente administrativo.

   En cuanto al Procedimiento de Verificación de deberes formales, los artículos 172, 173 y 174 del Código Orgánico Tributario de 2001 establece:

   Artículo 172. La Administración Tributaria podrá verificar las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables a los fines de realizar los ajustes respectivos y liquidar las diferencias a que hubiere lugar.

   Asimismo, la Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales previsto en este Código y demás disposiciones de carácter tributario, y los deberes de los agentes de retención y percepción, e imponer las sanciones a que haya lugar.

   Parágrafo Único: La verificación de los deberes formales y de los deberes de los agentes de retención y percepción, podrá efectuarse en la sede de la Administración Tributaria o en el establecimiento del contribuyente o responsable. En ese último caso, deberá existir, autorización expresa emanada de la Administración Tributaria respectiva. Dicha autorización podrá hacerse para un grupo de contribuyente utilizando, entre otros, criterios de ubicación geográfica o actividad económica.

   Artículo 173. En los casos en que se verifique el incumplimiento de deberes formales o de deberes de los agentes de retención y percepción, la Administración Tributaria impondrá la sanción respectiva mediante Resolución que se notificará al contribuyente o responsable conforme a las disposiciones de este Código.

   Artículo 174. Las verificaciones a las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables, se efectuarán con fundamento exclusivo en los datos en ellas contenidos y en los documentos que se hubieren acompañado a la misma y sin perjuicio que la Administración Tributaria pueda utilizar sistema de información automatizada para constatar la veracidad de las informaciones y documentos suministrados por los contribuyentes o requeridos por la Administración Tributaria.

   .

   El codificador tributario establece un procedimiento sencillo en los casos de Verificación, que puede realizarse en la sede de la Administración o en el establecimiento del contribuyente o responsable (Art. 172 Parágrafo Único); procedimiento que si bien no señala un momento específico para oír al administrado o para la presentación de descargos y pruebas, no impide que el contribuyente pueda defenderse, pues es con base a los documentos que el contribuyente presenta o deja de presentar, que la Administración determina si ha habido cumplimiento o incumplimiento de deberes formales.

   Por lo cual, aun cuando el legislador no contempla expresamente lapsos de descargos y pruebas en el procedimiento de Verificación, la Administración no puede coartar ni impedir que el Administrado presente cualquier escrito o prueba en su defensa. De allí que el procedimiento de Verificación regulado en los artículos 172 y siguientes del Código Orgánico Tributario no impide per se, la aplicación de las normas constitucionales y legales que permitan al administrado el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 148 del Código Tributario: “Las normas contenidas en esta sección serán aplicables a los procedimientos de carácter tributario en sede administrativa, sin perjuicio de las establecidas en las leyes y demás normas tributarias. En caso de situaciones que no puedan resolverse conforme a las disposiciones de esta sección, se aplicarán supletoriamente las normas que rigen los procedimientos administrativos y judiciales que mas se avengan a su naturaleza”.

   Ahora bien, haciendo una observación del caso concreto, observa el Tribunal que la Administración Tributaria se encuentra en efecto legalmente facultada para practicar procedimientos de verificación a los fines de constatar el incumplimiento de los deberes de los agentes de retención y percepción, caso en el cual la Administración Tributaria impondrá la sanción respectiva mediante resolución que deberá notificarse de acuerdo a las formalidades de Ley, contrario a lo aseverado por la recurrente en el caso de autos, al esgrimir que la Administración Tributaria debió haberse ceñido al procedimiento de Fiscalización para la imposición de las sanciones aquí impugnadas. Además de lo anterior, advierte el Tribunal del contenido de las normas trascritas ut supra, que tal procedimiento se efectuarán con fundamento exclusivo en los datos contenidos en las declaraciones y en los documentos que se hubieren acompañado a la misma.

   La contribuyente alega la violación de la garantía constitucional del debido proceso, así como al derecho a la defensa, y en este sentido el Tribunal advierte que la determinación reflejada en las planillas de liquidación objeto de este juicio, efectuada por la Administración Tributaria, tuvo su origen en el procedimiento de verificación previsto en el parágrafo artículo 172 del Código Orgánico Tributario de 2001; pues se trata de la revisión efectuada a los montos de Impuesto sobre la Renta retenidos y enterados durante los meses comprendidos de mayo a diciembre ambos inclusive del año 2002, identificados en tales instrumentos, con los cuales la contribuyente efectivamente enteró el impuesto sobre la renta retenido a sus afiliados en el ejercicio de operaciones efectuadas en los referidos meses, constatando con ello las cantidades del impuesto retenido y declarado, las fechas de la presentación de las respectivas declaraciones y pago. De igual forma se indica en el texto de las planillas impugnadas; señalándose además, los fundamentos legales que sustentan tales actos administrativos.

   Por ello, no encuentra este Tribunal que se haya violado la garantía al debido proceso, ni mucho menos el ejercicio al derecho a la defensa de la contribuyente, pues, como se comprobó de autos, se trata de una verificación debidamente motivada y fundamentada en la Ley, que dichos actos fueron válidamente notificados a la contribuyente y derivado de ello, pudo ejercer su defensa mediante la interposición del respectivo recurso en sede judicial, contrariamente a lo afirmado por la contribuyente; por cuya razón se desestima tal alegato (Vid TSJ/SPA Sent. Nro. 0354 del 01/03/2007). En consecuencia, se niega la solicitud de desaplicación por vía de control difuso de la constitucionalidad de la norma contenida en el artículo 172 del Código Orgánico Tributario de 2001. Así se decide.

2. - Del vicio de inmotivación de los actos administrativos contenidos en las planillas de liquidación impugnadas.

   Denuncia la recurrente la inmotivación de los actos administrativos contenidos en las planillas de liquidación impugnadas, en virtud de la improcedencia de pechar prorrateadamente la multa que se impuso a Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia (I.P.P.L.U.Z.).

   Al respecto la doctrina y la jurisprudencia han sostenido que el vicio de inmotivación como vicio de forma de los actos administrativos, consiste en la ausencia absoluta de motivación; mas no aquella que contenga los elementos principales del asunto debatido, y su principal fundamentación legal, lo cual garantiza al interesado el conocimiento de las razones sobre las cuales se basa la decisión. Resultando así suficiente que puedan colegirse cuáles son las normas y hechos que sirvieron de base a la decisión. Todo acto administrativo, excepto los de simple trámite, debe contener expresión sucinta de los hechos que lo justifican y sus fundamentos legales. En este sentido, en jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa de nuestro más Alto Tribunal, se ha señalado que la motivación es un requisito esencial para la validez del acto administrativo; que basta para tener cumplido el mismo, que ésta aparezca en el expediente formado con ocasión de la emisión del acto administrativo y sus antecedentes, siempre que su destinatario haya tenido acceso y conocimiento oportuno de éstos, resultando suficiente en determinados casos, la simple referencia de la norma jurídica de cuya aplicación se trate.

   En el caso de autos, observa el Tribunal que la recurrente impugna las actuaciones administrativas por inmotivación, ya que le dan un sentido y alcance errado y gravoso a la norma sancionatoria que sirvió de fundamento a las sanciones de multa que le fueron impuestas, a saber el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001.

   Así las cosas, acota esta Juzgadora que la jurisprudencia de nuestro Supremo Tribunal ha dejado sentado que invocar el error en la apreciación de los hechos o en la aplicación de los fundamentos de derecho conjuntamente con la ausencia de motivación, resulta contradictorio, pues se enervan entre sí, ya que cuando se aducen razones para destruir la apreciación de la Administración dentro del procedimiento formativo del acto, es porque se conocen los motivos del mismo. Por lo cual se considera incompatible que, en el presente caso se impugnen las actuaciones administrativas por inmotivación, expresando como errada la fundamentación del acto, por lo cual este Tribunal debe desestimar el vicio de inmotivación denunciado por el recurrente. Así se declara.

   No obstante lo anterior, el Tribunal en aras de resguardar la exahustividad de la función jurisdiccional, pasa a analizar la impugnación formulada por la recurrente sobre el errado alcance y sentido que la Administración Tributaria le ha dado al contenido del artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, entendido entonces como un vicio de falso supuesto por errada interpretación de la Ley.

   Atendiendo a las argumentaciones planteadas por las partes, así como al examen del expediente, resulta necesario hacer las siguientes consideraciones:

   La condición como agente de retención debe estar supeditada a un texto normativo. En este sentido, tratándose de multa impuesta por concepto de retenciones no enteradas oportunamente, correspondiente al período de diciembre de 2004, le son aplicables por razón del tiempo, las disposiciones contenidas en el Decreto Nro. 1.808 del 23 de abril de 1997 (publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 36.203 del 12 de mayo de 1997) que crea el Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto Sobre la Renta en Materia de Retenciones, a saber:

   Artículo 21: Los impuestos retenidos de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley y este Reglamento, deberán ser enterados en las oficinas receptoras de fondos nacionales dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en que se efectuó el pago o abono en cuenta,…

   .

   Artículo 13: Los agentes de retención que no cumplieren con la obligación de retener los impuestos a que se contrae el presente Reglamento, retuvieren cantidades menores de las debidas, enteraren con retardo los impuestos retenidos, se apropiaren de los tributos objeto de esta reglamentación o no suministraren oportunamente las informaciones establecidas en este Reglamento o las requeridas por la Administración, serán penados, según el caso, conforme a lo previsto en el Código Orgánico Tributario.

   Igualmente dispone el artículo 113 del vigente Código Orgánico Tributario de 2001, lo siguiente:

   Artículo 113.- Quien no entere las cantidades retenidas o percibidas en las oficinas receptoras de fondos nacionales, dentro del plazo establecido en la norma respectivas, será sancionado con multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los tributos retenidos o percibidos, por cada mes de retraso en su enteramiento, hasta un máximo de quinientos por ciento (500%) del monto de dichas cantidades, sin perjuicio de la aplicación de los intereses moratorios correspondientes y de la sanción establecida en el artículo 118 de este Código

   .

   A tal efecto, dicho dispositivo legal establece uno de los supuestos de hecho a los cuales la ley denomina ilícito material, relativo al incumplimiento de la obligación tributaria, dirigido a aquellos sujetos pasivos de la obligación tributaria como lo son los responsables directos, en su cualidad de agentes de retención y percepción, cuando dichos responsables realicen el enteramiento de las cantidades percibidas o retenidas, fuera de los términos que legalmente se le señale.

   Asimismo, dicha norma establece la consecuencia jurídica del incumplimiento a la mencionada obligación tributaria, la cual es una sanción equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los tributos retenidos o percibidos, por cada mes de retraso en su enteramiento, hasta un máximo de quinientos por ciento (500%) del monto de dichas cantidades.

   Ahora bien, se plantea en esta oportunidad, si dicha n.r. dentro de su supuesto de hecho, aquellos retrasos en el cumplimiento de enterar las cantidades retenidas o percibidas que sean inferiores a un mes; es decir, corresponde verificar si existe o no una falta de tipificación de la sanción a ser aplicada a aquellos responsables que enteren las cantidades retenidas o percibidas con menos de un mes de retraso.

   Respecto a la interpretación del citado artículo 113 del vigente Código Orgánico Tributario, a mayor abundamiento, cabe destacar el pronunciamiento que hiciera esta Sala en un caso similar, que hoy se ratifica, en sentencia Nro. 010732 de fecha 20 de junio de 2007, caso: PDVSA Cerro Negro, S.A., al señalar lo siguiente:

   Ahora bien, la norma cuando hace alusión a los términos “multa equivalente” y “por cada mes de retraso en su enteramiento”, no está haciendo referencia a que sólo serán sancionables aquellos retraso de un mes o superiores a un mes, por el contrario, cuando el legislador emplea el término “por cada mes de retraso en su enteramiento”, esta estableciendo el método de cálculo de la multa, el cual será calculado conforme a meses de retraso; sin embargo, ello no implica que aquellos retrasos inferiores a un mes no serán sancionados, pues ello constituiría aceptar que un responsable de la obligación tributaria no sería objeto de sanción por el retraso en el enteramiento por fracciones de tiempo menores a un mes.

   En tal sentido, debe observarse que el legislador al utilizar el término “multa equivalente” esta englobando los supuestos de retrasos inferiores a un mes, y que la multa será calculada en proporción a los días de retraso transcurridos, teniendo como base para el cálculo, el supuesto de mes de retraso y utilizando para ello un término aritmético para liquidar la multa por fracción”.

   Ello así, este Despacho Judicial observa que de conformidad con lo señalado en el artículo 113 del vigente Código Orgánico Tributario, el legislador estableció y tipificó en forma expresa la infracción y la consecuencia jurídica de dicho enteramiento tardío de las cantidades retenidas o percibidas en forma general; es decir, llevó a cabo el establecimiento de la conducta antijurídica que implica el incumplimiento de la obligación de enterar las cantidades retenidas y percibidas en el término que señala la ley, sea cual fuere el tiempo de la demora.

   En efecto, del dispositivo anteriormente trascrito, se constata que la sanción a aplicarse por tal conducta antijurídica, será una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los tributos retenidos o percibidos, por cada mes de retraso en su enteramiento, hasta un máximo de quinientos por ciento (500%) del monto de dichas cantidades.

   Ahora bien, la norma cuando hace alusión a los términos “multa equivalente” y “por cada mes de retraso en su enteramiento”, no está haciendo referencia a que sólo serán sancionables aquellos retraso de un mes o superiores a un mes, por el contrario, cuando el legislador emplea el término “por cada mes de retraso en su enteramiento”, esta estableciendo el método de cálculo de la multa, el cual será calculado conforme a meses de retraso; sin embargo, ello no implica que aquellos retrasos inferiores a un mes no serán sancionados, pues ello constituiría aceptar que un responsable de la obligación tributaria no sería objeto de sanción por el retraso en el enteramiento por fracciones de tiempo menores a un mes.

   En tal sentido, debe observarse que el legislador al utilizar el término “multa equivalente” esta englobando los supuestos de retrasos inferiores a un mes, y que la multa será calculada en proporción a los días de retraso transcurridos, teniendo como base para el cálculo, el supuesto de mes de retraso y utilizando para ello un término aritmético para liquidar la multa por fracción.

   Sin embargo estima esta Juzgadora imperioso traer a colación el Principio Inquisitivo imperante en nuestra Jurisdicción Contencioso-Tributaria, el cual se encuentra fundamentado en reiterados criterios explanados por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 00194 del 26 de febrero de 2013:

   …Este M.T. ha precisado ambos vicios, delimitados por la doctrina, determinando que cuando el pronunciamiento establece un plus sobre lo demandado, hay ultrapetita; y cuando concede una cosa u objeto distinto a lo pretendido, hay extrapetita, porque se excede del thema decidendum yéndose a otro tema ajeno a la controversia propuesta por las partes.

   No obstante lo anterior, este principio dispositivo por el cual se rige el derecho procesal civil encuentra su excepción en el proceso contencioso-administrativo, y específicamente el contencioso-tributario, en el que el juez goza de plenos poderes de decisión que le permiten apartarse de lo alegado y probado por las partes, pudiendo incluso declarar la nulidad de los actos sometidos a su consideración cuando ellos estuvieren afectados de inconstitucionalidad o ilegalidad, no estando sujeto, por consiguiente, al principio dispositivo regulado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. (Vid. sentencias números 00674, 00429, y 00030 del 8 de mayo de 2003, 11 de mayo de 2004 y 25 de enero de 2012, casos: Sílices Venezolanos C.A. SILVENCA, Industrias Azucareras S.C. C.A. y Total Clean C.A.), respectivamente.

   A mayor abundamiento, resulta necesario traer a colación el criterio vinculante fijado por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, a través de su sentencia N° 1355 del 5 de agosto de 2011, caso: Agropecuaria Carenero, C.A., en el que se estableció que “…en el campo del derecho tributario, el artículo 327 del Código Orgánico Tributario, responde a esa concepción del contencioso-administrativo, la cual se perfila como una jurisdicción protectora tanto del interés público que tutela la Administración, como de los derechos e intereses de los particulares, lo que es compatible con el sentido, propósito y razón del artículo 259 de la Constitución y conlleva a afirmar que el Juez contencioso tributario al igual que el Juez contencioso-administrativo se encuentra facultado para realizar pronunciamientos de condena de hacer o de no hacer en contra de la Administración, ordenar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados e inclusive, sustituirse en el órgano o ente autor del acto anulado, a fin de proporcionar en sede judicial aquello a que tenía derecho el particular y que le fue negado o limitado en contrariedad con el Derecho”.

   En el mismo orden de ideas, esta Sala, a través de la sentencia N° 2.638 del 22 de noviembre de 2006, caso: Editorial Diario Los Andes, C.A, ratificada en el fallo N° 01866 de fecha 21 de noviembre de 2007, caso: Sociedad Administradora de Concesiones Portuarias Sacoport, C.A., precisó que todos los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa y, en especial, de la jurisdicción contencioso-tributaria, tienen el deber-potestad de velar por la integridad y estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes, pudiendo incluso ejercitar sus amplios poderes para lograr la restitución de la situación jurídica infringida por la actividad administrativa, aun cuando dicha infracción no haya sido alegada, en la búsqueda de la certeza de la cuota tributaria que debe exigirse y de las sanciones a que haya lugar, la cual no puede ser ajena al control del órgano jurisdiccional competente…

   (Destacados de este Juzgado).

   Observa este Despacho Judicial que es indiscutible la veracidad de los hallazgos generados con ocasión al procedimiento de verificación fiscal efectuado por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Z.d.S.N.I.d.A.A. y Tributaria, en lo que respecta a los circunstancias infraccionales apreciadas, que dieron origen a la aplicación de las sanciones objetivas por concepto de presentación fuera del plazo legal del pago de las declaraciones informativas de la retenciones practicadas de impuesto sobre la renta, lo cual conllevó al incumplimiento de los deberes de información y enteramiento de impuesto sobre la renta, configurándose así la concurrencia de ilícitos tributarios en los períodos fiscales antes descritos, es por ello que este Tribunal procede a examinar la aplicación de la sanción de multa contemplada en el artículo 113, para lo cual es preciso indicar que para sancionar las referidas circuntancias, el tipo sancionatorio aplicable es el contenido en el artículo 81 del Código Orgánico Tributario que prevé: “Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con penas pecuniarias, se aplicará la sanción mas grave, aumentada con la mitad de las otras sanciones. De igual manera se procederá cuando haya concurrencia de un ilícito tributario sancionado con pena restrictiva de la libertad y otro delito no tipificado en este Código. Si las sanciones son iguales, se aplicará cualquiera de ellas, aumentada con la mitad de las restantes. Parágrafo Único: La concurrencia prevista en este artículo se aplicará aun cuando se trate de tributos distintos o de diferentes períodos, siempre que las sanciones se impongan en un mismo procedimiento”.

   Del contenido de la norma antes transcrita se deduce que dada la concurrencia de los ilícitos tributarios antes reseñados, corresponde a este Juzgado determinar correctamente la aplicación de la sanción de multa contemplada para este tipo de hallazgos confirmados en sede administrativa mediante la resolución objeto de impugnación del recurso contencioso tributario bajo estudio, con sujeción a lo cual se procede al cálculo de las sanciones de multa de conformidad con la previsión legal antes citada, para lo cual se realiza el cuadro demostrativo que de seguida se señala:

   PLANILLA LIQUIDACIÓN PERÍODO DEIMPOSICIÓN

   FECHA LIQUIDACIÓN IMPOSICIÓN SANCIÓN MULTA REBAJADA A LA

   MITAD

   MONTO INTERESES

   MONTO HIST. FECHA DE

   NOTIFICACIÓN DE

   LAS PLANILLAS A LA

   RECURRENTE

   00004045010079-1 1/5/2002

   al

   31/5/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 82.854,41

   Esta se mantiene por ser la mayor de las sanciones pecuniarias (Art. 81 COT) 5.561,11

   19/1/2006

   00040450100078-3 1/5/2002

   al

   31/5/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 1008,83 67,73 19/1/2006

   0004045010080-5 1/6/2002 AL 30/6/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 1475,95 98, 58 19/1/2006

   0004045010081-3 1/6/2002 AL 30/6/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 28.277,03 1.888,62 19/1/2006

   0004045010082-1 1/7/2002 AL 31/7/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 1392,21 93,6 19/1/2006

   0004045010083-0 1/7/2002 AL 31/7/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 21.096, 15 ILEGIBLE 19/1/2006

   0004045010084-8 1/8/2002 AL 31/8/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 1163,27 79,135 19/1/2006

   0004045010085-6 1/8/2002 AL 31/8/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 22.937,01 1560,29 19/1/2006

   0004045010086-4 1/9/2002 AL 30/9/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 416,52 28,75 19/1/2006

   0004045010087-2 1/9/2002 AL 30/9/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 1.634,22 112,81 19/1/2006

   0004045010088-0 1/10/2002 AL 31/10/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 576, 79

   19/1/2006

   0004045010089-9 1/10/2002 AL 31/10/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 15.310,72 1069,46

   19/1/2006

   0004045010090-2 1/10/2002 AL 30/9/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 376,49 26,58 19/1/2006

   0004045010091-0 1/11/2002 AL 30/11/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 13.007,81 918,23 19/1/2006

   0004045010092-9 1/12/2002 AL 31/12/2002 26/4/2004 113-66 COT-01 585,11 41,46 19/1/2006

   0004045010093-7- 1/12/2002 AL

   31/12/2002 26/4/2004 113-66 COT-2001 4.299,04 299,72 19/1/2006

   TOTAL 196.341,24 13.264,02 209.605,26

3. - De la violación del principio constitucional a la no confiscatoriedad.

   La recurrente alega la violación del principio constitucional a la no confiscatoriedad por cuanto es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo administrar y prestar un servicio de salud integral y promover programas complementarios de previsión social para sus asociados y afiliados, cuyos ingresos se limitan al aporte de sus asociados y aportes institucionales de la Universidad del Zulia., manifestando que de materializarse el cobro de las multas e intereses liquidados, haría imposible continuar la actividad para la cual fue creado Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia (IPPLUZ).

   Frente a los argumentos expuestos, considera necesario esta juzgadora señalar que el principio de no confiscatoriedad del tributo encuentra su basamento legal en el artículo 317 constitucional, cuyo postulado establece que “Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio”.

   En este orden de ideas, la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha sido pacífica al sostener que el referido principio encuentra fundamento en la inviolabilidad del derecho de propiedad por vía de una tributación desproporcionada y fuera del contexto de la capacidad para contribuir con las cargas públicas, siendo en consecuencia, un límite a la imposición desmedida y una garantía a la propiedad de los particulares. (Vid. entre otras, sentencia Nro. 02142 del 27 de septiembre de 2006, caso: Cru-Mar, C.A.).

   La confiscatoriedad de un tributo supone la apropiación indebida de los bienes particulares por parte del Estado, en virtud de la aplicación de una determinada normativa que imponga que el sistema tributario desborde los límites de la razonabilidad por lo exagerado y grosero de su quantum, en abierto detrimento de la capacidad de los particulares para contribuir con las cargas fiscales.

   Por su parte, el derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 115 de la Constitución de 1999 en los siguientes términos:

   "Artículo 115.- Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

   Y por su parte el artículo 116 del texto constitucional reza:

   Artículo 116.- No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extrajeras, responsables de delitos cometidos contra el patrocinio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al a.d.P.P. y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

   Con base en las normas constitucionales transcritas, se observa que si bien la propiedad es un derecho sujeto a determinadas limitaciones que deben encontrarse acorde con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad pública y el interés general, tales limitaciones deben ser establecidas con fundamento en un texto legal o, en su defecto, reglamentario que encuentre remisión en una Ley, no pudiendo, en caso alguno, establecerse restricciones de tal magnitud que menoscaben en forma absoluta el derecho de propiedad del contribuyente.

   Visto lo anterior, se advierte que la autoridad tributaria aplicó la multa contemplada en el tantas veces citado artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, con fundamento en el incumplimiento por parte de la recurrente en enterar de forma tardía los tributos retenidos en su condición de agente de retención.

   Ahora bien, circunscribiéndonos al análisis de la causa bajo estudio se evidencia que la contribuyente enterar de forma tardía durante los meses comprendidos de mayo a diciembre ambos inclusive del año 2002, inobservó el deber previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta en Materia de Retenciones, circunstancia cuya consecuencia es justamente la multa equivalente al 50% del tributo enterado tardíamente hasta un máximo del 500% del mismo, tal como lo dispone el antes trascrito artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001.

   Adicionalmente, este Juzgado considera oportuno advertir que no podía ser otra la conducta asumida por la autoridad tributaria, pues la norma antes citada no indica otro monto o quantum sino el equivalente al 50% del tributo enterado tardíamente hasta un máximo del 500% del mismo.

   En refuerzo de lo anterior, tampoco se observa que la representación judicial de la recurrente hubiese consignado, durante la sustanciación del presente proceso contencioso tributario, elementos probatorios suficientes para crear a este operador de justicia la convicción de la violación o amenaza de violación del derecho de propiedad de la contribuyente, por la trasgresión de la garantía de la no confiscatoriedad, como consecuencia de la imposición de la multa prevista en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001.

   En efecto, se desprende de las actas procesales que la recurrente presentó acompañando al recurso contencioso tributario los actos administrativos recurridos, sin aportar elementos que permitieren verificar la posible amenaza económica que pudiera sufrir producto del pago de las sanciones de multa impuesta por la autoridad tributaria.

   Con fundamento en lo expuesto, considera esta Juzgadora que en el caso de autos no se verifica dicha violación o amenaza de violación del principio de no confiscatoriedad y del derecho a la propiedad, razón por la cual declara improcedente el argumento esgrimido en tal sentido por la representación judicial de Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia (IPPLUZ). Así se declara.

4. Del silencio de pruebas.

   En su escrito recursivo sostuvo la parte recurrente que al momento de ejercer el recurso jerárquico respectivo, promovió pruebas tendientes a fundamentar que las sanciones e intereses recurridos afectaban notablemente su capacidad contributiva; siendo que la Administración Tributaria nada resolvió al respecto al momento de emitir el acto recurrido.

   Al respecto del acto administrativo recurrido se observa:

   La recurrente en su escrito de descargo promueve pruebas de informe provenientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia.

   Ahora bien, quien decide considera necesario informar que lo oficiado por el contribuyente no es prueba alguna que desvirtúe el dicho de la Administración Tributaria en las planillas de liquidación impugnadas, por consiguiente surte plena fe las planillas de liquidación antes descritas y tiene plenos efectos legales

   .

   En relación al silencio de pruebas, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 00407 del 12 de mayo de 2010, caso: M.d.J.C.M., sostuvo:

   “...En tal sentido, de lo anterior de colige que los recurrentes consideran que si el órgano jurisdiccional no aprecia las pruebas cursantes en el expediente de la misma manera en que ellos las aprecian, entonces se configura el vicio de silencio de prueba; lo cual, a todas luces, demuestra un total desconocimiento acerca del significado y alcance del mencionado vicio, por parte de los apelantes.

   En efecto, la obligación del Juez de analizar todos los elementos probatorios cursantes en autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, en ningún momento puede interpretarse como una obligación de apreciación en uno u otro sentido; es decir, el hecho de que el Juez le de un sentido determinado a los medios probatorios para llegar a una conclusión tendente a la resolución final del asunto debatido, no puede ser considerado como un silencio de prueba, en la medida en que ese sentido resultado del análisis jurídico del Juez se aparte de la posición de alguna de las partes; muy por el contrario, sólo podrá hablarse de silencio de pruebas, cuando el Juez en su decisión, ignore por completo, sin atribuir sentido o peso específico de ningún tipo, algún medio de prueba cursante en los autos y que quede demostrado que dicho medio probatorio podría afectar el resultado del juicio.

   De lo anterior se colige que el silencio de pruebas sólo opera cuando el órgano decisor, ignore por completo, sin atribuir sentido o peso específico de ningún tipo, algún medio de prueba cursante en los autos y que quede demostrado que dicho medio probatorio podría afectar el resultado del juicio.

   Ahora bien, de las actas que integran el expediente judicial no evidencia esta Juzgadora prueba alguna por parte de la recurrente tendiente a demostrar la violación al principio de capacidad contributiva por parte del acto administrativo recurrido.

   En consecuencia, se declara improcedente el alegato de defensa sostenido por la representación judicial de la sociedad de civil Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, (I.P.P.L.U.Z.). Así se decide.

   DISPOSITIVO

   Por los fundamentos expuestos, en el recurso contencioso tributario interpuesto por la Sociedad Civil Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, (I.P.P.L.U.Z.), contra el acto administrativo contenido en la Resolución signada con letras y números GRTIRZ-DJT-CRJ-JGP-2055-1480 del 30 de diciembre de 2005, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Z.d.S.N.I.d.A.A. y Tributaria (SENIAT), que declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado por la contribuyente contra las Planillas de Liquidación Nros. 04-10-01-1-30-010078, 04-10-01-1-30-010079, 04-10-01-1-30-010080, 04-10-01-1-30-010081, 04-10-01-1-30-010082, 04-10-01-1-30-010083, 04-10-01-1-30-010084, 04-10-01-1-30-010085, 04-10-01-1-30-010086, 04-10-01-1-30-010087, 04-10-01-1-30-010088, 04-10-01-1-30-010089, 04-10-01-1-30-010090, 04-10-01-1-30-010091, 04-10-01-1-30-010092 y 04-10-01-1-30-010093, todas de fecha 26 de abril de 2004, por la cantidad expresada en moneda actual de Trescientos Treinta Mil Doscientos Diecinueve Bolívares con Treinta y Cuatro Céntimos (Bs. 330.219,34); que se sustancia bajo Expediente Nro. 512-06, este Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso y en consecuencia:

1. Se confirma la Resolución signada con letras y números GRTIRZ-DJT-CRJ-JGP-2055-1480 del 30 de diciembre de 2005, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Z.d.S.N.I.d.A.A. y Tributaria (SENIAT), que declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado por la contribuyente contra las Planillas de Liquidación Nros. 04-10-01-1-30-010078, 04-10-01-1-30-010079, 04-10-01-1-30-010080, 04-10-01-1-30-010081, 04-10-01-1-30-010082, 04-10-01-1-30-010083, 04-10-01-1-30-010084, 04-10-01-1-30-010085, 04-10-01-1-30-010086, 04-10-01-1-30-010087, 04-10-01-1-30-010088, 04-10-01-1-30-010089, 04-10-01-1-30-010090, 04-10-01-1-30-010091, 04-10-01-1-30-010092 y 04-10-01-1-30-010093, todas de fecha 26 de abril de 2004, y se le ordena a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Z.d.S.N.I.d.A.A. y Tributaria, emitir nuevas planillas de liquidación de pago con sujeción a lo preceptuado en el artículo 81 del Código Orgánico Tributario de 2001, por la cantidad expresada en moneda actual de Doscientos Nueve Mil Seiscientos Cinco con Veintiséis Céntimos (Bs. 209.605,26).

2. Se exime de costas a la recurrente de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo Único del artículo 327 del Código Orgánico Tributario de 2001.

   Se imprimen dos ejemplares bajo un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación del presente fallo, el segundo para que repose en original en el copiador de sentencias de este Tribunal.

   Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario de 2001 y del criterio sostenido por nuestro M.T.d.J. (Sentencia Nro. 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. Nro. 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa excede de quinientas (500) unidades tributarias.

   Aún cuando esta decisión sale a término la presente decisión al Procurador General de la República de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008.

   Publíquese. Regístrese. Notifíquese al Procurador General de la República. Déjese Copia. Dado, firmado y sellado en el Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, en Maracaibo, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014). Año: 203° de la Independencia y 155° de la Federación.

   La Jueza Temporal,

   Dra. I.C.J.

   La Secretaria,

   Abg. Yusmila Rodríguez

   En la misma fecha se dictó y publicó este fallo y se registró bajo el Nro. 085-2014, y se libró Oficio Nro. 172-2014 dirigido al Procurador General de la República.

   La Secretaria,

   Abg. Yusmila Rodríguez

   ICJ/dcz/ebjg.-