Decisión nº 124-2012 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 29 de Junio de 2012

Fecha de Resolución29 de Junio de 2012
EmisorJuzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo.
PonenteHector Salcedo
ProcedimientoDemanda

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

EXPEDIENTE Nº 8919

Mediante escrito presentado el 30 de junio de 2011, la abogada M.R., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 79.568, actuando con el carácter de apoderada judicial de la empresa PETROLERA SINOVENSA, S.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 1º de febrero de 2008, bajo el Nº 2, Tomo 15-A-SDO., interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de las C.P. y Segunda de lo Contencioso Administrativo, demanda de contenido patrimonial, por incumplimiento de contrato conjuntamente con medida cautelar de embargo, en contra de la empresa HISPANA DE SEGUROS, C.A.

Mediante decisión de fecha 13 de julio de 2011, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se declaró incompetente para conocer de la presente demanda de contenido patrimonial y declinó la misma a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo.

Asignado por distribución el recurso a este Juzgado Superior, consta en nota de secretaría que riela al folio 202, que en fecha 22 de julio de 2011, se le dio entrada al mismo, formándose expediente bajo el Nº 8919.

Por auto de fecha 9 de agosto de 2011, se declaró este Juzgado competente para conocer de la demanda de contenido patrimonial, se admitió cuanto ha lugar en derecho, ordenándose la apertura del presente cuaderno separado a los fines de tramitar la medida cautelar de embargo solicitada.

Efectuado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, procede este Juzgado Superior a resolver la solicitud de medida cautelar formulada por la parte actora, para lo cual observa:

DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO

En el escrito presentado por la apoderada judicial de la empresa PETROLERA SINOVENSA, S.A., señala que su representada suscribió con la sociedad mercantil S & B TERRA M.S., C.A., un contrato Nº CPSSA-09-013, para prestar el servicio de “… TRANSPORTE DE FLUIDOS PARA LAS AREAS OPERACIONALES DE PETROLERA SINOVENSA, S.A.…”, estableciéndose en dicho contrato que el servicio se ejecutará con personal propio de la contratista.

Alega, que el precio pactado para la prestación del servicio, fue la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,00), la vigencia de dicho contrato, sería por el tiempo que duraran las operaciones asociadas al servicio, las cuales estaban estimadas en 12 meses continuos, contados a partir de la fecha y hora establecidas en el acta de inicio finalizándose cuando se firmara el acta de terminación; esto fue, el 16 de julio de 2010.

Indica, que la contratista S & B TERRA M.S., C.A., constituyó a favor de su representada un contrato de fianza laboral, por la suma de DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,00), otorgada por la sociedad mercantil LA HISPANA DE SEGUROS, C.A., para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales de sus trabajadores.

Que en virtud de la culminación del servicio contratado, la empresa SINOVENSA, se encuentra en el proceso de cierre administrativo, por lo cual se percató de que la contratista S & B TERRA M.S. C.A., le adeuda a sus trabajadores pasivos laborales tales como: retroactivos de salarios, tarjeta electrónica de alimentación y penalidades pendientes previstas en la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva Petrolera.

Que mediante reunión de fecha 11 de octubre de 2010, la contratista S & B TERRA M.S. C.A., reconoció dicha deuda y manifestó no tener la capacidad financiera, para pagar los pasivos laborales que le corresponden a sus trabajadores; autorizando por ello, a la empresa SINOVENSA a cancelar dichos conceptos, por lo cual la contratista le adeuda a su representada, la cantidad de DOS MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 2.012.917,85).

Por último, aducen que habiéndose constituido la sociedad mercantil HISPANA DE SEGUROS, C.A., en fiadora solidaria y principal pagadora, se encuentra obligada al reintegro de los montos por concepto de obligaciones laborales que le adeuda la contratisa S & B TERRA M.S. C.A., a su mandante.

Por lo antes expuesto, solicitan se decrete medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil HISPANA DE SEGUROS, C.A., por considerar satisfechos los requisitos de procedencia exigidos en la ley.

DE LA COMPETENCIA

Previo a cualquier pronunciamiento procede este Órgano Jurisdiccional a verificar su competencia para conocer de la presente medida cautelar y, en tal sentido observa:

Señala la Jurisprudencia patria que en casos como el de autos; es decir, cuando la demanda de contenido patrimonial -acción principal- se ejerce conjuntamente con solicitud de medida cautelar, ésta última siendo accesoria de la acción principal, será del conocimiento del Tribunal competente para conocer de la acción principal.

En consecuencia, habiéndose declarado competente este Juzgado para conocer de la presente demanda de contenido patrimonial -acción principal- tal como riela a los folios 203 y 204, del expediente principal se declara COMPETENTE igualmente, para conocer de la presente medida cautelar. Así se decide.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Declarada como ha sido por este Juzgado, la competencia para conocer de la presente solicitud de medida cautelar, procede a emitir su pronunciamiento respecto al asunto sometido a su consideración, y en tal sentido aprecia que:

Consagran los artículos 4 y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los poderes cautelares del Juez Contencioso Administrativo, así como los requisitos de procedibilidad de las medidas cautelares, los cuales se señala son del tenor siguiente:

Artículo 4. (…) El Juez Contencioso Administrativo está investido de las más amplias potestades cautelares. A tales efectos podrá dictar, aún de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo ordenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la Administración Pública, según el caso concreto, en protección y continuidad sobre la prestación de los servicios públicos y en su correcta actividad administrativa.

Artículo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.

El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante

. (Destacado de este Tribunal).

Asimismo, consagran los artículos 585, 586 y 588 del Código de Procedimiento Civil, norma de carácter supletoria de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que:

Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.

Artículo 586. El Juez limitará las medidas de que trata este Título, a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. A tal fin, si se comprueba que los bienes afectados exceden la cantidad de la cual se decretó la medida, el Juez limitará los efectos de ésta a los bienes suficientes, señalándolos con toda precisión. En este caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 592, Capítulo II del presente Título.

Artículo 588. En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:

1º El embargo de bienes muebles

2º El secuestro de bienes determinados;

3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.

Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado

. (Negritas del Tribunal).

En atención a las normas transcritas y a la jurisprudencia patria, debemos indicar que la medida cautelar solicitada sólo procede cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican; esto es, que la misma sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente prima facie resulte presumible que la pretensión procesal principal será decidida o resultará favorable; significa entonces, que deben comprobarse los requisitos de admisibilidad; tales como: la existencia de un proceso principal -pendente litis, por instrumentalidad inmediata-, la ponderación de los intereses generales, y el análisis de los intereses en juego -principio de proporcionalidad- y de procedencia de toda medida cautelar.

Ello así, debe efectuarse un juicio de “admisibilidad” de la pretensión cautelar, a través del cual, el Juez verifica que la pretensión principal haya sido admitida, por ser ésta una condición necesaria para la validez de la medida; es decir, que exista un “proceso principal”, salvo que se trate de medidas cautelares extralitem, para lo cual se requiere previsión expresa de la Ley, como ocurre en materia de derechos de autor, en el derecho marítimo, en el contencioso tributario, en materia de menores, entre otros.

Consecuentemente, debe el Juez ponderar los intereses generales, pues toda la actividad del Poder Público debe tomar en cuenta la posible afectación de los intereses de la sociedad como cuerpo jurídico-político, con mayor énfasis, en un Estado Social de Derecho y de Justicia, colocando en una balanza los intereses privados y particulares del peticionario de la medida y los “efectos” que tal medida pueda tener en el normal desenvolvimiento de la vida social.

De igual forma, el Juez debe establecer la adecuada “ponderación” de la medida, comparando los efectos que ésta comporta para el solicitante y los efectos que su decreto pueda tener frente a la parte afectada, pues, la “garantía cautelar del justiciable” no puede afectar, más allá de los límites tolerables, la posición y los derechos de la parte afectada, con lo cual, al verificarse el cumplimiento de dichos requisitos, la medida resulta admisible.

Establecido lo anterior y visto que lo solicitado en esta oportunidad es el otorgamiento de una medida preventiva de embargo, debe en primer lugar, señalarse que el embargo constituye la actividad ejecutiva por la cual se individualizan bienes o derechos del ejecutado y se los sujeta a la ejecución. Su objetivo inmediato es proporcionar una cantidad de dinero o elementos patrimoniales susceptibles de convertirse en dinero a través de un ulterior proceso de realización.

En este orden de ideas, resulta apropiado señalar que conforme lo prevén los artículos 527, 534 y 587 el embargo se practicará sobre bienes del ejecutado que indique el ejecutante, con la exigencia de que sean propiedad de aquel contra quien sea decretada la medida, debiendo entenderse que le correspondan en propiedad, a menos que el ejecutado tenga otro derecho sobre dichos bienes, pero en tal caso, ya no será el bien el objeto de la medida, sino el derecho que sobre el mismo tenga el ejecutado.

Aludiendo el análisis efectuado y conteste este Juzgador con las normas referidas, procede a verificar si en el caso facti especie, se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en la Ley para el decreto de la medida típica solicitada, a saber: el fumus boni iuris y el periculum in mora, como presupuesto necesario para el proveimiento de la misma, para lo cual observa:

El primero de los mencionados requisitos o fumus boni iuris se entiende como una posición jurídica tutelable; es decir, una posición jurídica que el pretendiente posee y de la cual se derivan intereses jurídicos que merecen tutela. Esta posición jurídica, puede derivarse de relaciones o de situaciones jurídicas, que generan derechos e intereses que se debaten en el proceso. En consecuencia, constituye un cálculo de probabilidad, y en nuestra doctrina se ha manejado como un juicio de verosimilitud del derecho alegado, para referirse a una posición jurídica que se desprende de las relaciones o situaciones que se debaten en el proceso.

Para la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, este requisito constituye el fundamento legitimador de la pretensión cautelar al establecer en su jurisprudencia que sólo quien ostenta un interés jurídico en juicio está habilitado para pretender su prevención, y hacia ello tiende, efectivamente la comprobación de este requisito.

El periculum in mora o temor fundado de infructuosidad del fallo o de inefectividad del proceso, se justifica en la teoría general de la cautela, la cual explica que las llamadas “medidas cautelares” adoptadas por el Juez en el marco de un proceso o fuera de éste, son para garantizar la futura ejecución del fallo; es decir, que el mismo no quede ilusorio, o que, a pesar de la posibilidad de ejecución, esta no sea capaz de reparar o sean de muy difícil reparación de las situaciones objetivas ocurridas durante la tramitación del procedimiento. A tal efecto, se afirma que la tutela cautelar garantiza la eficacia del fallo y la efectividad del proceso, se trata entonces, conforme a la doctrina mas calificada, de “situaciones objetivas” apreciadas por el Juzgador que se refieren a hechos que pueden ser “apreciados hasta por terceros” y que revelan como “manifiesta”, “patente” y clara la eventual lesión a los derechos debatidos en juicio.

En el presente caso, de los hechos descritos y de los recaudos que cursan en autos, a criterio de este Juzgador, se refleja una posición jurídica que posee la parte demandante, en su condición de beneficiario en el Contrato de Fianza Nº 16398 -folios 138 al 140-, suscrito entre la empresa S & B TERRA M.S., C.A., e HISPANA DE SEGUROS C.A., el cual garantiza a la demandante “… el cumplimiento de las obligaciones pagaderas en dinero, relativas a sueldos, salarios, remuneraciones, utilidades y prestaciones Sociales, derivados de la relación laboral existente entre el afianzado y sus trabajadores, incluyendo las costas procesales…”, que coloca a la empresa demandada, en una especial situación de sujeción regida primigeniamente, por las estipulaciones contenidas en el mencionado contrato, que prevé el sometimiento de las partes a los aspectos previstos, generándose con ello una presunción de verosimilitud de que quien ejerce la demanda tiene una posición jurídica que merece tutela provisional hasta tanto se decida el fondo de la causa mediante la sentencia definitiva.

Así, sin adelantar opinión sobre el mérito del asunto, pues el análisis de los actos cumplidos por las partes en el marco de la relación contractual que los vincula debe ser objeto de tratamiento en la sentencia definitiva que resuelva la pretensión que aquí se ejerce, a criterio de este Juzgador, la presunción de fumus boni iuris se desprende del contenido del Contrato de Fianza Nº 16398 -folios 138 al 140-, retro mencionado, así como de las estipulaciones contenidas en él, cuyo cumplimiento -en esta etapa preliminar del proceso- no consta en autos se hubiese materializado por parte de la demandada, razón por la cual, se ve satisfecho el primero de los requisitos de procedencia de la medida preventiva de embargo solicitada.

Respecto al periculum in mora, o temor razonable de un daño jurídico posible, inminente e inmediato, causado por una de las partes durante el desarrollo del proceso, observa este Tribunal que la apoderada de la parte actora señala en el libelo que existen suficientes elementos que evidencian el incumplimiento de las obligaciones asumidas por HISPANA DE SEGUROS C.A., en virtud de que la Contratista S & B TERRA M.S. ha manifestado no tener capacidad financiera para pagar los pasivos laborales de sus trabajadores. Así la posibilidad de que los derechos reclamados por la parte actora sean ciertos y exigibles, y el hecho que con dicho incumplimiento la Contratista pudiera ocasionarle un daño irreparable al patrimonio de la PETROLERA SINOVENSA, S.A., conforman el peligro en la mora necesaria para el otorgamiento de la protección cautelar solicitada por la abogada M.R., en su carácter de apoderada judicial de la parte actora. Así se declara.

Ello así, al verificarse en primer lugar que en el presente caso no existe identidad alguna entre la pretensión ejercida por la parte actora, destinada a garantizar la ejecución de la Fianza otorgada por la empresa HISPANA DE SEGUROS C.A., a la empresa S & B TERRA M.S., C.A., para así asegurar con ella, los pasivos laborales de los trabajadores de esta última y la pretensión referida al derecho de cobro que denuncia la recurrente; segundo, que con el decreto de la medida cautelar solicitada no se verá afectado el normal desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos, pues se dirime, en el presente caso, los efectos que eventualmente se deriven de los actos cumplidos por las partes en el marco de la relación contractual de contenido patrimonial, por ende disponible para ambas y visto asimismo que dicha medida no afectará, mas allá de los límites tolerables, la posición jurídica del demandado. Este Juzgador considera que del análisis referente a la verificación de los requisitos antes precisados, la medida preventiva de embargo solicitada por la parte demandante, debe ser acordada por este Tribunal, indistintamente que en el juicio que deba llevarse a cabo, se ratifique o desvirtúe la presunción que aquí se observa, la cual por sí sola en el presente estadio procesal, es suficiente para acordar el decreto de la medida preventiva de embargo, hasta tanto se decida la pretensión principal.

Por tal motivo, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que consagra las más amplias potestades cautelares del Juez Contencioso Administrativo y el artículo 104 eiusdem, que establece que a petición de las partes en cualquier estado y grado del proceso el Tribunal podrá acordar las medidas cautelares pertinentes, este Órgano Jurisdiccional decreta medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad de la empresa HISPANA DE SEGUROS, C.A., que en caso de bienes muebles, será hasta por el doble de la suma que consta en autos es la obligación de la empresa, mas el treinta por ciento (30%) de dicha obligación principal, que en total representan la cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (4.600.000,00); y de ser cantidades o sumas líquidas de dinero hasta por el monto de la obligación total de la empresa demandada, mas el treinta por ciento (30%) que en total representa la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (2.600.000,00). Así se decide.

Consecuentemente, de conformidad con lo previsto artículo 62 de la Ley de la Actividad Aseguradora, se ordena oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, para que ésta determine los bienes sobre los cuales será practicada la medida de embargo.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley decreta:

PRIMERO

PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de embargo solicitada por la abogada M.R., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 79.568, actuando con el carácter de apoderada judicial de la empresa PETROLERA SINOVENSA, S.A. en los términos establecidos en la parte motiva del presente fallo, sobre bienes propiedad de la empresa HISPANA DE SEGUROS, C.A.

SEGUNDO

OFICIAR a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, para que ésta determine los bienes sobre los cuales será practicada la medida de embargo.

TERCERO

SE COMISIONA al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que corresponda previa su distribución para practicar la presente medida de embargo, una vez conste en autos los bienes sobre los cuales será practicada la misma.

Publíquese, regístrese y notifíquese.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

EL JUEZ,

H.S.L.

LA SECRATRIA,

K.F.R.

En esta misma fecha, siendo las ( ), se publicó y registró la anterior decisión, bajo el Nº

LA SECRATRIA,

K.F.R.

Exp. Nº 8919 HLSL/kae.-

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