Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 22 de Septiembre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 288637670

Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 22 de Septiembre de 2008

Procedimiento:Querella Funcionarial
Ponente:Edgar José Moya Millán
Número de Expediente:5719
Fecha de Resolución:22 de Septiembre de 2008
Emisor:Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo.
RESUMEN

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por los abogados CESAR ENRIQUE RODRIGUEZ URDANETA y DOM GONZALO CRESPO PIÑA, inscritos ... (ver resumen completo)

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DE LA REGION CAPITAL

En fecha 13 de abril de 2007, fue recibido proveniente del Juzgado Superior Quinto en lo Contencioso Administrativo (Distribuidor), escrito contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por los abogados CESAR ENRIQUE RODRIGUEZ URDANETA y DOM GONZALO CRESPO PIÑA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 22.537 y 26.223 respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano DOMINGO RAMON PEREZ, titular de la cédula de identidad N° 9.128.423, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA.

Cumplidas todas y cada una de las fases procesales, este Tribunal de conformidad con el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública pasa a dictar la sentencia escrita.

ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLANTE

Expresa la parte querellante que el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad es interpuesto en virtud de la negativa tácita producto del silencio administrativo producido a consecuencia de la interposición del Recurso Jerárquico en contra del acto administrativo N° GN 8933, de fecha 24 de enero de 2006, mediante el cual se le impone a su mandante el pase a retiro por medida disciplinaria en atención al artículo 56, literal e del Reglamento de Calificación de Servicios, Evaluación y Ascensos para el Personal de Tropa Profesional y Alistada de la Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de Castigo Disciplinarios Número 06, artículos 116 aparte 2; 117 apartes 2, 4, 12 y 14, con las agravantes tipificadas en el artículo 114, literales b y e; artículo 109 literales a y b; y artículos 29 y 32 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales de Servicios.

Señala la representación judicial del recurrente que desde la emisión del auto de apertura se determinaron las presuntas responsabilidades de su mandante al señalarlo de manera personalísima en el mismo. De igual manera indican que existen diversas actuaciones administrativas realizadas antes de notificar a su representado que se había aperturado una investigación administrativa contra él, sin que de manera inmediata se procediera a participarle para que ejerciera su derecho a la defensa, contemplado en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, alegan que una de las principales derivaciones del derecho constitucional a la defensa y al debido proceso es el derecho de acceder a las pruebas, controlarlas e impugnarlas, por lo que la falta de cumplimiento de ese derecho durante el procedimiento administrativo, vicia de nulidad absoluta el acto que se dicte en dicho procedimiento. Mencionan que tanto el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, no se encuentra habilitado expresamente por la ley para imponer sanciones en el ámbito de su competencia, por lo que solicitan se declare la nulidad del acto administrativo impugnado.

Aduce la parte querellante que con la emisión del acto administrativo recurrido se viola el principio de imparcialidad, por cuanto el ciudadano Teniente Coronel JAVIER ANTONIO ROSALES DUQUE, Comandante del Destacamento de los Comandos Rurales N° 19, es el funcionario que ordena la investigación administrativa en contra de su representado; asimismo es el funcionario que acoge las recomendaciones del instructor del expediente de someterlo a Consejo Disciplinario y también integra dicho Consejo, el cual recomienda el pase a retiro por medida disciplinaria del ciudadano DOMINGO RAMON PEREZ, anteriormente identificado, con lo cual su objetividad e imparcialidad se ve seriamente cuestionada, lo cual vicia de nulidad absoluta el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Señalan igualmente que resulta evidente la desproporción de la sanción aplicada a los hechos que supuestamente se le imputan a su mandante, por cuanto se evidencia de las actuaciones administrativas que no se transgredió de manera dolosa ninguna norma o ley vigente, que no hubo un daño cierto al patrimonio público y que el récord de conducta militar de su poderdante es excelente, lo que se debió tomar en consideración para determinar la adecuación exacta entre la sanción administrativa aplicada mediante el acto administrativo que recurren y los hechos que supuestamente se le imputan a su representado.

Por la razones anteriormente expuestas la parte querellante solicita se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° GN 8933 de fecha 24 de enero de 2006, dictado por el ciudadano Comandante General de la Guardia Nacional, General de División MARCOS JESÚS ROJAS FIGUEROA y como consecuencia de ello se restablezca la situación jurídica infringida, se restituya a su mandante la condición de militar con la jerarquía de Cabo Primero de ese componente y en consecuencia de ello se ordene el pago de las remuneraciones dejadas de percibir: Sueldos, Primas de Frontera, Prima de Alimentación (Cesta Ticket), Bono Vacacional y de Fin de Año y demás emolumentos hasta la resolución del presente recurso.

ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLADA

La representante judicial del organismo querellado opone como punto previo la caducidad de la acción, por cuanto ha transcurrido con creces...

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