Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 9 de Junio de 2015
| Fecha de Resolución | 9 de Junio de 2015 |
| Emisor | Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Gary Coa León |
| Procedimiento | Querella |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su Nombre
JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL
PARTE QUERELLANTE: MARINEV C.H.L..
ENTE QUERELLADO: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA – DEM).
OBJETO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, OTROS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIAL, INTERESES DE MORA E INDEXACIÓN.
En fecha 10 de diciembre de 2014, la ciudadana Marinev C.H.L., titular de la cédula de identidad Nº 18.077.271, Inpreabogado Nº 154.743, actuando en su propio nombre y representación, interpuso ante el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (Distribuidor) la presente querella, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA – DEM).
Realizada la distribución, correspondió a este Juzgado Superior el conocimiento de la causa, siendo recibido el presente expediente en fecha 17 de diciembre de 2014.
En fecha 07 de enero de 2015, este Tribunal se declaró competente para conocer de la presente querella, y admitió la misma, en tal sentido, se ordenó citar al ciudadano Procurador General de la República, para que diese contestación. Igualmente se ordenó a esa Procuraduría, remitir a este Órgano Jurisdiccional el expediente administrativo de la actora. Por último se ordenó notificar al Director Ejecutivo de la Magistratura, de la admisión de la querella.
En fecha 13 de abril de 2015, se dejó constancia de la incorporación de la ciudadana N.J.M., como Jueza Temporal para suplir las faltas, ausencias, reposos, vacaciones, de los jueces que conforman los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en razón del reposo médico otorgado por la Dirección de Servicios Médicos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura al ciudadano G.C.L., Juez Provisorio de este Tribunal, quien se abocó al conocimiento de la presente causa.
En fecha 28 de abril de 2015, se celebró la audiencia preliminar y se dejó constancia que ninguna de las partes asistió al acto, razón por la cual se declaró desierto el mismo. Igualmente se dejó constancia que, en virtud de la incomparecencia de las partes, no se daría apertura al lapso probatorio, en consecuencia la audiencia definitiva se fijaría dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a la referida fecha.
En fecha 12 de mayo de 2015, vista la reincorporación del abogado G.J.C.L. al cargo de Juez Provisorio de este Juzgado Superior, luego del vencimiento del reposo médico que le fuese otorgado por la Dirección de Servicios Médicos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, éste se abocó al conocimiento de la causa y ordenó la continuación de la misma. En esa misma fecha, se celebró la audiencia definitiva y se dejó constancia que ninguna de las partes asistió al acto, razón por la cual se declaró desierto el mismo. Seguidamente el Tribunal dejó constancia que el dispositivo del fallo se publicaría dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes a la mencionada fecha.
En fecha 21 de mayo de 2015, el Juez dictó el dispositivo del fallo declarando Parcialmente Con Lugar la presente querella, informando que el texto íntegro de la misma se publicaría dentro de los diez (10) días de despacho siguientes. La causa entró en estado de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual será dictada sin narrativa y con exposición breve y concisa de los extremos de la litis por exigirlo así el artículo 108 ejusdem, en los siguientes términos:
I
MOTIVACIÓN
Como punto previo, observa el Tribunal que la presente querella fue admitida el día 07 de enero de 2015, concediéndosele en dicho auto al Ente querellado un lapso de quince (15) días hábiles, más quince (15) días de despacho para que diese contestación a la querella, según lo dispuesto en los artículos 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con los artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicho lapso comenzó a computarse a partir del día hábil siguiente al 05 de febrero de 2015, fecha en la cual el Alguacil de este Juzgado, dejó constancia en el expediente de haber citado al ciudadano Procurador General de la República, (folio 20 del expediente), lapso éste que venció el día 07 de abril de 2015 sin que se hubiese dado contestación a la querella, sin embargo la misma se entiende contradicha en todas y cada una de sus partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y así se decide.
Establecido lo anterior, observa el Tribunal que la parte actora solicita el pago de su antigüedad, equivalente a cinco (05) días de sueldo por cada mes laborado, además de dos (02) días adicionales de antigüedad luego de cumplir el primer año de servicio, desde el 18 de mayo de 2011, hasta el 15 de septiembre de 2014; igualmente solicita el pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad; asimismo, pide que se le cancele su bono vacacional fraccionado y sus vacaciones fraccionadas correspondientes al período 2014-2015; también, solicita el pago de su compensación por prima de mérito correspondiente al período marzo 2013-marzo2014; así como también el bono de fin de año fraccionado, desde el mes de enero de 2014 hasta el mes de septiembre de 2014; igualmente solicita el pago de los intereses moratorios sobre las cantidades adeudadas, desde la fecha de su egreso (15 de septiembre de 2014), hasta la fecha en que se lleve a cabo el efectivo pago; por último pide la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades adeudadas, desde la fecha de admisión de la querella, hasta la fecha de ejecución de la sentencia, entendida como la fecha efectiva del pago.
Para decidir al respecto, observa este sentenciador primeramente que, consta al folio 08 del expediente, Oficio Nº 8970 07, de fecha 26 de julio de 2011, suscrito por el Director General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el cual no fue impugnado por la parte querellada en el lapso legal correspondiente, por lo cual este Juzgado le otorga valor probatorio, quedando demostrado que la ciudadana Marinev C.H.L., titular de la cédula de identidad Nº 18.077.271 (querellante), fue designada en el cargo de Abogado Asistente (Grado 11), adscrito a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con fecha de vigencia 18 de mayo de 2011, y así se decide.
Igualmente, se observa que cursa al folio 09 del expediente, Comunicación de fecha 15 de septiembre de 2014, suscrita por el Presidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual no fue impugnada por la parte querellada en el lapso legal correspondiente, por lo cual este Juzgado le otorga valor probatorio, quedando demostrado que el referido Presidente le manifestó a la hoy querellante la aceptación a la renuncia que presentara la misma en la aludida fecha, y así se decide.
Ahora bien, visto que se encuentra demostrada la relación funcionarial que mantenía la actora con el organismo querellado, este Juzgador procede a pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido, y al respecto observa que la querellante pretende el pago por concepto de prestación de antigüedad, y asimismo se observa que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura no consignó a los autos prueba alguna de la cual pueda verificar este Tribunal que efectivamente se haya efectuado el pago por concepto de prestaciones sociales a la querellante, ni tampoco compareció a ninguno de los actos del presente proceso, siendo esta conducta una negligencia que no puede ser imputada a la parte accionante, razón por la cual se considera procedente la pretensión de la actora, por consiguiente se ordena el pago de sus prestaciones sociales (antigüedad), tal como lo prevé el artículos 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, mediante la realización de los dos cálculos matemáticos, esto es, realizándose un primer cálculo a tenor del literal “a”, a razón de quince (15) días de salario integral por cada trimestre, dicho salario integral está compuesto por el salario básico devengado en cada mes, más las respectivas alícuotas del bono vacacional devengado en cada año (40 días, conforme lo previsto en el artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública) y de la bonificación de fin de año (90 días de salario integral de conformidad con el artículo 25 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), calculados con base al último salario integral devengado al momento de iniciar el trimestre respectivo, desde la fecha de ingreso de la querellante al ente querellado (18/05/2011), hasta la fecha de egreso (15/09/2014), más los dos (02) días adicionales anuales, que prevé el literal “b” de dicho artículo, al cumplirse el primer año de servicio, acumulativos hasta treinta (30) días de salario integral. Asimismo, se ordena realizar un segundo cálculo de las prestaciones sociales previsto en el literal “c” del referido artículo, con base a treinta (30) días de salario integral por cada año de servicio o fracción superior a los seis (06) meses, calculada al último salario integral devengado por la funcionaria, desde la fecha de inicio de la relación de funcionarial (18/05/2011), hasta la fecha de finalización de la misma (15/09/2014), y la cantidad que resulte mayor entre los dos cálculos antes ordenados, será el monto que efectivamente deberá pagársele a la querellante por concepto de prestaciones sociales (antigüedad). Dichos montos habrán de establecerse mediante experticia complementaria del fallo, la cual será practicada por un sólo experto contable, que designará el Tribunal, y así se decide.
Por lo que se refiere a los intereses sobre las prestaciones sociales o la prestación de antigüedad (fideicomiso), observa el Tribunal que, para el cálculo de estos intereses deberá tomarse en cuenta la cantidad que arroje la experticia complementaria del fallo por concepto de prestación de antigüedad, la cual devengará intereses a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (06) principales bancos del país, desde la fecha de ingreso de la actora al ente querellado, (18/05/2011), hasta la fecha de egreso (15/09/2014), de conformidad con el párrafo 5 del artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y las Trabajadoras, en razón de no existir constancia en el expediente que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura haya depositado la garantía de las prestaciones sociales en un fideicomiso individual a nombre de la trabajadora, o en un fondo de garantía de prestaciones sociales, previa solicitud de ésta. Dichos intereses deberán estimarse por una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.
La actora solicita el pago del bono de fin de año fraccionado, correspondiente al año 2014. Para decidir al respecto observa el Tribunal que, de conformidad con el artículo 25 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, a la hoy querellante le correspondían 90 días de salario integral por concepto de bonificación de fin de año de haber laborado el año 2014 completo, pues como es sabido dicha bonificación la cancela la Administración al final de cada año calendario, y siendo que durante el año 2014 sólo laboró una fracción de 8 meses y 15 días, desde el día 01 de enero de 2014 al 15 de septiembre de 2014, le corresponden 60 días de salario integral (90 días de bonificación de fin de año / 12 meses del año = 7,5 días x 8 meses = 60 días), los cuales deberá cancelar la Dirección Ejecutiva de la Magistratura por concepto de bono de fin de año fraccionado correspondiente al año 2014, en razón de no existir constancia en el expediente que dicho organismo haya realizado pago alguno a la querellante por el referido concepto, y así se decide.
La querellante solicita el pago de sus vacaciones fraccionadas correspondientes al período 2014-2015. Para decidir al respecto, observa el Tribunal que, de conformidad con el artículo 23 de la II Convención Colectiva de Empleados 2005-2007 de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a la querellante le correspondían diecinueve (19) días hábiles de vacaciones, por cuanto se encontraba en el primer quinquenio de servicio, de haber trabajado el período completo, y siendo que sólo laboró una fracción de 03 meses y 28 días, período desde el 18-05-2014 al 15-09-2014, le corresponden 4,74 días de salario, (19 días de vacaciones / 12 meses del año = 1,58 días x 3 meses = 4,74 días), los cuales deberá cancelar la Dirección Ejecutiva de la Magistratura por concepto de vacaciones fraccionadas, correspondientes al período del 18 de mayo de 2014 al 15 de septiembre de 2014, en razón de no existir constancia en el expediente que dicho organismo haya realizado pago alguno a la querellante por el aludido concepto, y así se decide.
La querellante solicita el pago de su bono vacacional fraccionado correspondiente al período 2014-2015. Para decidir al respecto, observa el Tribunal que, de conformidad con el artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, a la hoy querellante le correspondían 40 días de salario por este concepto, de haber laborado el año completo, y siendo que sólo laboró una fracción de 03 meses y 28 días, le corresponden 9,99 días de salario (40 días de bono vacacional / 12 meses del año = 3,33 días x 3 meses = 9,99 días), los cuales deberá cancelar la Dirección Ejecutiva de la Magistratura por concepto de bono vacacional fraccionado, correspondientes al período del 18 de mayo de 2014 al 15 de septiembre de 2014, en razón de no existir constancia en el expediente que dicho organismo haya realizado pago alguno a la querellante por el referido concepto, y así se decide.
El monto que le corresponde a la querellante por concepto de bono de fin de año fraccionado correspondiente al año 2014, vacaciones fraccionadas correspondientes al período 2014-2015 y bono vacacional fraccionado correspondiente al período 2014-2015, habrá de establecerse mediante experticia complementaria del fallo, la cual será practicada por un sólo experto contable, que designará el Tribunal, y así se decide.
La actora solicita el pago de su compensación por prima de mérito correspondiente al período marzo 2013-marzo 2014. Para decidir al respecto, observa este Tribunal que la parte actora no trajo a los autos prueba alguna de la cual pueda verificarse que a la misma le correspondía el concepto aquí reclamado, por lo cual debe forzosamente este sentenciador declarar improcedente lo reclamado en este punto, y así se decide.
La querellante solicita el pago de los intereses moratorios sobre las cantidades adeudadas, desde la fecha de su egreso (15 de septiembre de 2014), hasta la fecha en que se lleve a cabo el efectivo pago. Para decidir al respecto, este Tribunal trae a colación lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente:
Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.
(Negritas y subrayado de este Tribunal).
Conforme al artículo parcialmente transcrito, los intereses de mora sobre las prestaciones sociales son un derecho Constitucional, el cual debe ser tutelado, siendo éste procedente cuando el obligado al pago de prestaciones sociales incurre en demora independientemente de las causas, lo que se traduce en una obligación objetiva del pago de dichos intereses.
Ahora bien, en razón de que hasta la fecha no se han cancelado las prestaciones sociales de la querellante, se considera procedente en derecho el pago de los intereses moratorios, los cuales deben cancelarse desde el 15 de septiembre de 2014, fecha ésta en la cual fue aceptada la renuncia al cargo de Abogado Asistente que desempeñaba la actora, tal como se evidencia del folio nueve (09) del expediente, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de sus prestaciones sociales, monto éste que habrá de determinarse con base al resultado que arroje la experticia complementaria del fallo ordenada mediante la presente decisión, con el objeto de establecer el monto correspondiente a las prestaciones sociales que se le adeudan a la querellante, más lo que le corresponda a la misma por concepto de bono de fin de año fraccionado, vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado, por tanto esa será la suma sobre la que habrá de hacerse el cálculo de los intereses moratorios, calculados dichos intereses no capitalizados, los cuales deben estimarse por una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. La experticia complementaria ordenada será practicada por un solo experto, que designará el Tribunal, y así se decide.
Dichos intereses se calcularán según lo previsto en el artículo 128 y 142, literal “f” de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y las Trabajadoras, a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos del país, Ley ésta a la cual remite el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y así se decide.
Por último, pide la querellante la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades adeudadas, desde la fecha de admisión de la querella, hasta la fecha de ejecución de la sentencia, entendida como la fecha efectiva del pago.
Para decidir con respecto a la solicitud de indexación de la parte actora, considera pertinente este Juzgado, traer a colación lo establecido en la sentencia Nº 391, dictada en fecha 14 de mayo de 2014 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Caso: M.d.C.C.Z., en la cual dicha Sala expresamente estableció que:
En este sentido, tomando en consideración lo antes expuesto, esta Sala estima que la indexación resulta de obligatoria aplicación a la cancelación de prestaciones de sociales, tanto en el caso de los funcionarios públicos como el caso de los trabajadores al servicio del sector privado, más aún cuando existe en los actuales momentos un crecimiento de trabajadores que se encuentran a la orden de la Administración Pública, convirtiéndose el Estado en el mayor empleador y el primer encargado de garantizar el derecho a la no discriminación y a la igualdad en la Constitución.
Asimismo, esta Sala considera que la negativa a aplicar la indexación monetaria en el ámbito de la Función Pública, en virtud que los conceptos que se ordenan cancelar derivan de una relación estatutaria, no siendo éstos susceptibles de ser indexados por ser una deuda de valor, en el cual, además, no existe un dispositivo legal que ordene la corrección monetaria, no puede ser justificación para no ser aplicada a los funcionarios, por cuanto dicha indexación es la consecuencia de un hecho: pérdida del valor adquisitivo de la moneda en el tiempo y el objetivo de ésta es alcanzar el mayor grado de justicia social posible, garantizar un nivel de v.d. para todos por igual, promover el trabajo como el medio más idóneo para el desarrollo de los individuos y de sus familiares.
De igual manera, esta Sala considera, contrario a lo señalado por la Corte Segunda Accidental en la sentencia objeto de revisión, que existe una diferencia conceptual entre los llamados interés moratorios y la indexación o corrección monetaria, por cuanto los primeros se consideran una penalización o sanción al empleador que no paga oportunamente, mientras que lo segundo, es una actualización del valor de la moneda, que pudiese haberse visto disminuida producto del fenómeno de la inflación, por tanto sería erróneo afirmar que en el caso de ordenarse el pago de ambos, se estaría acordando un pago doble, en virtud que las dos figuras inciden en el principio de la exigibilidad inmediata de las prestaciones sociales, establecido en la Constitución, el cual debe prevalecer sobre cualquier interpretación.
…(Omissis)…
Dicho lo anterior, esta Sala Constitucional, en aras de garantizar la tutela judicial eficaz del trabajador y hacer prevalecer la justicia, en atención a la potestad que le atribuye el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y tratándose el presente caso de un asunto de mero derecho que no requiere de actividad probatoria adicional -en el sentido de que el error de la Corte Segunda Accidental de lo Contencioso Administrativo, se centra únicamente en lo relativo a la indexación- ,considera que no es necesario un pronunciamiento que ordene el reenvío del expediente a la referida Corte para subsanar el vicio advertido, toda vez que sería una dilación inútil reponer la causa para que se indique a los expertos con respecto a la corrección monetaria, que ésta deberá ser calculada desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia, entendida como la fecha del efectivo pago, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual el tribunal de la causa deberá en la oportunidad de la ejecución, solicitar al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre dicho lapso, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar a la ciudadana M.d.C.C.Z. por concepto de indexación.
(Negritas y subrayado de este Tribunal).
De la sentencia parcialmente transcrita, se desprende claramente que la indexación de las cantidades que deben ser canceladas a los funcionarios públicos por concepto de prestaciones sociales, es de obligatoria aplicación, e igualmente que dicho concepto se encuentra totalmente diferenciado de los intereses de mora, y que al ordenarse el pago de ambos conceptos, de modo alguno se estaría realizando un pago doble al funcionario, pues los intereses de mora constituyen una penalización al empleador, por no haber cumplido oportunamente con la obligación de cancelar las prestaciones sociales, mientras que la indexación o corrección monetaria, es una actualización del valor de la moneda, el cual pudiese verse disminuido, en razón del fenómeno de la inflación.
En ese sentido, resulta igualmente oportuno hacer referencia a la Sentencia Nº 1841, dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11 de noviembre de 2008, en la cual dicha Sala en cuanto a la corrección monetaria, estableció lo siguiente:
En lo que se refiere a la corrección monetaria, ratifica esta Sala la fundamentación ideológica que jurisprudencialmente se le ha dado a la misma y para ello asume como suyo el criterio sostenido por la Sala Constitucional en decisión Nº 2191 de fecha 06 de diciembre de 2006 cuando dejó establecido que la indexación -o ajuste inflacionario- opera en virtud del incumplimiento o retardo en el que incurre una de las partes que se ha comprometido en una obligación, de modo que la indexación comporta una justa indemnización capaz de reparar la pérdida material sufrida y compensar el daño soportado, con la finalidad de que la tardanza en el cumplimiento no comporte una disminución en el patrimonio del acreedor.
Dispone también este máximo órgano jurisdiccional que en consecuencia, y salvo que la ley diga lo contrario, quien pretenda cobrar una acreencia y no reciba el pago al momento del vencimiento de la obligación, tiene derecho a recibir el pago en proporción al poder adquisitivo que tiene la moneda para la fecha efectiva del mismo, y que sólo así, recupera lo que le correspondía recibir cuando se venció la obligación y ella se hizo exigible. (S/C 20-03-06 Nº 576).
Por otra parte, ratifica esta Sala de Casación Social, el discurrir histórico de esta institución dentro de la jurisprudencia patria, y a tal efecto reproduce, las consideraciones formuladas en tal sentido, en decisión Nº 595 de fecha 22 de marzo de 2007, que a su vez, ratifica la sentencia Nº 111 de fecha 11 de marzo de 2005, en la cual se dispuso que la corrección monetaria en los juicios laborales que tengan por objeto la cancelación de las prestaciones sociales de los trabajadores, es declarada materia de orden público social, esto, según lo estimado por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 17 de marzo de 1993 (Camillius Lamorell contra Machinery Care y otro), en la cual se apuntó que el ajuste monetario podía ser acordado de oficio por el Juez, aun sin haber sido solicitado por el interesado, con fundamento en la noción de irrenunciabilidad de las disposiciones y normas que favorezcan a los trabajadores, y basado en que la restitución del valor de las obligaciones de dinero al que poseía para la fecha de la demanda, no es conceder más de lo pedido, sino conceder exactamente lo solicitado, teniendo en cuenta que el trabajador tiene el derecho irrenunciable a la prestación no disminuida por la depreciación cambiaria.
…(Omissis)…
En primer lugar, y en lo que respecta a los intereses moratorios causados por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al ser concebida constitucionalmente como una deuda de valor, se establece que el cómputo de los mismos debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, sea por causa atribuibles a la voluntad de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o extrajudicialmente.
En segundo lugar, debe asumirse el mismo criterio establecido en el párrafo anterior con respecto a la indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad sea adeudada al ex trabajador.
En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.
(Negritas y subrayado del Tribunal).
Conforme a la sentencia parcialmente transcrita anteriormente, se evidencia que el cómputo de la indexación de la cantidad que les corresponde a los trabajadores por concepto de la prestación de antigüedad, debe realizarse desde la fecha que la misma se hace exigible, es decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, independientemente de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos; igualmente aprecia este Tribunal que ha sido sentado por la Sala de Casación Social, que los demás conceptos derivados de la relación de trabajo, deberán ser indexados desde la fecha de notificación de la demanda que se ejerza para la reclamación de los mismos. Ahora bien, visto que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia Nº 391, dictada en fecha 14 de mayo de 2014, -antes citada-, dejó establecido que la indexación es de obligatoria cancelación tanto para funcionarios públicos como para trabajadores al servicio del sector privado, considera este Juzgado, que en el presente caso ha de aplicarse para el cálculo de la corrección monetaria solicitada por la querellante, los paramentos señalados en la Sentencia de la Sala de Casación Social, antes referidos, y así se decide.
Ahora bien, visto que en este caso no está demostrado en autos que a la actora se le hubiese cancelado sus prestaciones sociales, este Tribunal considera procedente el pago de la corrección monetaria, el cual habrá de ser realizado de la siguiente manera:
Con respecto a la corrección monetaria sobre el monto que le corresponda a la querellante por concepto de prestación de antigüedad, por haber prestado sus servicios en el Ente querellado desde el día 18 de mayo de 2011 hasta el día 15 de septiembre de 2014, la misma deberá realizarse desde el lapso comprendido entre el 15 de septiembre de 2014, fecha a partir de la cual la actora egresó del cargo de “Abogado Asistente” que desempeñaba en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, según consta al folio nueve (09) del expediente judicial, hasta el día en que le sea pagada la prestación de antigüedad, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, e igualmente excluyendo el lapso relativo a las vacaciones decembrinas señaladas en el calendario judicial y receso judicial, hasta que se realice el efectivo pago de lo que se le adeuda a la querellante; el monto al cual se le aplicará la indexación aquí acordada, será la cantidad que resulte de la experticia complementaria del fallo ordenada mediante la presente decisión, por concepto de prestación de antigüedad, y así se decide.
En lo que atañe a la corrección monetaria sobre el monto que le corresponda a la querellante por concepto de intereses sobre prestaciones sociales, por haber prestado sus servicios en el Ente querellado desde el día 18 de mayo de 2011 hasta el día 15 de septiembre de 2014, la misma deberá realizarse desde el lapso comprendido entre el 05 de febrero de 2015, fecha ésta en la cual se dejó constancia en el expediente de haber citado al ciudadano Procurador General de la República, tal como se evidencia del folio veinte (20) del expediente judicial, hasta el día en que le sean pagados los respectivos intereses, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, e igualmente excluyendo el lapso relativo a las vacaciones decembrinas señaladas en el calendario judicial y receso judicial, hasta que se realice el efectivo pago de lo que se le adeuda a la actora; el monto al cual se le aplicará la indexación aquí acordada, será la cantidad que resulte de la experticia complementaria del fallo ordenada mediante la presente decisión, por concepto de intereses sobre prestaciones sociales, y así se decide.
En relación a la corrección monetaria sobre el monto que le corresponde a la querellante por concepto de bono de fin de año fraccionado correspondiente al año 2014, vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado correspondientes al período 2014-2015, la misma deberá realizarse desde el lapso comprendido entre el 05 de febrero de 2015, fecha ésta en la cual se dejó constancia en el expediente de haber citado al ciudadano Procurador General de la República, tal como se evidencia del folio veinte (20) del expediente judicial, hasta el día en que le sean pagados dichos conceptos, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, e igualmente excluyendo el lapso relativo a las vacaciones decembrinas señaladas en el calendario judicial y receso judicial, hasta que se realice el efectivo pago de lo que se le adeuda a la actora; el monto al cual se le aplicará la indexación aquí acordada, será la cantidad que resulte de la experticia complementaria del fallo ordenada mediante la presente decisión, correspondiente al bono de fin de año fraccionado, vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado de la querellante, y así se decide.
A los fines de la realización de los cálculos aquí ordenados, se ordenó la elaboración de una experticia complementaria del fallo, para lo cual es preciso señalar que para la realización de la misma, la ley especial -Ley del Estatuto de la Función Pública- no contempla norma alguna que regule dicha situación. Consecuentemente, su artículo 111 hace mención a que en lo no previsto en la ley in comento, se debe aplicar de manera supletoria el procedimiento breve establecido en el Código de Procedimiento Civil, procedimiento por demás que la norma general adjetiva nada refiere al tema sub-análisis.
Ante ello, y vista la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debemos señalar que su artículo 1, prevé:
Artículo 1: Esta Ley tiene como objeto regular la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en leyes especiales.
(Resaltados de este Tribunal).
Del análisis de la norma transcrita, concluimos, por interpretación en contrario, que lo que no está contemplado en leyes especiales será regulado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Ahora bien, al analizar la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tenemos que tampoco el legislador se refirió a la materia bajo análisis; no obstante, su artículo 2 contempla los principios bajo los cuales operara la jurisdicción contencioso administrativa, dentro de ellos destacan, justicia gratuita, idoneidad, brevedad y celeridad.
Por ello, visto que el Código de Procedimiento Civil data de fecha pre-constitucional y teniendo el texto magno como principios fundamentales la celeridad, la economía procesal, la gratuidad, el no sacrificar la justicia por el incumplimiento de formalidades no esenciales, entre otros; quien decide en ejercicio de la tutela judicial efectiva, regulada en el artículo 26, que reza:
Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
(Resaltados de este Tribunal).
Y visto que la experticia complementaria del fallo a tenor de la jurisprudencia patria forma parte o componente intrínseco de la sentencia en si y estando facultado tan sólo el juez para dictarla a tenor de los elementos que conforman la sana crítica, esto es: lógica, conocimiento científico, la razón y las máximas de experiencia, a efectos de garantizar a “las partes” celeridad, transparencia y economía procesal, designa un (1) sólo experto para la realización de la experticia complementaria del fallo, y así se decide.
Yendo mas allá de lo anterior es oportuno mencionar que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo señala en la parte infine del artículo 159, que el juez puede “…ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del fallo, con un único perito, el cual será designado por el Tribunal”, lo cual, aún cuando no es vinculante ni puede aplicarse por analogía en esta jurisdicción, sin embargo, permite percibir la orientación y propósito del legislador post-constitucional de simplificar los actos procesales en aras de garantizar una tutela judicial efectiva.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos:
Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana MARINEV C.H.L., actuando en su propio nombre y representación, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA – DEM).
Se ORDENA a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM), pagarle a la actora la suma que arroje la experticia complementaria del fallo ordenada mediante la presente decisión, por concepto de sus prestaciones sociales (antigüedad) e intereses sobre las mismas (fideicomiso).
Se ORDENA a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM), cancelar a la querellante la cantidad de 60 días de salario integral, por concepto de bono de fin de año fraccionado correspondiente al año 2014; la cantidad de 4,74 días de salario, por concepto de vacaciones fraccionadas correspondientes al periodo del 18 de mayo de 2014 al 15 de septiembre de 2014 y la cantidad de 9,99 días de salario, por concepto de bono vacacional fraccionado correspondiente al período del 18 de mayo de 2014 al 15 de septiembre de 2014.
Se ORDENA a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM), pagarle a la actora los intereses moratorios causados por retardo en el pago de prestaciones sociales, bono de fin de año fraccionado, vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado, desde el 15 de septiembre de 2014, fecha ésta en la cual fue aceptada la renuncia al cargo de Abogado Asistente que desempeñaba la actora, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de sus prestaciones sociales y los conceptos antes mencionados, lo cual debe hacerse sin capitalizarlos.
Se ORDENA a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM), pagarle a la actora la suma que arroje la experticia complementaria del fallo ordenada mediante la presente decisión, por concepto de indexación o corrección monetaria, de conformidad con los parámetros establecidos en la parte motiva del presente fallo.
Se NIEGA el pago de la compensación por prima de mérito correspondiente al período marzo 2013-marzo 2014, por la motivación expuesta ut supra.
A fin de determinar con toda precisión el monto a pagar a la querellante, referente a sus prestaciones sociales, intereses sobre las mismas, bono de fin de año fraccionado, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, intereses de mora e indexación, se ordena practicar EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO en los términos establecidos en la parte motiva de este fallo, la cual será realizada por un sólo experto que designará el Tribunal, una vez que la sentencia quede definitivamente firme.
Publíquese, regístrese y notifíquese al ciudadano Procurador General de la República y al Director Ejecutivo de la Magistratura.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los nueve (09) días del mes de junio del año dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
EL JUEZ,
G.J.C.L.
LA SECRETARIA
DESSIREÉ MERCHÁN
En esta misma fecha 09 de junio de 2015, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia.
LA SECRETARIA
DESSIREÉ MERCHÁN
Exp. 14-3641/GC/DM/FR.
