Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de Junio 14, 2011

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RESUMEN

V.- Decisión En fuerza de los razonamientos expuestos este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado RAÚ... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

201° y 152°

I.- Identificación de las partes

Parte querellante: Sociedad Mercantil MILANO SHOP, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta en fecha 03-01-2002, bajo el N° 38, tomo 37-A, domiciliada en la ciudad de Porlamar, Municipio Mariño del estado Nueva Esparta.

Apoderados judiciales de la parte querellante: Abogados en ejercicio RAÚL ENRIQUE JANSEN GARCÍA y NELSON JOSÉ MARÍN LARA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 7.660.938 y 4.252.822, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 25.864 y 36.102, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Caracas, aquí de tránsito.

Parte querellada: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.

Parte actora en el juicio principal: Sociedad Mercantil Inversiones Financiera Nueva Esparta, C.A. (INFINECA), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 10-11-1977, bajo el Nº 24, Tomo VII.

Parte demandada en el juicio principal: Ciudadano Zaki Nicolás Rahal El Hure, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.796.464, domiciliado en la Urbanización Costa Azul, avenida Apamate Sur, casa N° 30, Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta.

II.- La Acción de Amparo Constitucional

El 20 de enero de 2011 (f. 1 al 72), se recibió en este tribunal superior escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Raúl Enrique Jansen García, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.660.938, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 25.864, domiciliado en la ciudad de Caracas, aquí de tránsito, actuando en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil MILANO SHOP, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta en fecha 03-01-2002, bajo el N° 38, tomo 37-A, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 22 de junio de 2010 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a cargo de la Jueza Cristina Beatriz Martínez, en el expediente N° 24.281, contentivo del juicio que por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento por vencimiento de la prórroga legal, incoada por la sociedad mercantil Inversiones Financiera Nueva Esparta, C.A (INFINECA) contra el ciudadano Zaki Nicolás Rahal El Hure.

En el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, el accionante expone lo que se transcribe a continuación:

“(…) Que, interpone acción de amparo constitucional contra la providencia definitiva, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta. En fecha 22-06-2010, quien conociendo del recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la misma Circunscripción Judicial en fecha 22-01-2010, declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia dictada en primera instancia, sin valorar las documentales públicas que rielan a los autos y que evidencian con meridiana claridad la existencia física y jurídica de un tercero interesado (sociedad mercantil Milano Shop, C.A), situación ésta que forzosa y obligatoriamente causa un litis consorcio pasivo necesario, lo cual evidencia que su representada Milano Shop, C.A, debió y ha debido necesariamente ser llamada a juicio tal como quedará demostrado en el presente recurso de amparo constitucional.

Que, el acto lesivo lo constituye la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta. En fecha 22-06-2010, en conocimiento del recurso de apelación interpuesto por el entonces demandado Zaki Nicolás Rahal El Jure, según expediente N° 24.281, la cual acompañan al libelo.

Que, en el caso bajo examine estamos en presencia de un fallo definitivo, sentencia definitivamente firme contra la cual no procede recurso ordinario alguno y que tal como ha sido concebido, lesiona inexorablemente los derechos constitucionales de la hoy recurrente, referidos al debido proceso y al derecho a la defensa, ello, por efecto de la inactividad del recurrido, al no pronunciarse en forma alguna a lo establecido en la cláusula séptima del contrato locativo autenticado ante la Notaría Pública Primera de Porlamar en fecha 27-01-1997, anotado bajo el N° 117, tomo 9, entre la sociedad mercantil Inversiones Financieras Nueva Esparta, C.A (INFINECA), representada en esa oportunidad por su presidente-administradora ciudadana Estilita Rojas viuda de Torcat y el ciudadano Zaki Nicolás Rahal El Hure, la cual establece en forma diáfana lo siguiente:

...omissis...

Que, por cuanto su patrocinada ha sido sub-arrendataria en forma pública y notoria por más de ocho (8) años del local comercial, ubicado en el boulevard Guevara, distinguido con el N° 19 de la ciudad de Porlamar de este Estado, que tiene seis metros de frente por aproximadamente cuarenta metros de fondo, de donde fue desalojada por efecto de la sentencia aquí impugnada sin haber habido juicio en su contra y más grave aún, no haber sido llamada jamás de forma alguna al juicio incoado por la arrendadora contra le arrendatario, a pesar de estar en conocimiento de la posesión precaria por parte de su poderdante y por efecto del contrato de sub-arrendamiento debidamente autorizado por la arrendadora, lesionando inexorablemente el derecho a la defensa y al debido proceso, y es por ello que en nombre de su poderdante Milano Shop, C.A, proceden a interponer amparo constitucional contra dicha decisión con base a los siguiente fundamentos: Por la violación del derecho a la defensa: a) falta de actividad del recurrido al no pronunciarse de oficio, por tratarse de una materia de orden público, sobre la citación de su poderdante en el juicio primario, ya que se evidencia de las documentales que rielan a los autos, concretamente del documento autenticado ante la Notaría Pública Primera de Porlamar de este Estado en fecha 27-01-1997, anotado bajo el N° 117, tomo 9 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, referido al contrato locativo que el ciudadano Zaki Nicolás Rahal El Hure, estaba expresamente facultado por la arrendadora a sub-arrendar el inmueble descrito en el contrato de arrendamiento y que en uso de esa facultad expresa, celebró durante ocho (8) años, contratos de sub arrendamiento con su poderdante, es decir con la sociedad mercantil Milano Shop, C.A.

Que, en cuanto a la tempestividad para interponer la presente acción, señala “cuando la acción, omisión, acto o la resolución violen el derecho o garantías constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubiesen transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o amenaza al derecho protegido. El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.”, siendo que en el presente caso, la lesión constitucional fue del conocimiento de su poderdante en fecha 08-12-2010 oportunidad en la cual el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Maneiro, Villalba, Tubores y Península de Macanao de este Estado, ejecutando la sentencia apelada que se transformó en definitivamente firme, se trasladó al inmueble sub-arrendado con la finalidad de hacer la entrega material del mismo a la parte arrendadora, tal como lo delata la copia simple del mandamiento de ejecución librado por el tribunal de la causa al mencionado ejecutor y la cual contiene el acta de ejecución que acompañan al escrito libelar.

Que por lo antes expuesto y demostrado con documento público que a tenor de lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil, constituyen plena prueba, solicitan la salvaguarda de los derechos de su poderdante a la defensa y al debido proceso mediante amparo constitucional que en este acto ejercen, estando dirigida su acción, no contra una decisión referida a los hechos alegados en el juicio de origen, sino al incumplimiento de una formalidad esencial por parte del juez de origen, concebida y establecida de manera expresa en la ley para garantizar el ejercicio de un derecho constitucional primario que consagra un principio universal: “El derecho a la defensa”, pues su poderdante siendo legítima sub-arrendataria y constituyendo un litis consorcio pasivo necesario, nunca fue llamada a juicio.

Que, uno de los requisitos de procedencia de la acción de amparo constitucional es que la acción sea extraordinaria, es decir, que no existan medios ordinarios breves, expeditos, eficaces, orales y sin formalismos para obtener la reparación del derecho o garantía constitucional violado o amenazado con violarse, o que aun existiendo éstos, no tengan las características señaladas, y que en el caso de marras, efectivamente no existe otro medio capaz de restituir de manera eficaz los derechos constitucionales lesionados a su mandante.

Que, otro de los requisitos es que exista cualidad o legitimación ad causam tanto activa como pasiva para sostener la acción de amparo constitucional , la cual quedó demostrada con la condición de agraviada que tiene su mandante para incoar la presente acción.

Que, otro requisito...

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