Decisión de Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas, de 4 de Diciembre de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO

Caracas, cuatro (04) de diciembre de dos mil trece (2.013).

203º y 154º

Visto el recurso contencioso administrativo de nulidad con solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo conjuntamente con a.c., presentado en fecha 07 de junio de 2.012, por la ciudadana abogada N.C.D.R., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-14.261.880, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 129.680, en su condición de apoderada judicial del ciudadano M.P.D.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.260.413, quien a su vez actúa como apoderado de los ciudadanos: DE ABREU MARTINS T.J., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.519.179, ABREU MARTINS LUCÍA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.211.329, DE ABREU MARTINS MAURICIO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.962.195, MARTINS DE CAMARATA A.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-26.414.647, y SOUSA DE ABREU VIRGILIO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.509.278, contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en reunión del Directorio Nº 306-10, de fecha 09 de marzo de 2010, en el cual otorgó Declaratoria de Permanencia y Carta de Registro de Predio a favor de la ciudadana I.A.I., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-19.018.242, sobre un lote de terreno constante de una superficie de dos hectáreas con tres mil ciento treinta y un metros cuadrados (2 Ha con 3.131 M2), ubicado en el Sector Merecure, Parroquia Caucagua, Municipio A.d.E.M., alinderado de la siguiente manera: Norte: Terreno ocupado por Nataliz Calderón; Sur: Vía de Penetración; Este: Vía de Penetración; Oeste: Vía de Penetración.

En este sentido, y visto así mismo que ha transcurrido con creces un (1) año y (5) meses sin que el Instituto Nacional de Tierras remitiera los antecedentes administrativos del acto impugnado, incumpliendo con la orden impartida por este Tribunal, aunado al hecho de que no se puede continuar retardando la tramitación del presente caso, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso de nulidad, no sin antes hacer las siguientes consideraciones:

En sentencia Nº 01257, de fecha 11 de julio de 2007, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. HADEL MOSTAFÁ PAOLINI, se estableció a través de un obiter dictum, el proceso de admisión de los recursos contencioso administrativos de nulidad sin los antecedentes administrativos. Asimismo, el referido fallo dejó sentado las distintas etapas del iter procesal con que cuenta el ente administrativo para consignar los mismos. De igual modo, delineó lo relativo a su impugnación y su consecuente valoración final. En ese sentido dispuso:

Sic…“El criterio en el fallo parcialmente transcrito, implica que el expediente administrativo sólo puede ser producido por la Administración hasta el lapso de evacuación de pruebas, siempre y cuando lo haya anunciado en el lapso de promoción, ya que después de esa oportunidad no tendría que hacer valorada por el juez contencioso administrativo.

No puede compartir esta Sala tal interpretación, puesto que tal y como se advirtiera, el expediente administrativo por el carácter central y fundamental que tiene dentro del proceso para el juez en la búsqueda de la verdad material, no puede concebirse dentro del binomio clásico del proceso civil como una prueba que sustenta el ataque o defensa de las partes en conflicto, ya que, precisamente, al tratarse la labor del juez contencioso administrativo de la determinación de la conformidad a derecho o no del acto administrativo que se pretende anular, dicho expediente puede consignarse en cualquier tiempo –antes de la sentencia claro está-, no aplicándosele las restricciones para su producción en juicio relativas a los instrumentos públicos y privados, previstas en el Código de Procedimiento Civil para este tipo de instrumentos.

No obstante lo expuesto, observa esta Sala que el hecho de que el expediente administrativo puede ser consignado en cualquier tiempo, no implica una autorización para que la Administración pueda retardar el cumplimiento de su obligación de consignar el referido expediente en autos, en la primera oportunidad en la que se le solicita, esto es, antes de la admisión del recurso contencioso administrativo y dentro del plazo previsto para ello.

En atención a que el expediente administrativo puede ser consignado en cualquier tiempo, lo que implica una matización del principio de concentración procesal, esta Sala a los fines de resguardar el derecho a la defensa y al debido proceso de los particulares interesados, considera necesario crear una oportunidad mediante la cual el recurrente pueda ejercer su derecho al control y contradicción de la prueba. (Subrayado del tribunal).

En este sentido, siempre y cuando el expediente llegue en una etapa posterior a la promoción de pruebas y hasta el acto de informes, por encontrarse las partes a derecho, quien desee impugnar el expediente administrativo lo deberá realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos la remisión del expediente administrativo, para lo cual podrá abrirse si a juicio de la Sala la situación así lo amerita, una articulación probatoria de la prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

En caso que el expediente administrativo fuese remitido después del acto de informes, el cual constituye el último acto procesal de las partes, como no puede ponerse en cabeza del particular la carga de revisar el expediente todos los días por una falta imputable al órgano administrativo, cuando la ley no dispone ninguna otra actuación, el lapso de cinco (5) días para la impugnación del expediente comenzará a computarse en el día inmediatamente siguiente a aquel en que conste en autos que el recurrente realizó alguna actuación, como por ejemplo, una diligencia solicitando sentencia.

(Omissis)

En consecuencia, esta Sala a fin de resumir los criterios expuestos en este fallo, establece lo siguiente:

• El expediente administrativo debe ser llevado correcta y ordenadamente foliado por el órgano administrativo que sustancie el expediente, en la forma prevista en el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil.

Las nociones de “expediente administrativo” y “documentos administrativos” son distintas, en los términos expuestos en el presente fallo

• Dada la importancia del expediente administrativo dentro del proceso contencioso administrativo de anulación, esta Sala ratifica su criterio en el sentido que su producción en juicio no está sometida a las reglas previstas en el Código de Procedimiento Civil, por lo que podrás ser valorado como prueba por el juez, aún si su consignación en autos se realiza después del acto de informes.

• La forma de impugnar las copias certificadas del expediente administrativo, se rigen por el régimen dispuesto para la impugnación de las copias simples, previstas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

• Las oportunidades de impugnación serán las siguientes: i) si el expediente llega antes del inicio del lapso de promoción o durante el mismo, la oportunidad de impugnación será dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del lapso de promoción; ii) si llegase con posterioridad a la oportunidad anteriormente indicada y hasta el acto de informes, será dentro de los cinco días siguientes a su consignación en el expediente, en el entendido de que las partes estén a derecho y no esté paralizada la causa por cualquier motivo y; iii) si el expediente fuese consignado después de vista la causa, el lapso de los cinco días para la impugnación comenzará a computarse desde el día inmediatamente siguiente a que conste en autos cualquier actuación del recurrente. En los dos últimos casos, de ser necesario, se abrirá la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil”.

(Fin de la cita)

Ahora bien, el anterior fallo el cual es ampliamente compartido por este sentenciador, será el criterio adoptado por este Tribunal en aras de salvaguardar la celeridad procesal y el acceso a la justicia, consagradas en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos contempla los requisitos formales exigidos para todo acto administrativo, a saber:

Artículo 18. Todo acto administrativo deberá contener:

….omissis…

4. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido.

5. Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes.

   (Fin de la cita)

   Por su parte, el artículo 73 ejusdem señala:

   Artículo 73. Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, personales y directos, debiendo contener la notificación el texto integro del acto, e indicar si fuere el caso, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse. (Subrayado y negrita del tribunal).

   De las normas precedentemente expuestas y la jurisprudencia invocada, se desprende con meridiana claridad que la Administración Pública Nacional y en el caso sub iudice la Administración Agraria, le corresponde la carga de notificar a todo interesado del contenido del acto administrativo dictado, inclusive a aquellos sujetos calificados por el aludido artículo 73 como interesados.

   El Diccionario de la Real Academia Española, (edición electrónica) señala que se entiende por interesado: 3. adj. Der. Dicho de una persona: Que ostenta un interés legítimo en un procedimiento administrativo y, por ello, está legitimada para intervenir en él. (Subrayado y negrita del tribunal).

   La anterior acepción aplicada al caso en concreto, hace que indefectiblemente recaiga sobre los hombros de la administración agraria el deber de indicar en el acto administrativo a todos los terceros interesados que fueron notificados o participaron en sede administrativa, de las resultas del procedimiento en cuestión, de manera de legitimar a estos para ejercer los recursos y acciones a que haya lugar.

   En ese sentido, una vez impugnado como fuere el acto administrativo éste deberá valerse por si mismo, debiendo contener la identificación de aquellos terceros que fueron notificados o participaron en sede administrativa, en el entendido que son los interesados en las resultas del procedimiento administrativo que le dio origen. Lo contrario, implicaría que el órgano jurisdiccional supla el deber de la administración en la formación de los actos administrativos.

   Conforme a lo anterior, la admisión del presente recurso supone el cumplimiento de las formalidades previstas en los artículos 156 y 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a que no sea contrario al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa en la ley. Marco legal éste, que sin lugar a vacilación determina la carga de la administración agraria de proveerle al administrado las copias suficientes de los actos que pudieren afectar su esfera de intereses, así como de la obligación de remitir, cuando así le es requerido por el tribunal, los antecedentes administrativos que precedieron al acto en cuestión.

   Examinado lo anterior, determina este tribunal que si bien los antecedentes administrativos resultan piedra angular en dos esferas, a saber, la primera, en cuanto a la notificación de la admisión del recurso de los terceros que participaron o fueron notificados en sede administrativa, en aras de salvaguardar sus derechos, y la segunda, en cuanto a sus consecuencias probatorias una vez incorporados al proceso como presunto aval de la legalidad en la formación del acto impugnado, no es menos cierto, que ante la apatía del ente emisor del acto, en remitir los mismos hace que la copia del acto administrativo impugnado, el cual si es una carga del recurrente en cuanto al deber de acompañarlo al recurso o la indicación de la oficina donde se encuentre, conforme al numeral 2º del artículo 160 de la aludida Ley, resulta suficiente para el juez agrario a los fines de la admisión del recurso, sin que ello implique el deber del ente administrativo de remitir los mismos a los fines que el tribunal revise el iter procedimental correspondiente a la formación del acto hoy recurrido.

   Finalmente, si bien la normativa no dispuso expresamente de un lapso para la remisión de los antecedentes, en aplicación supletoria, se le concedió al ente administrativo agrario emisor del acto impugnado el lapso establecido dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece:

   Con la notificación se ordenará la remisión del expediente administrativo o de los antecedentes correspondientes, dentro de los diez días hábiles siguientes. El funcionario o funcionaria que omita o retarde dicha remisión podrá ser sancionado por el tribunal, con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U. T.) y cien unidades tributarias 100 U. T.)

   (Negrita del tribunal).

   En virtud de lo anteriormente expuesto y en vista que no se puede sacrificar la justicia por el retardo injustificado y reiterado del ente emisor del acto, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO, tomando en consideración la doctrina y la jurisprudencia anteriormente transcritas y observando la no remisión de los antecedentes administrativos, por el órgano administrativo, acogerá las mismas y pasará a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso interpuesto prescindiendo de los antecedentes administrativos en cuestión. Así se decide.

   En este sentido, este Juzgado Superior Primero Agrario, pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de nulidad, para lo cual observa lo establecido en el artículo 160 en concordancia con el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario a saber:

   Artículo 160: Las acciones y recursos contemplados en el presente título deberán interponerse por escrito por ante el tribunal competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Determinación del acto cuya nulidad se pretende.

2. Acompañar copia simple o certificada del acto, actuación o contrato cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la oficina pública u organismo en que se encuentran, y los datos que lo identifiquen.

3. Identificación de las disposiciones constitucionales o legales cuyas violaciones denuncia.

4. Acompañar instrumento que demuestre el carácter con que se actúa. En caso de que tal carácter provenga de la titularidad de un derecho real, identificara el inmueble, con expreso señalamiento de sus linderos y copia certificada de los documentos o títulos que acreditan la titularidad aludida.

5. Los documentos, instrumentos o cualquier otra prueba que se estime conveniente acompañar.

   Artículo 162: Sólo podrán declararse inadmisibles las acciones y recursos interpuestos, por los siguientes motivos:

1. Cuando así lo disponga la ley.

2. Si el conocimiento de la acción o el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional, caso en el cual el Tribunal declinará la causa en el tribunal competente.

3. En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta (60) días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de la acción.

4. Cuando sea manifiesta la falta de cualidad o interés del accionante o recurrente.

5. Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre si o cuyos procedimientos sean incompatibles.

6. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la demanda.

7. Cuando exista un recurso paralelo.

8. Cuando el correspondiente escrito resulte ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

9. Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.

10. Cuando habiéndose recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para que ésta decida.

11. Cuando no se haya agotado el antejuicio administrativo de las demandas contra los entes agrarios.

12. Cuando no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que correspondan de conformidad con la ley.

13. Cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley y de los preceptos constitucionales que rigen la materia.

    Contra la decisión que declare inadmisible el recurso podrá apelarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

    No se admitirá apelación contra el auto que acuerde la admisión del recurso o acción principal. En todo caso, los opositores podrán hacer valer, junto con las razones de fondo, los motivos por los cuales estimen la inadmisibilidad del mismo, los cuales serán decididos, junto a los primeros, en la sentencia definitiva.

    Ahora bien, de los textos normativos supra- transcritos se desprenden, los supuestos esenciales de admisibilidad del recurso de nulidad interpuesto, y en ese sentido pasa este juzgador a examinar el cumplimiento de los mismos, y en efecto determina:

    1° Que al señalar el recurrente que el presente recurso de nulidad se intenta contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en Reunión del Directorio Nº 306-10, de fecha 09 de marzo de 2010, en el cual otorgó Declaratoria de Permanencia y Carta de Registro de Predio a favor de la ciudadana I.A.I., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-19.018.242, sobre una superficie de terreno constante de dos hectáreas con tres mil ciento treinta y un metros cuadrados (2 Ha con 3.131 M2), ubicado en el Sector Merecure, Parroquia Caucagua, Municipio A.d.E.M., alinderado de la siguiente manera: Norte: Terreno ocupado por Nataliz Calderón; Sur: Vía de penetración; Este: Vía de penetración; y Oeste: Vía de penetración, queda en evidencia, que ha sido satisfecho el primero de los requisitos establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana precisión, el acto administrativo cuya nulidad se pretende.

    2° Que riela a los folios 35 al 38 de las actas procesales que conforman el presente expediente, copia simple de los instrumentos emanados del Instituto Nacional de Tierras, que contienen el acto cuya nulidad se pretende, por lo cual queda satisfecho a juicio de este sentenciador, el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar el precitado recurso, con la copia simple o certificada del acto cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la Oficina Pública u organismo en que se encuentran y los datos que identifican dicho acto.

    3° Que al expresar el recurrente en su escrito libelar que el acto hoy recurrido a su decir violó el derecho a la propiedad y a la seguridad agroalimentaria, establecidos en los artículos 115 y 306 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 19 numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para señalar la prescindencia total del procedimiento legalmente establecido y la falta de notificación a su representado del acto impugnado, indicando además que dicho acto incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho y de hecho, por lo cual queda en evidencia, que ha sido satisfecho el tercero de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana claridad, las disposiciones normativas presuntamente violadas por el acto recurrido.

    4° Que la parte recurrente consignó a las actas que conforman el presente expediente, documento de compra-venta suscrito por los ciudadanos M.P.M. de DE ABREU, A.M.D.C., L.D.A.M., T.D.A.M., M.D.A.M., J.A.T., M.D.T.S., M.P.D.P., V.S.D.A., M.S.D.A.d.T. y J.C.M., debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autónomo A.d.E.M., bajo el Nº 27, folios 146 al 151, Protocolo Primero, Tomo 5, 4to trimestre del año 2003, de fecha 17 de Diciembre de dos mil tres (2.003), observándose que de dicho documento se desprende la presunta titularidad del lote de terreno sobre el cual versa la presente controversia, por lo que a juicio de quien decide el recurrente cumple con el cuarto de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar su solicitud con el instrumento que demuestre el carácter con el que se actúa.

    5º Finalmente, observa este sentenciador que al acompañar el recurrente su solicitud, con los documentos que el estimó pertinente como lo son, copia simple del acto administrativo contentivo de la declaratoria de permanencia y carta de registro de predio, documento de compra-venta identificado en el numeral anterior, entre otros, quedó satisfecho el quinto requisito establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar el recurso con las pruebas que el recurrente estime conveniente.

    Por último, y determinadas las causales de admisibilidad, del presente recurso, y una vez realizada la revisión exhaustiva de todas y cada una de las actas procesales que conforman el presente expediente, este Juzgado pasa a esgrimir si el mismo se encuentra incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a saber:

    1° En cuanto a este particular, la admisión del presente recurso no es contrario a ninguna disposición de ley.

    2° El conocimiento de la acción del presente recurso corresponde a este organismo jurisdiccional, de conformidad con el artículo 156, numeral primero de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por cuanto se trata de un recurso intentando contra un acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras, siendo que el lote de terreno objeto del presente recurso se encuentra ubicado en el Estado Miranda, es por ello, que este Juzgado Superior Primero Agrario es competente por el territorio para conocer y decidir el presente recurso.

    3° En cuanto al particular tercero, del artículo en análisis, se evidencia de las actas que conforman el presente recurso, que el mismo fue interpuesto en fecha 07 de junio de 2.012, siendo que del escrito recursivo se desprende que la parte recurrente se dio por notificada del acto administrativo hoy recurrido el día 01 de junio de 2.012, por lo cual salvo prueba en contrario, el presente recurso se reputa como tempestivo, evidenciándose en consecuencia, que el mismo fue interpuesto en tiempo hábil para ello, es decir, dentro de los sesenta (60) días continuos establecidos para la caducidad del recurso. A todo evento en lo que se refiere a la tempestividad de su interposición, este Tribunal se pronunciará nuevamente en la definitiva de aparecer nuevos hechos que desvirtúen lo aquí expuesto.

    4° En cuanto a la cualidad o interés del recurrente, se evidencia que el mismo fue resuelto con el análisis del numeral cuarto del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

    5° Revisado como ha sido el presente recurso, este Tribunal observa que el recurrente no ha acumulado pretensiones que se excluyan mutuamente, ni contrarias entre sí, por lo que no se encuentra incursa en la causal prevista en el presente numeral.

    6° Que riela a los folios 35 al 38 del presente expediente, el acto cuya nulidad se pretende, e igualmente riela a los folios 27 al 33, documento que acredita el derecho real alegado por el actor, por lo que se considera que el recurrente no se encuentra incurso en la causal prevista en este numeral.

    7° Revisado como ha sido el archivo de este Tribunal, no se evidencia alguna otra pretensión relacionada con el presente recurso, por lo que salvo prueba en contrario no existe algún recurso paralelo que impida la admisibilidad de la presente acción.

    8° De la lectura realizada al escrito libelar, determina este Tribunal que el mismo fue realizado de forma legible, no contradictorio y respetuoso a la Majestad del Poder Judicial y la pretensión se encuentra amparada por el ordenamiento jurídico vigente.

    9° Que del escrito libelar, el cual riela de los folios 1 al 17 del presente expediente, se desprende que el ciudadano recurrente fue representado judicialmente en dicho acto por la ciudadana abogada N.C.D.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.261.880, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 129.680, así mismo se evidencia de los folios 19 y 20 de las actas que conforman el presente expediente, documento poder especial, expedido por la Notaría Pública Cuarta del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 26 de marzo de 2.012, bajo el Nro. 56, tomo 32, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, con lo cual se manifiesta la representación que se atribuye la apoderada judicial.

    10° En lo atinente a esta causal, este Tribunal desconoce si el recurrente ejerció algún recurso en sede administrativa, aunado al hecho de la imposibilidad material de verificarlo dado la no remisión de los antecedentes administrativos en cuestión, por lo que no se encuentra incurso en la causal prevista en este numeral.

    En lo que se refiere a los numerales 11° y 12° del artículo 162 ejusdem, el Tribunal deja sentado que los mismos no resultan aplicables al recurso en cuestión.

    13° Por último, este Tribunal considera que la pretensión no es manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley ni de los preceptos constitucionales que rigen la materia.

    En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se admite el presente recurso de nulidad por haber lugar a su sustanciación y se ordena la suspensión del proceso por un lapso de noventa (90) días siguientes a que conste en autos la notificación del Procurador General de la República de conformidad con el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se ordena la notificación mediante oficio del Procurador General de la República de la presente admisión y de dicha suspensión. Asimismo, de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena la notificación del ente emisor del acto administrativo mediante oficio. Se acuerda librar un único cartel que contendrá la notificación de los terceros interesados, cuya publicación se hará en el diario “ÚLTIMAS NOTICIAS”, debiendo ser consignado a las actas del expediente dentro de los diez (10) días de despacho, los cuales serán contados a partir del día de despacho siguiente a esta fecha, es decir, a la fecha de emisión del cartel, lapso éste establecido para retirar, publicar y consignar el referido cartel, conforme a la sentencia vinculante dictada en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil once (2.011), por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, en el expediente N° 2.009-0695, referida a la perención de la instancia tal y como fue establecido en la referida jurisprudencia. Y una vez que conste en autos la última de las notificaciones, transcurrido el lapso de suspensión del proceso por noventa (90) días siguientes a que conste en autos la notificación de la Procuradora General de la República, se iniciará un lapso de diez (10) días hábiles para que procedan a oponerse al recurso contencioso administrativo. Líbrese cartel y oficios.

    DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO HOY IMPUGNADO.

    Sobre la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras en Reunión de Directorio Nº 306-10, de fecha 09 de marzo de 2.010, peticionada por la ciudadana abogada N.C.D.R., en su condición de apoderada judicial del ciudadano M.P.D.P., al momento de invocar la referida tutela cautelar, la representación judicial expresó en síntesis lo siguiente:

    Sic “Ciudadano Juez, solicitamos se DECRETE CAUTELA SUSPENSORIA DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO AGRARIO DE DECLARATORIA DE GARANTÍA DE PERMANENCIA, de fecha 09 de Marzo de 2010, antes identificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de que esta parte logró demostrar de su narrativa de los hechos el FUMUS BONIS IURIS (la presunción del buen derecho que se reclama) pues cunado consignamos el documento de propiedad objeto de los actos administrativos que se impugnan con la presente acción, existe la presunción iuris tantum de la existencia de un eventual derecho real de propiedad sobre el predio sobre el cual se DECLARO LA GARANTIA DE PERMANENCIA por el Instituto Nacional de Tierras, lo cual será materia a dilucidar en el fondo de la presente controversia, aunado, a la presunta actividad agro-productiva alegada por esta parte actora y reconocida en la CARTA DE REGISTRO DE PREDIO otorgada por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS a mi representado M.P.D.P., antes identificado; igualmente quedo sentado el PERICULUM IN MORA (que la inmediata ejecución del acto administrativo comporta perjuicios o gravámenes irreparables o de difícil reparación por la definitiva), todo ello en virtud de que hasta la fecha se han perdido los cultivos y el ganado que tenia allí mi representado, la ciudadana I.A.I., antes identificada está construyendo viviendas dentro del predio destruyendo el ecosistema agro. Productivo, y el fundado temor que tienen mis representados de que el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS pueda seguirle causando al inmueble propiedad de mis representados lesiones graves o de difícil reparación PERICULUM IN DAMNI. (…)”

    En consecuencia, y de conformidad con los artículos 1 y 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, siendo esta la vía idónea para enervar los presuntos efectos lesivos del acto en cuestión, este Tribunal a los fines de pronunciarse sobre las pretensiones cautelares de suspensión de los efectos antes indicada, ordena abrir cuaderno separado a objeto de proveer sobre la misma, anexándole copia certificada del presente auto, del libelo de la demanda y copia del acto administrativo impugnado.

    DE LA SOLICITUD DE A.C.

    En cuanto a la medida cautelar de amparo solicitada a los fines de suspender los efectos del acto hoy recurrido, es decir, el acto administrativo antes señalado, este tribunal observa:

    Dispone la sentencia Nº 492 de fecha 07 de mayo de 2013 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño (Caso: Inversiones Venezolanas Ganaderas C. A.) lo siguiente:

    Sic “omissis… En efecto, se ha reiterado en la doctrina y en la jurisprudencia el carácter especial de la acción de amparo y el problema que constituiría el otorgarle un carácter sustitutivo de los demás mecanismos judiciales, los cuales al ser parte de un sistema jurídico homogéneo, se presentan igualmente como garantizadores y protectores de los derechos constitucionales. En tal sentido, los tribunales ante la interposición de una acción de amparo constitucional, deberán revisar si en el proceso originario fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos y, de constar tales circunstancias, la consecuencia será la admisibilidad de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio precedente, pues el carácter tuitivo de la Constitución atribuye a las vías o medios procesales ordinarios la potestad de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo. (…)”

    Asimismo es de resaltar lo establecido en la sentencia Nº 0140 de fecha 16 de febrero de 2011 dictada por la Sala de Casación Social, Sala Especial Agraria del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. A.V.C. (Caso: N.L.M.G.V.. Instituto Nacional de Tierras) lo siguiente:

    Sic. “omissis… Al respecto, es necesario señalar lo que dispone el artículo 167 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que dispone:

    A solicitud de parte, y sin perjuicio de otros poderes cautelares que la legislación otorga a los jueces, el Tribunal de la causa podrá suspender, en todo o en parte, los efectos del acto administrativo recurrido, sólo cuando el peticionante compruebe que su inmediata ejecución comporta perjuicios o gravamenes irreparables o de difícil reparación por la definitiva y acompañe garantía suficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al auto que lo acuerde. En todo caso, el Juez deberá analizar los intereses colectivos en conflicto pudiendo negar la medida cautelar peticionada si comprueba que la falta de ejecución del acto comporta perjuicios al entorno social. (Omissis). La medida acordada podrá ser revocada, de oficio o a instancia de parte, por falta de impulso procesal de la parte beneficiada, cuando no se consigne la garantía suficiente dentro del lapso antes señalado, o cuando hayan variado las circunstancias iniciales que la justificaron. (Omissis). Tampoco será exigida garantía alguna para aquellos accionantes beneficiarios del presente Decreto Ley, que carezcan de recursos económicos y lo comprueben fehacientemente.

    Conforme al texto inserto en la norma parcialmente transcrita, se distingue que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ofrece a las partes que integran una litis en esta materia, un mecanismo para solicitar al Juez de la causa, medidas cautelares en el contexto de un recurso contencioso administrativo de nulidad; se ofrece una vía judicial ordinaria para peticionar ante el a-quo medidas cautelares…. Omissis”

    En el caso de marras, el recurrente de nulidad interpone así pues conjuntamente a.c. constitucional con solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo, siendo que existe una medida típica, ordinaria y además expedita y eficaz para la protección constitucional, como lo es la medida de suspensión de los efectos del acto administrativo de efectos particulares conforme lo establece los artículos 167 y 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

    En tal sentido, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone lo siguiente:

    Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

    Sic “omissis…

    5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado; …omissis”

    Ahora bien, esta causal ha sido interpretada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en numerosas decisiones, no solo como el hecho que el presunto agraviado haya utilizado una vía preexistente, sino como la situación que cuando existe esa vía preexistente para la solución de lo planteado, en atención al carácter extraordinario del amparo, debe utilizarse la vía ordinaria, conformando la existencia de esa vía expedita, breve y eficaz, la causal de inadmisibilidad del amparo.

    En consecuencia, este Juzgado Superior Primero Agrario, acoge el criterio jurisprudencial y vinculante antes señalado, en concordancia con la normativa antes invocada, y siendo que en el presente caso la parte recurrente solicitó la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido de conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la cual a todas luces resulta la vía idónea, breve y expedita para enervar los posibles efectos lesivos del acto en cuestión, declara INADMISIBLE la medida de amparo constitucional ejercido conjuntamente con el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad y solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo dictado por la hoy recurrida, de conformidad con el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

    EL JUEZ TEMPORAL,

    ABG. J.L.A..

    LA SECRETARIA

    ABG. CARMÍ J. BELLO M.

    En la misma fecha, y siendo las tres y veinte de la tarde (03:20 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión.

    LA SECRETARIA

    ABG. CARMÍ J. BELLO M.

    JLAM/CB/ap

    Exp. 2012-CA-5410