Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 17 de Marzo de 2014

“LOS CONTRATANTES”, contratan, de forma irrevocable, los servicios profesionales de “EL CONTRATADO”, para que éste desarrolle un Proyecto de Arquitectura e Ingeniería de un Centro Comercial denominado hasta este momento “CENTRO COMERCIAL COLINAS DEL TAMANACO”, el cual será construido sobre tres parcelas que son de la exclusiva propiedad de “LOS CONTRATANTES”, identificadas con los números 152, 153 y 145 de la urbanización Colinas del Tamanaco, Calle Caracas, casi esquina con la Avenida La Guarita (también llamada La Trinidad).-------------------------------

El Proyecto de Arquitectura e Ingeniería contratado por “LOS CONTRATANTES” a “EL CONTRATADO”, consta de las siguientes partes: --------

1. - Consulta EN Ingeniería Municipal de las variables de la parcela y factibilidad económica (ya realizada)----------------------------------------------

2. - Anteproyecto, ya realizado y permisado en la respectiva Ingeniería Municipal de Baruta, bajo el N° 0163 de fecha 10 de diciembre de 1999.—------------------------------------------------------------------------------------------

3. - Proyecto de Arquitectura e Ingeniería con sus respectivos cálculos y diseño en Estructuras Sanitarias, Eléctricas, Mecánicas, Instalaciones Contra Incendio y Cómputos Métricos.----------------------------------------------------

4. - Permisología. --------------------------------------------------------------------

“EL CONTRATADO” se compromete a entregar el Proyecto de Arquitectura e Ingeniería en dos meses a contar de la firma de este documento. El tiempo que se demore en obtenerse el permiso definitivo depende fundamentalmente de la Ingeniería Municipal respectiva.-------------

“LOS CONTRATANTES” se obligan a entregarle como cancelación de los honorarios profesionales a “EL CONTRATADO”, un local comercial designado en el Anteproyecto con el N° LC 303 con una superficie de 123 m2 y la terraza contigua la cual pertenece al mismo local, todo lo cual le será entregado en propiedad en el momento de la terminación de la construcción, la cual se estima en un año y medio a contar de la presente fecha. El local es cuestión será llamado en el nivel Proyecto, LC 307 de 118,68 m2 y su respectiva terraza adyacente.-----------------------------------------------------

En el supuesto de que “LOS CONTRATANTES”, decidan vender el terreno a una empresa o persona totalmente ajena a los “LOS CONTRATANTES”, a “EL CONTRATADO”, le cancelarán el DIEZ POR CIENTO (10%) de la venta del terreno, en el acto mismo de la protocolización de dicha venta. “LOS CONTRATANTES” quedan en libertad de fundirse en una sola empresa o asociarse con otra u otras para poder llevar a cabo la construcción, no por ello invalida la obligatoriedad de la cláusula cuarta.---------------------------------------------------------------------

Se hacen dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caracas, elegida como domicilio especial, a la fecha de su presentación.------------------------------------------------------------------------

Transcrito lo anterior, observa este Juzgador que estamos en presencia de un contrato que desprende una obligación de hacer, no obstante se observa que dicha obligación esta supeditada, según el contrato, con el pago asumido en especie, el cual se fijó un término, habida cuenta que conforme a lo convenido en la cláusula Cuarta del Contrato de marras, la asociación civil, se obligó a entregarle al ciudadano N.E., como pago de los honorarios profesionales convenidos, un local comercial en el propio centro comercial, a este respecto, quien aquí decide, considera que la obligación asumida por la parte demandada es una obligación condicional y no una obligación a termino, Y ASI SE DECLARA.

Así pues, es menester hacer referencia al contenido del artículo 1.160 del Código Civil, el cual establece que:

Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino todas las circunstancias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley

.

En este orden de ideas, el artículo 1.354 del Código Civil establece que:

Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación

.

La transcrita norma, contentiva de las pruebas de las obligaciones y de su extinción, crea la carga de la prueba para cada una de las partes del litigio, es decir, a la parte ejecutante el deber de probar la obligación accionada y, a la parte demandada, el deber de probar el pago o el hecho que hubiera extinguido su obligación. En el mismo orden de ideas, la doctrina y la jurisprudencia están acorde en admitir de manera unánime que en los contratos de ejecución progresiva, como lo es el CONTRATO PROFESIONAL, en que se apoya la acción deducida en el presente caso, le basta al actor probar la existencia autentica de esa relación jurídica que obliga al demandado, sin que pueda estar obligado a demostrar el hecho negativo del incumplimiento del mismo; esto es, que, probada la existencia de las obligaciones contenidas en el referido contrato PROFESIONAL en forma auténtica, es el demandado quien debe probar que está solvente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, o excepcionarse con cualquier defensa valida.

En el caso bajo estudio, la parte actora pretende el cumplimiento del contrato profesional, suscrito en fecha 23 de Marzo de 2.000, el cual se encuentra debidamente autenticado ante Notaría Publica, tal y como se precisó en el capitulo de las valoración de las pruebas, contenida en la presente Sentencia. En tal sentido, el artículo 1.167 del Código Civil establece:

En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello

Ahora bien, en el juicio de marras la parte accionante a través de su representación judicial alegó en su pretensión, que la parte demandada había incumplido con sus obligaciones convenidas en el contrato de objeto del presente pleito, y por otra parte el demandado alego que la accionante no cumplió con su obligación y por ende no se llevo a cabo la obra descrita en el contrato, de acuerdo con lo expuesto, este Juzgador considera que la obligación contraída por la parte demandada los cuales se desprenden del propio texto de “el contrato”, ya que la obligación de cancelar los honorarios profesionales del hoy demandado, mediante la entrega en propiedad de un local, estaba supeditada a la construcción del Centro Comercial, es decir, a un hecho futuro

En este mismo orden de ideas se sostiene que los contratantes están obligados a cumplir el contrato del mismo modo que está obligado a cumplir la ley. Este es uno de los principios de mayor abolengo en el campo del Derecho, y se ha reforzado a través del tiempo, con motivo de la influencia cada vez más creciente del principio de autonomía de la voluntad y con el principio rector en materia de cumplimiento de las obligaciones que ordena conforme al artículo 1.264 del Código Civil Venezolano que reza: LAS OBLIGACIONES DEBEN CUMPLIRSE EXACTAMENTE COMO HAN SIDO CONTRAIDAS; lo que constriñe a la ejecución de las obligaciones nacidas de un contrato en forma muy acentuada.

Es este el principio general y rector en materia de cumplimiento de las obligaciones y, como consecuencia del mismo, las partes deben cumplir esas obligaciones fielmente, al pie de la letra. El Juez, en caso de controversia, condenará ineludiblemente al deudor a ejecutar la prestación, prescindiendo de criterios subjetivos que atemperen o mediaticen la ejecución de la obligación.

Podemos concluir que la parte demandada, la sociedad civil FRANCESCA, S.C., de acuerdo con las estipulaciones acordadas por ambas partes en convenio llamado contrato profesional, se obligó a cancelar honorarios por los servicios prestados y supeditaron el cumplimiento de la obligación de FRANCESCA, S.C., a dos acontecimientos fututos e inciertos, la primera, la terminación de la construcción del Centro Comercial en el lapso de año y medio contado desde la fecha de autenticación de “EL CONTRATO”; y por otra parte, la venta del terreno, durante el tiempo estimado para la construcción del Centro Comercial; a este respecto, el articulo 1.206 del Código Civil, el cual establece: “…Cuando una obligación se ha contraído bajo la condición de que un acontecimiento suceda en un tiempo determinado, esta condición se tiene por no cumplida, si el tiempo ha expirado sin que el acontecimiento se haya efectuado. Si no se ha fijado tiempo, se puede cumplir en cualquier tiempo y no se tiene por incumplida sino cuando es cierto que el acontecimiento no sucederá…” trascrito lo anterior y adminiculadas las pruebas presentadas por las partes en el presente juicio y ateniéndonos a la interpretación de los contratos, es por lo que este Juzgador considera que la presente acción no debe prosperar en derecho, tal y como se dejara asentado en el dispositivo del presente fallo. Y ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE.

-III-

Por los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

Se declara SIN LUGAR la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO sigue el ciudadano N.E. contra la Sociedad Mercantil FRANCESCA S.C., ambas partes plenamente identificadas en el encabezado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en la presente instancia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes del presente fallo, por haberse dictado fuera de su oportunidad legal correspondiente…”

Asimismo, se observa que en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil trece (2013), el Juzgado de la causa dictó aclaratoria de sentencia, por medio de la cual condenó en costas a la parte actora, por haber resultado totalmente vencida, de conformidad a lo estatuido por el articulo 274 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, el a-quo, en la mencionada aclaratoria de sentencia, estableció lo siguiente:

…Vista la solicitud efectuada en fecha 22 de Febrero de 2013, de ACLARATORIA DE SENTENCIA, presentada por la ciudadana C.R.L. P., venezolana, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 88.772, en su carácter de apoderado Judicial de la parte demandada, Asociación Civil FRANCESCA S.A., antes identificada, este Tribunal, a los fines de dictar su pronunciamiento, observa:

Señala el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “...Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado...Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente...”.-

En sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26 de Diciembre de 2.000, indicó: “...que el trascrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el Juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no solo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar...”.-

Así mismo, señaló la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 09 de Marzo de 2.001, lo siguiente: “...omissis...Sin embargo es de señalar que la condición a la cual alude el artículo en referencia debe entenderse cuando la sentencia haya sido dictada dentro del lapso establecido y que no amerite por tanto que la misma sea notificada. “...De manera que, lo anterior conlleva a afirmar que en el caso de que la sentencia haya ido dictada fuera del lapso establecido para ello, los términos indicados en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil deben entenderse que son el día de la notificación de la sentencia o el día siguiente al que ésta se haya verificado...”-

En este sentido, este Juzgado observa, que la parte demandada representada por su apoderada Judicial, abogada en ejercicio C.R.L. P, se dio por notificada de la referida decisión emanada por este Juzgado, en fecha 22 de Febrero de 2013, y en esa misma fecha solicitó la aclaratoria, y siendo que ya estaba notificada la parte actora de la sentencia proferida en el presente juicio, este Sentenciador observa que dicha solicitud de aclaratoria fue solicitada tempestivamente por la parte demandada en el presente litigio. Y ASI SE DECLARA.

Dicho esto, solicita la parte actora, una corrección de la sentencia dictada en fecha 26 de Septiembre de 2.002, en cuanto a que se incurrió en el error involuntario de colocar de manera errada la condenatoria en costas, por cuanto se condeno a la parte gananciosa y no a la parte perdidosa.

A tal efecto, este Juzgador observa que tal como indica la representación judicial de la parte demandada, existe un error involuntario en la decisión proferida por este Tribunal y siendo que, aún cuando, en sentido amplio, pudiera considerarse que la solicitud de la parte actora persigue salvar una omisión por vía de aclaratoria de la sentencia, la misma es procedente en derecho por cuanto la misma fue solicitada el día que quedaron notificadas ambas partes, lo que nos hace considerar totalmente temporánea, la solicitud efectuada. Y ASI SE DECLARA.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACLARA la sentencia referida en los siguientes términos:

PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte actora, ciudadano N.E., por haber resultado totalmente vencido en la presente instancia.

Téngase por ACLARADA la prenombrada decisión de fecha 26 de Septiembre de 2012, siendo la presente parte integrante de la misma…

Circunscrita como quedó la controversia en este proceso a los hechos antes indicados; y, revisada la recurrida y su aclaratoria, pasa esta Sentenciadora a decidir el fondo de lo debatido, en los siguientes términos:

En materia contractual, disponen los artículos 1.133 y 1.159 del Código Civil, expresamente, lo siguiente:

Artículo 1.133.- El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico

.

Artículo 1.159.- Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley”.

El contrato es definido por nuestro Código Civil en el artículo 1.133 como una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas una vínculo jurídico, constituyendo una especie de convención, puesto que involucra el concurso de las voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico, que puede consistir en la creación, regulación transmisión, modificación o extinción de un vínculo jurídico, de allí, que el contrato regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, susceptibles de ser valorados desde un punto de vista económico; produce efectos obligatorios para todas las partes y es fuente de obligaciones.

En materia probatoria, el artículo 1.354 del Código Civil, dispone lo siguiente:

Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe, por su parte, probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.

Por su parte, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, dispone que:

Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación

En atención a las normas citadas, por lo tanto, según la teoría de la carga de la prueba, corresponderá al actor probar los hechos constitutivos de su pretensión; y, a la parte demandada probar los hechos modificativos, impeditivos o de extinción de la obligación demandada.

La noción de carga de la prueba, se encuentra vinculada a los principios mencionados, la cual tiene justificación filosófica en la necesidad práctica ante la cual se encuentra una parte para poder obtener el efecto jurídico deseado y evitar el daño de perderlo, de probar el nacimiento del derecho reclamado si quiere que le sea reconocido por el Juez, o su extinción, si se defiende alegándola, más no tiene la obligación de llevar esa prueba al proceso, ya que, esta necesidad no posee efectos coercitivos significativos de las obligaciones sino que constituyen cargas procesales.-

Pasa entonces este Tribunal Superior a examinar, las pruebas traídas al proceso por ambas partes; y a tales efectos, observa:

En el presente caso, se aprecia la parte demandante, a los efectos de fundamentar sus alegatos, acompañó a su libelo, los siguientes documentos:

1. - Original de contrato profesional suscrito por la sociedad mercantil INVERSIONES UGENTUM, C.A., representada por el ciudadano GAETANO PELLEGRINO; la sociedad civil FRANCESCA, S.C., representada por la ciudadana F.C.V.; la ciudadana M.B.D.P. y el ciudadano N.E., autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil (2000), identificada bajo el Nro. 70, Tomo 14.

El anterior documento es un documento público, a tenor de lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, toda vez que fue otorgado ante funcionario autorizado para dar fe pública; y, previo el cumplimiento de las formalidades legales establecidas para este tipo de documentos.

El referido instrumento público, no fue tachado de falso por la parte contra quien se hizo valer en la oportunidad respectiva; al contrario, fue invocado y aceptado por la propia demandada en la contestación de la demanda, para la fundamentación de sus alegatos, tal como consta al folio ciento ochenta (180), de la primera pieza del expediente, en razón de lo cual, le este Juzgado Superior, le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código de Procedimiento Civil; y lo considera demostrativo de la celebración de dicho contrato entre las partes de este proceso.- Así se establece.

En dicho medio probatorio, entre otras menciones, se puede leer lo siguiente:

“CONTRATO PROFESIONAL

Entre “INVERSIONES UGENTUM, C.A.”, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 13 de Junio de 1988, bajo el Nº. 74, Tomo 74-A Pro. representado en este acto por su Presidente GAETANO D.P., civilmente hábil, venezolano, comerciante, y portador de la cédula de identidad Nº V-5.312.258, debidamente autorizado según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el día 20 de Enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, Tomo 15-A-Pro Número 25 del año 1999; “FRANCESCA, S.C.” Sociedad Civil, inscrita ante la Oficina de Registro Subalterno del Primer Circuito de Registro Público de Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha cinco (05) de Junio de 1.998, bajo el Nº 22, Tomo 26, Protocolo Primero, representada para este acto por su Presidente F.C.V.P., quien es venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, soltera, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº 13.535.611; la Señora M.B.D.P., mayor de edad, viuda, venezolana, titular de cédula identidad Nº V-4.766.471, quienes y para efecto de este contrato serán llamados “LOS CONTRATANTES”, por una parte; y por la otra, N.E. M., chileno, soltero, portador de la cédula de identidad Nº E-81.073.852, de profesión ARQUITECTO e inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela bajo el Nº 25.976, quién para efecto de este documento será llamado “EL CONTRATADO”, acuerdan en celebrar el siguiente Contrato Profesional:-----

“LOS CONTRATANTES”, contratan, de forma irrevocable, los servicios profesionales de “EL CONTRATADO”, para que éste desarrolle un Proyecto de Arquitectura e Ingeniería de un Centro Comercial denominado hasta ese momento “CENTRO COMERCIAL COLINAS DEL TAMANACO”, el cual será construido sobre tres parcelas que son de la exclusiva propiedad de “LOS CONTRATANTES”, identificadas con los numeros 152, 153 y 145 de la urbanización Colinas del Tamanaco, Calle Caracas, casi esquina con la Avenida La Guairita (también llamada La Trinidad).----------------------------------------

El Proyecto de Arquitectura e Ingeniería contratado por “LOS CONTRATANTES” a “EL CONTRATADO”, consta de las siguientes partes.--

1. - Consulta en Ingeniería Municipal de las variables de la parcela y factibilidad económica (ya realizada).---------------------------------------------

2. - Anteproyecto, ya realizado y permisado en la respectiva Ingeniería Municipal de Baruta, bajo el Nº 0163 de fecha 10 de Diciembre de 1999.------

3. - Proyecto de Arquitectura e Ingeniería con sus respectivos cálculos y diseño en Estructuras, Sanitarias, Eléctricas, Mecánicas, Instalaciones Contra Incendio y Cómputos Métricos.--------------------------------------------

4. - Permisología.--------------------------------------------------------------------

“EL CONTRATADO” se compromete a entregar el Proyecto de Arquitectura e Ingeniería en dos meses a contar de la firma de este documento. El tiempo que se demore en obtenerse el permiso definitivo depende fundamentalmente de la Ingeniería Municipal respectiva.-------------

“LOS CONTRATANTES” se obligan a entregarle como cancelación de los honorarios profesionales a “EL CONTRATADO”, un local comercial designado en el Anteproyecto con el Nº LC 303 con una superficie de 123 m2 y la terraza contigua la cual pertenece al mismo local, todo lo cual le será entregado en propiedad en el momento de la terminación de la construcción, la cual se estima en año y medio a contar de la presente fecha. El local en cuestión será llamado en el nivel Proyecto, LC 307 de 118,68 m2 y su respectiva terraza adyacente.-----------------------------------------------------

En el supuesto de que “LOS CONTRATANTES”, decidan vender el terreno a una empresa o persona totalmente ajena a “LOS CONTRATANTES”, a “EL CONTRATADO”, le cancelarán el DIEZ POR CIENTO (10%) de la venta del terreno, en el acto mismo de la protocolización de dicha venta. “LOS CONTRATANTES” quedan en libertad de fundirse en una sola empresa o asociarse con otra u otras para poder llevar a cabo la construcción, no por ello invalida la obligatoriedad de la cláusula cuarta…”

2. - Copia certificada de documento de venta suscrito por el ciudadano GAETANO D.P., en su carácter de Presidente de INVERSIONES UGENTUM, C.A., y la sociedad civil FRANCESCA, S.C., de una parcela de terreno situada en la Urbanización Colinas de Tamanaco, jurisdicción del Municipio Baruta, Estado Miranda, enclavada en la Zona Baja, tipo B, comercial, identificada bajo el Nro. 152, autenticado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha ocho (08) de mayo de dos mil (2000), anotada bajo el Nro. 48, Tomo 03, Protocolo Primero; para demostrar el hecho de que la parte demandada era propietaria de la parcela de terreno allí identificada.

3. - Copia certificada de documento de venta suscrito por los ciudadanos M.B.D.P., en su propio nombre y en representación de las ciudadanas M.P.D.P., B.A.P.D.C., ELOISE PINGARRON DE DUMA, M.P.B. y G.P.B.; la ciudadana T.D.J.C., en su propio nombre y en representación de M.A.P.C., M.N.P.C. y C.A.P.C. y la sociedad civil FRANCESCA, S.C, representada por su Presidente GAETANO D.P., de una parcela de terreno distinguida con el Nro. 145, en el plano de Parcelamiento General de la Urbanización Colinas del Tamanaco, enclavada en la Zona Baja, Tipo B, Municipio Baruta del Estado Miranda, inscrito el ocho (08) de mayo de dos mil (2000), por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda, bajo el Nro. 47, Tomo 03, Protocolo Primero; con la finalidad de evidenciar que la sociedad civil accionada, era la propietaria de la parcela de terreno señalada.

4. - Copia certificada de documento de venta suscrito por el ciudadano GAETANO D.P., en representación de la sociedad mercantil MARCHEMA INVERSIONES, C.A., y la ciudadana F.C.V.P., en su condición de Presidente de la sociedad civil FRANCESCA, S.C., sobre una parcela de terreno distinguida con el Nro. 143, ubicada frente a la Calle Caracas, Zona Baja, Tipo B, de la Urbanización Colinas del Tamanaco, Municipio Baruta del Estado Miranda; protocolizado en fecha dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda, bajo el Nro. 26, Tomo 09, Protocolo Primero; a los fines de probar que la parcela de terreno allí descrita, pertenecía a la parte demandada.

   Los anteriores instrumentos identificados con los numerales 2, 3 y 4, son documentos públicos, a tenor de lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, toda vez que fueron otorgados ante funcionario autorizado para dar fe pública; y, previo el cumplimiento de las formalidades legales establecidas para este tipo de documentos.

   Los referidos instrumentos públicos, no fueron tachados de falso por la parte contra quien se hicieron valer en la oportunidad respectiva; en razón de lo cual, esta Alzada les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código de Procedimiento Civil; y los considera demostrativos de que las parcelas distinguidas con los números 152, 145 y 143, respectivamente ubicadas en Urbanización Colinas del Tamanaco, enclavadas en la Zona Baja, Tipo B, Municipio Baruta del Estado Miranda, son propiedad de la sociedad civil demandada, la cual no fue discutida en este proceso. Así se declara.

5. - Original de notificación judicial a nombre de la sociedad civil FRANCESCA, S.C., en la persona de su Presidente, ciudadano GAETANO D.P., practicada en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2010), por el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Asunto Nro. AP31-S-2010-001618, en la siguiente dirección: Calle C, casi esquina Calle E, “Residencias Adriana”, PH, S.R.d.L., Municipio Baruta, Estado Miranda; a los efectos de demostrar el hecho de que la sociedad civil demandada, había sido notificada de la deuda por concepto de honorarios profesionales, por la ejecución del contrato de servicios cuyo cumplimiento se peticiona.

   En dicha notificación judicial, el referido Juzgado de Municipio, dejó constancia de lo siguiente:

   …La Juez del Tribunal … de su misión y del contenido íntegro de la solicitud de Notificación Judicial procedente al ciudadano Gaetano D.P., titular de la cédula de identidad Nº 5.312.258, una vez que éste le facilitó el acceso al interior del apartamento PH 2, y le hizo entrega de una Copia Fotostática de la solicitud la cual recibió en sus manos. Cumplida como ha sido la misión del Tribunal, siendo las 2:36 pm., se da por concluido el acto…

   El anterior medio probatorio, constituye un documento público, a tenor de lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, toda vez que fue otorgado ante funcionario autorizado para dar fe pública; y, previo el cumplimiento de las formalidades legales establecidas para este tipo de documento. Ello, aunado al hecho de que tal instrumento público no fue tachado de falso por la parte contra quien se hizo valer en la oportunidad respectiva; en razón de lo cual, este Juzgado Superior, le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código de Procedimiento Civil; y, en consecuencia, lo considera demostrativo de que el ciudadano GAETANO D.P., en su condición de Presidente de la sociedad civil FRANCESCA, S.C., parte demandada en este proceso, fue notificado el día veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2.010) de la deuda que alega la parte actora por honorarios profesionales, en virtud del contrato cuyo cumplimiento se exige. Así se decide.

6. - Copia simple de documento de integración suscrito por el ciudadano GAETANO D.P., actuando en su condición de Presidente Ejecutivo de la sociedad civil FRANCESCA, S.C., el veinte (20) de julio de dos mil (2000), ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda, Nro. 18, Tomo 03, Protocolo Primero, para demostrar el hecho de que la referida sociedad civil era propietaria de tres (03) parcelas de terreno identificadas con los números 143, 145 y 152.

7. - Copia simple de contrato de arrendamiento suscrito por la sociedad civil FRANCESCA, S.C., y la empresa FARMATODO, C.A., sobre un lote de terreno ubicado en la Urbanización Colinas del Tamanaco, en jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda, con una superficie total de Tres Mil Doscientos Diez Metros Cuadrados con Ochenta y Siete Decímetros Cuadrados (3.210,87 m2), resultante de la integración de tres (03) parcelas, identificadas bajo los Nros. 145, 147 y 152, autenticado en fecha treinta (30) de abril de dos mil tres (2003), por ante la Notaría Pública Quinta del Municipio Baruta del Estado Miranda, Nro. 54, Tomo 15.

   Las reproducciones fotostáticas que anteceden, descritas en los numerales 6 y 7, son copias de documentos públicos. Las mismas, no fueron impugnadas por la parte contra la cual fueron opuestas en la oportunidad legal correspondiente; razón por la cual, este Juzgado Superior, tiene tales reproducciones como fidedignas, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; les atribuye el valor probatorio que la ley le confiere a los documentos públicos, a tenor de lo pautado en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil y las considera demostrativas de lo siguiente:

   Con el documento identificado en el numeral 6 antes copiado, queda demostrado que las parcelas Nos. 143, 145 y 152, ya descritas, propiedad de la demandada fueron integradas en una sola. Así se decide.

   Con el instrumento señalado en el numeral 7, ha quedado evidenciado, a juicio de esta Sentenciadora. que la sociedad civil FRANCESCA S.C. y la empresa FARMATODO C.A. celebraron un contrato de arrendamiento por un período de quince (15) años, prorrogable por un período que sería pactado de mutuo acuerdo por las partes, de conformidad con la cláusula Cuarta de dicho contrato, sobre el lote de terreno resultante de la integración de las parcelas Nos. 143, 145 y 152.- Así se declara.

8. - Copia certificada de oficio de integración Nro. 1502, emitido por la Gerencia de Planificación y Diseño Urbano de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil (2000), para demostrar el hecho de que para el cumplimiento del objetivo propuesto, era necesario la integración previa las parcelas.

9. - Copia certificada de documento de constancia de cumplimiento de variables urbanas de la construcción de la obra ubicada en la Urbanización Colinas del Tamanaco, Calle Caracas, sobre las parcelas de terreno Nros. 143, 145 y 152, emitido por la Gerencia de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, identificado con el Nro. 00675-00, de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil (2000), con la finalidad de evidenciar que había ejecutado con la totalidad del proyecto encomendado.

   Los precedentes medios probatorios distinguidos con los numerales 8 y 9 constituyen las actuaciones administrativas emanadas de los funcionarios públicos con competencia para ello, equiparables a documentos públicos. Dichos documentos no fueron tachados de falsos por la parte contra quien se hicieron valer en la oportunidad respectiva; en razón de lo cual, este Juzgado Superior, le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código de Procedimiento Civil. De los referidos documentos, a criterio de esta Juzgadora, han quedado demostrados los siguientes hechos:

   Del documento identificado con el número 8, se evidencia que el organismo competente, aprobó la integración en una sola, de las tres parcelas distinguidas con los números 143, 145 y 152. Así se declara.-

   Del medio probatorio descrito en el numeral 9, se desprende que fueron cumplidas las variables urbanas, a criterio de la oficina respectiva del Municipio competente. Así se declara

10. - Avalúo del bien inmueble identificado como oficina Nro. LC 303, el cual se encontraba en el proyecto del Centro Comercial Tamanaco, ubicado en la Calle Caracas de la Urbanización Colinas del Tamanaco, Municipio Baruta, Estado Miranda; realizado por el Ingeniero C.R., en octubre de dos mil diez (2010), a los fines de demostrar la estimación de sus honorarios profesionales por concepto del contrato en cuestión.

    El monto contenido en el avalúo no fue discutido por la parte demandada en la contestación de la demanda; ni tampoco fue impugnado por dicha parte en esa oportunidad, en razón de lo cual, este Tribunal, le atribuye valor probatorio y lo considera demostrativo del valor del inmueble que le fue ofrecido como pago en la cláusula cuarta del contrato cuyo cumplimiento se pretende. Así se decide.

12. - Planos del proyecto de arquitectura e ingeniería del Centro Comercial Tamanaco, emanados de la Dirección de Control de Urbanismo y Edificaciones del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha tres (03) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

    Los referidos planos elaborados por el hoy demandante y emanados de la citada Dirección de Control de Urbanismos, constituye la actuación administrativa del funcionario competente autorizado para ello; y por lo tanto este Tribunal, le atribuye valor probatorio, toda vez que los mismos no fueron impugnados por la parte demandada; y los considera demostrativos de que el demandante elaboró los Planos del Proyecto que le fue encomendado. Así se declara.-

    Se observa además, que la parte demandada, al momento de dar contestación a la demanda, consignó en copia simple documento del contrato profesional suscrito por la sociedad mercantil INVERSIONES UGENTUM, C.A., representada por GAETANO PELLEGRINO; sociedad civil FRANCESCA, S.C., representada por la ciudadana F.C.V.; la ciudadana M.B.D.P. y el ciudadano N.E., autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil (2000), identificada bajo el Nro. 70, Tomo 14; documento el cual ya fue valorado por esta Alzada, por lo que reproduce su valoración. Así se establece.-

    Del exhaustivo examen y análisis de las afirmaciones y pruebas aportadas por las partes ya valoradas en este proceso, como se dejó establecido, conforme a lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, han quedado demostrados los siguientes hechos:

    Que entre la sociedad mercantil INVERSIONES UGENTUM, C.A., representada por GAETANO PELLEGRINO; la parte demandada sociedad civil FRANCESCA, S.C., representada por F.C.V.; la ciudadana M.B.D.P. y el ciudadano N.E., parte actora en el presente proceso, fue suscrito un contrato profesional, en el cual la hoy demandada, contrató los servicios profesionales del Arquitecto N.E., para que desarrollara un Proyecto de Arquitectura e Ingeniería de un Centro Comercial denominado “CENTRO COMERCIAL COLINAS DEL TAMANACO”, el cual sería construído sobre tres parcelas de la exclusiva propiedad de los contratantes identificadas con los números 152, 153 y 145 de la urbanización Colinas del Tamanaco, Calle Caracas, casi esquina con la Avenida La Guairita (también llamada La Trinidad).

    Que el Proyecto de Arquitectura e Ingeniería para el cual había sido contratado el hoy demandante consistía en las siguientes actividades: (i) Consulta en Ingeniería Municipal de las variables de la parcela y factibilidad económica; (ii) Anteproyecto, ya realizado y permisado en la respectiva Ingeniería Municipal de Baruta, bajo el Nº 0163 de fecha 10 de Diciembre de 1999; (iii) Proyecto de Arquitectura e Ingeniería con sus respectivos cálculos y diseño en Estructuras, Sanitarias, Eléctricas, Mecánicas, Instalaciones Contra Incendio y Cómputos Métricos; (iv) Permisología.

    Que los contratantes se obligaron a entregarle como cancelación de los honorarios profesionales a el hoy demandante, un local comercial designado en el Anteproyecto con el Nº LC 303 con una superficie de 123 m2 y la terraza contigua la cual pertenece al mismo local, todo lo cual le sería entregado en propiedad en el momento de la terminación de la construcción, la cual se estimó en año y medio a contar de la fecha de otorgamiento del documento.

    Que en el supuesto de que los contratantes decidieran vender el terreno a una empresa o persona totalmente ajena a ellos, le cancelarían al demandante, el DIEZ POR CIENTO (10%) de la venta del terreno, en el acto mismo de la protocolización de dicha venta.

    Que la demandada, sociedad civil FRANCESCA, S.C., es la propietaria de tres (03) parcelas identificadas con los Nros. 143, 145 y 152, ubicadas en la Urbanización Colinas del Tamanaco, con frente a la Avenida Caracas, en jurisdicción del Municipio Baruta, Estado Miranda, las cuales fueron integradas en un solo lote de terreno, por requerimiento del Municipio para la aprobación del proyecto.

    Que la demandada fue notificada judicialmente el día veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2010), a solicitud del demandante de la deuda contenida en el contrato cuyo cumplimiento se exige.

    Que entre la sociedad civil FRANCESCA, S.C., y la entidad de comercio FARMATODO, C.A., existe un contrato de arrendamiento sobre el lote de terreno ubicado en la Urbanización Colinas del Tamanaco, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda, resultante de la integración de tres parcelas de terreno identificadas bajo los Nros. 143, 145 y 152.

    Que la Gerencia de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, emitió constancia de variables urbanas de la construcción de la obra ubicada en la Urbanización Colinas del Tamanaco, Calle Caracas, sobre las parcelas de terreno Nros. 143, 145 y 152.

    Que de acuerdo con el informe pericial realizado por el Ingeniero C.R.G., en fecha diez (10) de octubre de dos mil diez (2010), sobre el local identificado con el Nro. LC303, del proyecto del Centro Comercial Tamanaco, éste tenía un valor, para ese momento, de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 2.554.300,00).

    Ante ello, tenemos:

    En este caso específico, se observa que el punto fundamental de lo controvertido, se haya centrado en el hecho de que, la parte demandante, alega que la obligación contenida en el contrato de servicios cuyo cumplimiento se pide, se encuentra sometida a término; y, que por otro lado, la sociedad civil demandada, argumenta que el nacimiento de su obligación, estaba supeditado a un acontecimiento futuro e incierto, es decir, a una condición.

    En efecto, se puede leer varias veces, tanto del libelo de la demanda, como del escrito de contestación a la demanda, entre otras menciones, lo siguiente:

    …De lo expuesto, se evidencia que nos encontramos con una obligación a término fijo para ambos contratantes, conforme a lo expresado en este escrito libelar, se establecieron términos para que ambas partes dieran cumplimiento a sus obligaciones…

    “…En cuanto al término establecido en el Contrato, para que la asociación civil FRACESCA S.C. cumpliera con su obligación de “dar”, es decir con el pago asumido en especie, se fijó un término fijo suspensivo, habida cuenta que conforme a lo convenido en la cláusula Cuarta del Contrato, dicha asociación civil, se obligó a entregarle a mi representado N.E., como pago de los honorarios profesionales convenidos, el local Nº LC303 con una superficie de 123 Mts2. y la terraza contigua, la cual pertenecería al ese local o en su defecto si se vendía el inmueble, el diez por ciento (10%) del precio de venta…”

    “…En nombre de nuestra representada, ciudadano Juez, negamos, rechazamos y contradecimos totalmente la afirmación hecha por la “PARTE ACTORA”, ya que consideramos que la obligación asumida por “LOS CONTRATANTES”, hoy parte demandada, FRANCESCA, S.C., es una OBLIGACIÓN CONDICIONAL y no a término como lo afirma el demandante en su libelo de demanda…”

    “…en el presente caso, la condición suspensiva (es decir, la construcción del Centro Comercial) a la que fue sometida por las partes contratantes la obligación de nuestra representada de cancelar honorarios profesionales al hoy demandante, en la forma establecida en “EL CONTRATO”, no se cumplió en el tiempo establecido por ambas partes, por lo que debemos concluir que dicha obligación nunca nació y por lo tanto no era exigible su cumplimiento, por lo que en nuestro criterio y de acuerdo con la doctrina dominante, al demandante solo le queda ejercer la respectiva acción de repetición…”

    “…que de lo señalado en los números PRIMERO y SEGUNDO de este Capítulo, podemos concluir que nuestra representada, la sociedad civil FRANCESCA, S.C., de acuerdo con las estipulaciones acordadas por ambas partes en “EL CONTRATO” se obligó a cancelar honorarios por los servicios prestados por “EL CONTRATADO” y que ambas partes, igualmente, supeditaron el cumplimiento de la obligación de FRANCESCA, S.C., a dos acontecimientos futuros e inciertos (a dos condiciones suspensivas a tiempo determinado)…”

    A tal respecto, el Tribunal observa:

    El artículo 1211 del Código Civil, dispone que:

    Artículo 1.211.- El término estipulado en las obligaciones difiere de la condición que no suspende la obligación y sólo fija el momento de la ejecución o de la extinción de la misma.

    Con respecto a las obligaciones a término, la doctrina más calificada, ha establecido lo siguiente:

    “…El término no suspende la existencia de la obligación, es decir, el nacimiento de ella, ni repone las cosas al estado que tenía como si la obligación no se hubiera jamás contraído, sino que, en un caso, aplaza el cumplimiento de la obligación, que ya tiene existencia, y en el otro, la extingue por el fenecimiento del plazo estipulado para la ejecución. Es ésta, una diferencia con la condición, y la otra es la de que el acontecimiento de que se hace depender la obligación debe ser futuro o incierto en la condición, mientras que en el término el hecho puede ser futuro, pero cierto, es decir, que ocurrirá indefectiblemente. El ejemplo clásico es la obligación contraído para cuando muera una persona, en la cual se ignora la fecha de la muerte, pero es seguro que algún día ocurrirá. Son estos los casos que la doctrina califica de término incierto, dentro de los cuales también comprende aquéllos en que la exigibilidad de la obligación se aplaza para cuando suceda un hecho que depende de la voluntad del obligado. En ese sentido se pronuncia el expositor patrio A.D., de quien transcribimos el siguiente párrafo: “Se considera término incierto y no condición puramente potestativa, la cláusula por la cual se fija la exigibilidad de la obligación en la ejecución de un hecho que depende enteramente de la voluntad del deudor. Dice éste, verbi gratia: “pagaré un mes después de haber abierto mi establecimiento de posada en esta villa…”. (Resaltado de este Juzgado Superior).

    En este caso concreto, se observa que los contratantes, hoy demandados, en la cláusula cuarta del contrato, se obligaron a entregarle al contratado, hoy demandante, como cancelación de los honorarios profesionales, el local designado en el Anteproyecto con el Nro. LC303, con una superficie de ciento veintitrés metros cuadrados (123 mts2), y la terraza contigua que pertenece al mismo local, todo lo cual le sería entregado en propiedad, en el momento de la terminación de la construcción, la cual estimó en año y medio, a partir de la fecha de la firma del contrato cuyo cumplimiento se pide.

    Esta Sentenciadora, al interpretar la cláusula cuarta del contrato de servicios profesionales celebrado entre las partes, entiende que estamos en presencia de una obligación sometida a las denominadas por la doctrina a “obligaciones término incierto”, toda vez, que la obligación del contratante existe, solo que su ejecución quedó aplazada a la ocurrencia de un hecho que depende de la voluntad del deudor, concretamente, la construcción del Centro Comercial. Así se decide.

    Lo mismo puede decirse de lo establecido en la cláusula quinta del contrato que nos ocupa. En dicha cláusula, se dispone que, para el caso de que los vendedores decidieran vender el terreno a una persona o empresa ajena a ellos, los contratantes, hoy demandados, se obligaron a cancelar el 10% de la venta del terreno, en el acto mismo de la protocolización de la venta del terreno.

    También en este supuesto, se aplaza la ejecución de la obligación de los contratantes, al hecho de la venta de los terrenos, que depende de la voluntad de ellos. Así se declara.

    Ahora bien, establecido que se trata de una obligación a término, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 1.215 del Código Civil, que a tales efectos, dispone:

    Artículo 1.215.- Si el deudor se ha hecho insolvente, o por actos propios hubiere disminuido las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación, o no le hubiere dado las garantías prometidas, no puede reclamar el beneficio del término o plazo.

    En ese sentido, se observa:

    En este caso, han disminuido las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación. En efecto, por actos del deudor, los dos supuestos previstos para el cumplimiento de la obligación de pago contemplada en las cláusulas 4 y 5 del contrato cuyo cumplimiento se pretende, es decir, la construcción del Centro Comercial o la venta de los inmuebles, si no son de imposible realización, al menos, en el corto y mediano plazo, ya no se tiene seguridad de su ocurrencia, toda vez que, consta de los autos, que los contratantes y deudores, han celebrado un contrato de arrendamiento con la empresa FARMATODO, C.A., por un período de quince (15) años; y susceptible de prórroga por período que sería pactado de mutuo acuerdo entre las partes contratantes.

    Ello, a juicio de esta Juzgadora, ha disminuido, considerablemente, las seguridad otorgada al acreedor que el deudor cumpla su obligación de pagarle los honorarios profesionales generados por el cumplimiento de éste, de las obligaciones asumidas en el contrato de servicios; cumplimiento este que no fue controvertido en este proceso, sino que al contrario, fue expresamente reconocido en la contestación de la demanda, por la parte accionada; y que además quedó demostrado con las pruebas traídas al proceso. En consecuencia, de conformidad con la norma comentada, ha perdido el beneficio del plazo. Así se declara.

    A lo anterior, debe añadírsele, que no puede entenderse, en este caso concreto, que la obligación asumida por los contratantes en las cláusulas 4 y 5 del contrato de servicios, tantas veces citado, se trate de una obligación condicional, como lo alega la demandada en la contestación de la demanda; y, como lo estableció el Juez de la recurrida.

    Para que sea una obligación sometida a condición, debe cumplir con los requisitos que se refiere el artículo 1.197 del Código Civil, esto es, que su existencia o resolución dependa de un acontecimiento futuro e incierto.

    Como se desprende de las cláusulas 4 y 5, ya referidas, lo que establecen es una forma de pago; y, la manera convenida por las partes para efectuar el pago de una obligación, presupone la existencia de la misma.

    Así pues, no es posible sostener que la forma de pago constituye un acontecimiento futuro e incierto del cual depende la existencia de la obligación, como imperativamente lo exige el artículo 1.197, ya mencionado, para calificar una obligación de condicional. Así se decide.

    De todo lo expuesto, a criterio de esta Juzgadora, se desprende que ha quedado demostrada la existencia de la obligación del pago de los honorarios profesionales establecida en el contrato celebrado entre las partes y cuyo cumplimiento se ha demandado; ya que en este caso, ha quedado plenamente evidenciado el cumplimiento por parte del demandante, como fue apuntado en este fallo, debido al reconocimiento por parte de la demandada de tal circunstancia y al cúmulo de pruebas que cursan en autos; y que fueron exhaustivamente analizadas en esta decisión. Así se establece.-

    En consecuencia, considera quien aquí decide, que la demanda que da inicio a estas actuaciones por cumplimiento de contrato, es procedente en derecho, a tenor de lo previsto en el artículo 1.167 del Código Civil. Así se declara.-

    Como consecuencia de lo aquí expuesto, debe proceder el pago de los honorarios profesionales al demandante; y comoquiera que las modalidades de pago establecidas en las cláusulas cuarta y quinta del contrato, no pueden ser cumplidas como fueron pactadas, por las circunstancias ya anotadas, se hace necesario que se efectúe un pago equivalente en efectivo por la cantidad reclamada en el particular primero del petitorio, la cual no fue impugnada en forma alguna por la parte demandada. Así se decide.-

    Asimismo, observa esta Sentenciadora que la representación judicial de la parte demandante, al momento de interposición de la demanda que dio inicio a este proceso, solicitó la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación de pagar. Efectivamente, en el particular segundo del petitorio de la demanda, se puede leer lo siguiente:

    …Como indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación de pagar, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES FUERTES (Bs.F 295,20) por día, cantidad que representa el interés al doce por ciento (12%) anual, contados a partir del 25 de marzo de 2010, fecha en la cual se le intimó a la demandada Sociedad Civil Francesca S.C. que ejecutara el pago sustitutivo de la especie en dinero…

    En lo que se refiere a los daños y perjuicios reclamados, la sociedad civil demandada, los rechazó y contradijo expresamente, con fundamento en que como la obligación estaba sometida a una condición suspensiva y no había nacido, no debía nada por concepto de daños y perjuicios.

    Al respecto, se observa:

    El artículo 1.167 del Código Civil, dispone:

    En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede, a su elección, reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios, en ambos casos, si hubiere lugar a ellos.

    (Resaltado de esta Alzada)

    Asimismo, los artículos 1.264, 1.269 y 1277 del mismo cuerpo legal establecen:

    Artículo 1.264: Las obligaciones deben cumplirse como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención.

    Artículo 1.269: Si la obligación es de dar o de hacer, el deudor se constituye en mora por el solo vencimiento del plazo establecido en la convención.

    Si el plazo vence después de la muerte del deudor, el heredero no quedará constituido en mora sino por un requerimiento u otro acto equivalente y únicamente ocho días después del requerimiento.

    Si no se establece ningún plazo en la convención, el deudor no quedará constituido en mora sino por un requerimiento u otro acto equivalente.

    Artículo 1.277: A falta de convenio en las obligaciones que tienen por objeto una cantidad de dinero, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el cumplimiento consisten siempre en el pago del interés legal, salvo disposiciones especiales…

    (Resaltado de este Juzgado Superior).

    De las normas antes mencionadas, se hace procedente la reclamación por daños y perjuicios, en este caso concreto, en la forma como fue reclamada, desde la fecha en que fue puesto en mora el demandado, a través de la notificación o requerimiento efectuado el veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2.010). Así se establece.

    Por otra parte, se evidencia que la representación judicial de la parte accionante, en escrito de informes presentado ante este Juzgado de segunda instancia, solicitó que fuese acordada la corrección monetaria sobre las cantidades de dinero demandadas.

    En efecto, se puede apreciar al folio cincuenta y dos (52), de la segunda pieza del expediente contentiva de la causa, lo siguiente:

    …DE LA CORRECIÓN MONETARIA

    (…) pedimos al Tribunal, en vista de la grave situación inflacionaria que ha atravesado el país en los últimos años, en especial la vivida en los últimos dos (2) años, que la sentencia definitiva y como máxima aplicación del derecho, se ordene por experticia complementaria al fallo, la determinación del valor de las sumas de dinero demandadas al momento de que se solicite la ejecución de la sentencia definitiva, que ordene a LA DEMANDADA ejecute el pago de la obligación demandada…

    Con respecto a la oportunidad y posibilidad de solicitar la corrección monetaria, la Sala de Casación Civil de nuestro M.T.d.J., en sentencia Nro. RC.00802, de fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil tres (2003), con la Ponencia del Magistrado Dr. C.O.V., estableció que:

    ….La Sala de Casación Civil, como ya se indicó, ha desarrollado pacífica y reiterada doctrina sobre la oportunidad en que debe solicitarse la indexación judicial, señalando que debe pedirse en el libelo de demanda, así lo consigna en la sentencia N° 341 de fecha 3 de agosto de 1994, en el juicio por cobro de bolívares seguido por el Banco Exterior de Los Andes y de España, S.A., (Extebandes), contra el ciudadano C.J.S.L., expediente Nº 93-231), estableció lo siguiente:

    ...En primer término, en todas las causas donde se ventilen derechos disponibles y de interés privado, el ajuste por inflación ha de ser solicitado expresa y necesariamente por el actor en su libelo de demanda, no pudiendo ser solicitado en otra oportunidad, a riesgo de incurrir el sentenciador en indefensión de la parte contraria y, de producir un fallo viciado de incongruencia positiva y en un caso de ultra o extrapetita, según sea el caso. Mientras, que en las causas donde se ventilan derechos no disponibles, irrenunciables, o de orden público, el sentenciador podrá acordarlo de oficio, aun cuando no haya sido solicitado por el actor en su libelo de demanda; como por ejemplo, en las causas laborales y las de familia

    (...Omissis...)

    Surgen aquí dos interrogantes esenciales que serían: a) ¿Se indexa de oficio o a solicitud de parte?; y b) ¿En qué oportunidad se ha de acordar la indexación?.

    En cuanto a la primera interrogante, se señaló al inicio del presente fallo, que su acordatoria de oficio, dependerá de si se trata de materias de orden público o no, o si se trata de derechos disponibles, e irrenunciables o no. En efecto, no cabe duda a esta Sala que la indexación no puede ser acordada de oficio por el sentenciador cuando se trate de intereses o derechos privados y disponibles, lo cual implica que el actor tendrá que solicitarla expresamente en su libelo de demanda. Con ello se evita dejar a la parte contraria en un estado de indefensión, al no poder contradecir y contraprobar oportunamente contra la misma; e igualmente, se libra al sentenciador de producir un fallo incongruente, por otorgar más de lo pedido y otorgar algo no pedido e incurrir en ultra o extrapetita, según sea el caso...

    .

    Posteriormente, la Sala reiterando su decisión del 2 de junio de 1994, en sentencia N° 390 del 13 de noviembre de 1996, en el expediente N° 95-591 del caso de C.d.J.R. contra Mundial Gas S.A., señaló:

    ...Para los asuntos en los cuales no está interesado el orden público, esta Sala en sentencia del 02 de junio de 1994 (...) estableció que la oportunidad para proponer la petición de corrección es: a) en el libelo de demanda, como parte del petitorio y b) en los informes que se produzcan, ya ante el tribunal de la causa o el de alzada, si el fenómeno inflacionario surge con posterioridad a la interposición de la demanda, criterio que responde a una elemental noción de justicia, pues no puede el demandante cargar con el perjuicio que a su pretensión se causaría, por hechos económicos cuya causa le es ajena...

    (Negrilla y Cursiva de este Tribunal Superior).

    De modo pues que, ha sido el criterio imperante en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que la oportunidad en que debe solicitarse la corrección monetaria, depende de si se trata de disponibles o no, si versa sobre materia de orden público o no; a saber, en el primero de los casos, en los cuales esté interesado el orden público, es decir, derechos indisponibles, el Sentenciador puede acordarla en cualquier grado e instancia del proceso de oficio, aún en los casos en que no haya sido solicitado por la parte demandante; en el segundo escenario, cuando se trate de derechos disponibles, o en los cuales no esté interesado el orden público, la posibilidad de solicitar la petición de corrección monetaria, puede ser en el libelo de demanda, como parte del petitorio; o en los informes que se produzcan, ya sea ante el Tribunal a-quo o el de Alzada, siempre y cuando el fenómeno inflacionario surja con posterioridad a la interposición de la demanda, lo cual responde a una elemental noción de justicia, debido a que no puede el accionante cargar con el perjuicio que a su pretensión se causaría, por hechos económicos, cuya causa le es ajena.

    En atención al criterio antes señalado de nuestro más Alto Tribunal de Justicia, el cual esta Alzada acoge, considera esta Juzgadora que, en virtud del hecho notorio de la disminución del poder adquisitivo el cual ha atravesado nuestro país en los últimos años, en razón de que tal fenómeno no es imputable a la parte demandante, resulta procedente en derecho la solicitud de corrección monetaria sobre la suma demandada, la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 2.554.300), mediante experticia complementaria del fallo, a tenor de lo dispuesto por el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual deberá tomarse como base para el cálculo respectivo, desde el día ocho (08) de abril de dos mil once (2011), fecha en que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, admitió la demanda, hasta el día de hoy diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014), fecha en la que se dicta la presente decisión, la cual deberá determinarse conforme a los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Venezuela. Así se decide.-

    En consecuencia de lo aquí resuelto, la apelación interpuesta por la parte actora debe ser declarada CON LUGAR; y debe ser revocado el fallo recurrido y su respectiva aclaratoria. Así se establece.

    DISPOSITIVO

    Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara:

CON LUGAR la apelación interpuesta a través de diligencias suscritas los días dos (02) de octubre, veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012), dos (02) de febrero y cinco (05) de marzo de dos mil trece (2013), por los abogados R.Z. y O.R., en su condición de apoderados judiciales de la parte actora, ciudadano N.E., en contra de la decisión pronunciada en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012), por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y su aclaratoria de fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil trece (2013). QUEDA REVOCADO el fallo recurrido y su respectiva aclaratoria.

CON LUGAR la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, interpuesta por el ciudadano N.E., contra la sociedad civil FRANCESCA, S.C., ambos identificados en el texto de la presente decisión.

SE CONDENA a la parte demandada, sociedad civil FRANCESCA, S.C., a pagar a la parte actora, ciudadano N.E., las siguientes cantidades dinerarias:

1. - Por concepto de honorarios profesionales sustitutivos del pago en especie, la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 2.554.300,00).

2. - Por concepto de indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación de pagar, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 295,00), diarios, contados a partir del veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2010), fecha en que fue puesto en mora el demandada, hasta el día de hoy, diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014), fecha en la que se dicta la presente sentencia.

SE ORDENA la corrección monetaria sobre la suma demandada por concepto de honorarios profesionales sustitutivos del pago en especie, la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 2.554.300), mediante experticia complementaria del fallo, a tenor de lo dispuesto por el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual deberá tomarse como base para el cálculo respectivo, desde el día ocho (08) de abril de dos mil once (2011), fecha en que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, admitió la demanda, hasta el día hasta el día de hoy, diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014), fecha en la que se dicta el presente fallo, la cual deberá determinarse conforme a los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Venezuela.

Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 251 del mismo cuerpo normativo.

Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias de este Tribunal.

Remítase el presente expediente en su oportunidad legal al Tribunal de origen.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firma y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014). AÑOS: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.-

LA JUEZ

DRA. EVELYNA D’APOLLO ABRAHAM

LA SECRETARIA

MARÍA CORINA CASTILLO PÉREZ

En esta misma fecha, a la una y diez minutos de la tarde (1:10 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia.

LA SECRETARIA

MARÍA CORINA CASTILLO PÉREZ