Decisión nº PJ064201100044 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 10 de Marzo de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia

Maracaibo, diez de marzo de dos mil once

200º y 152º

ASUNTO: VP01-R-2010-000609.-

DEMANDANTE: M.G.G.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 5.796.058, con domicilio en el Municipio San F.d.E.Z..

Apoderados Judiciales de la Parte Demandante: OSWALDO TEAGUE Y L.R., inscritos en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nros. 133.651 y 132.895 respectivamente.

DEMANDADA: INVERSIONES SAN SUR S.A, con denominación comercial FARMACIAS UN NUEVO TIEMPO, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 13 de marzo de 2007, bajo el N.º 13, Tomo 80-A.

Apoderado Judicial de la parte Demandada: J.C., inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro.67.631.

Motivo: Diferencias de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales.-

Se encontraba fijada audiencia de apelación ante esta segunda instancia de cognición, en v.d.R.d.A. interpuesto por la parte demandada recurrente y en adhesión la parte actora, en contra de la decisión de fecha dos (02) de Diciembre del año 2010, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el juicio incoado por la ciudadana M.G.G.M. en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES SAN SUR S.A, con denominación comercial FARMACIAS UN NUEVO TIEMPO.

Una vez fijada audiencia de apelación, las partes acordaron realizar conversaciones para un posible acuerdo, suspendiendo la causa hasta el día 04 de febrero de 2011, a los fines de celebrar la Audiencia de Apelación.

Constituido el Tribunal Superior, sin constatar en el expediente ningún acuerdo entre las partes, procedió a dictar el dispositivo del fallo el día 16 de Febrero de 2011, publicando sentencia en fecha 23 de Febrero de 2011, modificando el fallo apelado y condenando a la empresa al pago de Bs. 17.492,81.

Al respecto preciso, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, ambas partes en fecha 03 de Marzo de 2011, consignan Acta Transaccional constante de 7 folios útiles, en la que la parte demandada efectúa único pago en cheques girados contra la entidad bancaria BANESCO bajo los Nros. 17510069 por la cantidad de Bs. 3.511, oo y 17510056 por la cantidad de Bs. 17.950,oo, en la que este Tribunal de Alzada ordenó agregar en actas.

En este orden de ideas, corresponde a éste Tribunal verificar los términos del mencionado acuerdo de las partes, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículos 10 y 11 del Reglamento de dicha Ley, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente, no sin ante entender que es Transacción. Así se establece.

En los artículos 86 al 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (Gaceta Oficial No.5.453 del 24 de marzo del 2000, con enmienda No. 1 publicada en Gaceta Extraordinaria No.5.908 de fecha 19/02/2009), se consagran los principios rectores en materia del trabajo, siendo estos Principios: la Intangibilidad, Progresividad, Primacía de la Realidad de los Hechos sobre las Formas o Apariencias, la IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS AL TRABAJO y el principio pro operario (aplicación de la norma más favorable al trabajador).

De tal manera que, y en base a estos principios constitucionales, las disposiciones laborales se encuentran encuadradas dentro de los derechos de rango social, por lo que corresponde al Estado, el deber de velar por su cumplimiento, como garante y tutor de los derechos humanos fundamentales, procurando en todo momento que exista la equidad, en virtud que en los conflictos del trabajo, existen dos posiciones desiguales (empleador-trabajador), por lo que se constituyen la Legislación Laboral, en normas de orden público, con base al Principio Constitucional de la Irrenunciabilidad de los Derechos del Trabajador y concibiéndose a la relación laboral, como un estricto hecho social, objeto de una irrefutable protección o tutela del Estado.

Frente a esta situación real, en el presente asunto es preciso señalar que la transacción, en el Texto Constitucional, se sometió a rigurosos requisitos con el propósito de garantizar la irrenunciabilidad a los derechos laborales.

A partir de esta configuración conceptual, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ajustándose al criterio de la doctrina y jurisprudencia francesa, confirió validez a la transacción sólo al término de la relación laboral y, en efecto, ésta sólo puede perfeccionarse al concluir la relación de trabajo. Asimismo, y con la misma finalidad, asignó a la transacción solemnidades y requisitos que delegó en la ley especial correspondiente. Existiendo hoy en día un cambio, ya que el Constituyente, la legislación y la jurisprudencia venezolana anteriormente reconocían plena validez a la transacción realizada antes y durante la vigencia de la relación de trabajo.

Para algunos es una tesis rígida y restrictiva mientras para otros estudiosos del derecho, como el Maestro Mario de la Cueva, “se debe diferenciar el patrimonio humano del obrero, del otro patrimonio: el económico del empleador que, en toda transacción, define los alcances de los derechos que se cede al trabajador”.

En esa línea argumental, si bien la Constitución restringe la validez de las transacciones o resoluciones convencionales del proceso, sólo con la finalidad de proteger el débil jurídico, en este caso, el trabajador, para que éste tenga el alcance de analizar si le conviene o no ceder sus derechos a cambio de que la otra parte igualmente ceda concesiones de manera reciprocas, no es menos cierto que tales contratos bilaterales “Transacciones”, DEBEN concurrir con ciertos requisitos; abordemos entonces con la siguiente pregunta: ¿QUÉ ES LA TRANSACCIÓN LABORAL?

Dentro del derecho civil, la transacción es un contrato accesorio, resolutorio, consensual y bilateral. En el Derecho del Trabajo es, también, un contrato. Un acto bilateral mediante el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, dan por terminado un litigio pendiente o acuerdan prevenir un conflicto eventual.

Para Mario de la Cueva, la transacción laboral es absolutamente diferente al contrato contenido en el Derecho Civil. En efecto, para el tratadista mexicano, los patrimonios que en la relación de trabajo entran en juego, son totalmente distintos al ámbito del derecho privado. Uno es el patrimonio humano del trabajador (su energía humana) y el otro es un patrimonio económico (el del patrono) teñido de un interés metálico o de papel, grotescamente monetarizado.

Como bien lo expresara G.S., “la energía humana es un fluido que sale de cada hombre y de cada mujer en busca de una satisfacción que ambos necesitan para vivir, mientras que el otro patrimonio, el del patrono, nada tiene que ver con el ser físico y espiritual del empleador”.

Para De la Cueva, esa diferenciación constituye la última ratio de “la irrenunciabilidad de los derechos laborales” y, por ello, el gran maestro mexicano está en desacuerdo con la transacción como forma de dar por terminados los litigios laborales. En verdad, el contrato de transacción plantea un grave y serio conflicto con “la irrenunciabilidad de los derechos laborales”.

La jurisprudencia venezolana, vacila al momento de determinar los linderos legítimos entre la renuncia y la transacción. Ésta, ciertamente, equivale a una dejación de derechos. “Recíprocas concesiones” no quiere decir otra cosa que ceder derechos. Cede el empleador y cede el trabajador para ponerle fin a un conflicto o para evitar un litigio futuro, y esas flaquezas para apurar resultados, por parte del obrero, no tiene otro nombre que entrega y desistimiento de algunos derechos reales o presuntos.

Eminentes laboralistas, europeos y americanos, resienten la transacción laboral y no le asignan validez alguna. La niegan de pleno derecho. Para ellos, es nula y no produce efecto jurídico alguno. Para ellos, la transacción violenta la letra y el espíritu de la normativa laboral porque en el fondo de ella misma admite la irrenunciabilidad.

Se considera, en consecuencia, que la admisión de la transacción en el Derecho Laboral hace recaer en el trabajador una cápitis diminutio; una situación de inferioridad jurídica que ¡vaya contrasentido! es lo que la irrenunciabilidad se propone evitar. En efecto, el trabajador se enfrenta con un patrono, cuya resistencia en los litigios es mayor que la suya y cuya posición es absolutamente preponderante frente a él.

Una vez señalado lo referente a lo entendido como transacción, cabe preguntarse ¿Qué es homologación?

En primer término, nos referimos a la aprobación del funcionario público competente, esa aprobación u homologación es la confirmación que otorga el funcionario público competente a los actos de las partes con la finalidad de darles firmeza y, eventualmente, el carácter de cosa juzgada.

A los efectos, es preciso puntualizar que señala la legislación al respecto, según el Reglamento de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, ese funcionario competente puede ser un Juez o un Inspector del Trabajo. Uno u otro pueden homologar o rechazar la transacción que les fuere presentada. En el caso del Inspector del Trabajo -señala la norma- se puede dar a las partes un lapso para que subsanen los errores en el contrato antes de impartir la homologación. También podría considerarse que el órgano jurisdiccional puede hacer uso de la misma facultad que se concede al funcionario administrativo. Así se establece.-

Debe existir en el documento, requisito para la validez de la transacción; que se especifiquen de manera inequívoca en el texto del documento que la contiene, los derechos que corresponden al trabajador para que éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que ésta produce. Así se establece.-

Así las cosas, establece la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social «Dr. G.C.» Honrando el pensamiento unificador del Dr. G.C.. Fundada por el Dr. Osvaldino Rojas Lugo. Presidente Internacional: Dr. Á.G.R.M.. Referido a La transacción laboral en Venezuela, que para que exista una transacción es necesario que concurran los requisitos, los cuales son seis (6):

1. - La transacción sólo es posible al término de la relación de trabajo: Esta tesis enarbolada por la doctrina y la jurisprudencia francesa, descansa sobre el falso argumento de que concluida la relación de trabajo, los actores de esa relación han recobrado a plenitud su independencia y ha cesado la subordinación y la inferioridad del trabajador respecto del patrono.

   Nuestra Sala de Casación Social agrega que, en verdad, “en ese momento ya no existe el peligro de que se modifiquen las condiciones mínimas de trabajo establecidas por el legislador y que, además, como parte económicamente débil, el trabajador es el mas interesado en poner término a un proceso judicial largo y costoso”. (Sentencia 397 del 6 de mayo de 2004).

   Se puede concluir, que con relación al cumplimiento del primer requisito examinado en el acuerdo suscrito por las partes del caso examinado, se cumple en virtud de que la terminación de la relación laboral fue producto de un despido injustificado. Así se establece.

2. - La transacción debe contener una relación circunstanciada de los hechos que la motiven.

   Este requisito ha sido, también, desarrollado por la Sala de Casación Social con base a los siguientes argumentos: “… la transacción se basa en recíprocas concesiones, no basta por ello que se la exprese de manera genérica… sino que es necesario que esa transacción sea circunstanciada, es decir, que especifiquen de manera inequívoca los hechos que la motivan, para que el trabajador pueda apreciar las ventajas y desventajas que ella le produce y valorar, de esa forma, que los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de algunas de las prestaciones que ha dejado de recibir”. (Sentencia 397 del 6 de mayo de 2004).

   Se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo contiene los hechos que la motivan, vale decir, que se efectúa tal transacción debido a que se está cancelando la cantidad de la condena que declaró este Tribunal Superior confirmando la Sentencia de Primera Instancia, así como los intereses de las prestaciones sociales, intereses de mora y la indexación judicial. Así se establece.

3. - La transacción debe contener, igualmente, una relación circunstanciada de los derechos en ella comprendidos. De la misma manera como se circunstancian los hechos, deben discriminarse los derechos para que el trabajador evalúe y valore cuáles de esos derechos deja de lado.

   A este respecto se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo, se observa que se discriminan los siguientes conceptos: El pago todos y cada uno de los conceptos acordados pagar en la sentencia definitivamente firme incluyendo la indexación salarial y los intereses de mora preaviso, la prestación de antigüedad, intereses de las prestaciones sociales, remuneraciones pendientes, salarios, salarios caídos, indemnizaciones por atraso en el pago de las prestaciones, bonos, incentivos, participación en las utilidades legales y convencionales y su incidencia en las prestaciones e indemnizaciones sociales, diferencia de cualquier concepto mencionado o no por cualquier motivo, vacaciones vencidas y/o fraccionadas, bonos vacacionales vencidos y/o fraccionadas, gastos de transporte, comida u hospedaje, horas extraordinarias, o de sobre tiempo y bono nocturno, salarios correspondientes a días feriados, sábados, domingos o de descanso compensatorios, pagos por uso de vehiculo, vivienda y otros pagos en especie y su incidencia, pagos por ayuda de ciudad y su incidencia, asistencia medica de demás beneficios, por accidentes y enfermedades comunes, trabajos en especie por asistencia medica, medicinas, servicios médicos, pagos de reposos médicos, indemnizaciones por incapacidades parciales y permanentes, absolutas, daños y perjuicios incluyendo daños morales, consecuenciales y materiales, lucro cesante y daño emergente así como su incidencia así como beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Seguro Social, LOPCYMAT, la Ley de Política Habitacional, Código Civil, Código de Comercio así como de sus reglamentos y cualquier otro concepto relacionado con los servicios que el demandante prestó a la demandada. Así se establece.

4. - La transacción debe versar sobre derechos litigiosos o discutidos. Es el Reglamento de la Ley Orgánica de la Ley del Trabajo, en su artículo 9, el instrumento legal que establece el no reconocimiento de la transacción cuando ella verse sobre “derechos litigiosos o discutidos”. Este es el ya anunciado sofisma de los derechos indefinidos, aquellos que están por ser o no ser declarados jurisdiccional o administrativamente como válidos y ciertos.

   Con relación al cuarto (4to) de los requisitos, se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo, se observa el acuerdo del pago sobre la cantidad de la condena y sobre los derechos que se discutieron en el debate procesal en la que fueron condenados los probados. Así se establece.

5. - La transacción debe hacerse constar por escrito. Este es un requisito formal, de absoluta solemnidad, que tiene por objeto fundar con prueba documental lo que las partes han convenido. En conclusión este requisito se cumple en el presente convenio, constante de siete (07) folios útiles, junto copias simples de los dos (02) cheques de gerencia a favor del demandante, por las cantidades de Bs. F 3.511,oo y Bs. F 17.950,oo. Así se establece.

6. - La transacción debe estar debidamente homologada por el Juez o el Inspector del Trabajo competente para que tenga efectos de cosa juzgada. La homologación, como ya lo advertimos anteriormente, es la confirmación que da el Juez o el Inspector del Trabajo al contrato de transacción, para asegurar su firmeza, su certeza jurídica y el carácter de cosa juzgada de dicho acto. Es, igualmente, un requisito de solemnidad.

   En este orden de ideas, este Tribunal de Alzada, de una revisión de las actas que conforman el presente asunto, al haber verificado los términos del mencionado acuerdo de las partes, y del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículos 10 y 11 del Reglamento de dicha Ley, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente, HOMOLOGA el acuerdo transaccional de fecha tres (03) de Marzo de 2011. Así se decide.

   Finalmente, éste Juzgado Superior declara de esta manera se concluye el litigio judicial en forma definitiva, a través de un medio alterno de resolución de conflictos, sin la condena de costas, por haber resultado parcial el recurso de apelación de la parte demandada. Así se establece.

   DECISIÓN

   Por lo expuesto, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, éste Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara: 1°) HOMOLOGA el acuerdo transaccional celebrado entre la parte demandada INVERSIONES SAN SUR S.A, con denominación comercial FARMACIAS UN NUEVO TIEMPO y la ciudadana M.G.G.M. en virtud del acuerdo transaccional celebrado entre las partes ante éste JUZGADO SUPERIOR como medio de autocomposición procesal. 2º ORDENA la remisión del expediente al Tribunal Decimoprimero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para los trámites procesales correspondientes al archivo del expediente. 3° NO HAY CONDENATORIA en costas procesales.-

   Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada por Secretaria.-

   En Maracaibo, a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.-

   LA JUEZ SUPERIOR

   T.V.S.

   ABG. G.P.

   LA SECRETARIA

   En la misma fecha, se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las 11:24, a.m. minutos de la tarde bajo el No. PJ064201100044.-

   ABG. G.P.

   LA SECRETARIA