Decisión nº PJ0042014000041 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 14 de Marzo de 2014
| Fecha de Resolución | 14 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Juzgado Primero Superior del Trabajo |
| Ponente | Osmiyer José Rosales Castillo |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo De Nulidad |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del estado Portuguesa
Guanare, catorce (14) de marzo de dos mil catorce. (2014).
203º y 154º
ASUNTO Nro.-: PP01-N-2013-000059.
DEMANDANTE: INDUSTRIA MADERERA GUANARITO. C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa bajo el Nº 8, Tomo 7 –A, de fecha 11 de junio del año 2001.
APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDANTE: Abogado A.C.P., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.- 56.011.
RECURRIDA: INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL).
MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD O ANULACIÓN POR ILEGALIDAD Y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.
DETERMINACIÓN DE LA CAUSA
Obra por ante esta alzada el presente expediente en virtud del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD O ANULACIÓN POR ILEGALIDAD Y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS, interpuesto por el abogado A.C.P., actuando en su condición de apoderado judicial de la parte recurrente en la presente causa, INDUSTRIA MADERERA GUANARITO. C.A contra Acto Administrativo de efectos particulares contenido en la Certificación con el Nº 71/11, de fecha 25/04/2011, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Portuguesa y Cojedes del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral.
DE LA COMPETENCIA
Primeramente, considera necesario e imperativo éste juzgador reseñar que la mayoría de la doctrina, cuando se refiere a la competencia, establece que ella es la medida de la jurisdicción que puede ejercer el Juez, para lo cual, procede a hacer las siguientes consideraciones:
Algunas de las definiciones dadas por la doctrina consideran que es “la capacidad del Órgano del Estado para ejercer la función jurisdiccional” como la propone el autor Lescano. Igualmente H.A. expresa que es “la aptitud del Juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado”.
Comienza el presente juicio mediante escrito presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de este Circuito Judicial en fecha nueve de agosto del año dos mil trece 09/08/2013, de donde se desprende como parte recurrente, INDUSTRIA MADERERA GUANARITO. C.A contra Acto Administrativo de efectos particulares contenido en la Certificación con el Nº 71/11, de fecha 25/04/2011, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Portuguesa y Cojedes del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. Mediante la cual se certificó accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador A.H.D.
Ahora bien, se observa de las actas procesales que conforman el presente asunto, específicamente de las copias de las actas de nacimiento remitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa Sede Guanare, en fecha 25/02/2014, de una niña de ocho (08) años de edad (cuya identidad es omitida de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), una niña de trece (13) años de edad (cuya identidad es omitida de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes),una niña de diez (10) años de edad (cuya identidad es omitida de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), hijas del ciudadano: A.H.D..
Así las cosas, quien sentencia evidencia que en la misma se encuentran involucrados derechos tutelados como son los derechos de los niños, niñas y adolescentes tal como lo establece expresamente el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Capitulo V denominado de los Derechos Sociales y de las Familias, el cual textualmente expresa lo siguiente:
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Ley, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República…
. (Fin de la cita).
Por otra parte la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, ley especial que regula todo lo relacionado con la normativa de los derechos y deberes de la personas menores de edad, en su artículo 177 parágrafo cuarto contempla los asuntos patrimoniales, del trabajo y otros asuntos, mencionando dentro de las competencias, en el literal “m”: “Cualquier otro afín de naturaleza contenciosa que deba resolverse judicialmente en el cual los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso”, lo que se traduce en el hecho que según esta disposición los Juzgados de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes son competentes para conocer de causas donde intervengan niños y adolescentes en materia laboral. Así se señala.
En este orden de ideas, convienes explanar, que la institución de la competencia, no es otra cosa que el limite o medida de la jurisdicción, partiendo de la idea que la jurisdicción es el poder o la potestad de administrar justicia en nombre del Estado y la poseen todos los jueces de la República pero dividida o limitada por una serie de aspectos como lo son el territorio, la cuantía, la materia y la menos conocida como lo es la competencia funcional que se da en jueces de la misma instancia y materia, pero con funciones distintas.
En el marco legal venezolano existen diversas leyes o normas que tienen la finalidad de regular las conductas de las personas dentro de la sociedad, estas leyes o normas son realizadas en distintas áreas o materias como lo son: la materia penal, la materia civil, la materia de niños y adolescentes, la materia contencioso administrativo y la materia laboral, entre otras.
Dado lo anteriormente expuesto resulta importante señalar que la competencia es la aptitud del Juez para ejercer su Jurisdicción en un caso determinado. Siendo la competencia el factor que fija límites al ejercicio de la jurisdicción o como se señala comúnmente, la medida de la jurisdicción; la debida competencia, en nuestro ordenamiento procesal vigente es un presupuesto de validez para el pronunciamiento de una sentencia válida sobre el mérito, por ello, la sentencia dictada por un juez incompetente es absolutamente nula e ineficaz.
Los jueces tienen la facultad para conocer de ciertos asuntos en atención a la naturaleza de éstos, lo cual determina su competencia; mientras la jurisdicción es la potestad de administrar justicia. El juez tiene el poder de juzgar, pero está limitado en razón de su competencia.
En este sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 13/02/2007, (caso L.C.P.M., actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos S.A. y P.V.L.P. VS. Oil Tools de Venezuela, S.A. y P.D.V.S.A. Petróleo, S.A.), al expresar lo siguiente:
Así las cosas, se evidencia de la revisión de las actas procesales que el objeto de la demanda incoada por la ciudadana L.C.P.M., y los niños S.A. y P.V.L.P., versa sobre el cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, y dos de los codemandantes son menores de edad, por lo que la Sala estima que el caso bajo análisis se subsume en el supuesto previsto…
…Omissis…
Así las cosas, se observa que la causa no fue sustanciada por el juez competente (juez natural), pues el conocimiento de la materia objeto del proceso en curso, por la naturaleza de la misma, es competencia de un juez especial -juez de protección del niño y del adolescente-, atribuida a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; aun así los actos de sustanciación realizados son válidos de conformidad con el mencionado artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, pero la decisión de mérito, para que tenga validez, debe ser dictada por el juez de Protección del Niño y del Adolescente; por tal motivo, deben anularse las decisiones de fondo proferidas por los Tribunales Laborales, y ello conlleva a reponer la causa al estado de que el juez competente dicte sentencia de mérito.
Por las razones expresadas, atendiendo al principio del interés superior del niño previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y los principios constitucionales de ser juzgados por el juez natural, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, a fin de evitar dilaciones indebidas, esta Sala debe declarar la nulidad del fallo proferido por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 20 de abril de 2006, y de la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, en fecha 10 de febrero de 2006; en consecuencia, debe reponerse la causa al estado en que el tribunal competente dicte sentencia de mérito; al efecto, se ordena la remisión del expediente al Juzgado con competencia en materia de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Así se declara.(…)
. (Fin de la cita).
De cara a lo anterior, si bien es cierto que existe en nuestro ordenamiento jurídico una ley especial en la materia contencioso administrativa, denominada Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nro.- 27, publicada en fecha 26/07/2011, con carácter vinculante para las todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, que bien podría interpretarse es la procedente en el caso de estudios, por tratarse de una acción en contra de una p.a. dictada por el INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), empero, no es menos cierto que la parte que pudiera verse afectada por dicha providencia está representada por las herederas de quien fungía como trabajador de la parte accionante en dicha providencia administrativa, siendo tres (03) niñas de ocho (08), (10) y (13) años de edad (cuya identidad es omitida de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).
Dentro de ese mismo contexto, debe este juzgador definir de cierto modo lo especial de esta Jurisdicción, es decir, indicar que todo lo relativo a la resolución de conflictos en donde los Niños, Niñas y Adolescentes, sean legitimados activos o pasivos en el proceso, “debe” ser tramitado y conocido por el Juez Especial de Protección, tal y como lo ordena el artículo 178 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
De ello se infiere que los Tribunales de Protección conocen de los distintos asuntos y recursos de carácter contencioso conforme al procedimiento ordinario previsto en la ley, aunque en otras leyes los mismos tengan pautado un procedimiento especial, fundamentado lo aquí establecido en los Principios Rectores Procesales en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entre los cuales se consagra el principio de Uniformidad, que dispone que las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho se tramiten por los procedimientos contenidos en la ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aunque por otras leyes tengan pautado un procedimiento especial. Así se establece.
Así las cosas tomando en consideración lo anteriormente señalado y en especial la norma contenida en el artículo 177 parágrafo cuarto de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, este sentenciador con competencia en material laboral considera ajustado a derecho, declararse INCOMPETENTE por la materia para seguir conociendo de esta causa, por cuanto la presente reclamación versa sobre la NULIDAD DE LA P.A. signada con la nomenclatura Nº 71/11, de fecha 25/04/2011, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Portuguesa y Cojedes del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, mediante la cual se certificó que el accidente sufrido por el ciudadano A.H.D.. que le ocasionó la muerte, era un ACCIDENTE DE TRABAJO, siendo las herederas del causante tres (03) niñas de ocho (08), (10) y (13) años de edad (cuya identidad es omitida de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). tal como se desprende de copias de las actas de nacimiento remitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa Sede Guanare, en fecha 25/02/2014,; por lo cual, ésta superioridad considera que para la resolución del presente asunto no puede ser utilizada la jurisdicción laboral, por cuanto la autoridad con competencia es la materia especial del derecho como lo es la de Niños, Niñas y Adolescentes, es la competente para tramitar y decidir el caso en comento. Así se decide.
En consecuencia con lo anterior, este ad quem se declara: INCOMPETENTE para conocer de la presente causa; DECLINA LA COMPETENCIA en el JUZGADO SUPERIOR PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, GUANARE; SE ORDENA notificar de la presente decisión al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a los referidos privilegios y prerrogativas procesales que tiene el ente recurrido, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y SE ORDENA, una vez cumplida la notificación ordenada y quede firme la presente decisión, la remisión, mediante oficio, del presente expediente al JUZGADO SUPERIOR PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, GUANARE, a los fines legales pertinentes. Así se resuelve.
DISPOSITIVA
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
INCOMPETENTE para conocer de la presente causa, motivo: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD O ANULACIÓN POR ILEGALIDAD Y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS. Interpuesto por el abogado A.C.P., actuando en su condición de apoderado judicial de la parte recurrente en la presente causa, INDUSTRIA MADERERA GUANARITO. C.A. contra Acto Administrativo de efectos particulares contenido en la Certificación con el Nº 71/11, de fecha 25/04/2011, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Portuguesa y Cojedes del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral.
DECLINA LA COMPETENCIA en el JUZGADO SUPERIOR PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, GUANARE.
SE ORDENA notificar de la presente decisión al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a los referidos privilegios y prerrogativas procesales que tiene el ente recurrido, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
SE ORDENA, una vez cumplida la notificación ordenada y quede firme la presente decisión, la remisión, mediante oficio, del presente expediente al JUZGADO SUPERIOR PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, GUANARE, a los fines legales pertinentes.
Publicada en el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en la ciudad de Guanare, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014).
Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
El Juez Superior del Trabajo,
Abg. Osmiyer J.R.C.
La Secretaria,
Abg. Y.A.
En igual fecha y siendo las 11:23 a.m. Se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el artículo 159 Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por aplicación supletoria del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. De igual manera se ordenó su inserción en el Sistema Juris 2000 y su correspondiente publicación en el portal informático http://portuguesa.tsj.gov.ve/.
La Secretaria,
Abg. Y.A.
OJRC/Brenda.-
