Decisión nº PJ074200900000057 de Tribunal Cuarto Superior del Trabajo de Bolivar, de 30 de Junio de 2009

El 3 de mayo de 2007, el abogado Y.M.C., procediendo como apoderado judicial de los ciudadanos J.P. y J.R.J.G., presentó ante la Unidad de Distribución y Recepción de Documentos Civil de este circuito judicial escrito de demanda en el cual están explanadas pretensiones de los accionantes contra SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ANDREA, C. A. (en lo sucesivo nombrada ANDREA), pretensiones esas que tienen por objeto —de acuerdo con lo afirmado en el petitorio— la cancelación de: i) a favor del codemandante J.J., la prestación de antigüedad; vacaciones y bono vacacional fraccionados; utilidades; las indemnizaciones adicional de antigüedad y sustitutiva del preaviso por despido injustificado; y días de descanso no cancelados; y ii) a favor del copretensor J.P., la prestación de antigüedad; vacaciones y bono vacacional fraccionados; utilidades; y días de descanso no cancelados. Correspondió sustanciar y mediar el asunto al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta sede laboral. No lográndose la autocomposición procesal en fase de mediación, pasó el asunto a juicio, correspondiendo el trámite al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, el que profirió sentencia definitiva declarando con lugar la demanda, la cual fue apelada por la parte demandada.

El asunto ingresó a este Tribunal el 27 de mayo pasado y el 4 de junio se fijó la audiencia oral y pública de apelación para el séptimo día hábil siguiente a esa fecha a las 10:30 de la mañana. El 17 hogaño se realizó la audiencia, con la presencia del codemandante J.A.P. y del abogado en ejercicio Y.M.C. (coapoderado de los accionantes), además del abogado R.L.C. (coapoderado de la accionada, apelante en este asunto), quien expuso los argumentos para delimitar el recurso, argumentos que fueron respondidos por el coapoderado de los demandantes.

El Tribunal se reservó dictar el dispositivo del fallo en el término de cinco días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia, lo cual hizo tempestivamente el 21 pasado, así:

Este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar, en ejercicio de la potestad de administrar justicia que dimana de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA:

Por todo lo anteriormente expuesto este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos J.P. Y J.J., en contra de la EMPRESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ANDREA, C.A., ambas partes identificadas en autos, se ordena a la empresa demandada a cancelar a los accionantes los siguientes conceptos distribuidos de la siguiente manera: Al trabajador J.J., los siguientes conceptos se declaran procedentes los siguientes conceptos (sic): 1°) Prestación por Antigüedad (sic) artículo 108 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la cantidad de Bs 5.128.605,90; 2) Vacaciones y Bono Vacacional Fraccionado (sic) de conformidad con la Clausula 24 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción Similares y Conexos de Venezuela, la cantidad Bs 4.462.919,70; 3°) Por concepto de utilidades de conformidad con la Clausula 25 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción Similares y Conexos de Venezuela la cantidad de Bs 6.073.236,00; 4) Indemnización por Antigüedad (sic) articulo (sic) 125 Ord 2do de la Ley Orgánica del Trabajo la cantidad de Bs 3.840.760,50; 5) Indemnización Sustitutiva del Preaviso (sic) articulo (sic) 125, literal b de la Ley Orgánica del Trabajo la cantidad de Bs 3.840.760,50. 6) días de descanso no cancelados Bs 3.183.999,98; Todos (sic) estos conceptos suman la cantidad de Bs F 25.586.372,78, a esta cantidad se le restara la cantidad de Tres Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000,00), los cuales ya fueron debidamente cancelados a el trabajador. Resultando como monto restante por cancelar al trabajador la cantidad de Bs. 22.586.372,78. Así se decide. En lo que respecta al trabajador J.P., se declaran procedentes los siguientes conceptos 1°) Prestación por Antigüedad (sic) artículo 108 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la cantidad de Bs 6.686.703,30; 2) Vacaciones y Bono Vacacional Fraccionado (sic) de conformidad con la Clausula 24 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción Similares y Conexos de Venezuela la cantidad de 2.660.364,00; 3°) Utilidades de conformidad con la Clausula 25 de Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción Similares y Conexos de Venezuela Bs 6.303.687,03; 4) Días de Descanso no Cancelados (sic) la cantidad de Bs 3.488.666,64; 5) Salarios Retenidos (sic) la cantidad de Bs 2.428.331,64; Los conceptos condenados a que tiene derecho el trabajador J.P. suman la cantidad de cantidad de Bs. 20.567.752,61. Los montos condenados a pagar suman la cantidad de Bs 43.154.125,39, lo que en bolívares fuertes nos es más que Bs F 43.154,12. Así mismo se ordena la corrección monetaria de los conceptos condenados de conformidad con la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia número 1.841 de fecha 11 de noviembre de 2008, con Ponencia del Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez.

Se ordena la corrección monetaria de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se condena en costas a la parte demandada por haber quedado totalmente vencida en el juicio.

Omissis

IV

APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS

MEDIOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN AUTOS

Solo la parte accionante desarrolló actividad probatoria en el iter procedimental. Los medios incorporados por ella al procedimiento fueron los siguientes:

1. POR EL ACCIONANTE.

   1. Con el escrito de demanda promovió —en copia fotostática— un ejemplar de la convención colectiva de trabajo de la industria de la construcción, similares y conexos de Venezuela 2003-2006, el que hace los folios 11 al 34 de la primera pieza del expediente (en lo adelante PPE). Los requisitos especiales que establece la ley para la formación de la convención colectiva (suscripción y depósito entre los requisitos de constitución, con la intervención de funcionario público en dicho proceso), le confiere un carácter jurídico diferente al de los contratos en general y permite su asimilación a un acto normativo, lo que la excluye del mundo de los hechos (objeto de alegación y prueba en materia procedimental judicial) y la inserta en el m.d.D., que no es objeto de prueba, pues el mismo se presume conocido —particularmente por el juez (iura novit curia). Pero ello no obsta que en cumplimiento del deber que tienen las partes de colaborar con la administración de justicia, coadyuven demostrando la existencia de una determinada convención colectiva aplicable al caso bajo enjuiciamiento, como simple colaboración —lo cual es recomendable por favorecer sus intereses y por ser beneficioso para la justa solución del conflicto— y no como carga procesal. No siendo entonces la convención colectiva un hecho objeto de prueba, el ejemplar del convenio colectivo de trabajo producido por la parte accionante como medio probatorio se tendrá simplemente como un aporte coadyuvante de la parte para la más justa solución de la controversia y no como un medio de prueba que apreciar y valorar. Así queda decidido.

   2. Con el escrito de promoción de medios probatorio, produjo:

   2.1. Exhibición de los siguientes instrumentos: i) la totalidad de los recibos que acreditan los pagos realizados a los codemandantes; ii) la nómina del personal que laboró para ANDREA en los años 2005 y 2006; iii) el listado de vehículos tipo gandola que compone la flota de la demandada; iv) los originales de los recibos de pago y liquidaciones de prestaciones sociales correspondientes a los ciudadanos S.F., EDUS SÁNCHEZ, L.L. y R.M. (conductores), quienes —en el decir de los promoventes— prestaron o prestan servicio para la accionada; v) autorización para conducir el vehículo placas 07A-MBC emitida por la representación social de ANDREA el 29 de octubre de 2005, a favor del codemandante J.J.; vi) solicitud de la orden de apertura de cuenta a favor del codemandante J.P., emanada de la demandada y dirigida al Banco Guayana (Sucursal Los Pijiguaos), distinguida la misma con el Nº 4500091596 y fechada el 8 de diciembre de 2005; vii) copia del cheque Nº 46364732 girado por la accionada a favor del codemandante J.J. contra la cuenta del Banco Guayana Nº 0008353301, por un monto de Bs. 3.000.000,00 (viejo valor del signo monetario nacional). El juzgado de juicio admitió el medio de prueba con respecto a los instrumentos indicados en los puntos i), iv), v), vi) y vii); y lo inadmitió con respecto a los señalados en los puntos ii) y iii). Con respecto a los admitidos, ordenó a la demandada exhibirlos en la audiencia de juicio. La parte accionante no impugnó por vía recursiva la negativa del tribunal de inadmitir parcialmente el medio de exhibición. La demandada no exhibió los instrumentos en la audiencia de juicio. Sobre esta conducta procesal se pronunciará este sentenciador a medida que vaya valorando los instrumentos que fueron promovidos para sustentar la solicitud de exhibición. Así se resuelve.

   2.2. Con la marca "A" (folios 168 al 178 PPE), 11 copias al carbón de recibos de pago generados informáticamente, de los cuales los 9 primeros se refieren al codemandante J.J.; y los dos restantes al copretensor J.P.. Los originales de los instrumentos sub examine debieron ser exhibidos en la audiencia de juicio, pero la representación judicial de la accionada no los presentó alegando que los mismos no emanaron de la empresa, además de impugnarlos en su valor probatorio.

   Establece el artículo 82 LOPTRA:

   Artículo 82. La parte que deba servirse de un documento, que según su manifestación se halle en poder de su adversario, podrá pedir su exhibición. A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento o, en su defecto la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del documento y, en ambos casos, un medio de prueba que constituya, por lo menos, presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario.

   Cuando se trate de documentos que por mandato legal debe llevar el empleador, bastará que el trabajador solicite su exhibición, sin necesidad de presentar medio de prueba alguno, que constituya por lo menos, presunción grave de que el mismo se encuentra o ha estado en poder del empleador.

   El tribunal ordenará al adversario la exhibición o entrega del documento para la audiencia de juicio.

   Si el instrumento no fuere exhibido en el lapso indicado, y no apareciere de autos prueba alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el solicitante y, en defecto de éste, se tendrán como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento.

   Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder del adversario resultare contradictoria, el juez de juicio resolverá en la sentencia definitiva, pudiendo sacar de las manifestaciones de las partes y de las pruebas suministradas las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje (énfasis agregado por este sentenciador).

   En el caso concreto, el promovente de los instrumentos bajo examen los acompañó como medio acreditativo de la existencia de los originales en poder de la demandada, lo cual generó en el iudex a quo presunción de que ciertamente estaban en su poder, razón por la que ordenó la exhibición, orden que no fue impugnada por la empresa demandada, quedando así obligada a exhibir los instrumentos en la audiencia de juicio. Ahora bien, ante tal situación, correspondía a la demandada aportar a los autos prueba para demostrar que los instrumentos no estaban en su poder, no siendo suficiente la manifestación en la propia audiencia de juicio de no presentarlos por no haber existido relación laboral —tal como lo expresó su representante judicial—, pues tal afirmación estaba sujeta a demostración en causa, cosa que no se hizo. Por tanto, no habiendo aportado la accionada ningún medio de prueba para demostrar que los instrumentos no emanaron de ella y, por consiguiente, no podían encontrarse en su poder, deben tenerse por exactos los recibos producidos por la parte accionante y sujetos a valoración en este punto, pues los documentos no se aportaron para el proceso a los fines de surtir efectos por sí mismos, a solas, sino como demostración de su existencia para que la demandada exhibiera los originales. Por virtud de lo dicho, quien sentencia aprecia y valora los instrumentos sub examine conforme lo establecido en el artículo 82 LOPTRA y les atribuye pleno valor probatorio para acreditar suficientemente: i) que ANDREA emite los recibos de pago de los trabajadores a su servicio bajo formato informático; ii) que los recibos los elabora la demandada porque en la parte superior izquierda de cada uno (de exacto formato todos ellos) aparece la denominación comercial SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ANDREA, C. A.; iii) que los recibos que hacen los folios 168 al 176 PPE acreditan que la demandada canceló valores por viajes en los períodos indicados en cada uno al copretensor J.J.; iv) que los recibos que hacen los folios 177 y 178 acreditan que la demandada canceló valores por viajes en los períodos indicados en cada uno al codemandante J.P.; v) que los recibos que hacen los folios 172 al 175; 177 y 178; tienen estampada la firma de los receptores del pago; vi) que ciertamente los codemandantes de autos fueron trabajadores al servicio de ANDREA, pues los pagos se les hicieron en tal condición (así expresado en cada uno de los recibos). Así queda decidido.

   2.3. Con la marca "B" (folios 179 al 183 PPE), 2 copias fotostáticas de recibos de pago y 3 fotocopias de liquidaciones de prestaciones sociales, generados informáticamente los 5 instrumentos. Los recibos corresponden —en apariencia— a un ciudadano de nombre S.R.F.H., a quien se le identifica con la cédula de identidad Nº 10.552.026; y las liquidaciones a unos ciudadanos de nombre EDUS D.S., L.E.L. y R.A.M., a quienes se les identifica con las cédulas de identidad números 5.925.327, 8.864.619 y 9.941.731, respectivamente. Dado que los mencionados ciudadanos no son parte en esta causa, los instrumentos bajo análisis nada aportan con respecto a los hechos debatidos en causa, referentes tan solo a la relación de trabajo ya establecida entre ANDREA y los codemandantes J.A.P. y J.R.J.G.. Por virtud de ello, este sentenciador niega valor probatorio a los instrumentos en cuestión, pues son manifiestamente impertinentes con respecto al asunto controvertido en este asunto. Así se resuelve.

   2.4. Con la marca "C" (folio 184 PPE), autorización para conducir un vehículo. En la audiencia de juicio, el coapoderado judicial de la demandada que la representó en la misma negó la firma estampada sobre el instrumento atribuida al representante social de la accionada, lo que —ante la insistencia en el valor probatorio del instrumento por parte de la representación judicial de los accionantes— motivó al juez de juicio para ordenar el cotejo, ejecutado por el experto grafo técnico J.C.B.R., identificado con la cédula de identidad Nº 8.588.361. El informe sobre el resultado de la pericia hace los folios 338 al 340 PPE y en el mismo se lee:

   Omissis

   Tanto las firmas INUBITADAS como la firma DUBITADA, corresponden a firmas semi-legibles que presentan las mismas características individualizantes de orden gráfico en lo que respecta a: Presión, configuración, los cambios de dirección en el trazado, puntos de arranque, rotaciones, línea base de escritura, calidad de la caja del renglón, calidad de los arcos.

   CONCLUSION: En base al análisis y observaciones practicadas en el presente estudio técnico pericial, puedo concluir de la siguiente manera: tanto las firmas INDUBITADAS como las firmas DUBITADAS, fueron producidas por una misma persona o sea EJECUTADAS POR EL CIUDADANO C.M. IRIARTE…

   Omissis

   Consiguientemente, probada en causa como quedó la autenticidad del instrumento, este sentenciador lo da por reconocido y lo aprecia y valora conforme lo establecido en los artículos 78 LOPTRA y 1.363 del Código Civil (en lo adelante mencionado con las siglas CC). El instrumento en cuestión (cuyo original hace el folio 341 PPE), evidencia que el ciudadano C.I., procediendo como Presidente de ANDREA (cuyos logo, denominación comercial, dirección, RIF y NIT aparecen impresos en la parte superior izquierda del documento), autorizó al codemandante J.R.J.G. para conducir por todo el territorio nacional el vehículo marca Iveco, identificado con las placas 07A-MBC, propiedad de la empresa. Así se establece.

   2.5. Con la marca "D" (folio 185 PPE), fotocopia de una comunicación dirigida al Banco Guayana (Sucursal Los Pijiguaos). El original del instrumento bajo consideración debió ser exhibido en la audiencia de juicio, pero la representación judicial de la accionada no lo presentó alegando que el mismo no emanó de la empresa demandada, impugnándolo —además—en su valor probatorio. El mencionado instrumento lo acompañó el promovente como medio acreditativo de la existencia del original en poder de la demandada, lo cual generó en el iudex a quo presunción de que ciertamente estaba en su poder, razón por la que ordenó la exhibición, orden que no fue impugnada por la empresa demandada, quedando así obligada a exhibir el instrumento en la audiencia de juicio. Ante tal situación, correspondía a la demandada aportar a los autos prueba para demostrar que el instrumento no estaba en su poder, no siendo suficiente la manifestación en la propia audiencia de juicio de no poder presentarlo por no haber existido relación laboral —tal como lo expresó su representante judicial—, pues tal afirmación estaba sujeta a demostración en causa, cosa que no se hizo. Por tanto, no habiendo aportado la accionada ningún medio de prueba para demostrar que el instrumento no emanó de ella y, por consiguiente, no podía encontrarse en su poder, debe tenerse por exacto el medio bajo análisis producido por la parte accionante y sujeto a valoración en este punto, sin que este juzgador atribuya ningún efecto a la impugnación en la propia audiencia de juicio, pues el medio no se aportó para el proceso para surtir efectos por sí mismo, a solas, sino como demostración de su existencia para que la demandada exhibiera el original. Por virtud de lo dicho, quien sentencia aprecia y valora el instrumento sub examine conforme lo establecido en el artículo 82 LOPTRA y le atribuye pleno valor probatorio para acreditar suficientemente: i) que el documento emanó de ANDREA, lo que concluye este sentenciador porque al pie del mismo aparece indicada una dirección, así: URBANIZACIÓN UNARE II, AV. I SECTOR 2, EDIFICIO IPECA PISO 2 OFICINA 2-6 PUERTO ORDAZ EDO BOLIVAR. Esa misma dirección aparece en el membrete del documento hace el folio 341 PPE —ya valorado como auténtico por este juzgador—, que es la dirección en Puerto Ordaz de la demandada en causa; ii) que el Administrador de la accionada en Los Pijiguaos dirigió la comunicación al Banco Guayana para solicitar la apertura de una cuenta de ahorro a nombre del codemandante J.P.; iii) que el mencionado copretensor se desempeñaba para el 8 de diciembre de 2005 (fecha de la comunicación) como operador de gandola; iv) que la demandada lo reconoció en esa comunicación como contratado por y laborando para ella en C. V. G. Bauxilum – Los Pijiguaos; v) que existió relación de trabajo entre ANDREA y el mencionado codemandante. Así se deja resuelto.

   2.6. Con la marca "E" (folio 186 PPE), fotocopia de cheque girado contra el Banco Guayana. El cheque así producido no fue impugnado en la audiencia de juicio por la representación judicial de la demandada. Adicionalmente se había ordenado a la empresa exhibir la copia que reposa en su poder, lo que no se cumplió. Por consiguiente, para este sentenciador el instrumento bajo análisis surte plenos efectos probatorios; y se valora y aprecia conforme lo establecido en los artículos 78 y 82 LOPTRA. Del cheque así valorado se evidencia en causa: i) que en el Banco Guayana existe o existió una cuenta corriente movilizada por ANDREA, la cual está o estuvo distinguida con el Nº 0008353301; y ii) que con el mencionado cheque la mencionada empresa canceló al codemandante J.J. la suma de Bs. 3.000.000,00 (vieja denominación del signo monetario nacional), que el demandante atribuye a un adelanto de prestaciones sociales. Así se decide.

   2.7. Con la marca "F" (folio 162 PPE), original de una autorización de acceso de visitantes expedido por C. V. G. Bauxilum. En la audiencia de juicio, el representante judicial de la demandada no impugnó el valor probatorio del medio bajo consideración. En razón de ello, este juzgador le atribuye pleno valor probatorio con fundamento en lo establecido por los artículos 10, 72 y 118 LOPTRA y con él da por demostrados los siguientes hechos: i) que el codemandante J.P. fue autorizado por C. V. G. Bauxilum para acceder al área de planta en Los Pijiguaos en las horas indicadas en la autorización; ii) que esa autorización fue expedida con vigencia desde el 7 de febrero de 2006, hasta el 30 de marzo del mismo año; iii) que el autorizado procedía de ANDREA. De los hechos así establecidos concluye este juzgador que el señor PINTO fue autorizado para acceder al área de planta, no por ser empleado de C. V. G. Bauxilum, sino por ser trabajador al servicio de la demandada, pues fue en razón de ella que se le concedió la autorización de acceso, con lo cual se ratifica la existencia de un vínculo de trabajo entre accionante y demandada. Así queda resuelto.

   2.8. Con la marca "G" (folios 163 al 167 PPE), 5 originales de pases de visitantes expedidos por C. V. G. Edelca. En la audiencia de juicio, el representante judicial de la demandada impugnó el valor probatorio de los cinco instrumentos bajo análisis. En consecuencia, tratándose los mismos de documentos emanados de un tercero que no es parte en el asunto, ni causante del mismo, el promovente debió traer a la causa al firmante de los mismos para que los ratificara mediante testimonio. Al no haber procedido así, no ajustó su conducta probatoria a lo establecido por el artículo 79 LOPTRA, razón por la que este sentenciador le niega todo valor probatorio a los mencionados instrumentos. Así se deja establecido.

   2.9. Con la marca "H" (folio 206 PPE), 2 fotocopias de carnés presuntamente expedidos por C. V. G. Edelca (Tocoma) y 3 originales de otros carnés en los que aparece el logo y denominación comercial de C. V. G. Edelca, con la indicación Tocoma. En la audiencia de juicio, el representante judicial de la demandada impugnó el valor probatorio de los cinco instrumentos bajo análisis, aduciendo que no emanaron de la demandada.

   En el mismo escrito de promoción de medios probatorios, los accionantes promovieron también se solicitara a C. V. G. Edelca (Proyecto Tocoma) informe sobre los siguientes hechos: i) si dentro de los vehículos de carga que laboraron en el proyecto en el año 2005 y hasta el mes de julio de 2006, estuvieron los distinguidos con las placas 52Z-MBB y 22A-MBC; ii) si en los mismos períodos laboraron en el proyecto los codemandantes de autos; iii) si el Departamento de Seguridad Física de las instalaciones de C. V. G. Edelca (Proyecto Tocoma), expidió pases a los dos copretensores, a quienes dotó con carnés de identificación y pases para la obra; iv) si el Consorcio V. I. T (Vinncler, Impregilo y Tonoro) fue contratista en el proyecto; y v) si lo trabajadores al servicio de las contratistas en el proyecto son o fueron amparados por las previsiones normativas de la convención colectiva de la industria de la construcción. Este medio fue admitido por el juez de juicio, quien ofició lo conducente. Hace el folio 312 PPE la respuesta de C. V. G. Edelca, el cual este sentenciador aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 81 LOPTRA. Con el informe en cuestión quedó probado en causa: i) que durante 2005 y hasta julio de 2006, los codemandantes laboraron al servicio de ANDREA —subcontratista del Consorcio VIT Tocoma— en las instalaciones de la Central Hidroeléctrica M.P. que se construía en Tocoma; ii) que el Departamento de Seguridad Física de C. V. G. Edelca dotó de pases de obra a los vehículos propiedad de ANDREA, para que pudieran acceder a la zona de construcción de la represa: iii) que en el mismo sentido dotó de carnés de identificación para permitir acceso a la obra a los trabajadores de ANDREA, estando entre ellos los dos copretensores de autos; y iv) que los trabajadores de las nóminas diarias de las diferentes contratistas, son o eran beneficiarios de la convención colectiva de la industria de la construcción.

   Constando en autos que ciertamente C. V. G. Edelca dotó a los codemandantes de carnés y pases para la zona de construcción de la Central Hidroeléctrica M.P. (Tocoma), este sentenciador aprecia y valora en todo su vigor probatorio los carnés que están agregados al folio 206 PPE, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 72 LOPTRA, quedando demostrado en autos con ellos y el informe presentado por C. V. G. Edelca que los dos codemandantes prestaron servicio para ANDREA en el área de construcción de la central hidroeléctrica antes mencionada. Así queda resuelto.

   2.10. Con la marca "I" (folios 187 y siguientes PPE), 7 fotocopias de presuntos tiques de viajes extendidos por la Superintendencia de Operaciones de la M.P.d.C., C. V. G. Bauxilum, Los Pijiguaos. Este sentenciador no le atribuye valor probatorio a los tiques en cuestión porque su autenticidad no fue regularmente establecida en causa. Así se decide.

   2.11. Con la marca "J" (folios 194 al 205 PPE), 12 relaciones manuscritas sobre los seriales correspondientes a cada uno de los viajes realizados por el codemandante J.P., los cuales listan los tiques de viajes analizados en el punto anterior. Como la relación no emanó de la parte demandada y fue elaborada por el propio codemandante, conforme lo establecido en el artículo 1.368 CC no puede surtir ningún efecto probatorio contra ADREA. Así se deja establecido.

   2.12. Promovió como medio de prueba la solicitud de informe a la Superintendencia de Operaciones en M.P.d.C.d.C.V.G.B. (Los Pijiguaos), para que acercara al procedimiento la totalidad de las guías de despacho terrestre que fueron entregadas a ANDREA el año 2005 y hasta julio de 2006, respecto a los vehículos de su propiedad identificados con las placas 52Z-MBB y 22A-MBC, con indicación de los conducidos por los accionantes en causa; así como para que informara al tribunal de juicio sobre los tiques de viaje listados en el escrito de promoción de medios de prueba (folios 158 vuelto al 159 vuelto PPE). Admitido el medio bajo examen, se ofició lo conducente. La respuesta de C. V. G. Bauxilum hace los folios 276 al 296 PPE, la cual este sentenciador aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 81 LOPTRA. Del medio así valorado se desprende: i) que ANDREA si realizó actividades en la Mina hasta Pie de Cerro en Los Pijiguaos los años 2005 y 2006; ii) que mientras ejecutó esas actividades, C. V. G. Bauxilum certificó los boletos de viaje, mas no los nombres de los conductores por no ser interés de la empresa; iii) que no se generaron guías de despacho, pero si un control de camiones, el cual anexaron a la información. Dado que este medio no acreditó si los codemandantes realmente prestaron servicio para ANDREA, aun cuando tampoco negó la veracidad del hecho, este sentenciador no le atribuye ningún mérito probatorio para los fines del tema de decisión. Así queda resuelto.

   2.13. Promovió como medios de prueba la solicitud de informes a Banco Guayana y Consorcio VIT (Vinncler, Impregilo y Tonoro), para dejar constancia de particulares listados en el escrito de promoción. El medio fue admitido por el juez de juicio y se ofició lo conducente, más los entes requeridos no dieron respuesta a lo solicitado por el tribunal, razón por la que no hay medios que valorar. Así se deja decidido.

   2.14. Promovió los testimonios de los ciudadanos EDUS SÁNCHEZ, L.L., R.M., J.C.R., M.F., H.V., J.G.C. y W.C.. Solo compareció a la audiencia de juicio para rendir testimonio el ciudadano R.M., quien interrogado por la representación judicial de los promoventes, respondió: i) que conocía a los demandantes, pues trabajó junto con ellos en ANDREA; y ii) que los trabajadores al servicio de la demandada están o estaban amparados por la convención colectiva de la industria de la construcción. Contrainterrogado, dijo: i) que acudió al tribunal para rendir declaración; y ii) que el 19 de septiembre de 2005 no era trabajador al servicio de ANDREA, razón por la que no le podían constar hechos ocurridos en la empresa para esa fecha. Para quien sentencia: i) el testigo concuerda con pruebas instrumentales ya valoradas que acreditan que ciertamente entre los demandantes y la demandada existieron las relaciones de trabajo alegadas por los copretensores; ii) no hay circunstancia en autos que hagan desmerecer la confianza del testigo frente a este sentenciador; iii) el testigo no es inhábil, pues en autos no obra prueba alguna que lo inhabilite; iv) para quien sentencia el testigo dijo la verdad al responder los interrogatorios a los que fue sometido, no incurriendo en contradicción alguna. Por tal virtud se aprecia y valora su testimonio conforme las reglas de la sana critica y de conformidad con lo establecido en el artículo 508 CPC. Así se deja resuelto.

   V

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Pasa este sentenciador a resolver la apelación que trajo este asunto al conocimiento de la alzada, en el entendido que su actividad versará sólo sobre los puntos delimitados por la parte demandada (apelante) en la audiencia pública y oral de esta instancia.

1. PUNTO PREVIO.

   En la audiencia de apelación, la representación judicial de la recurrente denunció que el sentenciador de primer grado incurrió en error de juzgamiento, pues violando lo establecido por el artículo 79 eiusdem dio por demostrada la relación de trabajo alegada por los accionantes con informes emanados de terceros que no son parte en este asunto, informes que no fueron ratificados en causa. Fundamentó la denuncia en el artículo 168.2 LOPTRA.

   Debe este juzgador precisar —como punto previo— que erró el apelante cuando fundamentó su denuncia en un dispositivo que solo obra para el recurso de casación, encontrándose el asunto en fase de apelación ante este Juzgado Superior. Por consiguiente, deviene inaplicable para el trámite del recurso de apelación lo establecido en la norma precitada. Así queda decidido.

2. LA FALTA DE CUALIDAD PASIVA INVOCADA AL DARSE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

   Delató en la audiencia la representación judicial de la recurrente que el iudex a quo no se pronunció sobre la falta de cualidad pasiva que se alegó al darse la contestación de la demanda, con lo cual violó el artículo 243.5 CPC.

   Está expresado en la contestación de la demanda (folios 208 al 224 PPE):

   1. Que la demandada no tiene el carácter que se le atribuye en la demanda, pues nunca fue patrono de los demandantes.

   2. Que por esa circunstancia carece de cualidad pasiva para estar en esta causa.

   El ordenamiento jurídico (Derecho objetivo) está conformado por imperativos hipotéticos representados por normas generales y abstractas que fijan reglas de conducta a los coasociados y protegen tanto los intereses individuales de los justiciables, como los colectivos y difusos. Cuando en la vida social se suceden hechos o situaciones específicas enmarcables en una de las especies previstas en la norma general, ellos obran sobre la voluntad de la ley y transforman la situación abstracta, general e hipotética en una situación concreta, específica y categórica con los efectos de constituir, modificar o extinguir relaciones o estados jurídicos (Cfr. L.L., Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad, Ensayos Jurídicos, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1987, pp. 205).

   Ahora bien, cuando el justiciable plantea pretensiones a través de la demanda, no hace otra cosa que narrar hechos o situaciones que, en su descripción ideológica, le sirven para derivar unilateralmente de ellos —y, por consiguiente, fundar— la pretensión de tutela con la que aspira se le dé preeminencia sobre los intereses de su contraparte. Con ese proceder, traslada al proceso, en su propia versión, lo que en su concepto se suscitó antes en la vida de relación de la cual forma parte como integrante del todo social, evento que, como razón de su pretensión, no se reconoce como vulnerador de su derecho subjetivo (Cfr. Loreto. o. c., p. 206).

   Se aprecia entonces que debe acontecer un evento específico de trascendencia jurídica para que surja en la esfera de derechos del justiciable el poder de instar la jurisdicción, lo cual supone, en un orden lógico de las cosas, que ese evento motorizador de la voluntad de la ley hace nacer en aquel el interés jurídico procesal de instar la jurisdicción en procura de un pronunciamiento judicial que satisfaga su pretensión. Dicho de otra manera, no podrá acceder a la jurisdicción quien no tenga interés. Por ello, sin interés no hay acción, lo cual constituye un principio clásico de notoria universalidad que, aunado al principio de la bilateralidad de las partes, transforma su enunciado en la necesidad de interés para que haya excepción por parte del demandado. Esa presentación bifronte advierte que el interés es un requisito indispensable para que se dé satisfacción por medio de una sentencia judicial tanto a lo pretendido por el demandante, como a lo perseguido por el demandado con el medio de defensa utilizado. Es decir, se vincula el interés estrechamente con la necesidad de recurrir a la jurisdicción por ambas partes (actor y demandado) a fin de que el órgano judicial rompa la situación jurídica que tenían antes del proceso (Cfr. Roland Arazi, La legitimación como elemento de la acción, La legitimación - Homenaje al Profesor Doctor L.E.P., p. 30).

   Ahora, así como el interés es condicionante de la acción, de modo que quien no tenga interés no tiene acción (o en lenguaje científico de mayor aceptación, no tiene poder para instar la jurisdicción), en una secuencia lógica se afirma, como efecto inmediato, que sin acción no hay cualidad, es decir, quien no tenga derecho tutelable carece de poder para excitar la jurisdicción, y si lo intenta, carecerá de cualidad para pretender la tutela judicial contra el demandado.

   En orden a la legitimatio ad causam se discute, en el plano de la cualidad activa, si el sujeto tiene la pertenencia o la titularidad del derecho subjetivo o del poder jurídico cuya tutela se persigue; y desde el ángulo de la cualidad pasiva, si existe vinculación del demandado al deber jurídico imputado por el actor.

   Se tiene concebida la legitimación jurídica general como «una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quien se concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera» (Loreto. o. c., p. 183). Trasladado el concepto al plano procesal, se sostiene que la cualidad para obrar o contradecir en el proceso es la «relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada, y la persona abstracta a quien la ley concede la acción; y de identidad lógica entre la persona del demandado, concretamente considerada, y la persona abstracta contra quien la ley concede la acción», de modo que, «toda persona que se afirme titular de un interés jurídico propio [aclaramos que no el interés procesal sino el material o sustancial], tiene cualidad para hacerlo valer en juicio (cualidad activa), y toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez cualidad para sostener el juicio (cualidad pasiva)» (Loreto, o. c.. pp. 184 y 188. En el mismo sentido la doctrina italiana: vid. Chiovenda por todos).

   Sin embargo, el asunto de la cualidad no se resuelve siempre, necesaria y positivamente con la simple afirmación del actor, pues bastará que el demandado la cuestione para que deba el juez considerar dicha objeción y resolver el planteamiento, para lo cual deberá analizar el alegato impugnador y las pruebas que se aporten para negar la cualidad, como las que se aporten para sostenerla.

   Precisado el contexto de la cualidad, no duda este juzgador en afirmar que ANDREA sí está legitimada pasivamente para estar en causa, pues, habiéndose establecido ya la existencia de la relación de trabajo invocada por los accionantes, es incuestionable la existencia en el caso concreto de la identidad lógica entre quienes pretenden en este asunto como las personas a quienes la ley concede el derecho o poder jurídico; y la demandada ANDREA como la persona contra quien se concede dicho poder y con ese carácter se ejercita en su contra. Así se decide.

   Queda así desestimada la defensa de ANDREA en cuanto a su falta de cualidad pasiva para esta causa. Así queda establecido.

3. SOBRE LA PRESUNTA CONTRADICCIÓN DEL TESTIGO R.M..

   Sostuvo en la audiencia oral la representación judicial de la apelante, que al valorar el único testimonio que obra en autos, el a quo concluyó que no se contradijo, cuando ocurrió de modo diferente, pues al responder a una pregunta del contrainterrogatorio dijo no saber o no recordar sobre unas fechas planteadas en la repregunta, además, que el testigo aseguró constarle que todos los trabajadores al servicio de la demandada se regían por la convención colectiva de la industria de la construcción.

   Vista y oída por este sentenciador la videograbación de la audiencia de juicio (folio 330 PPE), pudo constatar —como ya lo expresó al apreciar y valorar su testimonio— que el ciudadano R.M. no incurrió en ninguna contradicción, pues fue firme al sostener que conoció a los demandantes por haber laborado junto con ellos al servicio de ANDREA, que todos los trabajadores de esa empresa estaban cubiertos por la convención colectiva de la industria de la construcción y que solo podía dar testimonio sobre hechos que ocurrieron después de su ingreso a la empresa, lo que ocurrió en fecha posterior al 19 de septiembre de 2005. El testigo, más bien, confirmó con su dicho que entre la demandada y los demandantes existieron las relaciones de trabajo por ellos invocadas en el escrito de demanda y que persistentemente negó la accionada, relaciones que resultaron demostradas por medios instrumentales que hacen folio en el expediente y que este sentenciador ya apreció y valoró en ese sentido. Así se decide.

4. SOBRE LA VALORACIÓN DE MEDIOS INSTRUMENTALES QUE OBRAN EN AUTOS.

   Denunció la representación judicial de la accionada que el a quo valoró una autorización de viaje y órdenes para abrir cuentas bancarias que fueron desconocidas y tachadas, así como informes emanados de terceros que no fueron ratificados testificalmente por quienes los suscribieron.

   No encuentra quien sentencia que el sentenciador de primer grado incurrió en ningún vicio cuando valoró la autorización de viaje que hace el folio 341 PPE —ya valorada antes por quien sentencia—, pues la autenticidad de dicha autorización quedó plenamente validada por la pericia cuyo informe hace los folios 338 al 340 PPE, pericia esa que dejó sin efecto la negación de la firma que planteó el apoderado apelante. Consiguientemente, este sentenciador desestima la denuncia bajo examen y confirma la eficacia probatoria de la autorización de viaje ya mencionada. Así se deja decidido.

   En cuanto a que el a quo valoró incorrectamente los informes remitidos a solicitud de la parte accionante y por pedimento del juzgado de juicio, los cuales hacen los folios 276 al 296; y 312 de la PPE, este sentenciador observa:

   En criterio del apelante, los informes que se incorporen al procedimiento conforme lo establecido en el artículo 81 LOPTRA, deben ser —luego de su anexión a los autos— ratificados mediante testimonio de quienes lo suscriban. Tal criterio es absolutamente errado, pues una cosa es el instrumento emanado de tercero que se aporte por alguna de las partes para que surta, por su propio mérito, valor probatorio en causa, el cual sí debe ser ratificado testificalmente (como lo ordena el artículo 79 LOPTRA); y otra es el informe que se requiera en los términos del señalado artículo 81. Se trata de dos medios autónomos de prueba, con propia virtualidad cada uno. Por tanto, no puede exigirse que los informes solicitados a los entes señalados en el artículo 81, deban luego ser ratificados testificalmente en los términos del artículo 79, pues de aceptarse tal tesitura quedaría desnaturalizado el medio probatorio de informes, cuya autonomía demostrativa está claramente establecida por la ley, con tolerancia indiscutible de su autenticidad. Así se deja establecido.

5. CONCLUSIÓN.

   Estando establecido de manera indubitable para este juzgador que entre los accionantes y la demandada sí existieron las relaciones de trabajo alegadas por ellos en el escrito de la demanda y negada por la accionada al dar contestación a la misma, debe quien sentencia pronunciarse sobre el objeto de lo pretendido por ambos demandantes.

   VI

   ALEGATOS DE LAS PARTES

   Los alegatos de las partes son los siguientes:

1. ACCIONANTES EN EL ESCRITO DE DEMANDA.

   1. Que ingresaron a prestar servicios para ANDREA como conductores de vehículos pesados, el 19 de septiembre de 2005, J.P.; y el 15 del mismo mes y año J.J..

   2. Que ANDREA se dedica a prestar servicio de transporte.

   3. Que lo prestó a favor de C.V.G. Bauxilum (transportando bauxita desde la mina hasta Pie de Cerro en Los Pijiguaos, Municipio Cedeño de este Estado; que también lo prestó esporádicamente en viaje hacia el centro del país, transportando cargas de diversa índole; finalmente, que fue subcontratada por el Consorcio VIT (Vinncler, Impregilo y Tonoro), para prestar el servicio en la construcción de la Central Hidroeléctrica M.P. (Tocoma).

   4. Que devengaron salarios variables y que los cubría la convención colectiva de la industria de la construcción vigente desde el 1 de febrero de 2003.

   5. Que el codemandante J.J. fue despedido sin causa justificada el 27 de junio de 2006; y que el copretensor J.P. renunció el 25 de junio de 2006 porque el patrono retrasaba el pago de sus salarios.

   6. Que para la fecha de la demanda (fue presentada el 3 de mayo de 2007), la presente accionada no les había cancelado las prestaciones sociales que les corresponden por terminación de la relación laboral.

   7. Que el codemandante J.J. prestó servicios para ANDREA por 9 meses, 12 días (desde el 15 de septiembre de 2005, hasta el 27 de junio de 2006).

   8. Que pretende la cancelación de Bs. 5.128.605,90, por concepto de 45 días de antigüedad; Bs. 4.462.919,70, por concepto de vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado, conforme la cláusula 24 de la convención colectiva de la industria de la construcción); Bs. 6.073.236,00, por concepto de utilidades conforme la cláusula 25; Bs. 3.840.760,50, por concepto de indemnización adicional de antigüedad por despido injustificado; Bs. 3.840.760,50, por concepto de indemnización sustitutiva del preaviso; y Bs. 3.183.999,98, por concepto de días de descanso no cancelados, según lo establecido en el artículo 216 de la Ley Orgánica del Trabajo (en lo sucesivo mencionada con las siglas LOT). El total de lo pretendido suma la cantidad de Bs. 25.586.372,78, de los cuales acepta se deduzcan Bs. 3.000.000,00, que confiesa haber recibido como parte de sus prestaciones sociales.

   9. Que el codemandante J.P. prestó servicios para ANDREA por 9 meses, 7 días (desde el 19 de septiembre de 2005, hasta el 26 de junio de 2006).

   10. Que pretende la cancelación de Bs. 5.686.703,30, por concepto de 45 días de antigüedad; Bs. 2.660.364, por concepto de vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado, conforme la cláusula 24 de la convención colectiva de la industria de la construcción); Bs. 6.303.687,03, por concepto de utilidades conforme la cláusula 25; Bs. 3.488.666,64, por concepto de días de descanso no cancelados, según lo establecido en el artículo 216 LOT; y Bs. 2.428.331,64, por concepto de salarios retenidos. El total de lo pretendido suma la cantidad de Bs. 20.567.752,61.

2. ACCIONADA EN EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Como punto previo alegó la falta de cualidad para ser parte demandada en esta causa, argumentando que no existió ninguna relación de trabajo entre ella y los accionantes.

   2. Contestó de fondo la demanda insistiendo en la inexistencia de las relaciones de trabajo alegadas por los demandantes, negación en la que hizo descansar el rechazo de todos y cada uno de los hechos afirmados por los accionantes en el escrito de demanda.

3. THEMA DECIDENDUM.

   Con base en los alegatos de las partes, coincide plenamente este sentenciador con el juzgador de primer grado cuando estableció que los límites de la controversia están circunscritos a determinar si los trabajadores laboraron para la accionada; y si resultaren demostradas las relaciones de trabajo, establecer si ANDREA canceló a los demandantes los conceptos por ellos pretendidos, pues al no prosperar la defensa fundamental de la accionada que se limitó a negar las relaciones laborales, quedarían ellas establecidas, debiendo probar la demandada demandados, todo ello con fundamento en lo establecido por el artículo 72 LOPTRA, que establece:

   Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal (énfasis agregado por este juzgador).

   En consecuencia, conforme la distribución del onus probandi que se regula en la norma transcrita, correspondió a los accionantes demostrar la existencia de las relaciones de trabajo que enfáticamente negó la accionada, ello sin desmedro de considerarse la presunción de su existencia.

   Está demostrado en autos —como lo estableció ya este sentenciador— que entre los accionantes y ANDREA existió la relación de trabajo por ellos invocada en el escrito de demanda, lo que es un hecho incontrovertible, tanto por la prueba directa como por el beneficio de la presunción establecida en el encabezamiento del artículo 65 LOT, pues ha quedado evidenciado en el procedimiento que los demandantes sí prestaron servicios personales a favor de la accionada. Por tanto —como ya se dijo— fue absolutamente desmontado el alegato empecinado de ANDREA para negar las relaciones de trabajo invocadas por los accionantes.

   Por consiguiente, evidenciados con claridad los respectivos vínculos laborales de cada uno de los demandantes y teniendo en cuenta que la parte accionada no realizó ninguna actividad probatoria en causa, es forzoso para este sentenciador declarar que ANDREA no probó el pago liberatorio de las obligaciones inherentes a las respectivas relaciones de trabajo de los accionantes, siendo forzoso la estimación por este juzgador de los hechos alegados en el escrito de demanda y la consecuente declaratoria con lugar de las pretensiones de cada uno de los demandantes, todo con fundamento en que las relaciones de trabajo alegadas por los demandantes y negadas por la accionada quedaron probadas en autos con los medios directos de prueba valorados por quien juzga y por la fuerza de la presunción de laboralidad de la prestación de servicios por parte de los mencionados demandantes a favor de la empresa accionada. Así queda decidido.

   Como consecuencia, de lo expuesto, este sentenciador da por cierto los siguientes hechos alegados por los demandantes:

   1. Que el demandante J.A.P. ingresó a prestar servicios para ANDREA el 19 de septiembre de 2005 y que dejó de hacerlo el 26 de junio de 2006, fecha en que presentó su renuncia, durando su prestación de servicios 9 meses y 7 días.

   2. Que el pretensor J.R.J.G. ingresó a laborar el 15 de septiembre de 2005 y dejó de hacerlo el 27 de junio de 2006, fecha en que fue despedido sin causa justificada, durando su prestación de servicios 9 meses y 12 días.

   3. Que la demandada presta el servicio de transporte de carga.

   4. Que la accionada prestó servicio a favor de C. V. G. Bauxilum, transportando mineral de bauxita en Los Pijiguaos (Municipio Cedeño de este Estado), desde la mina que explota la mencionada empresa estatal, hasta Pie de Cerro.

   5. Que también prestó servicio —por subcontrato— a favor del Consorcio VIT (Vinncler, Impregilo y Tonoro), en las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica M.P. en la zona conocida con el nombre Tocoma.

   6. Que los demandantes, esporádicamente, realizaron transportes de carga al centro del país.

   7. Que devengaron salarios variables y que mientras prestaron servicios para ANDREA, estuvieron cubiertos por la convención colectiva de trabajo de la industria de la construcción, vigente desde el 1 de febrero de 2003.

   8. Que la empresa demandada adeuda al demandante J.A.P. la cantidad de Bs. F. 20.567,76 por los siguientes conceptos y cantidades:

      8.1. La suma de Bs. F. 5.686,71, por concepto de 45 días de antigüedad, según lo establecido por el artículo 108 LOT.

      8.2. La suma de Bs. F. 2.660,36, por concepto de vacaciones y bono vacacional fraccionados (9 meses completos de servicios), según la cláusula 24 de la convención colectiva de la industria de la construcción vigente para la fecha en que prestó servicios el accionante.

      8.3. La suma de Bs. F. 6.303,69, por concepto de utilidades fraccionadas (9 meses completos de servicios), según la cláusula 25 de la convención colectiva de la industria de la construcción vigente para la fecha en que prestó servicios el accionante.

      8.4. La suma de Bs. F. 3.488,67, por concepto de días de descanso no cancelados, conforme lo establecido en el artículo 216 LOT.

      8.5. La cantidad de Bs. F. 2.428,33, por concepto de salarios retenidos.

   9. Que ANDREA adeuda al pretensor J.R.J.G. la cantidad de Bs. F. 26.530,30 (menos Bs. 3.000.000,00 que declaró haber recibido ya de la demandada) por los siguientes conceptos y cantidades:

      9.1. La suma de Bs. F. 5.128,61, por concepto de 45 días de antigüedad, según lo establecido por el artículo 108 LOT.

      9.2 La cantidad de Bs. F. 4.462,92, por concepto de vacaciones y bono vacacional fraccionados (9 meses completos de servicios), según la cláusula 24 de la convención colectiva de la industria de la construcción vigente para la fecha en que prestó servicios el accionante.

      9.3. La suma de Bs. F. 6.073,23, por concepto de utilidades fraccionadas (9 meses completos de servicios), según la cláusula 25 de la convención colectiva de la industria de la construcción vigente para la fecha en que prestó servicios el accionante.

      9.4. La cantidad de Bs. F. 3.840,77, por concepto de 30 días de indemnización adicional de antigüedad, conforme lo establecido en el artículo 125.2 LOT.

      9.5. La cantidad de Bs. F. 3.840,77, por concepto de 30 días de indemnización sustitutiva del preaviso, conforme lo establecido en el artículo 125.b) LOT.

      9.6. La suma de Bs. F. 3.184,00, por concepto de días de descanso no cancelados, conforme lo establecido en el artículo 216 LOT.

      9.7. Que a la suma de todas las cantidades debidas al accionante J.J. (Bs. F. 26.530,30) se le debe descontar la cantidad de Bs. F. 3.000,00 que ya recibió como anticipo de sus prestaciones sociales, para un neto a pagar de Bs. F. 23.530,30.

      En consecuencia, en el dispositivo de esta decisión se condenará a la demandada a cancelar la suma total de Bs. F. 44.098,06, suma de lo debido a ambos demandantes, en el entendido que al accionante J.A.P. deberá cancelar la cantidad de Bs. F. 20.567,76 y al pretensor J.R.J.G. la suma de Bs. F. 23.530,30. Así se deja decidido.

      Precisa este sentenciador que la suma que se condenará a pagar difiere —en mayor cantidad— de la condenada por el iudex a quo en virtud que incurrió dicho sentenciador en un error material al sumar las cantidades adeudadas al codemandante J.R.J.G. que el a quo ordenó pagar. En razón de ello no se produce reformatio in peius, pues se trata tan solo —como se dijo— de la corrección de un error material en la sumatoria aludida. Así queda resuelto.

      VII

      DECISIÓN

      Por todos los razonamientos que anteceden, este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar (sede Ciudad Bolívar), en ejercicio de la potestad de administrar justicia que emana de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA: