Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 28 de Marzo de 2014

Riela en las actas que integran el presente asunto penal, que la penada de autos, estuvo privado de su libertad desde el día veintisiete (27) de Mayo del dos mil diez (2.010), hasta el trece (13) de Junio del dos mil once (2.011), que le fue otorgada el beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la pena.

Se observa al folio noventa y siete (97), de la segunda pieza, informe conductual final emanado de la Unidad Técnica del Estado Nueva Esparta, donde la penada de autos, cumplió satisfactoriamente con las condiciones que impuso el Tribunal de la causa y con lo requerido por la Delegada de Prueba durante el control, seguimiento y evaluación del caso, culmino el régimen de presentación bajo un nivel de supervisión mínimo.

Sobre la base de todo lo antes explanado y llenos los extremos del artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal ajustado a derecho, acuerda extender el otorgamiento del beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, a favor de la penada ciudadana NEIDYS E.A.M., titular de la cédula de identidad Nº V- 17.418.952, quien es de nacionalidad venezolana, natural de Porlamar, Estado Nueva Esparta, residenciado en el La Sector Los Delfines, Urbanización B.V., Porlamar, Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, por el término de DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES, toda vez que de acuerdo a lo previsto en el mencionado artículo, el régimen de prueba esta comprendido dentro de los parámetros establecidos; y durante el mismo, la penada queda obligada a las siguientes condiciones:

1) No ausentarse del país, ni de la jurisdicción de su domicilio, sin previa autorización otorgada por escrito por la Unidad Técnica, del estado Nueva Esparta, previa notificación al Tribunal por parte de esta última.

2) Comparecer por ante la Unidad Técnica, del estado Nueva Esparta, a los fines de que se le designe un Delegado de Prueba y se presente en ese Centro cada treinta (30) días.

3) Dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las condiciones que le imponga el Delegado de Prueba.

4) Indicar al Tribunal el lugar donde permanecerá residenciado durante la vigencia del beneficio.

5) Consignar ante el Delegado de Prueba constancia de trabajo cada (6) seis meses.

6) No consumir drogas ni bebidas alcohólicas.

7) No frecuentar sitios nocturnos ni expendios de bebidas alcohólicas.

8) No cometer delitos o faltas.

9) No portar ningún tipo de armas.

Así las cosas, una vez establecidas las condiciones a cumplir por la penada, la misma quedará obligada a cumplir a cabalidad con todas y cada una de las condiciones anteriores, en caso de incumplimiento, se procederá a la revocatoria inmediata de la medida, de conformidad con el artículo 487 del Código Orgánico Procesal Penal.

DISPOSITIVA

Este Tribunal Itinerante Primero en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Extiende el otorgamiento del beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, a favor de la penada ciudadana NEIDYS E.A.M., titular de la cédula de identidad Nº V- 17.418.952, quien es de nacionalidad venezolana, natural de Porlamar, Estado Nueva Esparta, residenciado en el La Sector Los Delfines, Urbanización B.V., Porlamar, Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, por el término de DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha en que comiencen sus presentaciones ante la Unidad Técnica, la cual cumplirá en la ciudad de Porlamar bajo las condiciones arriba indicadas. Todo de conformidad con los artículos 482 y 483, todos del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se ordena al penado continuar en el puesto de trabajo ofertado, así como observar de manera estricta las condiciones impuestas por el Tribunal, so pena de revocatoria. TERCERO: Se ordena a la penada cumplir las presentaciones ante la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación del Estado Nueva Esparta, y seguir de manera estricta las directrices emanadas del Delegado de Prueba, hasta la culminación efectiva del plazo del régimen de prueba. Y así se decide. Regístrese, ofíciese lo conducente, notifíquese a las partes de las condiciones acordadas por este Tribunal. Líbrese los correspondientes oficios. Publíquese y Cúmplase…”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Según se desprende de los fundamentos del recurso de apelación expuestos por el Ministerio Público, en el presente caso se somete al conocimiento de la Corte de Apelaciones la impugnación efectuada por el Ministerio Público, contra el fallo vertido por el Juzgado Primero Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, dictado en cuatro (04) de julio del año dos mil trece (2013), que señala lo siguiente:

Extiende el otorgamiento del beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, a favor de la penada ciudadana NEIDYS E.A.M., titular de la cédula de identidad Nº V- 17.418.952, quien es de nacionalidad venezolana, natural de Porlamar, Estado Nueva Esparta, residenciado en el La Sector Los Delfines, Urbanización B.V., Porlamar, Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, por el término de DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha en que comiencen sus presentaciones ante la Unidad Técnica, la cual cumplirá en la ciudad de Porlamar bajo las condiciones arriba indicadas. Todo de conformidad con los artículos 482 y 483, todos del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se ordena al penado continuar en el puesto de trabajo ofertado, así como observar de manera estricta las condiciones impuestas por el Tribunal, so pena de revocatoria. TERCERO: Se ordena a la penada cumplir las presentaciones ante la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación del Estado Nueva Esparta, y seguir de manera estricta las directrices emanadas del Delegado de Prueba, hasta la culminación efectiva del plazo del régimen de prueba. Y así se decide. Regístrese, ofíciese lo conducente, notifíquese a las partes de las condiciones acordadas por este Tribunal. Líbrese los correspondientes oficios. Publíquese y Cúmplase…”

Desde esta perspectiva, conveniente destacar que a raíz de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal de manera plena en el año 1999, una de las virtudes que se le asentían era la de consagrar un articulado dedicado a la fase de ejecución penal, en la que convergían el reconocimiento al condenado de poder ejercer todos los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos les otorgaban en dicha fase del proceso, por una parte y, por la otra, la atribución a un Juez determinado (el de Ejecución) de las competencias necesarias para la debida ejecución de las penas, y medidas de seguridad impuestas mediante sentencias firmes, así como todo lo relacionado con la l.d.p., rebaja de penas, suspensión condicional de la ejecución de la pena, redención de la pena por el estudio y el trabajo y extinción de la pena, entre otras atribuciones, Juez al cual el condenado puede hacer observaciones con fundamento en las reglas previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia, las veces que lo consideren pertinentes o convenientes.

Obsérvese que este texto normativo no regulaba expresamente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cual aparecía legalmente regulada en la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena (1979), por cuyas normas se aplicaba este beneficio; luego, en la Ley de Beneficios en el P.P. y en la reforma que sufriera el Código Orgánico Procesal Penal en el año 2001, uno de los puntos que fue objeto de la misma fue, precisamente, el establecimiento de una serie de articulados en los que se establecían limitaciones y múltiples requisitos al condenado para que el Tribunal de Ejecución les acordara la suspensión condicional de la ejecución de la pena, tal como se desprendía del artículo 193 de la Ley de Reforma Parcial del COPP, publicada en la Gaceta Oficial de la República en fecha 14-11-2001, al crear un artículo nuevo, el 493 y modificar el artículo 488 (que regulaba la L.C.), pasándolo a ser el N° 494, en los siguientes términos:

Artículo 192. Se crea un artículo nuevo, con el número 493, redactado en la forma siguiente:

Artículo 493. Limitaciones. Los condenados por los delitos de homicidio intencional, violación, actos lascivos violentos, secuestro, desaparición forzada de personas, robo en todas sus modalidades, hurto calificado, hurto agravado, narcotráfico y hechos punibles contra el patrimonio público, excepto, en este último caso, cuando el delito no exceda de tres años en su límite superior, sólo podrán optar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y a cualquiera de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, luego de haber estado privados de su libertad por un tiempo no inferior a la mitad de la pena que se le haya impuesto.

En este artículo se preveía la imposibilidad de conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena y las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena a aquellos reos condenados por los delitos en él especificados hasta tanto no hubiesen cumplido la mitad de la pena. En otro contexto, establecía el artículo 494:

Artículo 494. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, deberá solicitar del Ministerio del Interior y Justicia, un informe psicosocial del penado, y se requerirá:

1. Que el penado no sea reincidente, según certificado expedido por el Ministerio del Interior y Justicia;

2. Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco anos;

3. Que el penado se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado de prueba;

4. Que presente oferta de trabajo; y

5. Que no haya sido admitida en su contra, acusación por Ia comisión de un nuevo delito, o no le haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que hubiere sido otorgada con anterioridad.

   Si el penado hubiere sido condenado mediante la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, y la pena impuesta excediere de tres años no podrá serle acordada la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

   La consagración de esta normativa en la reforma fue producto, en opinión de L.L. y A.G., Investigadora y Profesora respectivamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, en la investigación: “La Pena y la Ejecución Penal en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”, en que:

   … El objetivo principal de la reforma consistió en el endurecimiento de los criterios para optar a los beneficios, tanto en la medida sustitutiva de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena como en las medidas de cumplimiento de pena. Se redujeron los delitos sobre los que puede decretarse la medida de suspensión condicional, se aumentaron los requisitos para su procedencia en función de condiciones personales del posible beneficiario y se ampliaron las atribuciones de los funcionarios administrativos del régimen de prueba. Asimismo, se aumentó el tiempo de privación de libertad de los reclusos para la solicitud de formas de cumplimiento de pena y se implementó un régimen desigual para los beneficiarios de acuerdo al tipo de delitos por el que fueron condenados…

   Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1834, del 20/10/2006, que ratificó la N° 266 del mismo año, estableció que el último aparte del artículo anteriormente citado, establecía una limitación a los penados que fueren condenados por el procedimiento por admisión de los hechos a una pena mayor de tres años, al expresar que:

   (…) debe tomarse en cuenta que la suspensión condicional de la ejecución de la pena, a pesar de ser un mecanismo que materializa el principio de intervención mínima del Derecho Penal y la cual tiende a un fin preventivo especial, por mandato expreso del legislador ve limitada su aplicación en un supuesto. En este sentido, el aparte único del artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal establece que si el penado hubiere sido condenado a través de la aplicación del procedimiento especial por admisión de los hechos, y la pena impuesta excediere de tres años, no podrá serle acordada la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En consecuencia, ante tal circunstancia, el penado no podrá someterse al régimen del tratamiento no institucional, cuyo mecanismo esencial –tal como se señaló supra- es la probación. (vid. sentencia N° 266/06).

   En este orden de ideas, con la reforma operada en el texto penal adjetivo en el año 2001, se derogó expresamente, mediante disposición derogatoria, la Ley de Beneficios en el P.P. y que, posteriormente, se suspendió cautelarmente, a través de sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la aplicación del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, ante la solicitud presentada por defensores públicos y actuando en defensa de los derechos colectivos de los internos recluidos en los distintos centros penitenciarios del país, de “la desaplicación por parte de los Tribunales de Ejecución de los Circuitos Judiciales Penales de la República, del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, con efecto erga omnes a todos los internos recluidos en los distintos centros penitenciarios del país.” por considerar que, el sentido y alcance del mencionado dispositivo legal “está dirigido a establecer ‘limitaciones’ al ejercicio del derecho al acceso a las medidas alternativas de cumplimiento de la pena, para los penados…(omissis) y (omissis)…menoscaba los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y a la no discriminación,”, y a su vez “efectúa una discriminación de los penados con base en los delitos por los cuales han sido condenados…”., (Sentencia N° 460 de fecha 08/04/2005), donde expresó:

   (…) esta Sala, con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, SUSPENDE la aplicación del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente caso. Como consecuencia de ello, ORDENA se aplique en forma estricta la disposición contenida en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Obsérvese que en cuanto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que actualmente aparece regulada en el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha ilustrado al señalar que ésta constituye una de las modalidades de régimen de prueba establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano, que constituye, además, la forma esencial a través de la cual se materializa en Venezuela el tratamiento no institucional de los penados, siendo la naturaleza de este tratamiento la de ser un medio de control social amplio, cuya finalidad no es neutralizar ni criminalizar a la persona, sino constituir una verdadera alternativa social y no violenta, que obedece al principio de intervención mínima del derecho penal, el cual se encuentra arropado por el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que constituye un derivado del modelo de Estado social que funge como límite al ius puniendi. (Sent. N° 653 del 22-06-2010)

   Por su parte, la Dra. M.G.M. (2002), en Ponencia presentada en las Quintas Jornadas de Derecho Procesal Penal organizadas por la Universidad Católica A.B. (La Segunda Reforma del COPP), denominada “La L.d.P. en la fase de Ejecución de la Pena”, nos enseña que en Venezuela sólo existe una fórmula alternativa a la privación de libertad y es la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cual es alternativa porque, una vez acordada, se suspende la ejecución de la privación de libertad (el condenado no va a prisión), que es sustituida por la imposición de un régimen probatorio de cierta duración, transcurrido el cual sin que el condenado haya incurrido en ninguna de las causales de revocatoria del mismo, se da por cumplida la pena que le fuera impuesta. (Pág. 174)

   Asimismo, destaca la señalada Sala del M.T. de la República que el tratamiento no institucional, también conocido como tratamiento extramuros, constituye para el individuo una alternativa a la reclusión que también coadyuva en la realización de los postulados de la prevención especial positiva, esto es, la reinserción social de los infractores, materializando así el contenido del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vid. sentencia N° 266 del 17 de febrero de 2006, caso: J.R.M.R.).

   Ahora bien, observa esta Corte de Apelaciones que en esos casos nos encontrábamos con dos situaciones que chocaban o se confrontaban entre sí, por un lado la disposición legal que contenía el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 494, que permitía la concesión del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena a aquellas personas condenadas a penas inferiores a tres años por el procedimiento por admisión de los hechos, acogido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que en estos casos los penados representaban un mínimo de peligrosidad social y, por la otra, la prohibición sentada en doctrinas jurisprudenciales de la misma Sala Constitucional.

   Situación que cambió con la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal, de fecha 04 de septiembre de 2009, cuando modificó el artículo 493 del Código, que consagraba las limitaciones para su aplicación y que había sido suspendido cautelarmente en su aplicación por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente suprimido en otra reforma del señalado Código, y procede a regularlo en los términos siguientes:

   ART. 493. —Suspensión condicional de la ejecución de la pena. Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se requerirá:

1. Pronóstico de clasificación de mínima seguridad del penado o penada, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo técnico, constituido de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 500.

2. Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco años.

3. Que el penado o penada, se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado o delegada de prueba.

4. Que el penado o penada presente oferta de trabajo, cuya validez en términos de certeza de la oferta y adecuación a las capacidades laborales del penado o penada, sea verificada por el delegado o delegada de prueba.

5. Que no haya sido admitida en su contra, acusación por la comisión de un nuevo delito, o no le haya sido revocada cualquier formula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad.

   Como se observa, en esa norma se amplía el tiempo de la pena impuesta al penado o condenado, y se le dice que uno de los requisitos que debe cumplir, es no haber sido condenado a una pena superior a cinco (5) años.

   Por otra parte, en la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal se contemplaba en el artículo 494, ya no aquélla prohibición de su otorgamiento en los casos de procedimientos por admisión de los hechos donde se impusiera una pena superior a tres años, sino que ahora se establecen las condiciones que hará de imponer el Tribunal de Ejecución al penado beneficiado con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al expresar:

   ART. 494. —Condiciones. En el auto que acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se le fijará al penado o penada el plazo del régimen de prueba, que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres, y le impondrá una o varias de las siguientes obligaciones:

1. No salir de la ciudad o lugar de residencia.

2. No cambiar de residencia sin autorización del tribunal.

3. Fijar su residencia en otro municipio de cualquier estado del país, siempre y cuando esta fijación forzada no constituya obstáculo para el ejercicio de su profesión u ocupación.

4. Abstenerse de realizar determinadas actividades, o de frecuentar determinados lugares o determinadas personas.

5. Someterse al tratamiento médico psicológico que el tribunal estime conveniente.

6. Asistir a determinados lugares o centros de instrucción o reeducación.

7. Asistir a centros de práctica de terapia de grupo.

8. Realizar en el tiempo libre y sin fines de lucro, trabajo comunitario en favor de instituciones oficiales o privadas de interés social.

9. Presentar constancia de trabajo con la periodicidad que indique el tribunal o el delegado o delegada de prueba.

10. Cualquier otra condición que le imponga el tribunal.

    Partiendo de todas las anteriores consideraciones y habiendo verificado esta Sala que el Juzgado Primero Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, otorgó a la penada NEIDYS E.A.M., la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA en fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), quien luego de haber sido ejercida por el Ministerio Público la acción penal que conllevó a la sanción o condena de la penada antes identificada, se acogió al procedimiento por admisión de los hechos e impuéstole la pena de CUATRO (04) AÑOS DE PRISIÓN.-

    Ahora bien, observa esta Alzada, que en su oportunidad, una vez que se acuerda la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, a favor de la penada NEIDYS E.A.M., el Ministerio Público no ejerció ningún tipo de Recurso Judicial, contra dicha decisión dictada en fecha trece (13) de junio de 2011; significa esto, que por imperio del artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, no se puede revocar la decisión dictada en su oportunidad a favor de la acusada; lo cual, conlleva, que en el presente caso no comporta la decisión recurrida, en criterio de esta Alzada, un factor de impunidad, el que el Tribunal A quo haya indicado que el tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como período de prueba; al no constituir la misma una supresión de la pena de manera plena, sino una libertad condicionada al cumplimiento del régimen de prueba que le fijó el Tribunal Segundo Itinerante de Primera Instancia de Ejecución de acuerdo con los requisitos exigidos en su oportunidad, establecido en el artículo 493 (hoy 482) del tantas veces señalado código.- ASÍ SE DECIDE.-

    En razón de los anteriores fundamentos de derecho, esta Corte de Apelaciones considera ajustado a derecho declarar SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el Ministerio Público, Abogada E.A.R. y, en consecuencia, se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha cuatro (04) de julio del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Primero Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual EXTIENDE el tiempo del Régimen de Prueba y se modifican las condiciones impuestas a la penada (probacionaria) NEIDYS E.A.M., con ocasión al beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena que le fue otorgada por ese Tribunal en fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011). Todo de conformidad con el artículo 499 del Código Orgánico Procesal Pena. ASÍ SE DECIDE.-

    DECISIÓN

    Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del estado Nueva Esparta Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:

SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el Ministerio Público, Abogada E.A.R. y, en consecuencia, se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha cuatro (04) de julio del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Primero Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual EXTIENDE el tiempo del Régimen de Prueba y se modifican las condiciones impuestas a la penada (probacionaria) NEIDYS E.A.M., con ocasión al beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena que le fue otorgada por ese Tribunal en fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011). Todo de conformidad con el artículo 499 del Código Orgánico Procesal Pena. ASÍ SE DECIDE.-

Publíquese, regístrese, notifíquese a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal y remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de origen, a los fines legales consiguientes.-

JUECES INTEGRANTES DE LA CORTE DE APELACIONES

S.R.S.

JUEZ PRESIDENTE

Y.C.M.A.P.S.

JUEZA INTEGRANTE (PONENTE) JUEZ INTEGRANTE

SECRETARIA

AB. MIREISI MATA LEON

Asunto N° REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta

La Asunción, 28 de Marzo de 2014

203º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2010-003414

ASUNTO : OP01-R-2014-000058

Ponente: YOLANDA DEL VALLE CARDONA MARÍN

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PENADA: NEIDYS E.A.M., quien es de nacionalidad venezolano, natural de Porlamar, Estado Nueva Esparta, nacido en fecha 16-02-1985, de 25 años de edad, titular de la cédula de identidad personal Nº V- 17.418.952, de estado civil soltera, residenciada en la Calle Nueva Esparta, Sector B.V., Numero 3-65, Cerca de la Escuela, Municipio Mariño, Estado Nueva Esparta.

REPRESENTANTE DE LA DEFENSA: Abogada YUSMERY DEL C.G., abogada en ejercicio, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 118, con Domicilio Procesal en la Av. 31 de Julio, frente a la Coca Cola, Avícola la grande, Sector Guatamare, Municipio García, estado Nueva Esparta.

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO (PARTE RECURRENTE): Abg. E.A.R., Fiscal Provisorio Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta con Competencia en Materia de Ejecución de Sentencia.-.

RECURRIDO: TRIBUNAL PRIMERO ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.

DELITO: TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN MENOR previsto y sancionado en el artículo 31 Tercer Aparte de la Ley Sobre el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas vigente para la fecha de la comisión del hecho.-

Riela en las actas que integran el presente asunto penal, que la penada de autos, estuvo privado de su libertad desde el día veintisiete (27) de Mayo del dos mil diez (2.010), hasta el trece (13) de Junio del dos mil once (2.011), que le fue otorgada el beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la pena.

Se observa al folio noventa y siete (97), de la segunda pieza, informe conductual final emanado de la Unidad Técnica del Estado Nueva Esparta, donde la penada de autos, cumplió satisfactoriamente con las condiciones que impuso el Tribunal de la causa y con lo requerido por la Delegada de Prueba durante el control, seguimiento y evaluación del caso, culmino el régimen de presentación bajo un nivel de supervisión mínimo.

Sobre la base de todo lo antes explanado y llenos los extremos del artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal ajustado a derecho, acuerda extender el otorgamiento del beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, a favor de la penada ciudadana NEIDYS E.A.M., titular de la cédula de identidad Nº V- 17.418.952, quien es de nacionalidad venezolana, natural de Porlamar, Estado Nueva Esparta, residenciado en el La Sector Los Delfines, Urbanización B.V., Porlamar, Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, por el término de DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES, toda vez que de acuerdo a lo previsto en el mencionado artículo, el régimen de prueba esta comprendido dentro de los parámetros establecidos; y durante el mismo, la penada queda obligada a las siguientes condiciones:

1) No ausentarse del país, ni de la jurisdicción de su domicilio, sin previa autorización otorgada por escrito por la Unidad Técnica, del estado Nueva Esparta, previa notificación al Tribunal por parte de esta última.

2) Comparecer por ante la Unidad Técnica, del estado Nueva Esparta, a los fines de que se le designe un Delegado de Prueba y se presente en ese Centro cada treinta (30) días.

3) Dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las condiciones que le imponga el Delegado de Prueba.

4) Indicar al Tribunal el lugar donde permanecerá residenciado durante la vigencia del beneficio.

5) Consignar ante el Delegado de Prueba constancia de trabajo cada (6) seis meses.

6) No consumir drogas ni bebidas alcohólicas.

7) No frecuentar sitios nocturnos ni expendios de bebidas alcohólicas.

8) No cometer delitos o faltas.

9) No portar ningún tipo de armas.

Así las cosas, una vez establecidas las condiciones a cumplir por la penada, la misma quedará obligada a cumplir a cabalidad con todas y cada una de las condiciones anteriores, en caso de incumplimiento, se procederá a la revocatoria inmediata de la medida, de conformidad con el artículo 487 del Código Orgánico Procesal Penal.

DISPOSITIVA

Este Tribunal Itinerante Primero en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Extiende el otorgamiento del beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, a favor de la penada ciudadana NEIDYS E.A.M., titular de la cédula de identidad Nº V- 17.418.952, quien es de nacionalidad venezolana, natural de Porlamar, Estado Nueva Esparta, residenciado en el La Sector Los Delfines, Urbanización B.V., Porlamar, Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, por el término de DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha en que comiencen sus presentaciones ante la Unidad Técnica, la cual cumplirá en la ciudad de Porlamar bajo las condiciones arriba indicadas. Todo de conformidad con los artículos 482 y 483, todos del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se ordena al penado continuar en el puesto de trabajo ofertado, así como observar de manera estricta las condiciones impuestas por el Tribunal, so pena de revocatoria. TERCERO: Se ordena a la penada cumplir las presentaciones ante la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación del Estado Nueva Esparta, y seguir de manera estricta las directrices emanadas del Delegado de Prueba, hasta la culminación efectiva del plazo del régimen de prueba. Y así se decide. Regístrese, ofíciese lo conducente, notifíquese a las partes de las condiciones acordadas por este Tribunal. Líbrese los correspondientes oficios. Publíquese y Cúmplase…”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Según se desprende de los fundamentos del recurso de apelación expuestos por el Ministerio Público, en el presente caso se somete al conocimiento de la Corte de Apelaciones la impugnación efectuada por el Ministerio Público, contra el fallo vertido por el Juzgado Primero Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, dictado en cuatro (04) de julio del año dos mil trece (2013), que señala lo siguiente:

Extiende el otorgamiento del beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, a favor de la penada ciudadana NEIDYS E.A.M., titular de la cédula de identidad Nº V- 17.418.952, quien es de nacionalidad venezolana, natural de Porlamar, Estado Nueva Esparta, residenciado en el La Sector Los Delfines, Urbanización B.V., Porlamar, Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, por el término de DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha en que comiencen sus presentaciones ante la Unidad Técnica, la cual cumplirá en la ciudad de Porlamar bajo las condiciones arriba indicadas. Todo de conformidad con los artículos 482 y 483, todos del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se ordena al penado continuar en el puesto de trabajo ofertado, así como observar de manera estricta las condiciones impuestas por el Tribunal, so pena de revocatoria. TERCERO: Se ordena a la penada cumplir las presentaciones ante la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación del Estado Nueva Esparta, y seguir de manera estricta las directrices emanadas del Delegado de Prueba, hasta la culminación efectiva del plazo del régimen de prueba. Y así se decide. Regístrese, ofíciese lo conducente, notifíquese a las partes de las condiciones acordadas por este Tribunal. Líbrese los correspondientes oficios. Publíquese y Cúmplase…”

Desde esta perspectiva, conveniente destacar que a raíz de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal de manera plena en el año 1999, una de las virtudes que se le asentían era la de consagrar un articulado dedicado a la fase de ejecución penal, en la que convergían el reconocimiento al condenado de poder ejercer todos los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos les otorgaban en dicha fase del proceso, por una parte y, por la otra, la atribución a un Juez determinado (el de Ejecución) de las competencias necesarias para la debida ejecución de las penas, y medidas de seguridad impuestas mediante sentencias firmes, así como todo lo relacionado con la l.d.p., rebaja de penas, suspensión condicional de la ejecución de la pena, redención de la pena por el estudio y el trabajo y extinción de la pena, entre otras atribuciones, Juez al cual el condenado puede hacer observaciones con fundamento en las reglas previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia, las veces que lo consideren pertinentes o convenientes.

Obsérvese que este texto normativo no regulaba expresamente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cual aparecía legalmente regulada en la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena (1979), por cuyas normas se aplicaba este beneficio; luego, en la Ley de Beneficios en el P.P. y en la reforma que sufriera el Código Orgánico Procesal Penal en el año 2001, uno de los puntos que fue objeto de la misma fue, precisamente, el establecimiento de una serie de articulados en los que se establecían limitaciones y múltiples requisitos al condenado para que el Tribunal de Ejecución les acordara la suspensión condicional de la ejecución de la pena, tal como se desprendía del artículo 193 de la Ley de Reforma Parcial del COPP, publicada en la Gaceta Oficial de la República en fecha 14-11-2001, al crear un artículo nuevo, el 493 y modificar el artículo 488 (que regulaba la L.C.), pasándolo a ser el N° 494, en los siguientes términos:

Artículo 192. Se crea un artículo nuevo, con el número 493, redactado en la forma siguiente:

Artículo 493. Limitaciones. Los condenados por los delitos de homicidio intencional, violación, actos lascivos violentos, secuestro, desaparición forzada de personas, robo en todas sus modalidades, hurto calificado, hurto agravado, narcotráfico y hechos punibles contra el patrimonio público, excepto, en este último caso, cuando el delito no exceda de tres años en su límite superior, sólo podrán optar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y a cualquiera de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, luego de haber estado privados de su libertad por un tiempo no inferior a la mitad de la pena que se le haya impuesto.

En este artículo se preveía la imposibilidad de conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena y las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena a aquellos reos condenados por los delitos en él especificados hasta tanto no hubiesen cumplido la mitad de la pena. En otro contexto, establecía el artículo 494:

Artículo 494. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, deberá solicitar del Ministerio del Interior y Justicia, un informe psicosocial del penado, y se requerirá:

1. Que el penado no sea reincidente, según certificado expedido por el Ministerio del Interior y Justicia;

2. Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco anos;

3. Que el penado se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado de prueba;

4. Que presente oferta de trabajo; y

5. Que no haya sido admitida en su contra, acusación por Ia comisión de un nuevo delito, o no le haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que hubiere sido otorgada con anterioridad.

   Si el penado hubiere sido condenado mediante la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, y la pena impuesta excediere de tres años no podrá serle acordada la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

   La consagración de esta normativa en la reforma fue producto, en opinión de L.L. y A.G., Investigadora y Profesora respectivamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, en la investigación: “La Pena y la Ejecución Penal en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”, en que:

   … El objetivo principal de la reforma consistió en el endurecimiento de los criterios para optar a los beneficios, tanto en la medida sustitutiva de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena como en las medidas de cumplimiento de pena. Se redujeron los delitos sobre los que puede decretarse la medida de suspensión condicional, se aumentaron los requisitos para su procedencia en función de condiciones personales del posible beneficiario y se ampliaron las atribuciones de los funcionarios administrativos del régimen de prueba. Asimismo, se aumentó el tiempo de privación de libertad de los reclusos para la solicitud de formas de cumplimiento de pena y se implementó un régimen desigual para los beneficiarios de acuerdo al tipo de delitos por el que fueron condenados…

   Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1834, del 20/10/2006, que ratificó la N° 266 del mismo año, estableció que el último aparte del artículo anteriormente citado, establecía una limitación a los penados que fueren condenados por el procedimiento por admisión de los hechos a una pena mayor de tres años, al expresar que:

   (…) debe tomarse en cuenta que la suspensión condicional de la ejecución de la pena, a pesar de ser un mecanismo que materializa el principio de intervención mínima del Derecho Penal y la cual tiende a un fin preventivo especial, por mandato expreso del legislador ve limitada su aplicación en un supuesto. En este sentido, el aparte único del artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal establece que si el penado hubiere sido condenado a través de la aplicación del procedimiento especial por admisión de los hechos, y la pena impuesta excediere de tres años, no podrá serle acordada la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En consecuencia, ante tal circunstancia, el penado no podrá someterse al régimen del tratamiento no institucional, cuyo mecanismo esencial –tal como se señaló supra- es la probación. (vid. sentencia N° 266/06).

   En este orden de ideas, con la reforma operada en el texto penal adjetivo en el año 2001, se derogó expresamente, mediante disposición derogatoria, la Ley de Beneficios en el P.P. y que, posteriormente, se suspendió cautelarmente, a través de sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la aplicación del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, ante la solicitud presentada por defensores públicos y actuando en defensa de los derechos colectivos de los internos recluidos en los distintos centros penitenciarios del país, de “la desaplicación por parte de los Tribunales de Ejecución de los Circuitos Judiciales Penales de la República, del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, con efecto erga omnes a todos los internos recluidos en los distintos centros penitenciarios del país.” por considerar que, el sentido y alcance del mencionado dispositivo legal “está dirigido a establecer ‘limitaciones’ al ejercicio del derecho al acceso a las medidas alternativas de cumplimiento de la pena, para los penados…(omissis) y (omissis)…menoscaba los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y a la no discriminación,”, y a su vez “efectúa una discriminación de los penados con base en los delitos por los cuales han sido condenados…”., (Sentencia N° 460 de fecha 08/04/2005), donde expresó:

   (…) esta Sala, con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, SUSPENDE la aplicación del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente caso. Como consecuencia de ello, ORDENA se aplique en forma estricta la disposición contenida en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Obsérvese que en cuanto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que actualmente aparece regulada en el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha ilustrado al señalar que ésta constituye una de las modalidades de régimen de prueba establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano, que constituye, además, la forma esencial a través de la cual se materializa en Venezuela el tratamiento no institucional de los penados, siendo la naturaleza de este tratamiento la de ser un medio de control social amplio, cuya finalidad no es neutralizar ni criminalizar a la persona, sino constituir una verdadera alternativa social y no violenta, que obedece al principio de intervención mínima del derecho penal, el cual se encuentra arropado por el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que constituye un derivado del modelo de Estado social que funge como límite al ius puniendi. (Sent. N° 653 del 22-06-2010)

   Por su parte, la Dra. M.G.M. (2002), en Ponencia presentada en las Quintas Jornadas de Derecho Procesal Penal organizadas por la Universidad Católica A.B. (La Segunda Reforma del COPP), denominada “La L.d.P. en la fase de Ejecución de la Pena”, nos enseña que en Venezuela sólo existe una fórmula alternativa a la privación de libertad y es la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cual es alternativa porque, una vez acordada, se suspende la ejecución de la privación de libertad (el condenado no va a prisión), que es sustituida por la imposición de un régimen probatorio de cierta duración, transcurrido el cual sin que el condenado haya incurrido en ninguna de las causales de revocatoria del mismo, se da por cumplida la pena que le fuera impuesta. (Pág. 174)

   Asimismo, destaca la señalada Sala del M.T. de la República que el tratamiento no institucional, también conocido como tratamiento extramuros, constituye para el individuo una alternativa a la reclusión que también coadyuva en la realización de los postulados de la prevención especial positiva, esto es, la reinserción social de los infractores, materializando así el contenido del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vid. sentencia N° 266 del 17 de febrero de 2006, caso: J.R.M.R.).

   Ahora bien, observa esta Corte de Apelaciones que en esos casos nos encontrábamos con dos situaciones que chocaban o se confrontaban entre sí, por un lado la disposición legal que contenía el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 494, que permitía la concesión del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena a aquellas personas condenadas a penas inferiores a tres años por el procedimiento por admisión de los hechos, acogido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que en estos casos los penados representaban un mínimo de peligrosidad social y, por la otra, la prohibición sentada en doctrinas jurisprudenciales de la misma Sala Constitucional.

   Situación que cambió con la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal, de fecha 04 de septiembre de 2009, cuando modificó el artículo 493 del Código, que consagraba las limitaciones para su aplicación y que había sido suspendido cautelarmente en su aplicación por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente suprimido en otra reforma del señalado Código, y procede a regularlo en los términos siguientes:

   ART. 493. —Suspensión condicional de la ejecución de la pena. Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se requerirá:

1. Pronóstico de clasificación de mínima seguridad del penado o penada, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo técnico, constituido de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 500.

2. Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco años.

3. Que el penado o penada, se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado o delegada de prueba.

4. Que el penado o penada presente oferta de trabajo, cuya validez en términos de certeza de la oferta y adecuación a las capacidades laborales del penado o penada, sea verificada por el delegado o delegada de prueba.

5. Que no haya sido admitida en su contra, acusación por la comisión de un nuevo delito, o no le haya sido revocada cualquier formula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad.

   Como se observa, en esa norma se amplía el tiempo de la pena impuesta al penado o condenado, y se le dice que uno de los requisitos que debe cumplir, es no haber sido condenado a una pena superior a cinco (5) años.

   Por otra parte, en la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal se contemplaba en el artículo 494, ya no aquélla prohibición de su otorgamiento en los casos de procedimientos por admisión de los hechos donde se impusiera una pena superior a tres años, sino que ahora se establecen las condiciones que hará de imponer el Tribunal de Ejecución al penado beneficiado con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al expresar:

   ART. 494. —Condiciones. En el auto que acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se le fijará al penado o penada el plazo del régimen de prueba, que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres, y le impondrá una o varias de las siguientes obligaciones:

1. No salir de la ciudad o lugar de residencia.

2. No cambiar de residencia sin autorización del tribunal.

3. Fijar su residencia en otro municipio de cualquier estado del país, siempre y cuando esta fijación forzada no constituya obstáculo para el ejercicio de su profesión u ocupación.

4. Abstenerse de realizar determinadas actividades, o de frecuentar determinados lugares o determinadas personas.

5. Someterse al tratamiento médico psicológico que el tribunal estime conveniente.

6. Asistir a determinados lugares o centros de instrucción o reeducación.

7. Asistir a centros de práctica de terapia de grupo.

8. Realizar en el tiempo libre y sin fines de lucro, trabajo comunitario en favor de instituciones oficiales o privadas de interés social.

9. Presentar constancia de trabajo con la periodicidad que indique el tribunal o el delegado o delegada de prueba.

10. Cualquier otra condición que le imponga el tribunal.

    Partiendo de todas las anteriores consideraciones y habiendo verificado esta Sala que el Juzgado Primero Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, otorgó a la penada NEIDYS E.A.M., la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA en fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), quien luego de haber sido ejercida por el Ministerio Público la acción penal que conllevó a la sanción o condena de la penada antes identificada, se acogió al procedimiento por admisión de los hechos e impuéstole la pena de CUATRO (04) AÑOS DE PRISIÓN.-

    Ahora bien, observa esta Alzada, que en su oportunidad, una vez que se acuerda la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, a favor de la penada NEIDYS E.A.M., el Ministerio Público no ejerció ningún tipo de Recurso Judicial, contra dicha decisión dictada en fecha trece (13) de junio de 2011; significa esto, que por imperio del artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, no se puede revocar la decisión dictada en su oportunidad a favor de la acusada; lo cual, conlleva, que en el presente caso no comporta la decisión recurrida, en criterio de esta Alzada, un factor de impunidad, el que el Tribunal A quo haya indicado que el tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como período de prueba; al no constituir la misma una supresión de la pena de manera plena, sino una libertad condicionada al cumplimiento del régimen de prueba que le fijó el Tribunal Segundo Itinerante de Primera Instancia de Ejecución de acuerdo con los requisitos exigidos en su oportunidad, establecido en el artículo 493 (hoy 482) del tantas veces señalado código.- ASÍ SE DECIDE.-

    En razón de los anteriores fundamentos de derecho, esta Corte de Apelaciones considera ajustado a derecho declarar SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el Ministerio Público, Abogada E.A.R. y, en consecuencia, se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha cuatro (04) de julio del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Primero Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual EXTIENDE el tiempo del Régimen de Prueba y se modifican las condiciones impuestas a la penada (probacionaria) NEIDYS E.A.M., con ocasión al beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena que le fue otorgada por ese Tribunal en fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011). Todo de conformidad con el artículo 499 del Código Orgánico Procesal Pena. ASÍ SE DECIDE.-

    DECISIÓN

    Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del estado Nueva Esparta Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:

SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el Ministerio Público, Abogada E.A.R. y, en consecuencia, se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha cuatro (04) de julio del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Primero Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual EXTIENDE el tiempo del Régimen de Prueba y se modifican las condiciones impuestas a la penada (probacionaria) NEIDYS E.A.M., con ocasión al beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena que le fue otorgada por ese Tribunal en fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011). Todo de conformidad con el artículo 499 del Código Orgánico Procesal Pena. ASÍ SE DECIDE.-

Publíquese, regístrese, notifíquese a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal y remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de origen, a los fines legales consiguientes.-

JUECES INTEGRANTES DE LA CORTE DE APELACIONES

S.R.S.

JUEZ PRESIDENTE

Y.C.M.A.P.S.

JUEZA INTEGRANTE (PONENTE) JUEZ INTEGRANTE

SECRETARIA

AB. MIREISI MATA LEON

Asunto N° OP01-R- 2014-000058