Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 10 de Junio de 2013
| Fecha de Resolución | 10 de Junio de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Recurso De Nulidad Con Cautelar |
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
202° y 153°
RECURRENTE: Sociedad de comercio MINI BRUNO SUCESORES, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha primer (01) día del mes de Marzo del año mil novecientos Sesenta y siete 1.967, bajo el Nro. 85, Tomo 12-A.-
APODERADOS JUDICIALES: Cesar Adrianza Sánchez y L.A.R.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo los Nros. 136.638 y 50.069.-
ENTE RECURRIDO: Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Aragua (DIRESAT), órgano adscrito al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). -
ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS: Acto Administrativo Nro. 00128-10, dictado por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Aragua (DIRESAT), que resolvió y declaró Certificación de Accidente de Trabajo al Trabajador I.M.S., por supuesta Discapacidad Parcial y Permanente.-
TERCERO PARTE: I.M.S., titular de la cedula de identidad Nro. V-3.162.416.-
MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos.-
EXPEDIENTE NRO. DE01-G-2010-000156.-
ASUNTO ANTIGUO NRO. 10.549.-
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva.-
I
Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado en fecha veintiún (21) días del mes de Octubre del año dos mil diez 2.010, por ante la secretaria de este Órgano Jurisdiccional por el ciudadano abogado: Cesar Adrianza Sánchez, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad de Comercio MINI BRUNO SUCESORES, C.A, ut supra identificados; contra el Acto Administrativo Nro. 00128-10, dictado por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Aragua (DIRESAT), que resolvió y declaró Certificación de Accidente de Trabajo al Trabajador I.M.S., por supuesta Discapacidad Parcial y Permanente, contentivo de siete (07) folios útiles y quince (15) folios anexos. En misma fecha se ordeno registrar en los libros destinados a tales fines, quedando signado bajo el Nro. 10.549, dándole cuenta al entonces Juez del Tribunal, abocándose al conocimiento de dicha causa.-
Mediante auto de fecha dos (02) días del mes de Noviembre del año dos mil diez 2.010, de conformidad con lo establecido en el articulo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se admitió cuanto ha lugar en derecho; asimismo de conformidad con lo preceptuado en el artículo 78 eiusdem, se ordeno notificar mediante oficio al ciudadano Director de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Aragua (DIRESAT), órgano adscrito al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), a la ciudadana Procuradora General de la Republica Bolivariana de Venezuela, a la ciudadana Fiscal Décimo del Ministerio Publico del Estado Aragua y mediante boleta de notificación I.M.S.. Notificaciones que se fueron ordenadas a los fines de fijar oportunidad para que tuviere lugar la celebración de la Audiencia de Juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 eiusdem. Con respecto a la medida Cautelar solicitada, el tribunal de conformidad con lo establecido en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción contenciosa Administrativa se ordeno abrir cuaderno separado a los fines de pronunciarse respecto a la misma-
En fecha once (11) días del mes de Noviembre del año dos mil diez 2.010, los abogados Cesar Adrianza Sánchez y L.A.R.G. estamparon diligencia en la cual dejan expresa constancia de la consignación de los fotostatos simples a los fines de su certificación, para que las mismas fueren anexadas a las notificaciones ordenadas en el auto de admisión dos (02) días del mes de Noviembre del año dos mil diez 2.010.-
En fecha veintiún (21) días del mes de Febrero del año dos mil once 2.011, compareció el entonces alguacil de este Juzgado a los fines de consignar debidamente practicado el oficio de notificación Nro. 2066/2010 dirigido a la ciudadana Fiscal Décimo del Ministerio Publico del Estado Aragua.-
En fecha veintisiete (27) días del mes de Septiembre del año dos mil once 2.011, los abogados Cesar Adrianza Sánchez y L.A.R.G., estamparon diligencia a los fines de solicitar se agregaran las copias certificadas a los fines de practicar las notificaciones de los ciudadanos Director de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Aragua (DIRESAT), órgano adscrito al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INSASEL), a la ciudadana Procuradora General de la Republica Bolivariana de Venezuela y al ciudadano I.M.S.. En misma fecha los abogados antes mencionados solicitaron el avocamiento de la ciudadana Jueza de este Juzgado; solicitando asimismo se instara al entonces alguacil a practicar los oficios de notificación Ut Supra identificados, solicitando fueren expedidas copias certificadas en misma diligencia.-
Por auto de fecha tres (03) días del mes de Octubre del año dos mil once 2.011, se acordaron las copias certificadas de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil.-
Por auto de fecha tres (03) días del mes de Octubre del año dos mil once 2.011, y en virtud del traslado de la Dra. M.G.S., acordado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha Diez (10) días del mes de Diciembre del año dos mil diez 2.010 y luego de su juramentación tomo posesión como Juez de este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, en fecha diecisiete (17) días del mes de enero del año dos mil once 2.011, es por lo que se procedió al ABOCAMIENTO en la presente causa, este Tribunal Superior ordenó comisionar amplia y suficientemente al Juzgado de Municipio del Área Metropolitana de la Circunscripción Judicial de Caracas-Distrito Capital, para que el mismo practicara la Notificación de la ciudadana: Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, librándose el despacho y oficio correspondiente.-
Finalmente, revisadas las actas procesales, este Juzgado verifica lo siguiente:
II
DE LA COMPETENCIA
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.447 de fecha dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diez 2.010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial Nro. 39.451 del veintidós (22) días del mes de junio de ese mismo año, y el criterio actual con carácter vinculante fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nro. 955 del veintitrés (23) días del mes de Septiembre del año dos mil diez 2.010, en materia de Recursos Contencioso Administrativos de Nulidad ejercidos contra actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, conforme al cual la jurisdicción competente para conocer de tales pretensiones, es la jurisdicción laboral; debe esta Juzgadora reexaminar su competencia para conocer de la presente causa y, en tal sentido, considera procedente atender al principio contenido en los artículos 3 del Código de Procedimiento Civil y 12 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, conforme al cual la jurisdicción y la competencia del órgano jurisdiccional se determina -mientras la ley no disponga expresamente lo contrario- por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación de la demanda.
Así, el referido artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece:
…Artículo 3.- La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa
.
Este principio general, cuyo origen proviene del derecho romano, se denomina perpetuatio jurisdictionis, y tradicionalmente la doctrina ha abarcado en él a la jurisdicción y a la competencia.
Sin embargo, cuando el asunto se refiera en particular a la competencia, el principio más apropiado es el de la llamada perpetuatio fori, conforme a lo expuesto por el Maestro L.L. (Ensayos Jurídicos: “Principios Fundamentales en la reforma del Código de Procedimiento Civil Venezolano”, Fundación R.G.. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1987); en el entendido que dicho principio se aplica a las circunstancias que constituyen los criterios atributivos sobre los cuales un tribunal puede conocer una causa, esto es la materia, el valor, el territorio, o el grado del tribunal. (Vid., entre otras, Sentencias Nros. 02176 y 00962 del 5 de octubre de 2006 y 5 de octubre de 2010, respectivamente, dictadas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
En ese orden, cabe citar el criterio jurisprudencial atributivo de competencia, aplicable ratione temporis al caso de autos, por ser éste el criterio vigente para el momento de la interposición del presente recurso de nulidad, emanado de la Sala Plena del M.T. de la República (Sentencia N° 9 del 2 de marzo de 2005, caso: Universidad Nacional Abierta), el cual dispuso lo siguiente:
…Para finalizar, en razón de la inexistencia en el ordenamiento jurídico venezolano de un basamento normativo que permita predicar que la competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, los cuales son actos administrativos, corresponderá a los tribunales de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos, en virtud de la aplicación del principio de la universalidad de su control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Ahora bien, dilucidada como ha sido la jurisdicción competente para conocer y decidir casos como el presente, es necesario determinar y declarar cuál es el tribunal contencioso administrativo competente para conocer del mismo.
A este respecto existen precedentes, como la sentencia número 1333, de fecha 25 de junio de 2002, proferida por la Sala Constitucional de este M.T., en la cual señaló:
‘(...) 2. No existe un tribunal contencioso-administrativo especialmente competente para dilucidar conflictos suscitados con ocasión del ejercicio de las competencias de las inspectorías del trabajo; por ello, toca a la jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa ver de estos casos (ver: sentencias núms. 207/2001, 1318/2001 y 2695/2001). Siendo, pues, que a la accionante le resulta más accesible un Juzgado del Estado Bolívar, corresponde tramitar la acción de amparo incoada al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso-Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Así se decide’.
Conforme a la doctrina expuesta, en la que se considera el tribunal ‘que a la accionante le resulta más accesible’ esto es, en garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares, esta Sala Plena declara que, tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital, específicamente la providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador de la recurrente, su conocimiento corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que la persona afectada deba trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el asunto, a fin de obtener la tutela judicial efectiva. Así las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala Plena declara que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo competente es el de la Región Centro Norte del Estado Carabobo. Así se decide…
.-
Visto así, este Órgano Jurisdiccional como garante de los principios y valores constitucionales, y en atención a las premisas precedentemente expuestas en cuanto al principio de la perpetuatio fori, debe reafirmar su competencia para conocer y decidir la presente controversia, y así se decide.-
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal que se trate, está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos previstos para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento.
En este sentido, cabe resaltar que para casos como el de autos una vez admitido el recurso contencioso administrativo de nulidad, deviene una carga procesal para la parte querellante de proceder a consignar las correspondientes copias fotostáticas requeridas en el auto de admisión dictado, para librar las citaciones y notificaciones de aquellos contra los cuales dirige su pretensión, por lo que según fuera señalado supra, tal omisión o inactividad implica una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación, necesaria para continuación del procedimiento instaurado.
En efecto, en el caso de marras de la revisión de las actas procesales se constata que desde la fecha en que se admitió el presente recurso, no fue materializada oportunamente ninguna actuación procesal a instancia de parte interesada para la consecución del procedimiento después de la que se evidencia en fecha veintisiete (27) días del mes de Septiembre del año dos mil once 2.011, es decir, la parte querellante no mostró dentro del año siguiente a dicha solicitud, interés procesal alguno para materializar las citaciones y notificaciones restantes ordenadas en el auto de admisión de fecha dos (02) días del mes de Noviembre del año dos mil diez 2.010, habiendo transcurrido un lapso superior a dos (02) años de paralización de la causa.
Así las cosas, ante la ausencia de una disposición expresa contenida en la Ley del Estatuto de la Función Pública, relativa a la figura de la perención de la instancia, es menester para este Juzgado Superior traer a colación lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:
…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas. Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria...
Es evidente que la anterior disposición normativa es aplicable al caso de autos, por tratarse de una acción que no se ha impulsado desde el abocamiento de la ciudadana Jueza, la cual fue acordada mediante auto de fecha tres (03) días del mes de Octubre del año dos mil once 2.011 para su continuación.-
En este orden de ideas, es importante resaltar que la institución jurídica de la perención no puede ser concebida como un obstáculo para los sujetos que mediante el ejercicio de su derecho subjetivo han puesto en marcha el aparato jurisdiccional, sino como un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales; por lo tanto, la perención de la instancia constituye una forma anómala de terminación del proceso, la cual debe ser decretada por el Tribunal que conozca de la causa, bien a instancia de parte o de oficio, entendiéndose igualmente que la declaratoria de la misma no produce cosa juzgada material, teniendo la parte afectada por su declaratoria el derecho de acudir nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes para plantear en los mismos términos el objeto de su pretensión.
En consecuencia, en el caso que se examina, el último acto procedimental tendiente a la prosecución del juicio ocurrió en fecha tres (03) días del mes de Octubre del año dos mil once 2.011, vale decir, una actuación realizada por este Tribunal mediante la cual se avoco al conocimiento de la causa la ciudadana jueza en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, con lo que el desempeño de la parte demandante se limitó a la interposición de su pretensión. Por consiguiente habiendo transcurrido más de dos (02) años hasta la presente fecha de paralización de la causa y constatada la falta de impulso de la acción incoada -no imputable a este Órgano Jurisdiccional- resulta forzoso para este Tribunal Superior, decretar la perención de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide.-
IV
DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:
Su COMPETENCIA para entrar a conocer y decidir en primera instancia la demanda interpuesta.-
Declarar Consumada la Perención y Extinguida la Instancia, a tenor de lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.-
Tercero Notificar a la parte recurrente del contenido de la presente decisión. Líbrense Boleta.-
Publíquese, regístrese, diarícese, notifíquese y déjese copia certificada.-
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua. En la ciudad de Maracay, a los diez (10) días del mes de Junio del año dos mil trece (2.013). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.-
LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,
DRA. M.G.S..
LA SECRETARIA,
ABOG. SLEYDIN REYES.
En esta misma fecha, diez (10) días del mes de Junio del año dos mil trece (2.013); siendo las dos y diez minutos (02:10 P.M.) post meridiem, se publicó y registró la anterior decisión.-
LA SECRETARIA,
ABOG. SLEYDIN REYES.
Exp. Nro. DE01-G-2010-000156.-
Asunto antiguo Nro. 10.549.-
MGS/SR/Ysaac R.-
