Decisión de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 1 de Julio de 2008

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RESUMEN

DISPOSITIVO Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en la ciudad de Guanare, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Primera... (ver resumen completo)

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior del Trabajo de la Coordinación Laboral del estado Portuguesa

Guanare, uno (1) de julio de dos mil ocho (2008)

198º y 149º

Asunto: PP01-L-2007-000199

DEMANDANTE: MARÍA ELENA HERNÁNDEZ NOVOA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.710.311.

APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: Abogados FÉLIX JOSÉ ZAMBRANO Y TANIA GIL NIELES, identificados con matriculas de Inpreabogado Nº 46.728 y 68.281.

DEMANDADA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: Abogados HAROLD ALFREDO CONTRERAS CONTRERAS, MARÍA BEATRIZ GÓMEZ BARRADAS, ADRIANA HERÁNDEZ LA ROSA; CARLOS MOREL GUTIÈRREZ GIMÉNEZ inscritos en Inpreabogado bajo los Nros. 111.502 y 112.383, 80.483, 114.890 respectivamente.

MOTIVO: Cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

SENTENCIA: Definitiva

DETERMINACIÓN DE LA CAUSA

Obra por ante esta alzada el presente expediente en virtud de haber sido remitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con sede en Guanare en calidad de consulta con motivo de la decisión publicada en fecha 27 de febrero del año 2008 mediante la cual se declaró CON LUGAR la acción en el juicio por reclamación de prestaciones sociales y otros conceptos laborales intentada por la ciudadana MARÍA ELENA HERNÁNDEZ DE NOVOA contra LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, todo ello conforme al articulo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República por ser la demandada un ente regional.

Secuencia Procedimental

Consta en autos que en fecha 13/08/2007, fue presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) demanda por la ciudadana MARÍA ELENA HERNÁNDEZ DE NOVOA contra DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, la cual una vez efectuada la distribución correspondiente fue asignada para su trámite al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con sede en Guanare, el cual procedió a su admisión en fecha 13/08/2007 (F.13 AL 14) librándose las notificaciones conducentes, incluyendo la correspondiente al Procurador General de la República, con la advertencia que al décimo (10º) día hábil siguiente a que constara en autos la última de las notificaciones más tres días que por término de la distancia le fueron concedidos y una vez transcurridos los quince (15) días hábiles establecidos en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tendría lugar el inicio de la Audiencia Preliminar.

Hechos alegados en el escrito libelar:

- Alegó la accionante que comenzó a laborar para la entidad demandada en fecha 16/10/2000, como Psicólogo contratada a través de contratos escritos y sucesivos hasta el año 2004, en virtud que para el año 2005 y 2006 sus servicios laborales los continúo prestando sin la firma de contrato alguno, siempre en el Circuito Judicial Penal de Guanare estado Portuguesa, hasta el día 27/01/2006, fecha en la cual se le notificó a través de oficio Nº 280.0106 de fecha 26/01/2006 que dicho organismo había decidido prescindir de sus servicios a partir de la fecha de recepción del referido oficio.

- Posteriormente la actora indica que en fecha 25/10/2006 solicitó por escrito la cancelación de sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales que se le adeudaban y en fecha 11/01/2007 la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Dirección Administrativa Regional Portuguesa manifestó por escrito la no procedencia de tales conceptos.

- Manifiesta además la demandante que la relación jurídica existente entre las partes (a través de un contrato escrito bajo la forma de contratos de servicios profesionales y cuya remuneración se hacía a través de honorarios profesionales) era eminentemente laboral por cuanto estaban presentes elementos propios de una relación de trabajo, como lo es, la existencia de una relación de subordinación permanente e ininterrumpida, la obligación de cumplir horarios, recibir ordenes de superiores, así como la cancelación del salario.

- Señala que los anteriores elementos estuvieron presente en la relación jurídica y a pesar de las formas para evadir el nacimiento de las responsabilidades patrimoniales como consecuencia de una relación de empleo era evidente que la situación jurídica de la accionante frente a la demandada era la de personal “fijo contratado” en virtud de que se suscribieron más de dos (2) contratos consecutivos, cumpliéndose con ello el supuesto del artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como la continuidad dada durante los años 2005 y enero 2006 a la relación sin contratación.

- Arguye que la forma de la terminación de la relación laboral demuestra la aceptación por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la existencia de una relación laboral por no materializarse una rescisión unilateral del llamado contrato de servicios profesionales sino que decidió prescindir de sus servicios, así como haberse señalado en el despido que se procedería a los trámites correspondientes para el pago de los beneficios de Ley a que hubiere lugar.

- Indica que con posterioridad a la fecha del despido la actora solicitó en forma verbal y por escrito ante la Dirección Regional de la Magistratura la cancelación de sus prestaciones sociales y otros conceptos que durante la relación no le fueron cancelados y le corresponden por Ley y por contrato colectivo.

- A la par, manifiesta la actora que prestó sus servicios con diferentes salarios desde el 16/1072000 hasta el 27/0172006 con un tiempo de duración de 5 años 3 meses y 11 días, señalando que el salario desde el 16/10/2000 hasta el 31/12/2003 era de Bs. 25,46; desde el 01/01/2004 hasta el 31/12/2004 Bs. 36,72; desde el 01/01/2005 hasta el 31/12/2005 Bs. 46, 30.

- Finalmente reclama la accionante los conceptos y montos que de seguidas se desgajan:

• Antigüedad e intereses: Por concepto de antigüedad la cantidad de Bs. 10.648,15 y por intereses sobre la antigüedad la cantidad de Bs. 6.086,52 previstos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculado sobre la base del salario integral de acuerdo a lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo.

• Aguinaldos: De conformidad con la cláusula 32 de la convención colectiva de Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura Nº 1 literal a, la cantidad de Bs. 13.320,00 desde el 2000 hasta el 2006.

• Vacaciones: Según la cláusula 23 numeral 1 literales a y b de la convención de Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la cantidad de Bs. 3.358,33 por concepto de cinco (5) años y tres (3) meses, desde el 16/10/2000 hasta el 27/01/2006 la cantidad de Bs. 3.358,33.

• Bono Vacacional: Conforme a la cláusula 23 numeral 6 de la convención de Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la cantidad de Bs. 5.608,33 desde el 2000 hasta al 2006.

• Indemnizaciones por despido Injustificado: De conformidad con el artículo 125 de la ley Orgánica del Trabajo: Indemnización adicional del inciso 2º (150 días) y la indemnización sustitutiva de preaviso literal d (60 días) la cantidad de Bs. 9.722,22.

• Diferencia de salario por aumento: Por concepto de salarios caídos demanda la cantidad de Bs. 200,00 correspondiente desde el 01/01/2006 hasta 27/01/2006, el 25% de acuerdo al artículo 31 numeral 2 del contrato colectivo.

• Beneficio de la Ley Programa de Alimentación de los Trabajadores: De conformidad con el parágrafo Primero artículo 4 Ord. “c” y según la cláusula 32 numeral 5to de la convención de Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la cantidad de Bs. 12.792,15, desde octubre 2000 hasta enero 2006. Sumando los anteriores concepto la cantidad de Bs. 61.735,71.

• Que a través de experticia complementaria del fallo le sea aplicado el método indexatorio en virtud de los índices de inflación que han minimizado el poder adquisitivo de la moneda.

• Intereses de mora generados desde que se originó el derecho a percibir los montos demandados de carácter salarial.

Como complemento a lo señalado, una vez cumplido con los tramites de notificación conducentes fue anunciado el inicio de la Audiencia Preliminar en fecha 03/12/2007, a la cual compareció la parte demandante, dejándose constancia de la incomparecencia de la parte demandada quien no compareció por medio de representante ni apoderado judicial alguno por lo que de conformidad con lo dispuesto e los artículos 74 y 135 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo se ordenó agregar al expediente las pruebas promovidas por la parte demandante y considerando que la demandada es un ente público que goza de prerrogativas y privilegios de conformidad con la doctrina jurisprudencial de las Sala de Casación Social de fecha 25 de Marzo de 2004 el Tribunal a quo omitió pronunciamiento alguno sobre la sanción y consecuencias previstas en al Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dejándose transcurrir el lapso para la contestación de la demanda y su posterior remisión al Juez de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo con sede en Guanare.

Seguidamente, en fecha 10/12/2007 fue consignado por el Abogado Carlos Morel Gutiérrez Jiménez e su condición de Abogado sustituto de la Procuraduría General de la República escrito de contestación a la demanda (F. 239 al 250) en los siguientes términos:

- Alega que desde el 16 de octubre hasta diciembre de 2000 y desde el mes de enero hasta julio de 2001, la accionante prestó sus servicios para la República por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como psicólogo, adscrita al Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción...

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