Decisión nº IG012012000004 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 9 de Enero de 2012

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RESUMEN

esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ RAFAEL CABRERA CHIRINOS, Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, contra el auto dictado en fecha 14 de... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón

Coro, 9 de Enero de 2012

201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-R-2011-000180

ASUNTO : IP01-R-2011-000180

JUEZA PONENTE: GLENDA ZULAY OVIEDO RANGEL

ACUSADA: MAYRA ALEJANDRA FERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad personal Nro. 18.449.215.

DEFENSORES: ABOGADOS AMER RICHANI, LEONARDO DÍAZ VALBUENA y ALEXANDER GONZÁLEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 35.685 el primero de los nombrados, sin tal identificación profesional el segundo mencionado y 96.467 el tercero mencionado, domiciliados en el mismo orden así: en la calle Mariño, Esquina Bolívar, Minicentro El Cristal, Punto Fijo, estado Falcón; en el Edificio Los Reyes, Local N° 3, Escritorio Jurídico Bracho Pérez, Díaz Valbuena y El Safadi, Punto Fijo, estado Falcón y en el sector Santa Fe, Residencia María Alejandra, Torre A, Apto N° 3-C, Punto Fijo del estado Falcón.

MINISTERIO PÚBLICO: ABOGADO JOSÉ RAFAEL CABRERA CHIRINOS, Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón.

Ingresaron a esta Corte de Apelaciones las presentes actuaciones, procedentes del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial Penal, con sede en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, por virtud del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ RAFAEL CABRERA CHIRINOS, Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, contra el auto dictado en fecha 14 de octubre de 2011 por el referido Juzgado, mediante el cual decretó medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad a favor de la ciudadana MAYRA ALEJANDRA FERNÁNDEZ, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, medida de coerción personal impuesta conforme a lo establecido en el artículo 245 del Código Orgánico Procesal Penal.

El cuaderno separado contentivo del recurso se recibió en esta Corte en fecha 14 de Diciembre de 2011, dándose cuenta en Sala y designándose Ponente a la Jueza quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

En fecha 20 de diciembre de 2011 el recurso de apelación fue declarado admisible, avocándose al conocimiento de la causa la Jueza Suplente de este Tribunal Colegiado, Abogada RITA CÁCERES, en sustitución de la Jueza CARMEN NATALIA ZABALETA, quien se encuentra de disfrute de sus vacaciones legales.

La Corte de Apelaciones para decidir observa:

RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Manifestó el Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público que ejercía el recurso de apelación porque en fecha 19 de enero de 2010 tuvo lugar la audiencia oral de presentación de la ciudadana MAYRA ALEJANDRA FERNANDEZ, relacionada con la causa penal No. IP11-P-2010-000136, quien por encontrarse incursa presuntamente en la comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, específicamente, el previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 con el Agravante del artículo 46 numeral 5, hoy derogada por la Ley Orgánica de Drogas, el Ministerio Público representado por esa Unidad Fiscal, la interpuso de imputación formal del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTROPICAS AGRAVADO, por habérsele incautado en el procedimiento de allanamiento realizado por funcionarios adscritos el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la cantidad de catorce (14) envoltorios tipo panelas, contentivos de un polvo blanco, de olor fuerte y penetrante, de la sustancia denominada COCAINA CLORHIDRATO, con un peso neto total de TRECE COMA DOSCIENTOS KILOGRAMOS (13,200 KGRS).

Señaló, que en razón a esos hechos se decreta en contra de dicha ciudadana la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad conforme al artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal por encontrar llenos los extremos de dicha norma y . en razón a la averiguación penal, esa Representación del Ministerio Público durante la fase preparatoria recabó suficientes elementos de convicción para estimar la responsabilidad de los ciudadanos incursos en la comisión de los hechos por los cuales fueron imputados de la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTROPICAS.

Expresó, que se interpuso escrito de acusación contra la ciudadana imputada MAYRA ALEJANDRA FERNANDEZ, en la que se solicita, además de ser admitida totalmente, que se mantuviera la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra todos los ciudadanos imputados, por cuanto no habían cambiado las circunstancias por las cuales se les había impuesto dicha medida de coacción; llevándose a cabo la audiencia preliminar en fecha 08-09- 2010, en la cual el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, por cumplir el escrito acusatorio con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, lo admite totalmente así como las pruebas promovidas y por considerar que los presupuestos que motivaron la Privación Judicial Preventiva de Libertad no habían variado, acuerda mantener la misma, ordenando la apertura a Juicio Oral y Público, conociendo la causa en fase de Juicio, el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de esta misma Circunscripción Judicial.

Arguyó, que los ciudadanos Abogados Amer Richani y Alexander González, ejerciendo la defensa Técnica de la ciudadana MAYRA ALEJANDRA FERNANDEZ, solicitaron a favor de la misma, la revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad por una menos gravosa, en razón a reconocimiento Médico Legal suscrito por la Doctora Elvira Mora, Médico Forense del Departamento de Ciencia Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, quien señala “Paciente con embarazo de 28 semanas....” y como consecuencia de la solicitud de revisión de la medida solicitada por la defensa, de acuerdo al acápite anterior, el A Quo, mediante auto motivado de fecha 14 de octubre de 2011, ACORDÓ LA REVISIÓN DE LA MEDIDA IMPUESTA, otorgándole a la imputada MAYRA ALEJANDRA FERNANDEZ, la medida cautelar prevista en el ordinal, 1°, 4° y 5° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en ARRESTO DOMICILIARIO, PROHIBICIÓN DE SALIDA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ Y PROHIBICIÓN DE CONCURRIR A DETERMINADAS REUNIONES O LUGARES SIN LA AUTORIZACIÓN DEL TRIBUNAL.

Alegó como primera denuncia, la violación del principio relativo al control de la constitucionalidad, concretamente la violación de los artículos 335 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, del artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal y de la decisión de la Sala Constitucional No. 3421 de fecha 09-11-05, manifestando su inconformidad con lo decidido por la recurrida, para lo cual explana una serie de alegatos que buscan hacer ver que el A Quo fundamentó su decisión de otorgar a imputado la medida de arresto domiciliario, violentando el criterio pacífico sostenido por nuestro Máximo Tribunal.

Destacó, que de acuerdo a la minuta informativa transcrita supra, a partir del momento en que fue aprehendido el imputado por la presunta comisión de los delitos atribuidos en la audiencia de presentación, a este se le garantizó tanto por el Tribunal como por el Ministerio Público, sus derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la salud, siendo celebrada la audiencia de presentación el día 05-03-10 en las instalaciones del Circuito Judicial Penal, Extensión Punto Fijo u una vez finalizada la audiencia, el juez competente estimó que estaban llenos los requisitos para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad prevista en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Refirió, que se hace preciso aludir concretamente una decisión de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, sentencia No. 3421 de fecha 9-11-05, expediente 03- 1844, en el cual se ejerció un recurso de interpretación constitucional referente a los artículos 29 y

271 de la Carta Magna, donde se dejó claro que LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO SON INJUSTOS PENALES DE LESA HUMANIDAD y que para éstos ES IMPROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CUANDO EL JUZGADOR HAYA ACORDADO LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad a lo establecido en los artículos 29 y 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ser delitos de lesa humanidad, citando extracto de la aludida decisión el Fiscal apelante.

Indicó, que al Adminicular la decisión indicada en el párrafo anterior con el pronunciamiento proferido por la recurrida, se evidencia que ésta ha violentado no solo un criterio dispuesto de manera pacífica por la Sala Constitucional, la cual dejó claro que en materia de delitos de tráfico de drogas no se puede otorgar medidas cautelares cuando el juzgador haya acordado la privación judicial preventiva de libertad, sino que más aún, ha trasgredido el artículo...

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