Decisión nº 029-2011 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Marzo de 2011

Cincuenta y un (51) cargamentos conformado por equipos de computación y de perforación, ingresaron por la Aduana de Guanta- Puerto La Cruz, durante los meses de Agosto de 1997 a Julio de 1998. Sin embargo, practicado a cada una de las importaciones el reconocimiento de ley, según los funcionarios reconocedores, la mercancía importada no gozaba de la exoneración del pago del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, basando dicho criterio en el contenido de la P.A. N° 261, la cual responde a la solicitud que efectuare la contribuyente en fecha 09 de Mayo de 1997, ante la Superintendencia Nacional Tributaria, Unidad de Exoneraciones, para que se le concediera la exoneración del pago de dicho Impuesto de las mercancías a importar.

Mediante la P.A. N° 261, en su respectivo anexo GGDT/UE/0003-B, los bienes importados por la recurrente no gozan del beneficio de la exoneración, por lo que la Gerencia de la Aduana de Guanta-Puerto La Cruz, y ordenó se liquidará el correspondiente impuesto.

En fechas 18, 21 y 22 de mayo de 1998, la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta, Estado Anzoátegui, emite las Planillas de Liquidación de Gravámenes Nos. 2648-01-0732 (Formulario H-97-0098600), emitida en fecha 18 de mayo de 1998, por concepto de la importación de puentes y partes, por un monto de Bs. 3.239.854,08; Nº 2839-01-0749 (Formulario Nº H-97-0098632), del 21 de mayo de 1998 y notificada en fecha 22 de mayo de 1998, por concepto de la importación de bridas, tubos de plástico, tornillos y pernos, por un monto de Bs. 3.187.038,10; Nº 2855-01-0757 (Formulario Nº H-97-0098639), emitida en fecha 22 de mayo de 1998, por concepto de la importación de codos, reductores concéntricos de acero al carbono, por un monto de Bs. 1.592.447,14 y la Nº 2892-01-0759 (Formulario H-97-0098620), emitida en fecha 22 de mayo de 1998, por concepto de la importación de cadenas de anclaje y grillos, por un monto de Bs. 118.521.062,79, emitidas todas ellas por la Aduana de Guanta, Puerto la Cruz, Estado Anzoátegui; todos en materia de Impuesto a las Ventas al Mayor; siendo presentando contra dichos actos Recurso Jerárquico, el 18 de junio de 1998, ante prenombrada Gerencia.

Habiendo transcurrido el lapso para sustanciar y decidir el Recurso Jerárquico, es decir, 4 meses contados a partir de la fecha de su interposición, PETROLERA ZUATA, PETROZUATA, C.A. ejerció en fecha 19 de noviembre de 1998, el presente Recurso Contencioso Tributario.

Estando en etapa de decisión el presente expediente, a partir del 17 de septiembre de 1999, la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), emitió en fecha 31 de agosto de 1999 Resolución HGJT-4878, mediante la cual decidió el Recurso Jerárquico, declarándolo Sin Lugar y confirmando la Planilla recurrida.

II

ALEGATOS DE LAS PARTES

1. -De la recurrente:

   INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO Nº 2398 POR LIMITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA POR MEDIO DE LA EXIGENCIA DE PREVIO AFIANZAMIENTO DEL MONTO DEL TRIBUTO DETERMINADO EN LOS ACTOS RECURRIDOS

   En virtud a la inconstitucionalidad del principio denominado “solve et repete”, la recurrente destacó que la normativa contenida en el parágrafo primero del artículo 1 y 7 (numeral 3) del referido Decreto 2.398 de fecha 4 de febrero de 1998, de ser interpretada en forma que exigieron el pago de la obligación tributaria o el caucionamiento por los tributos controvertidos, serían disposiciones inconstitucionales e ilegales, por limitar el derecho de acceso a la justicia de su representada y por tanto resulta su desaplicación a tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución de la República (sic).

   Declarada como ha sido por la Corte Suprema de Justicia la aplicación preferente del artículo 68 de la Constitución de la República y, visto que el artículo 46 ejusdem prohíbe a los funcionarios públicos la aplicación de actos del Poder Público que menoscaben derechos constitucionales, so pena de incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativa, la Gerencia Jurídico-Tributaria del SENIAT debió, en los actos que impugnaron liberar a la empresa recurrente del requisito de afianzar a favor del Fisco Nacional para las obligaciones tributarias cuyo pago fue impuesto a su representada so pena de encontrarse dispensada del pago de impuesto a las ventas al mayor en los términos no sólo del decreto Nº 2.398 de fecha 4 de febrero de 1998, sobre el Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor en materia de Beneficios Fiscales, en cuanto a su aplicación del beneficio fiscal de la exoneración y de la Remoción conjunta del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Energía y Minas de fecha 1 de abril de 1998 identificada con el Nº 3877-A-105, sino también del artículo 59 de la vigente Ley de Impuesto a las ventas al Mayor.

   INMOTIVACIÓN

   Al respecto, indican los apoderados de la recurrente, que el acto recurrido se encuentra viciado por carecer de la motivación suficiente que permita a PETROZUATA una adecuada defensa dentro del desarrollo de la garantía constitucional de acceso a la justicia y del derecho a la defensa, de igual rango constitucional, debido a que en los actos administrativos objetos de impugnación, sólo se hace referencia a la obligación por parte de la recurrente de pagar el Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor según lo previsto en la Ley. Menciones estas de las cuales PETROZUATA aduce no puede derivar las razones de hecho ni de derecho en las cuales se fundamenta tal actuación administrativa.

   En tal sentido concluye que las planillas impugnadas se encuentran inmotivadas y por tanto procede su anulabilidad por este Tribunal de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 9 y 18 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo y 149 del Código Orgánico Tributario, y así solicita sea declarado.

   VICIO EN LA CAUSA

   La determinación del impuesto a las ventas al mayor en los actos recurridos, corresponde a una errónea apreciación de la situación de hecho de su representada, y que fuesen subsumidos en la ahora vigente Decreto Nº 2.398, así como a una errada interpretación de la base legal aplicable, en los términos indicados.

   INMOTIVACION vis a vis VICIO EN LA CAUSA

   Aduce que los requisitos sustantivos para la procedencia de la exoneración fueron cumplidos, excepción hecha del pago de impuesto o su afianzamiento, por lo que, a pesar de no estar en presencia de actos suficientemente motivados, las razones por las cuales la empresa estaría comídala al pago de la Planillas recurribles si la Administración consideró que: los bienes importados no configuran bienes de capital, con lo cual incurriría en un error en la apreciación de los hechos y/o el goce de la exoneración se encuentra limitado a la emisión “aprobación” de la exoneración del pago del impuesto a las ventas al mayor en los términos del Decreto Nº 2.398 y de la Resolución Conjunta emanada del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Energía y Minas, con lo que incurriría en un error en la interpretación de la base legal.

   ERRONEA APRECIACIÓN DE LOS HECHOS Y ERRONEA INTERPRETACIÓN DE LA BASE LEGAL

   Sin perjuicio de la inmotivación previamente denunciada, señala que los actos recurridos se encuentran viciados en su causa, por cuanto la determinación del Impuesto a las Ventas al Mayor en ellos contenidas sólo podrían derivarse de una errónea apreciación de los hechos, por tratarse de bienes de capital destinados a un proyecto exonerado por lo que las Planillas recurridas están viciadas de nulidad relativa de acuerdo a la disposición establecida en el artículo 20 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

   Incurrió igualmente en una errónea interpretación de la base legal correspondiente al nacimiento de la obligación del pago de impuesto a las ventas al mayor y su dispensa, las cuales no configuraban en caso alguno la lectura del Decreto 2.398 de fecha 4 de febrero de 1998, sino que se extendían, necesariamente al Artículo 59 Numeral 3 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor y a las normas del Código Orgánico Tributario relativas a exoneraciones así como a su base de rango constitucional.

   Asimismo considera una errónea interpretación ya que no se evidencia que el artículo 7 colide con los artículos 4 y 67 del Código Orgánico Tributario, por lo que mal puede aducirse una posible colisión de dichas normas y sostener la vigencia del artículo en referencia hasta que se produzca su declaratoria de nulidad por los Órganos Jurisdiccionales, cuando el mismo debe interpretarse dentro de principios de congruencia y consistencia con el sistema de normas aplicables al ejercicio del Poder Tributario por el Poder nacional, al marco de principios de dogmática constitucional tributaria.

   Afirma, dentro del marco referencial expuesto, que deben interpretarse los supuestos de exoneración de pago de Impuesto a las Ventas al Mayor previstos en el artículo 59 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, viciando tal situación a los actos, de nulidad relativa de conformidad con la disposición contenida en el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

2. -De la Administración Tributaria:

   INADMISIBILIDAD

   En el presente caso aduce, el abogado fiscal, que los apoderados de la recurrente, por vía separada intentaron en fecha 21 de agosto de 1997, el Recurso Contencioso Tributario contra la parte que le resultó desfavorable del acto administrativo de contenido tributario expuesto en la P.A. N° 261, el cual fue declarado inadmisible por el Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario, según sentencia interlocutoria N° 77/97; y, en virtud de haber desistido la contribuyente de la apelación ejercida, la P.A. en cuestión quedó firme; por lo tanto no puede, entonces, por una vía alterna replantear la revisión jurisdiccional de la misma.

   Concluye, este punto, señalando que las Planillas de liquidación de Gravámenes no son sino la materialización o la ejecución del contenido de la Providencia en cuestión, si la Providencia origen de las Planillas objeto de controversia a la presente fecha, ha quedado definitivamente firme, éstas deben ser declaradas firmes.

   INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO Nº 2.398 POR LIMITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA POR MEDIO DE LA EXIGENCIA DE PREVIO AFIANZAMIENTO DEL MONTO DEL TRIBUTO DETERMINADO EN LSO ACTOS RECURRIDOS

   Respecto a la errada interpretación de la disposición controvertida, sostiene el mandante de la República la cual lo justificable del criterio, ya que en el referido Decreto se establecen presupuestos procesales para el ejercicio de los medios de impugnación que tienen los contribuyentes a su alcance, el mencionado Decreto solo dispone los requisitos a cumplir para el disfrute de los beneficios fiscales acordados, lo cual no constituye ninguna limitación para el acceso a la justicia; consagrado al artículo 68 de la Constitución de la república, toda vez que pudo utilizar, como en efecto lo hizo, los Órganos de administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses sin que se le hayan puesto restricciones de ninguna índole.

   En cuanto a la prohibición de la aplicación del decreto Nº 2.398, en lo referente a la exigibilidad de la fianza, a tenor de lo previsto en el artículo 46 ejusdem, ya que la fianza exigida en el referido decreto, en ningún modo vulnera los derechos y garantías constitucionales, como lo alegan los representantes de la recurrente.

   INMOTIVACION

   Observa que las planillas de liquidación fueron conocidas por la contribuyente con anterioridad a su emisión, no sólo por el hecho de que con ocasión al presente recurso, planteó argumentos de fondo contra el mismo, que hicieron suponer que conoció en toda su extensión la causa de su dictado, sino también, por el hecho, de que la misma no fue mas que el resultado de una solicitud del destinatario frente al acta de reconocimiento; razón por la cual, resulta contradictorio que la recurrente argumentara el desconocimiento de los motivos causantes de la liquidación del impuesto a las ventas al mayor recurridas.

   Adicionalmente agrega, que la motivación fue conocida mediante un procedimiento iniciado por la contribuyente de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.747, contentivo del reglamento Parcial de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor en materia de Beneficios Fiscales y, de igual forma, los hechos ocurridos se subsumieron correctamente dentro de la normativa aplicable, la cual fue interpretada acertadamente, por lo que no se configuró el falso supuesto alegado.

   DEL SUPUESTO VICIO EN LA CAUSA Y ERRONEA INTERPRETACION DE LA BASE LEGAL

   La Providencia Nº 261 emanada de la Superintendencia Nacional Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria en fecha 18 de julio de 1997, la cual determinó los bienes a importar con ocasión del proyecto de hidrocarburos y podían ser considerados como bienes de capital, fue dictada por un Organismo competente en el ejercicio de las atribuciones conferidas y con estricta sujeción a las normas legales y reglamentarias que prevén la exoneración del referido impuesto, según el procedimiento analizado; razón por la cual, aduce, se encontraba y se encuentra plenamente ajustada a los hechos y al derecho, gozando de una presunción de validez y legalidad, al no lograr ser desvirtuada por la recurrente, por lo que la misma debió ser tomada en cuenta y considerada por los funcionarios de la Administración aduanera, esto fue, excluirla del beneficio de la exoneración a aquellos bienes o servicios que no expresen en sus correspondientes anexos, liquidando el correspondiente impuesto.

   Explica la adecuación del acto administrativo tributario recurrido, al ordenamiento legal que determinaba la exoneración del impuesto al consumo suntuario y las ventas al mayor, resulta evidente la improcedencia de los argumentos en cuanto los vicios de “Inmotivación vis a vis Vicio de la Causa” y “Errónea Interpretación de la Base Legal” que imputaron los representantes de la recurrente a la Planilla de Liquidación de Gravámenes emitida por la Aduana de Guanta.

   IMPROCEDENCIA

   La representación de la República ratificó en todas y cada una de sus partes el contenido de la Providencia N° 261, así como Planillas de Liquidación de Gravámenes, fundamento y razón de la litis planteada y rechaza los alegatos contenidos en el escrito recursorio y, a los fines de la celeridad procesal, los da por reproducidos.

   Considera preciso advertir que en ningún momento se le ha lesionado la esfera jurídica de la recurrente, por cuanto es la propia Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor en su Artículo 59, quien hace las exclusiones de ciertos hechos económicos, con el objeto de precisar mejor la materia gravable de un determinado tributo, tomando en consideración aspectos tales como la actividad, naturaleza y/o finalidad, que realice el sujeto pasivo.

   Explica, a los fines de regular el disfrute del beneficio otorgado, que se establece un procedimiento a seguir por los contribuyentes, consistente en la presentación ante la Administración Tributaria de una solicitud motivada acompañada de toda la información que justifique la procedencia de la exoneración (Artículo 8 del Reglamento de la Ley in comento). Asimismo, el Artículo 9 del Reglamento requiere que, al momento de efectuarse las importaciones de bienes de capital, el interesado deberá consignar, conjuntamente con una copia de la Providencia en la cual la Administración Tributaria se pronuncia sobre la procedencia de la exoneración, una copia del oficio de clasificación arancelaria exigido en el numeral 1 literal e) del Artículo 8.

   Concluye que la Administración Tributaria, mediante la Providencia impugnada no resuelve el caso planteado por la contribuyente, sólo le indica un camino a seguir en la interpretación de la Ley, donde la respuesta dada a la contribuyente jamás le determinó tributo alguno, aplicó sanciones o afectó de cualquier forma los derechos de la recurrente. De esta manera, la única consecuencia derivada es el conocimiento de cómo aplicar a la autoridad fiscal la norma sometida a estudio.

   En este sentido destaca, que los apoderados de la recurrente no cumplieron con el requisito fundamental como lo es identificar con precisión el objeto de su pretensión, simplemente se limitaron a señalar en su escrito recursorio que el mismo fue interpuesto contra la emisión de las planillas de liquidación de gravámenes, aduciendo que los bienes importados cuya exoneración se rechazó, sí gozaban del beneficio previsto en el Decreto N° 1747.

   Agrega, considerando que las planillas impugnadas están bien liquidadas, no adolecen de vicio alguno sujeto al control jurisdiccional, el recurrente conoce perfectamente su fundamentación legal y, por ende, no pueden ser recurridas por vías separadas, la concesión o no de la exoneración no puede ser objeto de controversia en este caso, y menos aún las planillas de liquidación que emanan de la P.A. N° 261 al encontrarse esta última definitivamente firme.

   III

   MOTIVACIONES PARA DECIDIR

   PUNTO PREVIO

1. - DE LA NULIDAD O NO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE EL RECURSO JERARQUICO

   Valga mencionar para este Tribunal, la emisión de la Resolución N° HGJT-4878, del 31 de agosto de 1999, acto administrativo que decide el recurso jerárquico interpuesto en un primer momento contra una serie de Planillas de Liquidación donde se encuentran las Planillas de Liquidación aquí recurridas identificadas con los número 2648-01-0732 (Formulario H-97-0098600); Nº 2839-01-0749 (Formulario Nº H-97-0098632); Nº 2855-01-0757 (Formulario Nº H-97-0098639), y la Nº 2892-01-0759 (Formulario H-97-0098620), recurso administrativo el cual, al no ser resuelto dentro del lapso correspondiente, dio lugar a que la contribuyente acudiera a la sede judicial por vía de silencio administrativo, de conformidad con la normativa prevista en los artículos 171 y 185, numeral 2, del Código Orgánico Tributario de 1994.

   De esta manera, se desprende de autos que dicha Resolución N° HGJT-4878, fue dictada el 31 de agosto de 1999, lo cual implica no sólo que fue emitida con posterioridad a la fecha de interposición del Recurso Contencioso Tributario por vía de silencio administrativo (18 de junio de 1998),

   En efecto, este Tribunal como garante de los derechos y principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, frente al incumplimiento por parte de la Administración Tributaria en decidir oportunamente el Recurso Jerárquico dentro del lapso de cuatro meses que para ello le otorgaba el artículo 170 del aplicable Código Orgánico Tributario de 1994; y con base a lo expuesto, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia reitera en esta oportunidad el criterio acogido en sentencia de fecha 16 de mayo de 2002, número 00647 (Caso: CERVECERIA POLAR, C.A. y CERVECERIA POLAR DEL CENTRO, C.A.), en los términos siguientes:

   Así pues, es menester distinguir entre dos situaciones dependiendo de si el pronunciamiento de la administración es confirmatorio o modificatorio, o revocatorio de los actos impugnados, y del tiempo en que lo emita.

   En el primer caso, a juicio de la Sala, la Administración puede ciertamente producir un nuevo acto confirmatorio o modificatorio de su previo pronunciamiento hasta tanto no sea notificada del recurso contencioso tributario interpuesto ante la autoridad judicial competente, porque de allí en adelante la decisión de la controversia sobre el acto administrativo cuestionado sólo debe corresponder al juez de la causa.

   En el segundo supuesto, esto es, si el pronunciamiento es de carácter revocatorio, puede producirse decisión en cualquier tiempo antes de la sentencia de primera instancia por parte del tribunal de la causa. Lo que no puede hacer la Administración es emitir un pronunciamiento confirmatorio o modificatorio, o revocatorio, aún después de haberse producido la sentencia de instancia, la cual es objeto de apelación, porque ello comprometería evidentemente la majestad de las decisiones judiciales, en perjuicio de la seguridad jurídica que requieren, por igual, tanto los contribuyentes como la propia Administración General y la Tributaria en particular, ya que la apelación ejercida también quedaría nugatoria, y sobre todo la tutela judicial otorgada, en el caso de autos, se tornaría a todas luces, inútil.

   A esta conclusión ha llegado la Sala porque las referidas normativas de los artículos 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como los artículos 150 y ratificado en el 161 del Código Orgánico Tributario promulgados en los mencionados años, no señalan plazo alguno para el ejercicio de la facultad de autotutela que tiene la Administración; en consecuencia, en criterio de esta Sala, la potestad administrativa de decidir en cualquier tiempo debe limitarse o cesar, en este caso concreto, al momento de ser notificada la Administración Tributaria del recurso válidamente ejercido, respecto del mismo asunto controvertido, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, para así evitar conflictos que pudieran producirse por decisiones simultáneas y contradictorias de las autoridades administrativas y judiciales sobre un mismo acto administrativo

   .

   De esta manera, este Órgano Jurisdiccional considera que los efectos de la presente decisión deben extenderse no sólo a las Planillas de Liquidación Nos. 2648-01-0732 (Formulario H-97-0098600); Nº 2839-01-0749 (Formulario Nº H-97-0098632); Nº 2855-01-0757 (Formulario Nº H-97-0098639), y la Nº 2892-01-0759 (Formulario H-97-0098620), sino también a la Resolución N° HGJT-4878, dictada por la Gerencia Jurídico-Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) en fecha 31 de agosto de 1999, ya que la misma fue dictada luego de notificada la Administración Tributaria del recurso contencioso tributario, por lo cual se declara firme el acto impugnado. Así se decide.

   DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA

   Decidido los puntos previos anteriores, pasa este Tribunal a resolver las denuncias expuestas por los apoderados judiciales de la recurrente relativa a la inmotivación y al vicio de falso supuesto de hecho y derecho (errónea apreciación de los hechos y errónea apreciación de la base legal), en los que supuestamente la Administración Tributaria incurrió al dictar la Planilla de Liquidación impugnada. A tal efecto, observa:

   La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en numerosas decisiones ha establecido (ver, entre otras, sentencias Nros. 00169 y 00072, del 14/02/2008 y 27/01/2010, respectivamente), para los casos en que se denuncien simultáneamente los vicios de inmotivación y falso supuesto, lo siguiente:

   (…) en numerosas decisiones esta Sala se ha referido a la contradicción que supone la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto por ser ambos conceptos excluyentes entre sí, ‘por cuanto la inmotivación implica la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto; no pudiendo afirmarse en consecuencia que un mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación errada en cuanto a los hechos o el derecho’. (…).

   …omissis…

   (…) la inmotivación (tanto de los actos administrativos como de las sentencias) no sólo se produce cuando faltan de forma absoluta los fundamentos de éstos, sino que puede incluso verificarse en casos en los que habiéndose expresado las razones de lo dispuesto en el acto o decisión de que se trate, éstas, sin embargo, presentan determinadas características que inciden negativamente en el aspecto de la motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante. Por ende, la circunstancia de alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto se traduce en una contradicción o incompatibilidad cuando lo argüido respecto a la motivación del acto es la omisión de las razones que lo fundamentan, pero no en aquellos supuestos en los que lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, pues en estos casos sí se indican los motivos de la decisión (aunque con los anotados rasgos), resultando posible entonces que a la vez se incurra en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados en ella

   . (Sentencia Nº 01930 de fecha 27 de julio de 2006, caso: Asociación De Profesores De La Universidad S.B. ).

   Del fallo parcialmente transcrito, se aprecia la posibilidad de la existencia simultánea de los vicios de falso supuesto e inmotivación, señalándose que será admisible o viable, siempre y cuando los argumentos respecto al último de los vicios antes mencionados, no se refieran a la omisión de las razones que fundamentan el acto, sino que deben estar dirigidos a dar una motivación contradictoria o ininteligible; es decir, cuando el acto haya expresado las razones que lo fundamentan pero en una forma que incide negativamente en su motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante.

   En tal sentido, del contenido del escrito recursorio se observa que la contribuyente alega que las Planillas de Liquidación impugnadas carecen de la motivación suficiente que le permita una adecuada defensa, pues, en el acto administrativo no se observan menciones de las cuales se deriven las razones de hecho y de derecho en que se fundamenta. Sin embargo, puede observarse en el escrito inicial, una extensa defensa sobre la procedencia del beneficio de exoneración del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor a la mercancía importada por PETROZUATA, C.A. y la presunta incompatibilidad entre las normas aplicadas y la decisión administrativa.

   En base a lo anterior, es evidente que la denuncia de inmotivación formulada por la recurrente, se refiere a la “omisión de las razones que fundamentan el acto”, por lo que no es admisible la existencia simultánea de ambos vicios. Así se declara.

   Ahora bien, pasa este Tribunal a pronunciarse acerca del vicio de falso supuesto de hecho y de derecho alegado por los apoderados judiciales de PETROLERA ZUATA, PETROZUATA, C.A. y, en consecuencia, a resolver sobre la legalidad o no de las Planillas de Liquidación impugnadas, para así determinar si los bienes importados por la empresa recurrente son bienes de capital y, por ende, si dichas importaciones se encuentran exoneradas del pago del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, numeral 3 de la Ley que rige dicho tributo.

   En este contexto, debe observar este Tribunal, en aproximación al tema específico debatido, que los planteamientos entre la Administración Tributaria y la recurrente, se concentran fundamentalmente en la determinación de los alcances de la remisión normativa que hizo la entonces vigente Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor de 1996, mediante la norma prevista en el artículo 59, numeral 3, cuando autorizó al Presidente de la República en C.d.M. para conceder exoneraciones de dicho impuesto.

   Dicho mandato legislativo, de acuerdo a los argumentos que antes se explanaran, fue efectivamente desarrollada por el Ejecutivo Nacional al dictar el Decreto N° 1747, de fecha 5 de marzo de 1.997, publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.173 de fecha 25 de marzo de 1997, contentivo del Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor en materia de Beneficios Fiscales, dictado con el objeto de favorecer y apoyar las nuevas inversiones en sectores prioritarios de la economía y de precisar los procedimientos para el goce de los incentivos fiscales previstos en la Ley referida supra, tales como la exoneración, que constituye el objeto central del presente juicio, para lo cual se definió lo que debía entenderse por bienes de capital, así como cuáles eran los servicios exonerados.

   La exoneración objeto de análisis, incluso en los términos descritos en el referido Decreto No. 1.747, fue concedida a aquellos sujetos que importasen o adquiriesen bienes de capital o se beneficiasen de servicios para el desarrollo de la etapa preoperativa de proyectos industriales, encontrándose definidos los conceptos de bienes de capital y de servicios exonerados en los artículos 6 y 7 del Reglamento. Sin embargo, fijaba el Decreto No. 1.747 en su artículo 8, numeral 2, la necesaria existencia de un pronunciamiento adicional del Superintendente Nacional Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) para el goce de la exoneración, dirigido a cada contribuyente que aspiraba a gozar del beneficio.

   Lo descrito permite a este Tribunal, acoger el criterio sostenido por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en numerosas sentencias, entre las que se pueden citar las Nros. 00802 y 01878, de fechas 11/06/2002 y 26/07/2006, respectivamente, donde se estableció lo siguiente:

   (...) las exoneraciones deben interpretarse con carácter restrictivo, como excepciones que son al principio constitucional de la generalidad del tributo, por lo que su otorgamiento deriva de un acto del Ejecutivo Nacional sólo en los casos autorizados por la Ley, en este caso, por la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, pero no procede directamente de dicha Ley. Por ende, tal beneficio no procedería ipso jure desde el momento de la vigencia del Decreto (Decreto Nº 1.747 de fecha 05 de marzo de 1997), sino a partir de que se verifican cumplidos los términos y condiciones previstos al efecto por la ley y demás textos sub-legales aplicables por parte de la Administración, verificación contenida en el presente caso en la Providencia Nº 261, dictada en fecha 18 de julio de 1997 por el Superintendente Nacional Tributario, en uso de la atribución en tal sentido conferida por el numeral 2 del artículo 8º del precitado Decreto. Así se decide.(...)

   .

   Dilucidado lo anterior, considera este Tribunal verificar si en el caso de autos, la contribuyente goza del beneficio de exoneración previsto en la norma dispuesta en el artículo 59 numeral 3 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor de 1996 en concordancia con el artículo 1 del Decreto Nº 1.747 de fecha 5 de marzo de 1997, para lo cual debe este Órgano Jurisdiccional necesariamente examinar el régimen legal patrio de las exoneraciones. En tal sentido, se ha de partir de las previsiones que sobre el particular contiene el Código Orgánico Tributario de 1994, con especial referencia a sus artículos 64, 65 y 67, que disponen lo siguiente:

   Artículo 64.- (Omissis...)

   Exoneración es la dispensa total o parcial de la obligación tributaria, concedida por el Ejecutivo Nacional en los casos autorizados por la Ley.

   Artículo 65.- La ley que autorice al Ejecutivo Nacional para conceder exoneraciones especificará los tributos que comprenda, los presupuestos necesarios para que proceda y las condiciones a las cuales está sometido el beneficio. La ley podrá facultar al Ejecutivo Nacional para someter la exoneración a determinadas condiciones y requisitos.

   Artículo 67.- Las exoneraciones serán concedidas con carácter general a favor de todos los que se encuentren en los presupuestos y condiciones establecidos en la Ley o fijados por el Ejecutivo Nacional.

   (Destacado de este Tribunal).

   Específicamente en el contexto bajo análisis, cabe destacar el artículo 59 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor (Gaceta Oficial Nº 36.095 del 27-11-96) que estableció:

   Artículo 59.- Podrán exonerarse, total o parcialmente, del impuesto previsto en esta Ley, previa autorización del Presidente de la República en C.d.M., las siguientes actividades:

   Omissis (...)

   3. Las importaciones y adquisiciones de bienes de capital y la recepción de servicios, que sean efectuadas o ejecutadas durante la etapa preoperativa de los contribuyentes que se encuentren en la ejecución de proyectos industriales, incluyendo los que se dediquen a actividades mineras, petroleras y agroindustriales, hasta por cinco (5) años

   . (Destacado de este Tribunal).

   En desarrollo de la precitada norma, el Ejecutivo Nacional luego dicta el Decreto Nº 1747 de fecha 05 de marzo de 1997, contentivo del Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor en Materia de Beneficios Fiscales (Gaceta Oficial Nº 36.173 del 25-03-97), que prescribe:

   Artículo 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, se concede la exoneración de este tributo, bajo los términos y condiciones establecidos en el presente Decreto, a las siguientes actividades, negocios jurídicos u operaciones:

   (Omissis...)

   b) Las adquisiciones nacionales o importadas de bienes de capital y la recepción de servicios, que sean efectuadas durante la etapa preoperativa de los contribuyentes que se encuentren en la ejecución de proyectos industriales destinados esencialmente a la exportación o a generar divisas.

   Parágrafo Único.- En todo caso, el beneficio a que se contrae el literal b) del presente artículo será aplicable únicamente a las actividades, negocios jurídicos u operaciones efectuadas con posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto.

   (Destacado de este Tribunal).

   A su vez, los artículos 6, 7 y 8 del referido texto reglamentario establecían lo siguiente:

   Artículo 6º.- A los efectos de la exoneración prevista en el literal b) del artículo 1º de este Decreto, se entenderá por bienes de capital aquellos que comprenden las instalaciones, plantas o equipos que se utilizan repetidamente en el proceso de producción del correspondiente proyecto industrial, cuya vida útil sea mayor de tres (3) años.

   Artículo 7.- Sólo podrán ser objeto de la exoneración prevista en el literal b) del artículo 1º del presente Decreto, aquellos servicios destinados a aumentar el valor de activo de los bienes de capital. Asimismo, gozarán del beneficio los servicios de ingeniería, construcción, geología, perforación, instalación y otros similares necesarios para que el bien de capital pueda prestar las funciones a que está destinado.

   Artículo 8.- A los fines del disfrute del beneficio previsto en el presente Capítulo, deberá cumplirse con el presente procedimiento:

   1. Los contribuyentes deberán presentar, para cada proyecto, una solicitud motivada ante la Administración Tributaria, acompañada de la documentación que justifique la procedencia del mismo.

   (Omissis...)

   2. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos y formas exigidos por la Ley y este Decreto, la Administración Tributaria, a través del Superintendente Nacional Tributario, se pronunciará, mediante p.a., sobre la procedencia o no de la solicitud presentada (...)

   . (Destacados de este Órgano Jurisdiccional).

   Así también, es preciso atender a las Disposiciones Relacionadas con el Régimen de Concesión y Disfrute de los Beneficios Fiscales del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, contenidas en la Resolución Nº 3.408 del 12 de mayo de 1997, dictada por el Ministerio de Hacienda y publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.208 del día 19 del mismo mes y año, cuyo objetivo fundamental era regular los procedimientos relacionados con los beneficios de exoneración y exención previstos en el precitado Decreto Nº1.747, revistiendo especial consideración lo dispuesto en su artículo 11, que reza:

   Artículo 11.- En los casos de importaciones de bienes de capital, los beneficiarios de la exoneración deberán presentar en la aduana correspondiente una copia de la P.A. a que se contrae el numeral 2 del artículo 8 del Reglamento Parcial, donde conste la procedencia del beneficio, así como el Oficio de Clasificación Arancelaria Única exigido en el literal e del numeral 1 del artículo 8 del Reglamento Parcial.

   En atención a la normativa transcrita y de acuerdo a los recaudos que integran los autos, donde constan la M.D.d.P., la correspondiente consulta de Clasificación Arancelaria, las sucesivas solicitudes de exoneración y la respectiva documentación aduanera de la mercancía importada objeto del presente debate, así como los actos administrativos contenidos en la P.A. Nº 261 de fecha 18 de julio de 1997 y sus listados anexos de bienes (GGDT/UE/0003-B) y servicios (GGDT/UE/0003-S), beneficiados con la exoneración del Impuesto a las Ventas al Mayor, pudo este Tribunal apreciar en primer orden que según el Artículo 59 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor la P.A. N° 292 dictada el 05 de Diciembre de 1997 por la Gerencia General de Desarrollo del SENIAT mediante la cual declaró la procedencia de la solicitud de exoneración, ya que al momento de la importación de las mercancías, la misma se encontraba en vigencia; los bienes importados en discusión (puentes y partes, bridas, tubos de plastico, tornillos y pernos, codos, reductores concéntricos de acero al carbono, cadenas de anclaje y grillos), no configuran discriminados o individualizados en los aludidos listados de bienes de capital beneficiados con la exoneración del Impuesto a las Ventas al Mayor, concedida por la Administración Tributaria, así como no fueron incluidos en la correspondiente solicitud de clasificación arancelaria, tramitada en embarques fraccionados por separado, tal como fue requerido por la propia Administración.

   A juicio de este Órgano Jurisdiccional, precisamente de tales omisiones, derivó para la contribuyente el incumplimiento de las condiciones legalmente establecidas para la procedencia y disfrute de la exoneración de este Impuesto respecto a dicha operación de importación, según los requerimientos del régimen en materia de beneficios fiscales dictado en el precitado Decreto Nº 1747 de fecha 05 de marzo de 1997. Luego entonces, bajo su única responsabilidad, tampoco pudo ésta acatar el procedimiento dispuesto al efecto en el artículo 8 eiusdem, ni las exigencias previstas en el artículo 11 de la supra referida Resolución del Ministerio de Hacienda Nº 3.408 del 12 de mayo de 1997.

   Por tanto, resulta de lógica consecuencia y, conforme a derecho, que una vez fue desplegada la actividad de verificación y control por parte de la Administración Tributaria, a través de la Gerencia de la Aduana Principal de Guanta, ésta procediera a expedir a su cargo las Planillas de Liquidación de Gravámenes 2648-01-0732 (Formulario H-97-0098600), Nº 2839-01-0749 (Formulario Nº H-97-0098632); Nº 2855-01-0757 (Formulario Nº H-97-0098639) y la Nº 2892-01-0759 (Formulario H-97-0098620), en materia de Impuesto a las Ventas al Mayor.Así se declara.

   No obstante, aun en el supuesto de estimarse que a los efectos de la pretendida exoneración, los bienes importados ya referidos pudiesen encuadrar en la definición de “bienes de capital”, dispuesta en el supra transcrito artículo 6º del Decreto Nº 1.747 de fecha 05 de marzo de 1997, contentivo del Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor en Materia de Beneficios Fiscales, o incluso considerando que los equipos de computación y de perforación importados formaban parte integrante, no así indisoluble, del equipo de explotación beneficiado de exoneración, para este Tribunal ello resulta irrelevante a los fines de dilucidar sobre la legalidad o ilegalidad de los aludidos actos de liquidación de gravámenes, ya que la controversia planteada quedó resuelta a partir del evidente incumplimiento incurrido por la contribuyente importadora, de los términos y condiciones establecidos por la normativa aplicable para la concesión y disfrute del beneficio de exoneración, de donde resultaba a todas luces improcedente el recurso contencioso tributario ejercido en su contra. Así también se declara.

   IV

   DECISIÓN

   En base a las consideraciones precedentes, este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por PETROLERA ZUATA, PETROZUATA, C.A.. contra el acto tácito denegatorio producto del silencio administrativo por la no decisión del Recurso Jerárquico interpuesto en fecha 18 de junio de 1998 contra las Planillas de Liquidación de Gravámenes N° 2648-01-0732 (Formulario H-97-0098600) emitida en fecha 18 de mayo de 1998 y notificada el 19 de mayo de 1998, por concepto de la importación de puentes y partes, por un monto de Bs. 3.239.854,08; Nº 2839-01-0749 (Formulario Nº H-97-0098632) emitida en fecha 21 de mayo de 1998 y notificada en fecha 22 de mayo de 1998, por concepto de la importación de bridas, tubos de plástico, tornillos y pernos, por un monto de Bs. 3.187.038,10; Nº 2855-01-0757 (Formulario Nº H-97-0098639), emitida en fecha 22 de mayo de 1998, por concepto de la importación de codos, reductores concéntricos de acero al carbono, por un monto de Bs. 1.592.447,14 y la Nº 2892-01-0759 (Formulario H-97-0098620), emitida en fecha 22 de mayo de 1998, por concepto de la importación de cadenas de anclaje y grillos, por un monto de Bs. 118.521.062,79, emitidas todas ellas por la Aduana de Guanta, Puerto la Cruz, Estado Anzoátegui, en materia de Impuesto a las Ventas al Mayor, equivalentes a la suma total de Bs. 126.540.402,11 (Bs.F 126.540,40); y, en virtud de la presente decisión válidas y de plenos efectos.

   Esta sentencia tiene apelación en razón de la cuantía controvertida.

   No hay condenatoria en costas procesales a la recurrente, por ser actualmente propiedad exclusiva del Estado Venezolano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 único aparte del Decreto N° 5.200 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias compartidas en concordancia con lo señalado en los artículos 1 único aparte y 3 de la Ley Sobre los Efectos del P.d.M. a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera de Orinoco, así como los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas.

   Publíquese, Regístrese y Notifíquese a las partes en los términos descritos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario y a la ciudadana Procuradora General de la República de conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los treinta (30) días del mes de marzo del 2011. Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

   La Juez Provisoria,

   M.I.C.L.

   La Secretaria

   Katiuska Urbáez

   La anterior decisión se publicó en su fecha a las 12:05 p.m., y se ordenó su impresión en dos (2) ejemplares a un mismo tenor, para ser agregados al expediente y al Copiador de Sentencias Definitivas de este Tribunal.

   La Secretaria

   Katiuska Urbáez

   Asunto AF44-U-2003-000191

   Asunto Antiguo 2134/ MIC/ecpm.-