Decisión de Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Aragua, de 17 de Septiembre de 2012

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Años 202° y 153°

PARTE RECURRENTE:

Ciudadano: H.J.N.P., venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad Nro. V-7.257.355, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil “ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE SEGURIDAD, C.A (ORENSECA), debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 14.06.1996, bajo el Nro. 13, Tomo 768-A.

APODERADO JUDICIAL:

Abogado: A.C.G.H., debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nro. 71326.-

PARTE RECURRIDA:

Inspectoría del Trabajo de los Municipios Ribas, S.M., Revenga Tovar y B.d.E.A., con sede en la Victoria.-

APODERADO JUDICIAL:

No tiene acreditado en autos.

MOTIVO:

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.

Expediente Nº 8534

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.

En fecha 03 de abril de 2007, compareció ante este juzgado el ciudadano, H.J.N.P., venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad Nro. V-7.257.355, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil “ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE SEGURIDAD, C.A (ORENSECA), debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 14.06.1996, bajo el Nro. 13, Tomo 768-A, asistido por el abogado A.C.G.H., debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nro. 71326; a fin de interponer escrito contentivo de Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Ribas, S.M., Revenga Tovar y B.d.E.A., con sede en la Victoria.

En fecha 12 de abril de 2007, éste Órgano Jurisdiccional le dio entrada, le asigna número de Expediente, se declaró competente para conocer el recurso interpuesto ordenando las notificaciones respectivas Ley al ente recurrido, y al ciudadano S.J.M.A., mediante boleta, la cual se libró al efecto.

En fecha 14.06.2007, se recibió diligencia suscrita por el abogado A.G., inpreabogado Nro. 71326 mediante la cual consignó original de Poder Especial, que le fue otorgado por el ciudadano H.J.N.P., venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad Nro. V-7.257.355, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil “ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE SEGURIDAD, C.A (ORENSECA), por ante la Notaria Pública de la Victoria en fecha 22.05.2007, anotado bajo el Nro. 13, Tomo 768-A.

El día 14.06.2007, diligenció el abogado apoderado de la parte querellante, A.G., y solicitó, a los fines de la notificación de la Procuradora General de la República, se comisionara al Juzgado Distribuidor de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, así como su designación como correo especial para tramitar lo conducente en relación a la notificación ordenada.

En fecha 21.06.2007, éste Tribunal en atención a lo peticionado por el abogado A.G., acordó comisionar amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, librando despacho de comisión anexo Oficio Nro. 3148-07, designando como correo especial al mencionado abogado, a fin de la tramitación respectiva de la comisión librada.

Corre inserto al folio ciento diez (110), Oficio signado con el Nro. 1708-07, emanado del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, de fecha 05.10.2007, recibido en fecha 08.10.2007, donde solicita a este tribunal Superior informe si el día 03.04.2007, se recibió ante este despacho recurso de nulidad contra la providencia administrativa dictada en fecha 16.10.2006, por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Ribas, S.M., Revenga Tovar y B.d.E.A., con sede en la Victoria.

Este Juzgado Superior mediante auto de fecha 25.01.2008, ordenó la remisión de una copia fotostática debidamente certificada, anexo Oficio Nro. 146-08 del Libelo de la presente acción y del auto de fecha 12.04.2007, ello en atención a lo requerido por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

En fecha 15.04.2008, se recibió Oficio Nro. 057/08, emanado del Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitiendo anexa resultas del despacho de comisión librado, relacionado con la notificación de la Procuraduría General de la República, la cual fue debidamente cumplida.

Cursa al folio ciento veintiocho (128), diligencia suscrita en fecha 28.04.2008; por la abogada D.M.M.R., inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 74.107, en la cual consigna copia simple a efectos videndi, Poder, que le fuera otorgado por el ciudadano S.J.M.A., venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad Nro. V-5.183.797, por ante la Notaria Pública de la Victoria en fecha 11.12.2006, bajo el Nro. 33, Tomo 145, dándose la referida abogada por notificada de la presente causa, mediante diligencia de igual fecha inserta al folio 132.

El día 03.08.2008, se recibió Oficio Nro. 90-08 de fecha 27.06.2008, emanado de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Ribas, S.M., Revenga Tovar y B.d.E.A., con sede en la Victoria, de fecha 27.06.2008, remitiendo anexo ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, relacionados con la presente acción, por lo que éste Juzgado Superior, en fecha 07.07.2008, dicto auto ordenando la apertura del cuaderno separado respectivo.

Encontrándose en fecha 10.07.2008, vencido el lapso para la remisión de los Antecedentes Administrativos y siendo que los mismos fueron remitidos los mismos, éste tribunal Admitió el presente recurso cuanto ha lugar en derecho, ordenando la citación, conforme a lo previsto en los párrafos 12 y 13 del Artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de los ciudadanos: Inspector Jefe del Trabajo de los Municipios Ribas, S.M., Revenga Tovar y B.d.E.A., a la Procuradora General de la República, a la Fiscal Décimo del Ministerio Público del Estado Aragua, librándose para ello Oficios Nros. 1219-08; 1220-08 y 1221-08, así mismo, se ordenó la citación de los terceros interesados mediante cartel de citación, el cual se libró al efecto, para ser publicado en el Diario El Universal.

En fecha 01.08.2008, diligenció el abogado A.G., debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nro. 71326, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente y consignó publicación del Cartel de Citación, realizada en el Diario El Universal de fecha 30.07.2008, siendo agregada dicha publicación a los autos del presente expediente en fecha 04.08.2008.-

El día 22.10.2008, se recibió diligencia suscrita por el abogado A.C.G.H., plenamente identificado en autos y solicitó, a los fines de la notificación de la Procuradora General de la República, se comisionara al Juzgado Distribuidor de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, así como su designación como correo especial para tramitar lo conducente en relación a la notificación ordenada, por lo que este Juzgado Superior, en fecha 05.02.2009, acordó lo solicitado y libró el respectivo despacho de comisión anexo Oficio Nro. 554-09.

Ahora bien, por cuanto la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 10 de diciembre de 2010, acordó el traslado de quien aquí decide, Dra. M.G.S., como Juez de este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, del cual tomó posesión en fecha 17 de enero de 2011, con este carácter me aboca al conocimiento de la presente causa.

En este sentido, se observa que la causa se encuentra paralizada, este Órgano Jurisdiccional estima necesario revisar previamente las actuaciones procesales, con el fin de verificar si en la presente causa se consumó la Perención de Instancia y al efecto, pasa a realizar algunas consideraciones en relación con dicha figura.

DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.

La perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.

Se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que por la pasividad de las partes los procesos se perpetúen y los órganos de Administración de Justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas, en las cuales no existe ningún tipo de interés de los sujetos de la litis para su continuación.

En este sentido el aparte decimoquinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942 de fecha 20 de mayo de 2004), aplicable ratione temporis, dispone lo siguiente:

La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia

.

Adicionalmente, debe advertirse respecto a la interpretación de la norma parcialmente transcrita, que mediante decisión N° 1.466 del 5 de agosto de 2004, la Sala Constitucional de este M.T., estableció lo siguiente:

(...) la Sala acuerda desaplicar por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que pareciera obedecer a un lapsus calamis del Legislador y, en atención a lo dispuesto en el aludido artículo 19 (…), acuerda aplicar supletoriamente el Código de Procedimiento Civil, de carácter supletorio, conforme a lo dispuesto en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo relativo a la perención de la instancia.

Dicho precepto legal previene, en su encabezamiento, lo siguiente:

‘Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención’.

En consecuencia, por cuanto el anterior precepto regula adecuada y conveniente la institución que examinamos, el instituto procesal de la perención regulado en el Código de Procedimiento Civil, cuando hubiere lugar a ello, será aplicado a las causas que cursen ante este Alto Tribunal cuando se dé tal supuesto. Así se decide.

La anterior decisión fue ratificada por la misma Sala, mediante sentencia N° 2.148 de fecha 14 de septiembre de 2004, indicando a tal efecto lo siguiente:

(…) La norma que se transcribió persigue que, de oficio, el tribunal sancione procesalmente la inactividad de las partes, sanción que se verifica de pleno derecho una vez que se comprueba el supuesto de hecho que la sustenta, esto es, el transcurso del tiempo. Ahora bien, los confusos términos de la norma jurídica que se transcribió llevaron a esta Sala, mediante decisión n° 1466 de (sic) 5 de agosto de 2004, a desaplicarla por ininteligible y, en consecuencia, según la observancia supletoria que permite el artículo 19, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicar el Código de Procedimiento Civil a los casos en que opere la perención de la instancia en los juicios que se siguen ante el Tribunal Supremo de Justicia.

En concreto, es el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la norma que debe aplicarse en estos casos, el cual establece:

‘Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención’

. (Resaltado de la Sala).

En este orden de ideas, debe señalarse que en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de La Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en su artículo 41 señala:

Artículo 41: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas. Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.”

De la lectura dada a la norma ut supra transcrita se colige y así lo ha interpretado tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, que para que opere la Perención (anual) de la Instancia deben concurrir los requisitos siguientes: i) que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto o impulso procesal en la causa, ii) que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de éstas hayan realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como requerimientos de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias “revisión” del expediente judicial y otras similares. No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del Tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia; por lo que la demora en el dictamen de la sentencia tampoco produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa…” debe ser entendida como después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones. Igualmente de la norma ut supra invocado se desprende que con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho la extinción de la instancia, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo por parte del Órgano Jurisdiccional, dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía.

Establecidos los parámetros de demarcación tendentes a verificar la perención de la instancia, este Órgano Jurisdiccional, pasa a determinar si se ha verificado la perención de la instancia en el presente asunto.

Al respecto, es necesario precisar que en el caso bajo estudio, 05 de febrero de 2009, fecha ésta en la que este Órgano Jurisdiccional acordó comisionar amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de la citación de la Procuradora General de la República. Se observa que la causa ha permanecido paralizada por más de tres (3) años, sin haberse ejecutado algún acto en el Procedimiento por la parte recurrente, tendente a lograr impulsar las referidas notificaciones, actos procesales esenciales para que pueda dársele continuidad al procedimiento, siendo esta actividad una carga de la parte actora, por ende, la causa (desde esa fecha) se encuentra paralizada, resultando evidente la falta de interés de la parte actora en mantener activo el proceso.

Por tanto, este Tribunal Superior, verifica que en caso bajo estudio, ha transcurrido con creces el lapso de un (1) año previsto en el mencionado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, y de conformidad con la norma y los criterios jurisprudenciales transcritos, bajo cuya vigencia se consumó el lapso de paralización de esta causa, lo que conlleva a declarar que operó de pleno derecho la perención de la instancia, a tenor de lo establecido en los precitados artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

DECISIÓN

En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Civil (Bienes) Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por H.J.N.P., venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad Nro. V-7.257.355, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil “ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE SEGURIDAD, C.A (ORENSECA), debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 14.06.1996, bajo el Nro. 13, Tomo 768-A, asistido por el abogado A.C.G.H., debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nro. 71326; contra la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Ribas, S.M., Revenga Tovar y B.d.E.A., con sede en la Victoria, a tenor de lo establecido en los precitados artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se ordena el archivo del presente expediente y su remisión al archivo judicial anexo a Oficio, una vez que conste en autos la notificación de la parte recurrente, la cual se ordena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese, diarícese, notifíquese, y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay. En la ciudad de Maracay, a los 17 días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,

DRA. M.G.S.

LA SECRETARIA,

ABOG. SLEYDIN REYES

En esta misma fecha, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

Expdte. Nº 8534

MGS/sr/s*