Decisión nº 682 de Juzgado Superior Agrario de Zulia, de 1 de Marzo de 2013

Dejar constancia de la situación actual o estado que se encuentran todos los potreros y el número de ellos que conforman dicha unidad agropecuaria.

Dejar constancia de la situación actual o estado en que se encuentran tanto las cercas divisorias de las tierras, así como de las instalaciones y construcciones que se encuentran dentro de la misma.

Dejar constancia de las cabezas de ganado bovino que se encuentran pastando sobre ella y el hierro matador con que se encuentran herrados los semovientes.

Dejar constancia del número de trabajadores que laboran en dichos Fundos Agropecuarios.

Así como de cualquier otro hecho o circunstancia que se indique en el momento de la Inspección solicitada, por considerarlo relevante.

Asimismo pedimos del tribunal a su cargo en virtud del Estado en que se encuentra dicha unidad de producción, así como sus construcciones e instalaciones, y de los semovientes que están dentro del mismo, y dadas las amenazas que existen de invasión de dichas tierras, que pretenden desconocer el Derecho de Propiedad, violando incluso normas de rango constitucional, se sirva decretar Medida Cautelar de Amparo y Protección a la producción, de conformidad con lo establecido en el Articulo 305 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en concordancia con el Articulo 196 y 243 de la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no solo sobre la propiedad de las tierras sino también sobre el mantenimiento de la producción existente en dichos F., y así velar por la seguridad agroalimentaria de la nación…OMISSIS…

La solicitante acompaño la solicitud de medida, con los siguientes recaudos: 1) Copia simple de la cedula de identidad de la ciudadana L.L.R.I. de Barboza, 2) Copia simple de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del municipio Autónomo Sucre del Estado Zulia, de fecha trece (13) de noviembre del año 2000, marcado con la letra ”A” 3) Copia simple de plano topográfico de fundo Las Delicias, marcado con la letra “B”, y 4) Copia simple de Carta de Inscripción en el Registro de Predios, bajo el Nro. 05230040014, de fecha tres (03) de agosto del año 2005, marcada con la letra “C”.

En fecha diecinueve (19) de noviembre de 2012, este Tribunal le dio entrada a la solicitud, ordenando la formación del presente expediente, actuando conforme al criterio implementado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha nueve (09) de Mayo de 2006, Exp. 03-0839, con ponencia del Magistrado Dr. F.A.C.L., caso CERVECERIAS POLAR LOS CORTIJOS C.A, con el voto salvado del Magistrado Dr. J.E.C.R.. Asimismo, se fijo Inspección Judicial sobre el fundo agropecuario LAS DELICIAS, para el sexto (6to) día de despacho siguiente, para que una vez efectuada la misma se procedería a emitir el correspondiente pronunciamiento relacionado con la procedencia o no de la medida solicitada.

Por auto dictado en fecha diez (10) de diciembre de 2012, se acordó diferir el traslado para efectuar la inspección judicial ordenada en el auto de admisión, haciendo constar que se fijaría nuevamente en auto por separado.

Por auto dictado en fecha nueve (09) de enero de 2013, el abogado I.I.B.G., en virtud de haber sido designado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, como J.P. de este Despacho, se aboco al conocimiento de la causa.

En fecha treinta (30) de enero de 2013, se dicto auto en el cual en atención a los poderes de inmediación que rigen el procedimiento ordinario agrario, establecidos en los artículos 190 y 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se fijo para el día diecinueve (19) de febrero de 2013, la practica de la inspección judicial sobre el fundo agropecuario LAS DELICIAS.

En fecha diecinueve (19) de febrero de 2013, tal como estaba pautado se llevo a cabo la inspección judicial en el fundo LAS DELICIAS (acta inserta del folio 29 al folio 35, ambos inclusive), en la cual se dejo constancia de lo siguiente:

…OMISSIS…AL PRIMER PARTICULAR: el Tribunal deja constancia, que se encuentra constituido en la unidad agropecuaria denominada LAS DELICIAS, ubicado en la Parroquia Heras, Municipio Sucre del Estado Zulia, con extensión aproximada de ochocientas diecisiete hectáreas (817 has), con los siguientes linderos: NORTE: originalmente con la hacienda San Isidro, S.T., y el Congo, hoy con el fundo D. y hacienda San Isidro; SUR: con el fundo S.D. que es o fue de V.P. y algunos parceleros; ESTE: hacienda San isidro, fundo agropecuario Belén, intermedio Río Playa Grande y fundo S.D.; y OESTE: mejoras que son o fueron de F.P., P.A. y parceleros.

AL SEGUNDO PARTICULAR: Este Tribunal iniciando el recorrido, deja constancia con el asesoramiento del funcionario experto designado que se encuentra en un lote de terreno con un pasto compuesto de cinco por ciento (5%) de maleza, setenta y cinco (75%) por ciento de T., diez por ciento (10%) de pasto P. y guinea, otro diez por ciento (10%) de estrella, evidenciando la presencia de árboles forestales de la especie: cedro, roble, caoba, saman, cacahuito, del total de extensión del fundo se encuentra cultivada una asociación de maíz con fríjol que abarca una superficie de cien hectáreas (100 has.), las cuales se destinan para la alimentación de los bovinos, se encontraron igualmente doscientos diecisiete (217) potreros, cercado con estantillos de madera y cinco pelos de alambre de púas. En lo referente a la INSFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA AGRICOLA que se encuentra en el fundo se evidencio: dos (2) tractores agrícolas marca M.F., Modelo 298, doble tracción de ciento veinte (120) caballos de fuerza, un (1) tractor agrícola marca M.F., Modelo 4297, doble tracción con pala, de ciento diez (110) caballos de fuerza, un (1) tractor agrícola marca S.D., de 120 caballos de fuerza de doble transmisión en reparación, un (1) tractor agrícola Same Saturno de 80 caballos de fuerza, de doble transmisión, un (1) tractor de oruga Caterpillar, Modelo D6D, una (1) excavadora yumbo J.D.M. 690D, una (1) retroexcavadora, Modelo 310D, un (1) patrol Modelo T8 Caterpillar, dos (2) arados de cuatro (4) discos, dos (2) abonadoras de suelo, una (1) fumigadora marca condorito de cuatrocientos (400) litros de capacidad, una planta eléctrica de sesenta y cinco (65) KVA, serial 00022339, modelo TP60-11, una (1) sembradora-abonadora de cuatro (4) hileras, dos (2) mezcladoras de concreto, dos (2) Rotativas una (1) hidráulica y una (1) de tiro, dos (2) Rastra una (1) hidráulica y una (1) de tiro, tres (3) Picadoras y moledoras de maíz marca Trialum, Modelo Silobolsa, serial A3550-4060, una (1) embutidora, tres (3) rolos de tiro, dos (2) de dos punto ochenta metros (2.80 mts.) y otro de uno punto cuarenta (1.40 mts.), una (1) Romana Digital con capacidad para cinco mil kilos (5000 k), un (1) camión marca Ford 350, modelo 74, un (1) camión marca chevrolet, modelo NPR, tres (3) vagones forrajeros marca JF Modelo 9000; y dos (2) cortadoras repicadoras, marca JF Modelo C-120 continuando el recorrido se encontraron las siguientes instalaciones: VAQUERA LAS DELICIAS, con coordenadas Norte: 1004208, y Este: 255596, con techo de zinc, estructura de hierro, piso de cemento, con una extensión de 30 x 25 metros cuadrados, con una (1) becerrera de estructura de madera y hierro con techo de zinc, una casa principal con coordenadas Norte:1004214 y este: 255675, ocupada por la ciudadana L.L.I.D.B., venezolana, mayor de edad, casada, ganadera, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.931.878 construida con paredes de bloque frisado, piso de caico, techo de placa, cercada por los cuatro costados, por el frente cerca de ciclón y por el fondo de bloque, con tanque para almacenar agua de aproximadamente tres mil (3.000 lts), una (1) casa de obrero, con techo de zinc, paredes de madera, piso de cemento, con coordenadas Norte: 1004165 y Este: 255635, una (1) lechera con techo de placa y piso de cemento, paredes de bloques revestida de cerámica, de 10 x 8 metros, asimismo se evidencio la existencia de seis (6) corrales de los cuales tres (3) con piso de cemento, estructura de hierro, con una medida aproximada de 30 x 30 metros, uno (1) con piso de cemento, estructura de hierro, con una extensión aproximada de 60 x 45 metros, y dos (2) con piso natural y estructura de hierro de 30 x 30 metros, galpón para maquinaria de estructura de hierro y techo de zinc, piso de cemento de 20 x 10 metros, con coordenadas Norte: 1004160 y Este 255660, casa de obrero de estructura de madera, techo de zinc, paredes de bloques frisados, piso de cemento, de 28 x 15 metros aproximados, coordenadas Norte: 1004188 y este 255720, Galpón para implementos, con techo de zinc, piso de cemento, estructura de hierro, de aproximadamente 25 x 15 metros, coordenadas Norte: 1004177 y este: 255698, Deposito para Gasoil con capacidad para diez mil litros (10.000 lts) de estructura de metal, con coordenadas Norte: 1004172 y Este 255710; igualmente se observo media hectárea (1/2 Has.) de cultivo de plátano, VAQUERA SAN LUCAS, con coordenadas Norte 1002948 y Este 255136, con techo de acerolit y asbesto, estructura de hierro, piso de cemento, con comedores lineales de cemento, de aproximadamente de 50 x 30 metros, piso de cemento, cerca perimetral de estructura de hierro de 50 x 30 metros, una (1) casa para obrero, techo de zinc, paredes frisadas, piso de cemento, asimismo se evidencio un área de un cuarto (¼) de Hectárea sembrada de plátano, con un pozo perforado de cuatro pulgadas, con una profundidad de cien (100) metros, coordenadas Norte 1002933 y Este 255122, VAQUERA LA CHINITA, con coordenadas Norte 1004686 y Este 253971, techo de zinc, estructura de hierro, piso de cemento, con comederos lineales, con piso de cemento, con una dimensión de 45 x 25 metros cuadrados, con una casa para obrero, techo de zinc, paredes frisadas, piso de cemento, de 10 x 8 metros cuadrados, y un tanque de cemento con una capacidad para treinta y cinco mil litros (35.000 lts.), VAQUERA SAN RAFAEL, con coordenadas Norte 1005577 y Este 253864, techo de zinc, piso de cemento y estructura de hierro, con una dimensión de 35 x 30 metros cuadrados.

AL TERCER PARTICULAR: El Tribunal deja constancia, previo asesoramiento del funcionario experto designado, que durante el recorrido, se observaron y se inventariaron la cantidad de: Novecientos Noventa y Siete (997) NOVILLOS, Mil Doscientos Cuarenta (1.240) MAUTES, Cincuenta (50) NOVILLAS, Dos (2) TOROS, Noventa (90) MAUTAS y Treinta Cuatro (34) VACAS, que en total suman la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE (2.413) BOVINOS, con un mestizaje predominante de Cebú con P., H., G. y P.S., con marca de hierro ________.

Igualmente se evidenciaron CINCUENTA Y CUATRO (54) EQUINOS. Asimismo la propietaria presento certificado de vacunación de aftosa, rabia, estomatitis triple y protocolo de pruebas de brucelosis y tuberculosis.

Ahora bien, el experto designado destaco que del total de hectáreas (817 has) correspondientes a la unidad agropecuaria, existen cien hectáreas (100) cultivadas de maíz y cumpliendo con el decreto 3.022 de Gaceta Oficial Nro. 35.305, de Suelos y Aguas; una zona protectora del río Playa Grande antes B., ochenta y nueve hectáreas (89 Has.), y un área de instalaciones y muro de cuarenta y dos hectáreas (42 Has.), quedando como área de sustentación de seiscientas ochenta y seis hectáreas (686 Has.), resultan un promedio de carga animal de tres punto cincuenta y uno (3.51) unidad animal por hectárea, Igualmente el experto designado indica que el objeto del fundo es el levante y ceba y la comercialización de silos de maíz sorgo.

Asimismo, el abogado H.B.G., previamente identificado, consigno para ser agregado a las actas de la presente causa, los siguientes documentos: 1) Copia simple de Inscripción en el Registro de Predios expedida por el Instituto Nacional de Tierras, constante de un (1) folio útil, 2) Copia simple de Registro Nacional Agrícola, constante de un (1) folio útil, 3) Copia simple de Registro Nacional de Productores, Asociaciones, Empresa de Servicios, Cooperativa y Organización Asociativas Económicas de Productores Agrícolas, constante de un (1) folio útil, 4) Copia simple de Certificado de Inscripción en el Registro Tributario de Tierras, constante de un (1) folio útil, 5) Copia simple de Planilla de Información Catastral, constante de un (1) folio útil, 6) Copia simple de Registro de Información Fiscal (R.I.F), constante de un (1) folio útil, 7) Copia simple de cedula de identidad, constante de un (1) folio útil, 8) Copia simple del Registro de H., constante de un (1) folio útil, 9) Copia simple de Documento de Sucesión de Únicos y Universales Herederos, constante de veinte (20) folios útiles, 10) Copia simple de Informe Jurídico del Análisis o Estudio de Cadena Titulativa, constante de diecisiete (17) folios útiles, 11) Copia Simple de Cadena Titulativa, constante de veinte (20) folios útiles, 12) Copia simple de Donación hecha al Cafetín ubicado en la UEMPPAT-ZULIA, constante de un (1), 13) Original de Constancia de Donación realizada al Centro de Salud, constante de un (1) folio útil, 14) Original de Constancia Sanitaria, constante de un (1) folio útil, 15) Copia simple de Planilla de Pago de Aporte al Fondo de Ahorro para la Vivienda (FAVU), constante de un (1) folio útil, 16) Copia simple de Certificado Electrónico de Solvencia expedida por el Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS), constante de un (1) folio útil, 17) Copia simple de Comprobante de Inscripción en el Registro Nacional de Aportantes expedida por el INCE, constante de un (1) folio útil, 18) Copia simple de Aval de Residencia expedida por el Consejo Comunal del Sector San Antonio, constante de un (1) folio útil, 19) Copia simple de Constancia Sanitaria, constante de un (1) folio útil, 20) Copia simple de Constancia de Residencia, expedida por el Consejo Comunal de Entrada a S.A., constante de (1) folio útil, y 21) Copia simple de Guías de Movilización, constante de setenta y un (71) folios útiles. Todo con un total de ciento cuarenta y cinco (145) folios útiles…OMISSIS…

III

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

i

DE LOS PODERES DEL JUEZ O JUEZA AGRARIO

PARA DICTAR MEDIDAS AUTÓNOMAS

Todo juez o jueza agrario a quien corresponda tomar una decisión en un controvertido o en un futuro conflicto, cuyo sustrato se encuentre regido por disposiciones de orden público, en particular, en materia agraria.

Tal es la preocupación del legislador, de semejante aspecto de derecho material, que la mencionada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el artículo 207 ejusdem, que no es otra cosa que el Desarrollo Constitucional de la Garantía de Seguridad Alimentaría que nos impone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 305, también consagra el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario dispone lo siguiente:

El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez o jueza agrario exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades publicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional

El objeto de estos articulados antes transcritos, es la pretensión cautelar, que consiste en que se adopten medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial.

En el procedimiento cautelar agrario se contempla la posibilidad de que el juez o jueza agrario pueda dictar oficiosamente MEDIDAS AUTÓNOMAS PROVISIONALES ORIENTADAS A PROTEGER EL INTERÉS COLECTIVO. Estas medidas tienen por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario o se pongan en peligro los recursos naturales renovables. ASI SE ESTABLECE.

Estas medidas autónomas judiciales son de carácter provisional y se dictan para proteger un interés de carácter general y por su naturaleza son vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional. ASI SE ESTABLECE.

Como ya se ha señalado “supra” la anterior disposición legal va en plena armonía con lo previsto en el artículo 305 de la Carta Magna, cuando expresamente establece que la seguridad alimentaría se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuarias, pesquera y acuícola. En este orden la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado: F.A.C.L.. Se pronunció y es necesario traer a colación extractos de la sentencia que recayó en el expediente número 203-0839, de fecha nueve (09) de mayo de dos mil seis (2006), cuando declaró que es constitucional el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, (ahora, luego de su última reforma en fecha veintinueve (29) de julio del 2010, según Gaceta Oficial Nº 5.991, artículo 196) en donde textualmente estableció que:

…En tal sentido, mal podrían limitarse las potestades del juez o jueza agrario para sustituirse en las funciones del correspondiente órgano o ente administrativo, cuando las circunstancias de hecho demanden su proceder en el sentido de propiciar un proceso judicial que inaudita parte provea lo conducente para la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, restableciendo de este modo la situación jurídica particular o colectiva lesionada, para seguidamente sustanciar el correspondiente contradictorio, ante quienes tuvieran interés en oponerse a la medida acordada.

Efectivamente, siendo que a los órganos jurisdiccionales en la materia les corresponde garantizar la seguridad alimentaría, el legislador no se encuentra limitado en el establecimiento de las facultades inquisitivas de los mencionados órganos, ni siquiera para posibilitar una actuación oficiosa que en modo alguno colide con su imparcialidad, sino que se encuadra en el carácter subjetivo y garantista del procedimiento contencioso-administrativo, donde el juez propende a la salvaguarda de las situaciones jurídicas que en el ámbito de sus competencias y por mandato constitucional, se encuentra llamado a tutelar, aun frente a la inactividad particular de invocar la tutela a la seguridad agroalimentaria o ante la omisión de los órganos administrativos, en privilegiar y desarrollar la producción agropecuaria interna y proteger la biodiversidad.

Con ello, resulta constitucionalmente legítima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad y así se declara…

A su vez se desprende, de esta sentencia del máximo Tribunal de la Republica, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario incrementa el poder cautelar general del juez y le establece al juzgador una serie de principios y objetivos que deben dirigir su conducta en el proceso, a los fines de proteger el interés colectivo, cuando advierta que está amenazada la continuidad del proceso agroalimentario o se ponen en peligro los recursos naturales renovables, SIN QUE EL OPERADOR DE JUSTICIA DEBA CEÑIRSE A REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD CAUTELAR, sino que es el análisis del juez el que le permite determinar, dentro del proceso, que puede decretar medidas autónomas, tomando en consideración la situación fáctica concreta para dictaminarlas, todo ello orientado a proteger los derechos del productor, los bienes agropecuarios, y en fin, el interés general de la actividad agraria. ASI SE ESTABLECE.

ii

DE LA SOLICITUD DE MEDIDA AUTONOMA

En Vista que la solicitud planteada por la ciudadana L.L.I.D.B., venezolana, mayor de edad, ganadera, casada, titular de la cedula de identidad N.. 3.931.878, domiciliada en el Municipio Sucre del Estado Zulia, debidamente asistida por el abogado en ejercicio H.B.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N.. 4.158.810, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 16.448, domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, se fundamentó en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, referido a las Medidas Autónomas, en éste contexto, pasamos a reproducir parcialmente, jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se hace un análisis del artículo 207, actualmente luego de la reforma del año 2010, artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así:

(…)resulta constitucionalmente legitima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad.

Por tanto, siendo que la competencia contenida en el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, solamente puede ser ejercida por el juez o jueza agrario con fundamento en la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, lo cual presenta su justificación constitucional en los artículos 305 y 306 del Texto Fundamental y que del mismo modo, dicho artículo resulta aplicable únicamente con dos objetivos específicos a saber, evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales renovables y finalmente, que la medida preventiva sólo podrá tomarse cuando estos fines se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, debe concluir esta Sala que, la actuación analizada, se encuentra ciertamente delimitada por un entorno normativo.

En consecuencia de lo anterior, la norma circunscribe el poder preventivo a la adopción de medidas en cuatro supuestos específicos, para obtener dos resultados perfectamente delimitados, con lo cual debe desestimarse el argumento según el cual el artículo recurrido es una norma en blanco, que propugna la actuación arbitraria, pues no sólo se encuentran delimitadas las circunstancias que llevarían al juez o jueza agrario a actuar en un determinado sentido, sino que además están preestablecidos los dos objetivos que debe perseguir dicho órgano jurisdiccional con su proveimiento, el cual a todo evento, debe observar el deber de motivación a la que hizo referencia supra y así se declara.

Ciertamente, del análisis de la norma impugnada se evidencia que, el legislador al referirse a la posibilidad de la adopción de la medida “exista o no juicio”, se refiere a que el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento previo, que es justamente la diferencia entre el artículo hoy impugnado y la disposición contenida en el artículo 167 eiusdem.

Lo expuesto evidencia que, tal como señaló la representación de la Procuraduría General de la República, el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, actualmente artículo 207 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario de 2005, recoge una visión axiológica de la función jurisdiccional, que se compadece con el referido carácter subjetivo del contencioso administrativo y con el derecho a la tutela judicial efectiva, contexto en el cual la medida adoptada por el juez o jueza agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual transgresión a los principios de la seguridad agroalimentaria y al derecho a la biodiversidad, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. (Sentencia Nº 962, del 09 de mayo de 2006, Caso: Cervecerías Polar Los Cortijos C.A. y otros., Magistrado Ponente F.A.C.L.. (Subrayado Nuestro).

De la sentencia parcialmente transcrita, en concomitancia con la norma en análisis, a juicio de este Juzgador, resulta concluyente que:

En primer lugar, la norma en comentario, confiere al juez o jueza agrario como garante del mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación, y del aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, principio y derechos fundamentales, consagrados en los artículos 305, 306 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, trasladados (artículo 1) y desarrollados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; un poder para acordar las medidas que estime pertinentes, en el entendido, que tal actuación del juez o jueza agrario se encuentra ciertamente delimitada por el texto normativo.

En segundo lugar, de la norma en comentario se desprenden: Cuales son las situaciones jurídicas objeto de las medidas, así: 1. “la interrupción de la producción agraria” y 2. “La preservación de los recursos naturales renovables”. Los supuestos de peligro que la medida está destinada a contrarrestar, como son: “se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción” y finalmente, los efectos jurídicos, que se traducen en el dictado de medidas pertinente para hacer cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción.

En tercer lugar, medida adoptada por el juez o jueza agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual trasgresión del principio de la seguridad agroalimentaria y al derecho a la biodiversidad, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley.

De ésta manera, advierte la jurisprudencia, que la medida a ser acordada comporta celeridad e inmediatez en su dictado, vale decir, una urgencia, que a nuestro juicio, su graduación esta implícita en las situaciones jurídicas a tutelar, asimismo, son decretadas inaudita parte, quedando el ejerció de la defensa a quien se vea afectado por la misma, a su oposición.

En sustentación con lo arriba señalado, compartimos la afirmación de M.G.S., que “existe una serie de situaciones fácticas en las que se conjuga la mayor dosis de urgencia y la necesidad de prevenir y asegurar derechos o libertades medulares, aquellos que registran reforzada protección constitucional: la vida, la salud, la calidad de ella (…) Las situaciones que plantean estas hipótesis registran la máxima tensión entre el valor eficacia y el valor igualdad de las partes. La balanza se inclina decididamente a favor del primero: la urgencia es extrema, la restricción del contradictorio es inevitable, la calidad de los derechos afectados es evidente y especialísima” (Medidas Autosatisfactivas: La Excepcionalidad de su procedencia. Aproximaciones para su caracterización. P. de su Trámite, Buenos Aires:Argentina, p. 276).

Esta medida conlleva la necesidad de prevenir y asegurar el principio de la seguridad agroalimentaria y al derecho ambiental, consagrados en nuestra carta magna, y vista su fundamental importancia, comportan una gran dosis de urgencia. Muestra de ello, pasamos a ilustrar acerca del principio de la seguridad agroalimentaria, así:

se trata de un cometido estatal el cual se debe lograr en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación, a la población venezolana

. (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 1258 del 31 de julio de 2008).

Así, este principio se encuentra íntimamente unido al de la Soberanía y Seguridad Nacional, a derechos humanos de tercera generación tales como el Derecho al Desarrollo, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, asimismo, al Derecho a la Alimentación que tiene cada ser H. y que pertenece a la clasificación de los derechos humanos de segunda generación.

Importa destacar, que el Sistema Socio Económico de la República Bolivariana de Venezuela, se funda entre otros principios en justicia social, eficiencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la humanidad (Articulo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que precisamente, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en ejecución de parte de los mismo, implanta como su objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, entendido este, como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario…asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones (artículo 1), y a tales fines la ley impone a los Jueces Agrarios el deber de velar por su resguardo, dotándolos de unos poderes para el dictado de las medidas que estime pertinentes en su amparo.

También señala la jurisprudencia, que el procedimiento a aplicar es el consagrado en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, que a juicio de éste Órgano Jurisdiccional, si bien tiene una restricción del contradictorio, toda vez que no prevé una audiencia previa, ello, tiene lugar por la singularidad del bien jurídico tutelado, que resulta evidente y especialísimo, y que impone un pronunciamiento inmediato “urgente, para la inevitable frustración del derecho que habría de devenir si no se considera ya la tutela.

En cuarto lugar, no se refiere a una norma en blanco, que propugna una actuación arbitraria por parte del juez o jueza agrario, toda vez que, se encuentran delimitadas las circunstancias que llevarían al juez o jueza agrario a actuar en un determinado sentido, además están preestablecidos los dos objetivos que debe perseguir dicho órgano jurisdiccional con su proveimiento, el cual a todo evento, debe observar el deber de motivación a la que se hizo referencia supra.

La expresión “debe dictar oficiosamente las medidas pertinentes”, a juicio de este Juzgador, son claros rasgos de consagración de poder discrecional. Y es precisamente, en el marco de estas potestades o poderes, que el juez o jueza agrario cuando su prudencia lo aconseje, podrá fijar un límite temporal a la medida que dicte.

Se observa, que la discrecionalidad en el marco de esta norma, viene dada para interpretar razonablemente y de modo finalista, si se relacionan los presupuestos que la condicionan, principalmente por tratarse de la evaluación de situaciones que configuran conceptos amplios, jurídicamente indeterminados. Asimismo, se encuentra extendida esta discrecionalidad, a la selección de la medidas mas adecuadas –medidas pertinentes- para asegurar la tutela dispensable -evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales renovables-, por lo que, el juez o jueza agrario, podría dictar una medida distinta de la que se propone, o limitarla para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios a quien debe soportarla. Empero, esta discrecionalidad que implica apreciación subjetiva y cierta dosis de flexibilidad, bajo ningún concepto justifica la arbitrariedad, para ello, la decisión debe contener las razones en que sustenta la convicción suficiente del juez.

En quinto lugar, el poder del juez o jueza agrario para la adopción de la medida a objeto de “evitar la interrupción de la producción agraria” y “garantizar la preservación de los recursos naturales renovables”, que se traducen en resguardo de la seguridad agroalimentaria y el derecho ambiental, solo procede en cuatro supuestos específicos de peligro, a saber, “paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción”.

En sexto lugar, al expresar la posibilidad de la adopción de la medida “exista o no juicio”, se refiere a que el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento previo (…). Por lo cual, nos encontramos con medidas que por la naturaleza del bien tutelado, son un fin en si mismo, se agotan con su dictado, toda vez que, no penden de la existencia de un procedimiento previo.

Vale señalar que, exista o no un juicio, el juez o jueza agrario en resguardo de la situación jurídica tutelada por la norma, de oficio o a solicitud de instancia de parte, se encuentra en el “deber” de decretar la medida que estime pertinente para hacer cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. En el entendido, que la Ley impone al juez o jueza agrario el deber de velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación, y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, que constituyen principios y derechos fundamentales, consagrados en los artículos 305, 306 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

iii

Ahora bien, resulta de sobremanera destacar que para el Decreto de las Medidas Autónomas se hace necesario evaluar o hacer un exhaustivo análisis de los requisitos establecidos en el articulo 585 del Código de Procedimiento Civil siendo estos la comprobación de del buen derecho que se busca proteger con la cautelar (fumus boni iuris); y que exista riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) es fundamental profundizar señalando, que sobre el (fumus boni iuris), esto es, que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil, vale decir, que de la apreciación realizada por el sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así lo considere; que exista riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo y que (periculum in mora), es decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante por el retardo en obtener la sentencia definitiva.

En cuanto al primero de los requisitos mencionados, esto es, el fumus boni iuris o la presunción grave del derecho que se pretende, su verificación consiste en apreciar de las actas que conforman el expediente que haya una apariencia de buen derecho, debido a que en el momento en que es acordada la tutela cautelar le está vedado al juez prejuzgar sobre el fondo del asunto controvertido. En efecto, se trata de un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.

Con referencia al segundo de los requisitos, el periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

Adicionalmente, el legislador exige al solicitante, la presentación de un medio de prueba que constituya presunción grave de tales supuestos, ello con la finalidad de proveer al juzgador de los elementos necesarios para obtener un juicio valorativo de probabilidad sobre la pertinencia de lo reclamado y así determinar la procedencia del decreto de la medida solicitada.

Sentado lo anterior, resulta necesario analizar si en el caso de autos la medida cautelar solicitada, cumple con las condiciones legales que determinan su procedencia, por lo cual se hace necesario ilustrar al foro acerca del contenido de la Inspección Judicial practicada por éste Superior Agrario en la Unidad Agropecuaria denominada “LAS DELICIAS”, en fecha del diecinueve (19) de febrero del año 2013, en la cual se dejo constancia de lo siguiente:

…OMISSIS…AL PRIMER PARTICULAR: el Tribunal deja constancia, que se encuentra constituido en la unidad agropecuaria denominada LAS DELICIAS, ubicado en la Parroquia Heras, Municipio Sucre del Estado Zulia, con extensión aproximada de ochocientas diecisiete hectáreas (817 has), con los siguientes linderos: NORTE: originalmente con la hacienda San Isidro, S.T., y el Congo, hoy con el fundo D. y hacienda San Isidro; SUR: con el fundo S.D. que es o fue de V.P. y algunos parceleros; ESTE: hacienda San isidro, fundo agropecuario Belén, intermedio Río Playa Grande y fundo S.D.; y OESTE: mejoras que son o fueron de F.P., P.A. y parceleros.

AL SEGUNDO PARTICULAR: Este Tribunal iniciando el recorrido, deja constancia con el asesoramiento del funcionario experto designado que se encuentra en un lote de terreno con un pasto compuesto de cinco por ciento (5%) de maleza, setenta y cinco (75%) por ciento de T., diez por ciento (10%) de pasto P. y guinea, otro diez por ciento (10%) de estrella, evidenciando la presencia de árboles forestales de la especie: cedro, roble, caoba, saman, cacahuito, del total de extensión del fundo se encuentra cultivada una asociación de maíz con fríjol que abarca una superficie de cien hectáreas (100 has.), las cuales se destinan para la alimentación de los bovinos, se encontraron igualmente doscientos diecisiete (217) potreros, cercado con estantillos de madera y cinco pelos de alambre de púas. En lo referente a la INSFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA AGRICOLA que se encuentra en el fundo se evidencio: dos (2) tractores agrícolas marca M.F., Modelo 298, doble tracción de ciento veinte (120) caballos de fuerza, un (1) tractor agrícola marca M.F., Modelo 4297, doble tracción con pala, de ciento diez (110) caballos de fuerza, un (1) tractor agrícola marca S.D., de 120 caballos de fuerza de doble transmisión en reparación, un (1) tractor agrícola Same Saturno de 80 caballos de fuerza, de doble transmisión, un (1) tractor de oruga Caterpillar, Modelo D6D, una (1) excavadora yumbo J.D.M. 690D, una (1) retroexcavadora, Modelo 310D, un (1) patrol Modelo T8 Caterpillar, dos (2) arados de cuatro (4) discos, dos (2) abonadoras de suelo, una (1) fumigadora marca condorito de cuatrocientos (400) litros de capacidad, una planta eléctrica de sesenta y cinco (65) KVA, serial 00022339, modelo TP60-11, una (1) sembradora-abonadora de cuatro (4) hileras, dos (2) mezcladoras de concreto, dos (2) Rotativas una (1) hidráulica y una (1) de tiro, dos (2) Rastra una (1) hidráulica y una (1) de tiro, tres (3) Picadoras y moledoras de maíz marca Trialum, Modelo Silobolsa, serial A3550-4060, una (1) embutidora, tres (3) rolos de tiro, dos (2) de dos punto ochenta metros (2.80 mts.) y otro de uno punto cuarenta (1.40 mts.), una (1) Romana Digital con capacidad para cinco mil kilos (5000 k), un (1) camión marca Ford 350, modelo 74, un (1) camión marca chevrolet, modelo NPR, tres (3) vagones forrajeros marca JF Modelo 9000; y dos (2) cortadoras repicadoras, marca JF Modelo C-120 continuando el recorrido se encontraron las siguientes instalaciones: VAQUERA LAS DELICIAS, con coordenadas Norte: 1004208, y Este: 255596, con techo de zinc, estructura de hierro, piso de cemento, con una extensión de 30 x 25 metros cuadrados, con una (1) becerrera de estructura de madera y hierro con techo de zinc, una casa principal con coordenadas Norte:1004214 y este: 255675, ocupada por la ciudadana L.L.I.D.B., venezolana, mayor de edad, casada, ganadera, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.931.878 construida con paredes de bloque frisado, piso de caico, techo de placa, cercada por los cuatro costados, por el frente cerca de ciclón y por el fondo de bloque, con tanque para almacenar agua de aproximadamente tres mil (3.000 lts), una (1) casa de obrero, con techo de zinc, paredes de madera, piso de cemento, con coordenadas Norte: 1004165 y Este: 255635, una (1) lechera con techo de placa y piso de cemento, paredes de bloques revestida de cerámica, de 10 x 8 metros, asimismo se evidencio la existencia de seis (6) corrales de los cuales tres (3) con piso de cemento, estructura de hierro, con una medida aproximada de 30 x 30 metros, uno (1) con piso de cemento, estructura de hierro, con una extensión aproximada de 60 x 45 metros, y dos (2) con piso natural y estructura de hierro de 30 x 30 metros, galpón para maquinaria de estructura de hierro y techo de zinc, piso de cemento de 20 x 10 metros, con coordenadas Norte: 1004160 y Este 255660, casa de obrero de estructura de madera, techo de zinc, paredes de bloques frisados, piso de cemento, de 28 x 15 metros aproximados, coordenadas Norte: 1004188 y este 255720, Galpón para implementos, con techo de zinc, piso de cemento, estructura de hierro, de aproximadamente 25 x 15 metros, coordenadas Norte: 1004177 y este: 255698, Deposito para Gasoil con capacidad para diez mil litros (10.000 lts) de estructura de metal, con coordenadas Norte: 1004172 y Este 255710; igualmente se observo media hectárea (1/2 Has.) de cultivo de plátano, VAQUERA SAN LUCAS, con coordenadas Norte 1002948 y Este 255136, con techo de acerolit y asbesto, estructura de hierro, piso de cemento, con comedores lineales de cemento, de aproximadamente de 50 x 30 metros, piso de cemento, cerca perimetral de estructura de hierro de 50 x 30 metros, una (1) casa para obrero, techo de zinc, paredes frisadas, piso de cemento, asimismo se evidencio un área de un cuarto (¼) de Hectárea sembrada de plátano, con un pozo perforado de cuatro pulgadas, con una profundidad de cien (100) metros, coordenadas Norte 1002933 y Este 255122, VAQUERA LA CHINITA, con coordenadas Norte 1004686 y Este 253971, techo de zinc, estructura de hierro, piso de cemento, con comederos lineales, con piso de cemento, con una dimensión de 45 x 25 metros cuadrados, con una casa para obrero, techo de zinc, paredes frisadas, piso de cemento, de 10 x 8 metros cuadrados, y un tanque de cemento con una capacidad para treinta y cinco mil litros (35.000 lts.), VAQUERA SAN RAFAEL, con coordenadas Norte 1005577 y Este 253864, techo de zinc, piso de cemento y estructura de hierro, con una dimensión de 35 x 30 metros cuadrados.

AL TERCER PARTICULAR: El Tribunal deja constancia, previo asesoramiento del funcionario experto designado, que durante el recorrido, se observaron y se inventariaron la cantidad de: Novecientos Noventa y Siete (997) NOVILLOS, Mil Doscientos Cuarenta (1.240) MAUTES, Cincuenta (50) NOVILLAS, Dos (2) TOROS, Noventa (90) MAUTAS y Treinta Cuatro (34) VACAS, que en total suman la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE (2.413) BOVINOS, con un mestizaje predominante de Cebú con P., H., G. y P.S., con marca de hierro ________.

Igualmente se evidenciaron CINCUENTA Y CUATRO (54) EQUINOS. Asimismo la propietaria presento certificado de vacunación de aftosa, rabia, estomatitis triple y protocolo de pruebas de brucelosis y tuberculosis.

Ahora bien, el experto designado destaco que del total de hectáreas (817 has) correspondientes a la unidad agropecuaria, existen cien hectáreas (100) cultivadas de maíz y cumpliendo con el decreto 3.022 de Gaceta Oficial Nro. 35.305, de Suelos y Aguas; una zona protectora del río Playa Grande antes B., ochenta y nueve hectáreas (89 Has.), y un área de instalaciones y muro de cuarenta y dos hectáreas (42 Has.), quedando como área de sustentación de seiscientas ochenta y seis hectáreas (686 Has.), resultan un promedio de carga animal de tres punto cincuenta y uno (3.51) unidad animal por hectárea, Igualmente el experto designado indica que el objeto del fundo es el levante y ceba y la comercialización de silos de maíz sorgo.

Asimismo, el abogado H.B.G., previamente identificado, consigno para ser agregado a las actas de la presente causa, los siguientes documentos: 1) Copia simple de Inscripción en el Registro de Predios expedida por el Instituto Nacional de Tierras, constante de un (1) folio útil, 2) Copia simple de Registro Nacional Agrícola, constante de un (1) folio útil, 3) Copia simple de Registro Nacional de Productores, Asociaciones, Empresa de Servicios, Cooperativa y Organización Asociativas Económicas de Productores Agrícolas, constante de un (1) folio útil, 4) Copia simple de Certificado de Inscripción en el Registro Tributario de Tierras, constante de un (1) folio útil, 5) Copia simple de Planilla de Información Catastral, constante de un (1) folio útil, 6) Copia simple de Registro de Información Fiscal (R.I.F), constante de un (1) folio útil, 7) Copia simple de cedula de identidad, constante de un (1) folio útil, 8) Copia simple del Registro de H., constante de un (1) folio útil, 9) Copia simple de Documento de Sucesión de Únicos y Universales Herederos, constante de veinte (20) folios útiles, 10) Copia simple de Informe Jurídico del Análisis o Estudio de Cadena Titulativa, constante de diecisiete (17) folios útiles, 11) Copia Simple de Cadena Titulativa, constante de veinte (20) folios útiles, 12) Copia simple de Donación hecha al Cafetín ubicado en la UEMPPAT-ZULIA, constante de un (1), 13) Original de Constancia de Donación realizada al Centro de Salud, constante de un (1) folio útil, 14) Original de Constancia Sanitaria, constante de un (1) folio útil, 15) Copia simple de Planilla de Pago de Aporte al Fondo de Ahorro para la Vivienda (FAVU), constante de un (1) folio útil, 16) Copia simple de Certificado Electrónico de Solvencia expedida por el Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS), constante de un (1) folio útil, 17) Copia simple de Comprobante de Inscripción en el Registro Nacional de Aportantes expedida por el INCE, constante de un (1) folio útil, 18) Copia simple de Aval de Residencia expedida por el Consejo Comunal del Sector San Antonio, constante de un (1) folio útil, 19) Copia simple de Constancia Sanitaria, constante de un (1) folio útil, 20) Copia simple de Constancia de Residencia, expedida por el Consejo Comunal de Entrada a S.A., constante de (1) folio útil, y 21) Copia simple de Guías de Movilización, constante de setenta y un (71) folios útiles. Todo con un total de ciento cuarenta y cinco (145) folios útiles...OMISSIS…

De lo citado ut supra, este Juzgado Superior considera que en el presente caso, se evidencia y constata el primero de los requisitos mencionados, esto es, el fumus boni iuris u olor a buen derecho que se pretende, su verificación consiste en apreciar de las actas que conforman el expediente y en el casos de autos, de la inspección realizada en fecha diecinueve (19) de febrero de 2013, que haya una apariencia de buen derecho, consistente en la efectiva producción agropecuaria y el carácter de productora de la ciudadana L.L.I.D.B., previamente identificada, sobre la Unidad de Producción Agropecuaria denominada “LAS DELICIAS”, igualmente identificado. En cuanto a la verificación del requisito del perículum in mora, en lo atinente a la solicitud en estudio, observa el Tribunal que la solicitante fundamenta su procedencia en cualquier posible amenaza que pudiera acaecerse sobre la referida unidad de producción, que pudiera afectar no solo la actividad agraria, sino lo más importante la permanencia de esta productora asentada en el fundo, teniendo que asegurar la continuación de este del trabajo agrario productivo en el lote en cuestión; con lo que se consideran satisfechos los requisitos de perículum in mora y el periculum in damni. ASI SE ESTABLECE.

En el mismo orden de ideas y sobre la base de lo anteriormente esbozado, se puede establecer que es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario el instrumento jurídico que normativo incrementa el poder cautelar general del juez. Así, como se ha señalado según el mencionado y tan referido precepto legal 196, el juez o jueza agrario se encuentra debidamente facultado y obligado por el ordenamiento jurídico a decretar habiendo o no juicio medidas pertinentes, (es decir que se adecuen al caso en concreto) destinadas asegurar la no interrupción de las actividad agraria o desarrollo rural, preservar los recursos naturales renovables, contentivas de ordenes que hagan cesar cualquier amenaza de peligro, daño, destrucción, paralización, ruina o desmejora de las mismas, buscando así el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la República Bolivariana de Venezuela, la protección de la biodiversidad y el medio ambiente. Con fundamento a lo mencionado y a las precitadas normas y dado que éste operador de justicia debe velar por el interés general de la actividad agraria, resulta para éste tribunal evidente que se encuentran presentes los requisitos de procedibilidad para el decreto de la medida, evidenciándose que en la Unidad de Agropecuaria “LAS DELICIAS”, existe actividad agrícola-animal productiva (debidamente constatada por este Despacho, a través de la asesoría del Funcionario Experto Zootecnista designado ciudadano J.T.T., titular de la cedula de identidad N.. V-5.568.373, adscrito al Instituto de Nacional de Salud Agrícola Integral-INSAI), asimismo se infiere que el fundo ostenta la capacidad de llevar a cabo una producción para satisfacer las necesidades alimentarías, consagradas en el Principio de Seguridad Alimentaría establecido en el articulo 305 de nuestra Carta Magna. ASI SE DECLARA.

Ahora bien es necesario para este Juzgador, traer a colación el significado de la SEGURIDAD ALIMENTARIA, como principio social, previsto en nuestra Constitución Nacional, concretamente en su artículo 305 particularmente y en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario como el instrumento jurídico normativo de aplicación preferente en materia agraria y ambiental, deviene del movimiento campesino internacional “Vía Campesina”, el cual se remonta en abril de 1992, cuando varios lideres campesinos de América Central, de Norteamérica y de Europa se fijaron como meta principal el impulsar la solidaridad y la unidad en la diversidad entre organizaciones de pequeños agricultores, para promover relaciones económicas basadas en igualdad y la justicia social, la preservación de la tierra, la soberanía alimentaria y la producción agrícola sostenible, rechazando el modelo neoliberal y buscando establecer así un modelo alternativo de agricultura.

En constituciones como la de Nepal y de Venezuela se han positivizado el concepto de Soberanía Alimentaria (el cual encuentra consigo implícitamente el de Seguridad Alimentaria) que el movimiento campesino elaboró hace unos años en 1996, estableciendo que la alimentación es un derecho humano básico y “todos los pueblos y Estados deben tener derecho a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias” para garantizar la seguridad interna en la materia y el bienestar de su población. La SOBERANIA ALIMENTARIA, significa en las propias palabras de éste movimiento internacional “que los pueblos tiene derecho a producir su comida en su territorio”. ASI SE ESTABLECE.

La Soberanía Alimentaria se centra en la producción de comida y en quienes de hecho trabajan la tierra. Por tanto, la Seguridad Alimentaria, implica garantizar que se produzca una cantidad adecuada de comida accesible a todas las personas, a diferencia de la Soberanía Alimentaria ya que la misma se enfoca en cuestiones como qué comida se produce, dónde se produce, cómo se produce y en qué escala, asegurando “Vía Campesina” que la Soberanía Alimentaria no puede lograrse sin la Seguridad Alimentaria. De ahí que decimos que la Seguridad Alimentaria bajo ningún concepto puede estar apartada de la noción anterior.

Con respecto a la Seguridad Alimentaria vale decir la siguiente frase famosamente expresada en 1992, por K.A. en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “El hambre perpetua la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades”,de lo que se colige que definitivamente contar con el acceso económico y físico alimentos de calidad y altamente nutritivos le permite a una Sociedad y al Mundo avanzar y Desarrollarse, señalando además que aunque se ha querido hacer creer a distintas las poblaciones que la causa del hambre es la escasez de alimentos en el mundo nada es mas alejado de la realidad, porque se producen suficientes cantidades de alimentos en el planeta, sólo que modelos capitalista y neoliberales en sus deseos mercantilistas y puramente económicos se ha alterado en repetidas ocasiones la realidad, distribuyendo de manera desigual los alimentos, lo cierto es que la ONU (FAO) ha establecido que una persona requiere de dos mil doscientas (2.200) calorías diarias mínimas para que el ser humano pueda vivir normalmente, por lo tanto los Estados deben tener como política nacional la satisfacción del derecho de alimentos y lograr simultáneamente, que la ingesta de alimentos en la población sea lo suficiente y altamente nutritiva, que pueda alcanzar estos niveles de calorías diarias mínimas. ASI SE ESTABLECE.

El derecho a la alimentación es un derecho fundamental entendido entonces por la doctrina desarrollada por el autor R.Z.Z. en su obra “Derecho Agrario, N.D.”, que el derecho a la Seguridad Alimentaria es un derecho de solidaridad perteneciente a los derechos humanos de tercera generación, con impacto en los pueblos, los grupos y las personas, con profundo sentido económico y social, pues ha sido concebida para la adecuada protección de la vida, la salud y la seguridad de las personas, los alimentos vegetales y animales y el medio ambiente. “Consiste en la disponibilidad de alimentos en todo momento, del acceso de todas las personas a ellos, los cuales deben ser nutricionalmente adecuados en términos de cantidad y variedad, además culturalmente aceptables por la población” ASI SE ESTABLECE.

Históricamente el tema de la Alimentación ha tenido una larga y profunda discusión y atención no solo jurídica sino social, económica, política y hasta cultural, así pues el concepto de SEGURIDAD ALIMENTARIA, surge en la década del setenta (70), basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años ochentas (80), se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico y en la década de los noventa (90), se llegó al concepto actual o moderno que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria como un derecho humano.

En tal sentido la Seguridad Alimentaria es entendida según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP) como “un estado el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”. También es posible destacar la aproximación conceptual que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y al Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, “la Seguridad Alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tiene acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”

Desde este punto de vista, habiendo delineado algunas concepciones sobre la Seguridad Alimentaria, del mismo se desprenden varias características o componentes a saber tales como. a) Disponibilidad, es decir que puedan disponer de los alimentos, tomando en cuenta la producción, las importaciones, el almacenamiento, incluso las pérdidas postcosechas y las exportaciones etc. b) Estabilidad, lo que se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de carácter cíclico o estacional, a menudo asociadas a las campañas agrícolas, tanto por falta de producción de alimentos en momentos determinados del año, como el acceso a recursos de las poblaciones asalariadas dependientes de ciertos cultivos, c) Acceso y Control, referido precisamente a que se pueda acceder a los medios de producción y a los alimentos disponibles en el mercado y finalmente; d) Consumo y Utilización Biológica, el consumo referido a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y a las preferencias alimentarias, inclusive a la inocuidad de los alimentos. Y en relación a la Utilización Biológica está relacionada con el estado nutricional, como resultado del uso individual de los alimentos (ingestión, absorción y utilización).

En el nuevo orden jurídico, el Estado Venezolano preceptúa en la Carta Fundamental debe garantizar el Derecho a los Alimentos por lo que, la Seguridad Alimentaria tal como lo preceptúa el articulo 305 de la misma, se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, siendo la producción de alimentos de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la nación. Por lo cual si no se establecen las medidas o correctivos necesarios se generaría inclusive una inseguridad alimentaria tan extrema que podría considerarse como un atropello a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, por no garantizarles el acceso a los alimentos en cantidad y calidad, eficiencia, eficacia, con pertinencia social, oportunidad, culturalmente aceptados, altamente nutritivo, etc. ASI SE ESTABLECE.

La Cuestión Agroalimentaria en Venezuela a conducido a que el legislador venezolano preocupado y comprometido con el proyecto revolucionario, de lograr un Desarrollo Rural Sustentable, un Desarrollo Económico del Sector Agrícola y en fin, un Desarrollo Humano integral, construya apreciables instrumentos jurídicos, destinados a la protección y cumplimiento de la Seguridad y Soberanía Alimentaria como derechos sociales indispensables para la concreción de los mas altos fines del Estado, tales como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y también la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria publicada en gaceta oficial extraordinaria Nº 5.889 del treinta y uno (31) de julio de 2008 según Decreto Nº 6.071 del catorce (14) de mayo de 2008 en el cual en su articulo 3 y articulo 5 respectivamente se definen los principios sociales de Soberanía y Seguridad Alimentaria de la siguiente manera:

Articulo 3: “La Soberanía agroalimentaria es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias especificas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizado el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población…”

Articulo 5: “La seguridad agroalimentaria es la capacidad efectiva que tiene el estado, en correspondencia con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento especial que garantiza el derecho a la alimentación…”

De lo anterior se desprende que, efectivamente el legislador venezolano ha querido estimular la producción de alimentos en armonía con el plan nacional en materia alimentaria, entendiendo que el Derecho de Alimentos de las personas configura un derecho humano fundamental. Asimismo, que el Estado venezolano tiene la competencia (es decir no sólo la facultad sino la obligación) de definir sus propias políticas agrarias que permitan autoabastecerse fomentando el crecimiento de la economía en el sector rural y el desarrollo rural sustentable y sostenible. Incluso es oportuno destacar que parte de éstas políticas para enfrentar el desafío alimentario y nutricional de la población venezolana, se destaca la presencia de los Mercados socialistas como “MERCAL, PDVAL, HIPERMERCADOS BICENTENARIOS”, jugando un rol fundamental en la definición del sistema agroalimentario del país, y como una respuesta audaz, ambiciosa y eficaz a los problemas de seguridad alimentaria que existían mucho antes de la gestión del actual gobierno. Considerando entonces que el hambre es inaceptable en éste siglo, por lo que cual insiste éste J.A. que en la presente causa, se vislumbran éstos principios o soportes sociales que en correspondencia a los preceptos jurídicos son derechos sociales, que el Estado conjuntamente con sus órganos y entes debe hacer cumplir, y que en aquellos casos en los cuales se pueda ver vulnerados, trasgredidos o lesionados, está constreñido a su vez a garantizarlos mediante la aplicación de las medidas y decisiones que de acuerdo a sus conocimientos, lógica, máximas de experiencia, su hermenéutica jurídica considere pertinente para hacer cesar o evitar un daño real y efectivo a los derechos de la población, entre los que resaltan el derecho a la alimentación, a la salud, a un ambiente sano etc. ASI SE ESTABLECE.

Por lo que, definidos los elementos características o rasgos que identifican a la SEGURIDAD ALIMENTARIA, y que como se mencionó, su concurrencia es definitiva para el cumplimiento del derecho que tienen todas las personas a contar ininterrumpidamente al acceso físico y económico con alimentos de elevada calidad, sanos, nutritivos, inocuos e incluso culturalmente aceptados, lo son la “Disponibilidad, la Estabilidad, Acceso y Control, Consumo y Utilización Biológica”; es totalmente verificable para este Juzgador, al realizar la inspección judicial de fecha diecinueve (19) de febrero de 2013 (como se explico anteriormente), que la Unidad de Producción Agropecuaria denominada “LAS DELICIAS”, se encuentra totalmente productiva, con una actividad agrícola-animal, cumpliendo con lo estipulado en el articulo 305 de nuestra Carta Magna. ASI SE ESTABLECE.-

En consecuencia, en virtud de los fundamentos previamente expuestos, éste Juez Superior Agrario a los fines de cuidar el cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y demás leyes o normativas jurídicas del ámbito Agrario y Ambiental que tengan relación con la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria de la Nación, observa que la norma contenida en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es imperativa, en consecuencia obliga a éste Juzgado a declarar CON LUGAR la solicitud de MEDIDA AUTONOMA DE PROTECCION A LA ACTIVIDAD AGRARIA, para evitar la interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, sobre la Unidad de Producción Agropecuaria denominada “LAS DELICIAS”, ubicada en la Parroquia Heras, Municipio Sucre del Estado Zulia, con una extensión aproximada de ochocientas diecisiete hectáreas (817 has), con los siguientes linderos: NORTE: originalmente con la hacienda San Isidro, S.T., y el Congo, hoy con el fundo D. y hacienda San Isidro; SUR: con el fundo S.D. que es o fue de V.P. y algunos parceleros; ESTE: hacienda San isidro, fundo agropecuario Belén, intermedio Río Playa Grande y fundo S.D.; y OESTE: mejoras que son o fueron de F.P., P.A. y parceleros, desplegada por la ciudadana L.L.I.D.B., venezolana, mayor de edad, ganadera, casada, titular de la cedula de identidad N.. 3.931.878, domiciliada en el Municipio Sucre del Estado Zulia. La presente medida tendrá vigencia por un lapso de CUARENTA Y OCHO (48) meses. ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVO

Por todos los fundamentos legales este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Maracaibo y con competencia en el Estado Falcón, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley decide:

SE DECRETA MEDIDA AUTONOMA DE PROTECCION A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ANIMAL consistente en LEVANTE Y CEBA DE GANADO, desplegada por la ciudadana L.L.I.D.B., venezolana, mayor de edad, ganadera, casada, titular de la cedula de identidad N.. 3.931.878, domiciliada en el Municipio Sucre del Estado Zulia, sobre la Unidad de Producción Agropecuaria denominada “LAS DELICIAS”, ubicada en la Parroquia Heras, Municipio Sucre del Estado Zulia, con una extensión aproximada de OCHOCIENTAS DIECISIETE HECTÁREAS (817 HAS), con los siguientes linderos: NORTE: originalmente con la hacienda San Isidro, S.T., y el Congo, hoy con el fundo D. y hacienda San Isidro; SUR: con el fundo S.D. que es o fue de V.P. y algunos parceleros; ESTE: hacienda San isidro, fundo agropecuario Belén, intermedio Río Playa Grande y fundo S.D.; y OESTE: mejoras que son o fueron de F.P., P.A. y parceleros; con un periodo de vigencia, de CUARENTA Y OCHO (48) MESES.

Se Ordena notificar por oficio del presente fallo acompañado de las respectivas copias certificadas al Presidente del Instituto Nacional de Tierras, para lo cual se ordena comisionar al Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas, librando el correspondiente despacho con oficio; se ordena notificar a la Oficina Regional del Instituto Nacional de Tierras de la Zona Sur del Lago con sede en la población de Santa Bárbara del Zulia, de igual forma se ordena la notificación de la Comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana, 3era Compañía, Destacamento de Fronteras Nro. 32, con sede el Batey Municipio Sucre del Estado Zulia, así como al Destacamento 32 de la Guardia Nacional Bolivariana (Core 3) con sede en la población de Santa Bárbara, municipio Colón, igualmente se ordena la notificación de las fuerzas de seguridad, esto es Comando Regional 3 de la Guardia Nacional Bolivariana (CORE 3), Primera División de Infantería y Guarnición Militar, así como a la Policía Regional del Estado Zulia. Debido a que la presente medida es vinculante para todas las autoridades públicas en acatamiento del principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, y su incumplimiento pudiera ser considerado como desacato a la orden impartida por este Juzgado.

Se fija como oportunidad para oponerse a las presentes medidas, el tercer (03) día de despacho siguiente a la notificación de la presente medida, de conformidad con lo establecido en sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha nueve (09) de mayo de 2006, N.. 962, caso C.P. Los Cortijos, que ordena la sustanciación de la presente medida, conforme a el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, apercibiéndole que se le garantizará el derecho a la defensa y al debido proceso.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

D. copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de los Ordinales 3° y 9° del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a al primer (01) día del mes de marzo de dos mil trece (2013). Años: 202º de la Independencia y 154º de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR AGRARIO,

ABOG. I.I.B. GONZALEZ

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

T.S.U MARILETH LUNAR MORINELLY

En la misma fecha, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 682 se expidió la copia certificada a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencias llevado por éste Juzgado.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

T.S.UM.L.M.