Decisión nº 2088 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Marzo de 2015

El 17 de noviembre de 1998, METANOL DE ORIENTE, METOR, S.A., presentó solicitud de reintegro de créditos fiscales de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, Nº 9072, de las cantidades representativas de los Créditos Fiscales soportados por la adquisición de bienes muebles corporales y servicios adquiridos con ocasión de su actividad de exportación correspondientes al período impositivo de junio del año 1998 por Bs. 39.139.304,00. Concediéndose efectivamente el reintegro por la cantidad de Bs. 39.130.000,00, en certificados de reintegro tributario (CERT), según Resolución MH/SENIAT/GRTI/RNO/DR/98-000088, de fecha 3 de diciembre de 1998, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del entonces Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria.

Mediante Resolución de Verificación de Créditos Fiscales I.C.S.V.M. GRTI/RNO/DR-RE-N-0040 del 13 de marzo de 2000, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor Oriental del antes Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), emplaza a la contribuyente METANOL DE ORIENTE, METOR, S.A. mediante la cual reconoció a la mencionada contribuyente el derecho a recuperar los Créditos Fiscales ajustados por la cantidad expresada en moneda de curso vigente de Bs. 37.927,76, en materia de impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, correspondiente al período impositivo de junio de 1998, en virtud de que mediante Resolución de Créditos Fiscales (I.C.S.V.M.) MH/SENIAT/ GRNO/DR/CD/98-000088, de fecha 3 de diciembre de 1998, le fue reintegrada a la contribuyente la cantidad de Bs. 39.130,00, y en consecuencia se ordenó ejecutar la Fianza otorgada por la recurrente mediante Contrato de Fianza Nº 28429 de fecha 19 de octubre de 1998, anotado bajo el Nº 55, Tomo 274 en los Libros de Autenticación llevados por la Notaría Pública Novena del Municipio Libertador del Distrito Federal, por la cantidad de Bs. 1.202,24.

Por disconformidad con la mencionada Resolución de Verificación de Créditos Fiscales I.C.S.V.M. GRTI/RNO/DR-RE-N-0040 del 13 de marzo de 2000, del 12 de diciembre de 1996, la representación judicial de la recurrente en fecha el 27 de abril de 2000, ante la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor Oriental del antes Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), interpuso recurso jerárquico.

Posteriormente, en fecha 20 de septiembre de 2000, los apoderados judiciales de la contribuyente interpusieron recurso contencioso tributario contra la denegatoria tácita por silencio administrativo del mencionado recurso jerárquico.

II

ALEGATOS DE LAS PARTES

1. - De la recurrente:

   La representación judicial de la contribuyente METANOL DE ORIENTE, METOR, S.A., en su escrito recursorio exponen:

   AUSENCIA ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

   Alegó que la contribuyente se encontraba en un estado de absoluta indefensión, debido a que no fue notificada del acto administrativo impugnado y además no se le concedió el lapso para formular los descargos y consignar las pruebas pertinentes.

   En tal sentido, manifestó que el mencionado acto administrativo se encuentra viciado de nulidad, ya que la Administración Tributaria prescindió del procedimiento legalmente establecido, causal de nulidad absoluta prevista en el ordinal 4 del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

   Asimismo, la representación judicial de la contribuyente indicó que el acto administrativo impugnado, el cual modificó la base del cálculo del reintegro de los créditos fiscales otorgados a la recurrente, por la cantidad de Bs. 39.130.000,00, en materia de impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, fue dictado con omisión absoluta del procedimiento estatuido en la norma legal (artículos 142, 144, 145, 146 y 149 del Código Orgánico Tributario de 1994).

   De modo que en el presente caso se infringió de manera flagrante el procedimiento legalmente estatuido para la constitución de actos administrativos de efectos particulares y de contenido tributario; por lo tanto considera que lesiona al mismo tiempo el derecho a la defensa de la recurrente.

   Por lo antes expuesto, concluye que el Fisco Nacional incurrió en una flagrante violación del procedimiento legalmente establecido, teniendo como consecuencia la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado.

   NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR INMOTIVACIÓN

   La representación judicial de la recurrente señaló que su representaba se encontró en estado de indefensión ya que desconocía los hechos y razones en las cuales se fundamentó la Administración Tributaria para rechazar los créditos fiscales por la cantidad de Bs. 57.480.493,38, y para modificar los créditos fiscales aprobados a dicha contribuyente.

   Igualmente, indicó que el acto administrativo impugnado se dictó sin razonamiento alguno, ya que se afirmó que los créditos fiscales derivados de facturas de compras y servicios prestados dentro del país, los cuales se registraron para el ejercicio del mes de junio de 1998, no pertenece a dicho ejercicio, por tal razón, la Administración tributaria no analizó los hechos ni las normas legales aplicables al caso en concreto.

   En el mismo orden de ideas, alegó que el acto administrativo impugnado en ningún lugar contempla la posibilidad que tiene la contribuyente para ejercer su derecho a la defensa, ya que no indicó plazo alguno para ejercer dicho derecho, limitándose solo a emplazar a la contribuyente a cumplir el contenido del mismo.

   En el mismo orden de ideas, argumentó que el mencionado acto administrativo, al adolecer de los requisitos formales para su validez, incurre en el vicio de ilegalidad.

   FALSO SUPUESTO

   En este punto, la representación judicial de la contribuyente señaló que la Administración Tributaria interpretó erradamente la normal legal contemplada en los artículos 37 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor y 58 del Reglamento a la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, estableciendo que dicha norma le concede atribución para modificar solicitudes de reintegros de créditos fiscales, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido en la n.C. para los actos administrativos de efectos particulares; y que el Artículo 50 de la mencionada Ley establece un requisito de admisibilidad para la recuperación, por parte de los exportadores, de los créditos fiscales del Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor.

   En el mismo sentido, alegó que el Fisco Nacional incurrió en falso supuesto al contestar la solicitud presentada por la contribuyente, sin conocer ni revisar los supuestos errores en el cálculo de los intereses moratorios, indicando que los mismos no son susceptibles de recurso alguno.

   Asimismo, manifestó que la Administración Tributaria modificó los créditos fiscales otorgados por dicha Administración, a la contribuyente con fundamento en los artículos 37 y 58 de la Ley y su Reglamento del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, respectivamente, obviando que dichas normas no conceden atribuciones para resolver peticiones de reintegro de créditos fiscales previamente decididas por ella.

   Igualmente, indicó que el Fisco Nacional interpretó erróneamente el Artículo 50 de Ley al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, considerándolo una norma que establece requisitos necesarios para la recuperación de los créditos fiscales, y consideró que la recurrente incumplió con la mencionada norma, procediendo a rechazar la cantidad de Bs. 57.480.493,98, por tal razón, la representación judicial de la contribuyente alega, a su decir, que la Administración Tributaria no tomó en cuenta que dicha norma es solo de control fiscal a los fines de la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.

   ILEGALIDAD DEL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 37 DE A LEY DE IMPUESTO AL CONSUMO SUNTUARIO Y A LAS VENTAS AL MAYOR

   La representación judicial de la contribuyente aduce que el Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor infringe el Artículo 37 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, ya que en la mencionada norma establece que a los fines de la obtención del porcentaje de exportación, el contribuyente deberá incluir las operaciones exentas del pago de dicho tributo, lo cual es, a su decir, contrario a lo dispuesta en el Artículo 37 supra mencionado, el cual establece que el monto que representan las exportaciones es con respecto a las operaciones gravadas, excluyendo así las exentas, dando esto el prorrateo para calcular el crédito fiscal recuperable.

   En el mismo orden de ideas, señaló que el Artículo 58, antes mencionado, indica que del resultado de dividir el total de las exportaciones sobre el total de operaciones gravadas y exentas, se obtendrá el coeficiente de exportación, siendo una evidente violación al Artículo 37 de la Ley supra mencionada, por cuanto dicho dispositivo legal versa que el monto de los créditos fiscales a recuperar por actividad de exportación es el resultado de dividir el total de las ventas entre la cantidad total de ventas gravada con el mencionado tributo, lo cual excluye a las ventas exentas.

   INSCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO AL CONSUMO SUNTUARIO Y A LAS VENTAS AL MAYOR

   Los apoderados judiciales de la recurrente, alegaron que el mencionado Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, transgredió el principio de capacidad contributiva contenido en el Artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, argumentando que en dicho Artículo se incluye las ventas exentas, a los fines de determinar el coeficiente de exportación, lo cual afecta el índice de manifestación de riqueza gravada, cual es el consumo convirtiéndolo en la renta bruta, puesto que un remanente de créditos fiscales no puede ser trasladado, recuperado ni imputable al costo sino que tiene que ser soportado por quien desde el punto de vista económico, no está obligado a soportarlo; por lo que de conformidad con el Artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 334 de la Constitución, solicita se desaplique en la esfera particular de METANOL DE ORIENTE, METOR, S.A.

   CORRECIÓN DE ERRORES

   La representación judicial de la contribuyente indicó que en virtud de los principios de equidad y justicia tributaria contenidos en el Artículo 223 Constitucional, solicita que se ordene a la Administración Tributaria la corrección de los errores que pudo haber incurrido, y en consecuencia, reconozca los créditos fiscales rechazados a su representada.

   Señaló que en el presente caso, la recurrente incluye dentro de la solicitud de recuperación de créditos fiscales los pagados y pertenecientes a otros períodos fiscales, excluyendo los causados del respectivo periodo, porque entiende que solo pueden recobrarse los créditos fiscales efectivamente pagados, puesto que en caso contrario, considera que además de perjudicar al Fisco Nacional, se incurriría en una transgresión de los mencionados principios de equidad y justicia tributaria.

2. - De la Administración Tributaria:

   Por su parte el abogado D.G., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 64.244, actuando en su carácter de representante judicial del Fisco Nacional, mediante el escrito de informes, presentado en fecha 7 de enero de 2002, expuso los siguientes alegatos:

   En relación a la ausencia de procedimiento legal alegado por la recurrente, aduce que en el caso de autos no está previsto el levantamiento del Acta de Reparo, ni apertura del Sumario Administrativo, ya que la solicitud que presentó la mencionada contribuyente, no se encontró ninguno de los supuestos requeridos para la apertura de dicho procedimiento.

   Igualmente, señaló que en el caso de solicitudes de reintegro de créditos fiscales previamente afianzados, no es necesario que el Fisco Nacional continúe con el procedimiento previsto en los artículos 142 y siguientes del Código Orgánico Tributario, ya que simplemente se trata de una verificación que realiza la Administración a la solicitud de créditos fiscales, por tal razón, solo se fundamenta en los datos aportados por la recurrente en su declaración.

   En el mismo orden de ideas, indicó que no se impidió a la contribuyente ejercer los medios de defensa que tuviera a su alcance, ya que la se evidencia la promoción de pruebas admitidas y la interposición de los recursos, por vía judicial el recurso contencioso tributario, e igualmente en fase administrativo ejerció el recurso jerárquico correspondiente.

   Con respecto a la supuesta inmotivación del acto administrativo, alegó que el referido acto contenía las razones de hecho y los fundamentos legales que tuvo que tomar en cuenta la Administración Regional, al confirmar las fiscalización realizada por concepto de ventas de exportaciones que originaron los respectivos ajustes.

   Asimismo, manifestó que la contribuyente se contradice al alegar que el acto administrativo se encuentra inmotivado y seguidamente afirmar que adolece dicho acto de falso supuesto, ya que en el caso de estar el acto administrativo inmotivado queda el contribuyente impedido de sostener argumentos que desvirtúen el fundamento del mismo.

   En cuanto al falso supuesto aducido por la recurrente, indicó que el Fisco Nacional no incurrió en dicho vicio, ya que las razones de hecho y de derecho que impulsan el acto administrativo se encuentran perfectamente demostradas y sustentadas.

   En otro orden de ideas, con respecto a la inconstitucionalidad del Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, en virtud de transgredir presuntamente el principio de capacidad contributiva contenido en la n.C., la representación del Fisco Nacional indicó que dicho alegato pretende desconocer el incumplimiento de deberes consagrados a cargo de los ciudadanos en su condición de contribuyentes, lo cual pretende justificar la inobservancia de la normativa constitucional en detrimento del propio Estado de Derecho.

   Además, señaló que en cuanto al alegato de errónea interpretación del los artículos 37 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor y 58 de su Reglamento, carece de sustentación, ya que quedó claramente demostrada la actuación de la Administración Tributaria la cual estuvo ajustada a la normativa legal.

   Por tal razón, con fundamento a la normativa legal, alegó que el procedimiento de devolución de créditos fiscales a los exportadores dispone que, los exportadores tendrán el derecho a la devolución de aquellos montos que hayan soportado por concepto de impuesto, por la compra interna y externa de bienes y servicios que representen los insumos para su actividad exportadora.

   III

   MOTIVACIONES PARA DECIDIR

   En virtud de los alegatos esgrimidos, por la contribuyente METANOL DE ORIENTE, METOR, S.A., y las defensas opuestas por la representación judicial del Fisco Nacional, observa este Tribunal que en el presente caso, la controversia se contrae a determinar si procede la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución de Verificación de Créditos Fiscales I.C.S.V.M. Previamente Afianzados GRTI/RNO/DR-N-0040, emanada de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del antes Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), en fecha 13 de marzo de 2000.

   Es prudente advertir, que estudiados lo alegatos esgrimidos por la recurrente, resulta oficioso entrar a conocerlos siguiendo un orden distinto al expuesto en el escrito recursivo; bien por su naturaleza y por el efecto que pueda producir el pronunciamiento de este Tribunal, respecto al resto de los argumentos.

   Así, las denuncias presentadas por la contribuyente se corresponden a: i) inconstitucionalidad del Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor; ii) ausencia del procedimiento; iii) inmotivación; iv) falso supuesto; e v) ilegalidad del Artículo 58 eiusdem.

   i) Inconstitucionalidad del Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor:

   La contribuyente invocó la inconstitucionalidad del Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, pues a su parecer dicha disposición viola el principio constitucional relativo a la capacidad contributiva, en nuestro país, previsto en el contenido del Artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   Así las cosas, tenemos, que el principio de capacidad contributiva consiste en la aptitud para soportar cargas tributarias en la medida económica y real que tácticamente le viene dada a un sujeto frente a su propia situación fiscal en un periodo determinado, medida con base en la cual aportan la contribución debida al estado, tal principio constitucional tiene o sirve a un doble propósito, de un lado como presupuesto legitimador de la distribución del gasto público; de otro, como límite material al ejercicio de la potestad tributaria, aunado a ello y como quedo sentado en fallos del Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional y Político Administrativa, Caso: H.C.C.V.. IVA, y J.F. Mecánica Industrial, C.A. de fechas 21-11-00 y 10-07-2003, respectivamente, la capacidad del contribuyente para soportar las cargas fiscales impuestas por el estado en ejercicio de su poder de imposición, es una sola, única e indivisible que debe ser respetada por cada esfera de imposición del poder público, y para determinar si se ha violado tal precepto es necesario contar con múltiples elementos que no solo estarían restringidos a los que conforman su carga impositiva en relación al Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, sino que sería necesario una revisión minuciosa e integral de toda la relación jurídico impositiva que el administrado mantiene con la Administración Tributaria, pues solo así podría establecerse con certeza la medida de su capacidad para soportar cargas fiscales. Asimismo, sería necesario conocer la totalidad de los balances, declaraciones y otros elementos capaces de reflejar la actividad financiera e impositiva del contribuyente en los diferentes periodos fiscalizados.

   Atendiendo a lo expuesto, y observando que no existe en los actos y demás recaudos traídos por las partes a este Tribunal, elementos necesarios y/o suficientes que permitan a esta Sentenciadora observar la incidencia patrimonial del Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, mal podría sacar conclusiones al respecto; en consecuencia se desestima el alegato esgrimido por la recurrente relativo a violación de principios constitucionales. Así se decide.

   ii) De la ausencia del procedimiento:

   Los representantes en juicio de la contribuyente denunciaron que la actuación de la Administración Tributaria violentó el derecho al debido proceso lo cual ocasionó un estado de indefensión a su representada, por cuanto el acto administrativo impugnado fue dictado con prescindencia absoluta del procedimiento legalmente establecido.

   No obstante de la denuncia de la contribuyente, este Tribunal observa que en el presente caso la Administración Tributaria obró de conformidad al procedimiento de verificación, el cual dada su naturaleza no contempla un procedimiento contradictorio, pues esto solo procede en los supuestos de fiscalización de la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y en los procedimientos de determinación de oficio de las obligaciones tributarias, por tal razón no hay lugar a la apertura de un procedimiento administrativo, sino que se trata de una comprobación sobre la procedencia o no del reconocimiento de los créditos fiscales solicitados, con base en la solicitud y los anexos aportados por la contribuyente, conjuntamente con la documentación poseída por la Administración Tributaria.

   En efecto, el Parágrafo Primero del Artículo 149 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis, indica lo siguiente: