Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 11 de Marzo de 2014

Fecha de Resolución11 de Marzo de 2014
EmisorJuzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario
PonenteHirda Soraida Aponte
ProcedimientoQuerella Funcionarial

República Bolivariana de Venezuela

En su Nombre

Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio A.d.E.B..

PARTE QUERELLANTE: M.B.G., L.R.Z. Y RANDOLHF DELGADO, titulares de las cédulas de identidad bajos los Nros. V- 8.157.940, 10.621.732 y 9871.766.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: R.A.M.J., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nro. 79.642.

PARTE QUERELLADA: GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

ASUNTO: SENTENCIA INTERLOCUTORIA.

-I-

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA.

En fecha 31 de marzo de 2006, compareció por ante este Juzgado Superior los ciudadanos M.B.G., L.R.Z. Y Randolhf Delgado, titulares de las cédulas de identidad bajos los Nros. V- 8.157.940, 10.621.732 y 9871.766, debidamente representado por el abogado R.A.M.J., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nro. 79.642, con la finalidad de interponer la demanda por cobro de prestaciones sociales, contra la Gobernación del Estado Apure.

En fecha 31 de marzo de 2006, este Juzgado Superior dictó auto aceptando la declinatoria de competencia, quedando signado el expediente con el N° 2231.

Vencido como fueron los lapsos establecidos en los artículos 14, 90, 233, del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Superior en fecha 06 de diciembre de 2006, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Llegada como fue la oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva en fecha 08 de diciembre de 2006, se dejó constancia de la asistencia del apoderado judicial de la parte querellante, el tribunal se dejo constancia que la parte querellada no asistió al acto, ni por si, ni mediante apoderado judicial, acto mediante el cual el Tribunal se reservó el lapso previsto en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública para dictar el dispositivo del fallo.

En fecha 18 de diciembre de 2006, se dictó auto para mejor proveer.

En fecha 06 de noviembre de 2013, la Jueza quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando notificar a las partes. Cumplidas como fueron las notificaciones con motivo del abocamiento y vencidos como se encuentran los lapsos procesales concedidos a la Procuradora General del Estado Apure, este Juzgado Superior pasa a realizar las siguientes consideraciones:

-II-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

Por cuanto de la revisión efectuada a las actas que conforman la presente causa, se evidencia que en fecha 08 de diciembre de 2006, se llevó a cabo la celebración de la audiencia definitiva mediante la cual, se dejó constancia de la asistencia del apoderado judicial de la parte querellante, el tribunal se dejo constancia que la parte querellada no asistió al acto, ni por si, ni mediante apoderado judicial, asimismo se observó que la referida audiencia fue presenciada por la jueza Dr. M.G.d.R., quien no dicto el dispositivo del fallo y mucho menos dicto sentencia definitiva, y al respecto debe este Tribunal precisar lo siguiente:

La hoy vigente Ley del Estatuto de la Función Publica consagra aspectos novedosos, tal como la obligatoriedad de llevar a cabo la audiencia preliminar y la audiencia definitiva, según lo dispuesto en el artículo 103 y 107, de la Ley in comento.

En efecto, con la inclusión de dicha modalidad -oralidad, se evidencia que la intención del legislador fue que las partes expusieran sus planteamientos sin necesidad de la presentación de escritos; asimismo, se busca que éstas formulen sus alegatos ante los Jueces, a los fines de obtener mayores elementos de convicción para dictar la decisión correspondiente, toda vez que en dichas audiencias se exponen los aspectos relacionados con la fijación de los términos de la controversia; todo ello garantizando el principio de inmediación, conforme al cual el juez debe decidir conforme al conocimiento directo del asunto, el cual se obtiene mediante la valoración directa de los argumentos.

La inmediación constituye una característica del proceso oral, es la vigencia de un principio típico del Derecho, según el cual, las audiencias de tipo oral se adelantarán en presencia del juez o del tribunal.

El principio de inmediación desde el punto de vista probatorio se expresa como la necesidad de presencia del juez que va a sentenciar en la incorporación de las pruebas de las cuales obtendrá su convencimiento. En otras palabras, el juez que va a sentenciar debe dirigir por lo menos la audiencia definitiva, tal como lo contempla el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual señala:

... la misma la declarará abierta el juez o jueza, quien la dirige...Las partes harán uso del derecho de palabra para defender sus posiciones podrá de nuevo interrogar a las partes sobre algún aspecto de la controversia y luego se retirará para estudiar su decisión definitiva, cuyo dispositivo será dictado en la misma audiencia definitiva, salvo que la complejidad del asunto exija que la misma sea dictada dentro de los cinco días de despacho siguientes a dicha audiencia...

.

La inmediación como principio procesal, no permite que la audiencia definitiva tenga lugar ante un juez diferente al que va a sentenciar, salvo excepciones en el proceso oral. Sin embargo, dentro de los alcances de la oralidad, la Ley o la interpretación del mandato constitucional en ese sentido (artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), exige que los alegatos se realicen oralmente en presencia del juez, lo que permite a este aclarar todo lo relativo a la determinación de cuales son los hechos controvertidos, tal como lo establece la Ley del Estatuto de la Función Pública, para el debate el juez puede hacer en él los interrogatorios a las partes que estime necesarios.

Es por ello, que no es discutible que el Juez adquiera elementos probatorios de dichas audiencias, los cuales sirven para formar su convencimiento sobre la realidad de los hechos, y por ello no se concibe una audiencia oral donde el Juez no puede hacer preguntas a los presentes, no sólo con fines aclarativos de los alegatos, destinados a la fijación de los hechos controvertidos, sino también con fines probatorios para verificar las afirmaciones contrapuestas de las partes. De allí, que en la audiencia preliminar prevista en la mencionada Ley del Estatuto de la Función Pública, donde las partes se acuerdan sobre los hechos alegados y las pruebas hasta allí producidas, el Juez puede intervenir con amplitud, interrogando a las partes y hasta terceros, ponderando el derecho de defensa de los litigantes, (extendiéndose tal intervención hasta la audiencia definitiva).

Por todo lo anteriormente señalado y en atención al principio procesal de inmediación y acogiendo la oralidad prevista en la legislación vigente Ley del Estatuto de la Función Publica; esta Juzgadora estima pertinente, Reponer la causa al estado de fijar nueva oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva prevista en el artículo 107 ejusdem, en garantía de los derechos de las partes y para obtener mayores elementos de convicción que le permitan a esta juzgadora tomar la decisión más acertada. En consecuencia, se dejan sin efecto el acta de audiencia definitiva de fecha 08 de diciembre de 2006. Y así se declara.

-III-

DECISIÓN.

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas es por lo que este Juzgado Superior Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

Primero

Se repone la presente causa al estado de que se celebre el acto de audiencia definitiva prevista en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual tendrá lugar a las 10:30 a.m., del quinto (5°) día de despacho siguiente a que conste en autos la consignación de la última de las notificaciones ordenadas.

Segundo

Se deja sin efecto la audiencia definitiva de fecha 08 de diciembre de 2006.

Tercero

Se ordena la notificación de la parte querellante, así como la Procuradora General del Estado Apure. Líbrese oficios y boleta.

Publíquese, regístrese, diarícese y notifíquese, déjese copia certificada conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior a los (11) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014). Años: 203º y 155º.

La Jueza Superior Provisoria.

Dra. Hirda S.A.. La Secretaria.

Abg. D.H..

Seguidamente siendo las 10:00 a.m. se publicó y registró la anterior decisión.

La Secretaria.

Abg. D.H..

Exp. No.2231

Hsa/Dh/Agus-

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