Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 11 de Mayo de 2009
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Edgar José Moya Millán |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REGION CAPITAL
Mediante escrito presentado en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil ocho (2008), ante el Tribunal Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en su carácter de (Distribuidor), por los abogados O.E.O.G., J.I.C.M., y M.T.A.R., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 37.382, 83.574 y 47.112, respectivamente, procediendo en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana M.A.R.A., titular de la Cédula de Identidad Nº 2.079.429, ejercieron Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS).
El Tribunal, de conformidad con el artículo 108 de la ley del Estatuto de la Función Pública pasa a dictar la sentencia escrita:
TÉRMINOS EN QUE QUEDÓ TRABADA LA LITIS
Expresa la representación del querellante, que su representada ingreso al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el año 1967 y egresó el 01 de marzo de 1994, desempeñando para ese momento el cargo de Técnico de Equipos Médicos I, registrando un tiempo de servicios en esa institución de veintiséis (26) años, diez (10) meses y diecisiete (17) días, cumpliendo así con los requisitos para ser jubilada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 798, Acta N° 73 de fecha 27 de octubre de 1993 emanada del C.D. del IVSS.
Indican que mediante Resolución Nro. 964, Acta Nro. 82, de fecha 15 de diciembre de 1993, como alcance a la Resolución N° 798, Acta N° 73, del 27-10-1993, los miembros del C.D. acordaron por unanimidad autorizar el alcance de la Resolución N° 798, donde se aprobaron los parámetros y normativas a los fines de garantizar la continuación del proceso de reestructuración del IVSS en cuanto a reducción de personal, determinado los requisitos que deben llenar los trabajadores para que el Presidente del IVSS aceptara la renuncia, asimismo en fecha 12 de septiembre de 1994, dicho Consejo emite y aprueba la Resolución N° 637, Acta N° 43, como alcance de las Resoluciones antes mencionadas, mediante la cual se explican las ventajas del proceso de reducción de personal.
Alegan que la Convención Colectiva de los Trabajadores del I.V.S.S., consignada ante la Inspectoría del Trabajo el 12 de agosto de 1992, dispone en las cláusulas 72, 73, y en el acta aclaratoria I.V.S.S. FETRASALUD, de fecha 05 de agosto de 1992, numeral 4, las modalidades de la jubilación a que tendrán derecho los trabajadores.
Arguye los representantes judiciales de la parte querellante que su representado se acogió a la Resolución N° 798, violándole los derechos constitucionales contenidos en los artículos 86 y 96, así como el artículo 1 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y Municipios, y las cláusulas 72 y 73 de la Convención Colectiva de los Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Indican los representantes judiciales de la parte querellante, que la Resolución Nº 964, Acta Nº 82 de fecha 15 de diciembre de 1993, protege a los trabajadores del Instituto que se encuentren dentro de los parámetros de la jubilación obligatoria del proceso de reestructuración , es decir, que si un trabajador cumpliera los requisitos para la jubilación hubiera renunciado acogiéndose a la reestructuración, el Instituto no debió aceptar la misma, debiendo notificar al trabajador las razones de su negativa, ya que los trabajadores no pueden renunciar al beneficio de la jubilación, no sólo por obligatoriedad sino porque se trata de un derecho constitucional
Afirman que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, incurrió en un error “no excusable” (sic), que vicia la validez de su decisión, por lo que cuando la autoridad que emite el acto, extiende a los trabajadores con derecho a jubilación el contenido de la Resolución Nº 798, Acta Nº 73 de fecha 27 de octubre de 1993, trasgrediéndole los limites que ella misma establece quedando afectado por vicio de nulidad absoluta, según el articulo Nº 19 Numeral 4 de al Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos por Prescindencia total del Procedimiento Legalmente establecido, causándole un daño al arrebatarle un derecho constitucional, violentando todas las normas legales referidas, pasando por encima de la reglamentación que regía para la reestructuración, como de el artículo 53 de la Ley de Carrera Administrativa.
Finalmente solicitan sea jubilada su mandante según lo aprobado en la Convención Colectiva de los Trabajadores del IVSS en su cláusula Nro. 72, Parágrafo Décimo (10º) y en el numeral 4, del Acta aclaratoria de fecha 05 de agosto de 1992, del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, amparada a su vez por el artículo 89, numeral 2 de la Constitución, como derecho adquirido e irrenunciable, al tener un tiempo de servicio para el IVSS de 25 años.
ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLADA
Dentro del lapso de contestación de la querella, la representación del ente querellado abogado F.J.G.M., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 50.379, alega como punto previo la caducidad de la acción, por cuanto fue interpuesta extemporáneamente.
Niega, rechaza y contradice en todas y cada una de sus partes en los hechos como en el derecho, los argumentos y pretensiones esgrimidos por la querellante, cuya renuncia se debió a la Resolución Nº 798 de fecha 27 de octubre de 1993.
Asimismo, sostiene que es importante aclarar que si bien la jubilación es un derecho irrenunciable, es necesario para hacer uso de ese derecho que la querellante tenga una relación laboral para poder disfrutar de tal derecho por lo que es necesario ubicarse en el tiempo en que la querellante en cuestión laboraba para ese instituto, rigiendo para ese entonces normativas que hoy en día se encuentran derogadas.
Señala el representante judicial del ente querellado que en la Resolución Nro. 798, se acordó la reducción de personal administrativo y asistencial, que presentaran su renuncia y se les cancelaron sus prestaciones sociales sencillas, y se les indemnizó con un bono de 95% y se les pagó un 5% adicional por cada año de servicio prestado a los que excedieran de 10 años de servicio ininterrumpidos, todo de acuerdo a lo previsto en la Convención Colectiva de Trabajo, por lo que de esta manera la Junta Liquidadora del I.V.S.S, a fin de dar cumplimiento al articulo 78 in comento, además del citado decreto , procedió a liquidar, jubilar y pensionar a todos los empleados y obreros activos al servicio del Instituto para esa fecha, en el entendido que las facultades excepcionales conferidas en esta materia tanto de la Junta Liquidadora como a su Presidente, viniendo a configurar una normativa muy especial y extraordinaria dirigida solo a los fines de cumplir con la reestructuración del I.V.S.S.
Expresa el representante judicial del ente querellado que en fecha 28 de octubre de 1993, fecha en que se dicto la Resolución Nº 798, la Junta Liquidadora como máxima autoridad del I.V.S.S., resuelve aceptar la renuncia del querellante, egresando el 01 de marzo de 1994, de allí que no fue el presidente quien acepto la renuncia, sino la Junta Liquidadora y en cuya Resolución esta concebida la motivación y fundamentación legal que la soporta por lo que para la fecha en que se produjo el acto administrativo del funcionario en cuestión, 01 de marzo de 1994, no existía la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y en cuyos artículos se apoya ahora el recurrente para estimar como violado el derecho a la defensa, el debido proceso y la estabilidad laboral, y por ende solicitar el restablecimiento de la situación jurídica lesionada, así como su jubilación, lo que implica una retroactividad de la Ley fundamental del año 1999, a los fines de regular un supuesto hecho ocurrido en el año 1994.
Arguye el representante judicial del organismo querellado que en las medidas tomadas no hubo decisiones arbitrarias, ni caprichosas todo se realizo como consecuencia de un mandato legal, estando enmarcado dentro del principio de la legalidad, con origen en el articulo 78 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, vigente para ese momento.
Asimismo sostiene el representante judicial del ente querellado que han trascurrido catorce (14) años desde el retiro de la ahora querellante, y no se puede pensar que tiene catorce ( 14) años sin trabajar en la Administración Publica Nacional, ya que el I.V.S.S, no es el único ente u órgano publico por donde pudiera solicitar su jubilación.
Por todo lo anteriormente expuesto, la parte querellada solicita declare Sin Lugar la presente querella.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Siendo la oportunidad para dictar sentencia escrita en la presente causa, este Tribunal pasa a conocer en primer lugar del punto previo opuesto por la representación judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y al respecto observa que el artículo 94 del Estatuto de la Función Publica establece:
…Artículo 94. Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto…
En criterio sentado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia de fecha 27 de septiembre de 2.000, caso: C.G.P. vs. Cámara Municipal de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Federal, se señaló lo siguiente:
(…) la jubilación constituye una cuestión de previsión social con rango constitucional, desarrollada por la legislación y normativa venezolana, que constituye un beneficio y derecho del funcionario a vivir una v.d. en razón de los años de trabajo y servicios prestados y que por lo tanto la Administración está en la obligación de garantizar, reconocer, tramitar y otorgar sin que para ello existan lapsos de caducidad de las acciones que se intenten en virtud de tal derecho, por lo que resulta imposible admitir que los recursos o acciones que se intenten contra una omisión de la Administración ante una solicitud de jubilación, resulten caducos, ya que se estaría lesionando el derecho constitucional a la seguridad social del funcionario que resulta acreedor de este beneficio (…)
Al efecto, este Juzgador considera que la jubilación es un derecho que tiene todo funcionario como recompensa al tiempo de servicio prestado a la Administración, al haber prestado un tiempo considerable de su vida activa a la Administración, el cual priva sobre la remoción, el retiro o la destitución de los funcionarios públicos por parte de la Administración, aún cuando la misma se encuentre en un proceso de reestructuración y reducción de personal.
En tal sentido, este Juzgado niega que la jubilación haya sido solicitada extemporáneamente, por cuanto la misma no está sometida a ningún lapso de caducidad en virtud de la naturaleza de los derechos constitucionales que protege, y así se declara.
En cuanto al fondo del presente Recurso este Juzgado observa de las actas que rielan a los folios 11 al 19 del expediente judicial, se desprende Resolución Nro. 798 de fecha 27 de octubre de 1993 y en alcance a ésta las Resoluciones Nros. 964 y 637, de fechas 15 de diciembre de 1993 y 13 de septiembre de 1994, las cuales establecen los parámetros a seguir para la reducción de personal en v.d.p.d. reestructuración del IVSS, y de la lectura de las mismas, y específicamente de la cláusula N° 798 se observa en el primer párrafo “que a los trabajadores con cargos de carrera que vayan a ser retirados por razones del proceso que se está realizando en el I.V.S.S. presenten formal renuncia a sus cargos, se les pague las prestaciones sociales sencillas, se les indemnice un Bono del 95% y lo previsto en la Convención Colectiva en los casos en que se produjera el retiro (renuncia) de trabajadores después de 10 años de servicios ininterrumpidos, sobre el monto total recibido por concepto de las Prestaciones a que tuviere derecho, se les pagará un cinco (5%) por ciento adicional por cada año de servicios prestados que exceda a los diez (10) años.”
De lo antes expuesto se observa que la referida Resolución establecía los parámetros sobre los cuales se beneficiarían los trabajadores que presentarán su renuncia en virtud de la reducción de personal por reestructuración del IVSS, por lo que una vez renunciado la recurrente al cargo que desempeñaba, quedó inmersa en el supuesto establecido en el primer párrafo de la Resolución N° 798, aceptando y acogiéndose a los beneficios y a las condiciones impuestas, renunciando en forma expresa al beneficio de jubilación.
Así mismo, quien aquí decide observa que en el presente caso, la misma Convención Colectiva en si Cláusula Nº 72 de los Seguros Sociales (I.V.S.S), consagra lo siguiente:
…El Instituto conviene en otorgar la jubilación al trabajador que ha cumplido la edad de sesenta (60) años y a la trabajadora que ha cumplido la edad de cincuenta y cinco (55) años…
(Subrayado del Tribunal).
De lo antes trascrito, se desprende en cuanto a la “jubilación a término de edad”, entre otras cosas que el Instituto “conviene en otorgar la jubilación al trabajador que ha cumplido la edad de sesenta (60) años y a la trabajadora que ha cumplido la edad de cincuenta y cinco (55) años, y que haya trabajado para el Instituto durante QUINCE (15) o más años, en base al último sueldo devengado por el beneficiario y el porcentaje que corresponda a los años de servicio.
Ahora bien, del análisis exhaustivo del expediente judicial se evidencia que la querellante egresó en fecha 01 de marzo de 1994, teniendo un tiempo de servicio de veintiséis (26) años, diez (10) meses y diecisiete (17) días tal y como se desprende de la liquidación de prestaciones sociales que riela al folio diez (10) del expediente judicial, cumpliendo así con uno de los requisitos establecidos en la Convención Colectiva como es los años de servicio, sin embargo corre inserta al folio veintiséis (26) del expediente Judicial copia de la cedula de identidad de la querellante en la cual se evidencia que la misma nació en fecha 13 de septiembre de 1941, teniendo entonces para la fecha de su renuncia la edad de cincuenta y tres (53) años, no cumpliendo de esta manera con los requisitos de la jubilación reglamentaria, por lo que no le había nacido el derecho a su jubilación.
En cuanto a la jubilación anticipada, se desprende que el Instituto convino en otorgar la jubilación al trabajador que hubiese cumplido la edad de cincuenta y cinco (55) años y a la trabajadora que hubiera cumplido la edad de cincuenta (50) años y que haya trabajado para el Instituto durante quince (15) años o más años tal como se evidencia en la Convención Colectiva, Cláusula Nº 73, la cual corre inserto al folio veinticuatro (24) del expediente judicial, y del análisis del mismo, no se desprende que se haya acordado jubilación especial alguna, por lo que al no cumplir la querellante con los requisitos señalados para ser jubilada mal puede alegar la violación de los artículos 86 y 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no configurándose tal violación. Así se decide.
Realizado este pronunciamiento se hace inoficioso para este Juzgado revisar los restantes vicios alegados, y en consecuencia concluye quien aquí decide que en virtud de todo lo anteriormente expuesto se debe declarar SIN LUGAR el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, y así se decide.
DECISION
En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la querella interpuesta por los abogados O.E.O.G., J.I.C.M., y M.T.A.R., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 37.382, 83.574 y 47.112, respectivamente, procediendo en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana M.A.R.A., titular de la Cédula de Identidad Nº 2.079.429, ejercieron Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS).
PUBLIQUE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en Caracas, a los Once (11) días del mes de Mayo de dos mil nueve (2009).-Años 199º de la Federación y 150º de la Independencia.
JUEZ PROVISORIO
MSc. E.M.M.
ABOGADO
LA SECRETARIA,
M.G.J.
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 8:35 AM.
LA SECRETARIA,
M.G.J.
EXP: 6056/EMM
