Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 27 de Abril de 2015

CULMINACIÓN

El presente contrato de servicios profesionales, tiene una duración aproximada (…) para ejecutar la obra llamada “Remodelación del Circulo Militar de Mamo”, por lo que al culminar la obra se entenderá culminado el presente contrato por servicios profesionales.

Como las fechas de ejecución de servicio son aproximadas LAS PARTES entienden que el presente contrato puede extenderse hasta la culminación del servicio ofrecido POR EL CONTRATADO.

(…)

DECIMA TERCERA DISPOCIONES FINALES.

Queda expresamente entendido que LAS PARTES no tienen ninguna relación o conceptos laborales o de otra especie que deberse o reclamarse, anteriores a la fecha de inicio de este contrato, y si los hubiere por cualquier motivo conocido o no, LAS PARTES se otorgan en este acto y en forma reciproca, un total, cabal y absoluto finiquito. LAS PARTES expresamente convienen y reconocen que si alguna oración, sección o Cláusula contenida en el presente contrato fuere declarada por cualquier autoridad administrativa o judicial, como inválida, nula, o de no obligatorio cumplimiento, dicha declaratoria no afectará ni invalidará, ni anulará, ni impedirá, la exigibilidad del cumplimiento de la parte restante de la oración, sección o Cláusula y/o de la totalidad del presente contrato. EL CONTRATADO declara que ha leído cuidadosamente el presente contrato y en especial en todo lo referido a los honorarios, forma de pago, y obligaciones del contrato…”; por lo que, se le concede valor probatorio conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales cursantes a los folios 89 y 90 de la pieza Nº 1, de la cual se evidencia contrato relacionado con la empresa Grupo Zonemar, C.A. (representada por el ciudadano V.Z. en su condición de presidente), y el ciudadano R.L.; que se valora conforme a la sana critica, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documental cursante al folio 77 de la pieza Nº 1, de la cual se evidencia copia simple de la cedula de identidad del ciudadano M.a.; la cual de conformidad a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se desecha por no aportar nada al hecho controvertido. Así se establece.-

Promovió documentales cursantes a los folios 78 al 83 de pieza Nº 1, de la cual se evidencia consulta de movimientos de cuenta bancaria Nº 01020128460000138066, a nombre del ciudadano Aguilera R.M.J., del Banco del Venezuela, banco de capital Estatal, en el periodo correspondiente al 01/01/2014 al 29/04/2014; la cual fue impugnada durante el desarrollo de la audiencia oral de juicio por las representantes judiciales de las partes codemandadas por ser copia simple; no obstante, se valoran conforme a la sana critica, y de acuerdo a lo previsto en los artículos 9,10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

De la prueba de testigos.

Promovió la testimonial de los ciudadanos Mirbia Y.A., A.M.A., C.Y.V. y Jocsen M.M., titulares de la cédula de identidad Nº 14.855.163, 20.074.404, 19.0189.224 y 25.835.926, respectivamente; quienes no se hicieron presentes al momento de su evacuación, por lo que no hay materia sobre la cual pronunciarse. Así se establece.

Pruebas de la parte codemandada Grupo Zonemar C.A.

Promovió documentales cursantes a los folios 99 al 108 de la pieza Nº 1, relacionadas con registro de comercio de la referida sociedad mercantil, del cual se desprende que sus accionistas son los ciudadanos V.M.Z.D. y M.F.d.Z., siendo que su objeto es la explotación del ramo de la construcción; copia de Registro de Información Fiscal (RIF) y copia de horario de trabajo; por lo que, se le concede valor probatorio conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

De la pruebas de informes.

Solicitada a la entidad financiera Banco de Venezuela, cuyas resultas rielan a los folios a los folios 28 al 72 de la pieza Nº 2, los cuales serán valoradas infra. Así se establece.-

Pruebas promovidas por la empresa Constructora Mandalas, C.A.

Promovió documentales cursantes a los folios 126 al 136 de la pieza Nº 1, relacionadas con registro de comercio de la referida sociedad mercantil, del cual se desprende que sus accionistas son los ciudadanos V.M.Z.D. y M.F.d.Z., siendo que su objeto es la explotación del ramo de la construcción y copia de Registro de Información Fiscal (RIF); por lo que, se le concede valor probatorio conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documental cursante al folio 137 de la pieza Nº 1, relacionadas con “LISTADO DE PERSONAL”, con fecha 15/11/2013, de la empresa Constructora Mandalas, C.A., de las cuales se constata las siguientes personas: V.Z., M.N., A.Z., Ricardo Iranzo, Fernando Rivas, W.V., K.M., F.O., J.N., M.D., C.M., Wilgen de Oliveira y Joaquín da Silva; la cual vulnera el principio de alteridad de la prueba, por lo que carece valor probatorio conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales cursantes a los folios 138 al 142, 176 al 178 de la pieza Nº 1, de la cual se evidencia comunicaciones dirigidas a la empresa “Constructora Mándalas, C.A. Atención: Sr. V.Z.”, por parte de los ciudadanos J.F. y M.A., en fechas 01/10/2013 y 08/10/2013; respuestas de fechas 04/10/2013, suscritas por el ciudadano V.Z., en su carácter de director de la empresa Constructora Mandalas, C.A., a la comunicación enviada por los referidos ciudadanos, en fechas 01/10/2013; y contratos relacionados con la empresa Constructora Mandalas, C.A., (representada por el ciudadano V.Z. en su condición de presidente), y codemandante in comento; las cuales también fueron promovidas por la parte demandante y valoradas supra. Así se establece.-

Promovió documentales cursantes a los folios 143 al 145, 152, 159, 160, 167, 168, 174, 181, 182, 189, 190, 197 y 198 de la pieza Nº 1, de la cual se evidencia copia simple de facturas membretadas con el nombre de “Jorge Luis Figueroa Aguilera”, “Andrys J.S.”, “A.R.”, “L.G.A. Aguilera”, “Johan José Caraballo”, “Miguel Jose Aguilera Caraballo”, “Henyerber Rafael Figueroa Rodriguez”, “Ronny Jesús Lyon López”, dirigidos a la empresa Constructora Mándalas, C.A.; por lo que, se valoran conforme a la sana critica, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales cursantes a los folios 147 al 149, 154, 155 , 156, 162 al 164, 169 al 171, 192 al 194 de la pieza Nº 1, de la cual se evidencia comunicaciones dirigidas a la empresa “Constructora Mándalas, C.A. Atención: Sr. V.Z.”, por parte de los ciudadanos Andris Subero, A.R., Á.R., L.G.A., J.C., Henyerber Figueroa, R.L., en fechas 01/10/2013 y 08/10/2013; de la cual se desprende que los referidos ciudadanos ofrecen sus servicios, por tanto, se valoran conforme a la sana critica, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales cursantes a los folios 150, 151, 157, 158, 165, 166, 172, 173, 187 y 188 de la pieza Nº 1, de la cual se evidencia, contrato suscrito entre la empresa Constructora Mandalas, C.A. (representada por el ciudadano V.Z. en su condición de presidente), y los ciudadanos Andris Subero, A.R., L.G.A., J.C. y Henyerber Figueroa, por tanto, se valoran conforme a la sana critica, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documental cursante al folio 153 de la pieza Nº 1, de la cual se evidencia copia simple de Registro de Información Fiscal (RIF) ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) del ciudadano Andrys J.S.; por tanto, al no aportar nada al hecho controvertido, se desecha, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Promovió documentales cursantes a los folios 195 y 196 de la pieza Nº 1, de la cual se evidencia, contrato suscrito entre la empresa Grupo Zonemar, C.A. (representada por el ciudadano V.Z. en su condición de presidente), y el ciudadano R.J.L., la cual también fue promovido por la parte demandante y valorada supra. Así se establece.-

De la pruebas de informes.

Solicitada a la entidad financiera Banco de Venezuela, cuyas resultas rielan a los folios 28 al 72 de la pieza Nº 2, de la cual se constata movimientos en cuentas corrientes, pertenecientes a los ciudadanos J.F., A.S., J.C., R.L., M.J.A., Henyerber Figueroa y A.R., respectivamente, en los periodos de la cual se constata: 1. Que “…no se evidencia abonos de transferencias realizadas por parte de la Sociedad Mercantil Constructora Mandalas, C.A.…”, 2. Que el ciudadano L.A., “…No mantiene cuentas activas con la institución…” ; y, 3. Que “…efectivamente recibieron transferencias realizadas por la sociedad mercantil Grupo Zonemar C.A. …” los ciudadanos: M.J.A., en fecha 28/11/2013, por la cantidad de Bs. 110.950, 00; en fecha 05/12/2013, por la cantidad de Bs. 77.750, 00; en fecha 20/12/2013, por la cantidad de Bs. 111.800, 00; en fecha 26/12/2013, por la cantidad de Bs. 11.200, 00; en fecha 05/01/2014, por la cantidad de Bs. 5.000, 00; en fecha 02/07/2014, por la cantidad de Bs. 56.000, 00; en fecha 14/02/2014, por la cantidad de Bs. 34.000, 00 y en fecha 28/02/2014, por la cantidad de Bs. 16.000,00; Henyerber Figueroa, en fecha 28/11/2013, por la cantidad de Bs. 4.200, 00; en fecha 05/12/2013, por la cantidad de Bs. 3.000, 00; en fecha 13/12/2013, por la cantidad de Bs. 5.400, 00; en fecha 20/12/2013, por la cantidad de Bs. 6.600, 00; en fecha 26/12/2013, por la cantidad de Bs. 2.800, 00; en fecha 07/02/2014, por la cantidad de Bs. 7.200, 00; en fecha 14/02/2014, por la cantidad de Bs. 4.800, 00; en fecha 21/02/2014, por la cantidad de Bs. 2.000, 00; en fecha 28/02/2014, por la cantidad de Bs. 2.000,00 y en fecha 14/03/2014, por la cantidad de Bs. 2.000,00, y, A.R., en fecha 20/12/2013, por la cantidad de Bs. 6.600, 00 y en fecha 07/02/14, por la cantidad de Bs. 7.200, 00; por lo que, se le concede valor probatorio conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

De la prueba de testigos.

Promovió la testimonial de los ciudadanos H.O.S. y Joaquin da Silva, titulares de la cédula de identidad Nº 9.484.559 y 6.890.821, respectivamente; quienes no se hicieron presentes al momento de su evacuación, por lo que no hay materia sobre la cual pronunciarse. Así se establece.

Otras pruebas.

Vale señalar que la parte codemandada (Constructora Mandalas, C.A.) consignó mediante diligencia de fecha 07/04/2015 (ver folios 170 al 178 de la pieza Nº 2) instrumentales relacionadas con las documentales cursantes a los folios 159, 160, 174, 189 y 190, de la pieza Nº 1, de la cual se evidencia originales de recibos membretado con el nombre de ““José Rodríguez”, “José Caraballo”, y “Henyerber Rodríguez”, las cuales son presentadas de forma extemporánea, no obstante, las mismas fueron presentadas en copias simple siendo valoradas supra, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Consideraciones para decidir.

Previo.

Ahora bien, visto que la abogada C.D., en su condición de representante judicial de los ciudadanos M.F.N.d.Z. y V.Z. (partes codemandadas apelantes), quien manifestó durante el desarrollo de la audiencia oral ante esta alzada que desistía del recurso de apelación interpuesto, es por lo que, dada la manifestación in comento, y revisados como han sido los extremos legales, a saber, la facultad para desistir de la apelación por parte de la precitada abogada, la cual de forma expresa cursa a los autos (ver folios 51 al 56 de la pieza Nº 1), se indica, tal como se hará en la parte dispositiva del presente fallo, que se homologan los desistimientos planteados, condenándosele en costas de conformidad con lo previsto en el articulo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.-

Así mismo, vale señalar que los accionantes J.F., A.S., A.R., L.A., J.C., Henyerber Figueroa y R.L., con posterioridad a lectura del dispositivo oral del fallo, realizaron acuerdos transaccionales, los cuales fueron debidamente homologados por esta alzada, en fechas 24 y 27 de abril de 2015, por lo que respecto a los precitados ciudadanos no hay materia sobre la cual pronunciarse, en razón de lo expuesto precedentemente. Así se establece.-

Pues bien, entrando en materia, respecto a los accionantes que no transaron con las codemandadas, a saber, Justavo Cabrera, M.A. y Á.R., vale la pena resaltar que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido de manera reiterada que “…con respecto a la distribución de la carga de la prueba en los procesos en materia laboral:

1°) El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió al trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

(…).

3°) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral. Es decir, es el demandado quién deberá probar la improcedencia de los conceptos que reclama el trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor.

4°) Se tendrán como admitido aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, que el demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

5°) Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor…”.

Por su parte, el articulo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece: “…Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal...”. Así se establece.-

Por su parte, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece en sus artículos 9 y 10, lo siguiente:

Artículo 9. Cuando hubiere duda acerca de la aplicación o la interpretación de una norma legal o en caso de colisión entre varias normas aplicables al mismo asunto, se aplicará la más favorable al trabajador. En caso de duda sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas, se aplicará igualmente la que más favorezca al trabajador. La norma adoptada se aplicará en su integridad.

Artículo 10. Los Jueces del Trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sana crítica; en caso de duda, preferirán la valoración más favorable al trabajador.

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Así mismo, la Sala de Casación Social en sentencia N° 818 de fecha 26 de julio de 2005, señaló respecto a la regla de valoración de las pruebas que “…bajo el imperio de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual establece en su artículo 10 que la regla de valoración de las pruebas es el de la sana critica conforme al cual, los juzgadores tienen libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de experiencias, que sean aplicables al caso, siendo criterio de la Sala que la valoración de los medios probatorios por la sana crítica se aplica en la jurisdicción laboral a todo tipo de medio probatorio, aún cuando tenga asignada una tarifa legal en otras leyes, como ocurre por ejemplo con la prueba de instrumento público y privado (1359-1363 del Código Civil)…”.

Las codemandadas apelantes, fundamentalmente, señalaron que negaban la existencia de una relación laboral con los ciudadanos Justavo Cabrera y Á.R., y reconoce la existencia de una relación pero de tipo civil con el ciudadano M.J.A., lo cual no fue acordado por el a quo; que no se consignó documento acerca de la prestación de servicios de los referidos accionantes para con su representada; que su representada consignó facturas por honorarios profesionales y un documento administrativo que fue consignado en el desarrollo de la audiencia oral de juicio, que guarda relación con planilla emanada del Seguro Social, siendo que las mismas están vinculadas con el ciudadano M.J.A., de la cual se demuestra la prestación de los servicios de manera simultanea para la empresa consorcio Enimet y el grupo de empresa Mandalas, C.A., solicitando se verifique este punto; que de la declaración de partes, se les atribuyó el carácter de trabajadores a los accionantes; que no se encuentra a los autos ningún tipo de estado financiero para que pudiera establecer que una empresa dependía económicamente de otra ni la existencia de un grupo de empresas entre la sociedad mercantil Constructora Mándalas, C.A., y el Grupo Zonemar, C.A.; que en relación al establecimiento de la antigüedad se obvio totalmente el tiempo especificado en los contratos y las comunicaciones en las cuales se detallaba el tiempo de los labores del ciudadano M.J.A., de cinco meses; que el a quo otorgó el pago por concepto de asistencia puntual y perfecta por todos los meses demandados, sin motivación alguna, toda vez que para poder otorgarse este concepto previsto en la convención colectiva de trabajo, en su decir son los propios actores quienes deben demostrar estas condiciones, a saber: asistencia por todos los días calendario y en segundo lugar que sea puntual (hora de entrada estipulada por la partes); que se estableció que los accionantes fueron despedidos de manera injustificada, otorgando la indemnización prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, obviando los contratos, comunicaciones y demás pruebas cursantes en autos, toda vez que se demostró la duración de los contratos “prestación de los servicios”, siendo que asimismo los accionante en su libelo de demanda establecen como fecha de los despidos el mes de marzo de 2014, que coincide con las fechas establecidas en los contratos y comunicaciones; que se otorgo del bono de alimentación, sin evidencia de cuales fueron los días laborados si se llegare a considerar que hubo una relación laboral; que hay silencio de pruebas, toda vez que la recurrida hizo un análisis sobre la ”semana de fondo” y la costumbre en el área de la construcción, indicando que lo “que suele pasar es que la primera semana de trabajo no se paga al momento, si no que se cancela cuando finaliza la relación de trabajo”, alega dicha representación que en el presente caso, se obvio de las probanzas “facturas por concepto de honorarios profesionales” que este concepto si se llegare considerar que existió una relación laboral, este concepto fue efectivamente pagado y por tanto no debió ser condenado; que se incurre en ultrapetita, toda vez que se desconoce las razones por la cual se otorgó lo previsto en la cláusula 48 de la convención colectiva de trabajo, relativa a una indemnización por retardo de pago de las prestaciones sociales y digo concepto no fue peticionado en el libelo de la demanda, solicita sea verifique esta condena; que existen concepto condenados contrarios a derecho, a saber: a) preaviso: que en cuanto a este punto, se conoce que la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, derogó este concepto contenido en la Ley Orgánica del Trabajo (derogada); b) Dotación de botas y bragas, toda vez que la convención colectiva de trabajo, solamente establece que se debe cumplir con la dotación en los términos previsto en la misma, sin establecer indemnización alguna por la falta o no entrega de este tipo de dotación; c) “semana de fondo”; D). Bono por asistencia perfecta, toda vez que los accionantes no cumplieron con la carga de la prueba, siendo que no se comparte lo establecido en la sentencia recurrida toda vez que se condenó la cantidad demandada, sin justificación alguna, pide su verificación; por todo lo anterior solicita se declare con lugar su apelación, se revoque la decisión apelada.

En lo que se refiere a la unidad económica o grupo de empresas existente entre las personas jurídicas demandadas y la responsabilidad solidaria de los accionistas, vale señalar que al ser las codemandadas controladas por un mismo sujeto, tener los mismos accionistas, realizar el mismo objeto y tener una administración común, tal como lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en sentencia N° 903 de fecha 14/05/2004, se configura un grupo de empresas, como ocurre en el caso de autos, siendo que además de acuerdo a la previsión establecida en el artículo 151 de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, la cual da por sentado que, probado como haya sido el carácter de socios o accionistas de las personas naturales que crean la persona jurídica demandada como patrono directo, éstos responden solidariamente por las obligaciones contraídas por las precitadas sociedades Mercantiles (facilitando así el cumplimiento de las garantías salariales), siendo que, por tanto, deben responder solidariamente por las obligaciones contraídas, ver sentencia N° 1365, de fecha 17/10/2014, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se establece.-

Ahora bien, analizadas como han sido las circunstancias de tiempo, modo y lugar acontecidas en el presente asunto, en especial, la forma como se trabó la litis, se observa que la demandada Sociedad Mercantil Constructora Mandalas, en la contestación de la demanda, señaló que los ciudadanos in comento no tenían relación laboral con ellos, sino que la misma fue netamente civil, aduciendo que ello se verificaba de las distintas comunicaciones realizadas entre las partes, lo que al adminicularse con el material probatorio cursante a los autos, en especial de los accionantes M.A. y Á.R., evidencian que los mismos prestaron servicio personales y remunerados para las codemandadas, implicando ello que operara la presunción de laboralidad prevista en el artículo 53 de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, la cual no fue desvirtuada con pruebas conducentes y fehacientes por las codemandadas, pues de autos se observa que los actores remitieron y recibieron comunicaciones en las cuales se afirma que no eran trabajadores subordinados de la parte codemandada, sin embargo, al ponerse en marcha dicho principio, a su vez arreció la carga probatoria de la demandada, ello conforme a los principios de la realidad sobre las formas o apariencias y de irrenunciabilidad de los derechos laborales, es decir, las comunicaciones por si sola no enervan la cualidad de trabajadores de los actores para con la parte codemandada, siendo que tampoco quedo evidenciado que los actores prestaran servicios en otros centros de construcción inmobiliaria distintos a los codemandados, ni quedó evidenciado que los actores fueran profesionales, que atendieran clientes propios, establecieran tarifas, que tuvieran personal, oficinas propias, ni fue probado que prestaran servicios con palas, taladros, guantes, bragas, escaleras, cascos, cernideros, espátulas, carretillas, niveladores, costeados con dinero de su patrimonio, es decir, las codemandadas no probaron que los actores prestaran servicios en una jornada flexible, que pudieran entrar y salir, según su conveniencia y determinación. Así se establece.-

Mientras que respecto al ciudadano Justavo Cabrera, vale señalar que de autos no se constata prueba alguna que demuestre que tuvo vínculo alguno con las codemandadas, por lo que se declara la improcedencia de la demanda, incoada por el precitado ciudadano. Así se establece.-

Pues bien, respecto al establecimiento del tiempo de antigüedad, el pago por concepto de asistencia puntual y perfecta y de la indemnización por despido en el artículo 92 de la prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (en este ultimo caso solo acordado por el a quo para el accionante Á.R.), el otorgamiento del bono de alimentación y la semana de fondo, se declara la improcedencia de estos pedimentos, toda vez que de acuerdo a lo previsto en el artículo 72 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, era una carga procesal de la demandada traer a los autos la prueba del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo, lo cual no hizo, amen que de acuerdo a la forma como contestó la demanda, en especial lo argüido para dar por concluido el vinculo que las unió con los accionantes, implica que laboralmente ello conlleve a un despido injustificado. Así se establece.-

Donde si le asiste el derecho, al apelante, es respecto a la condenatoria de la indemnización por retardo de pago de las prestaciones sociales prevista en la cláusula 48 de la convención colectiva de trabajo, toda vez que la misma es un hecho nuevo que no fue peticionado, por lo que se declara la procedencia de la apelación respecto a este punto; igualmente se declara la procedencia de la apelación respecto a lo condenado por concepto de preaviso y dotación de botas y bragas, toda vez que las indemnizaciones acordadas por el a quo carecen de base legal que las sustente. Así se establece.-

Así las cosas, dado lo decidido por el a quo, así como lo resuelto anteriormente por esta Alzada y en atención a la forma como fue circunscrita la apelación y al principio de la no reformatio in peius, se tiene por cierto o reconocido válidamente en derecho, además de lo resuelto supra, lo decidido por el a quo que ha quedado confirmado, en virtud de la presente decisión, cuya transcripción en su parte esencial, de seguida se reproduce:

Que “…de autos tenemos que CONSTRUCTORA MANDALAS CA., tiene como objeto todo lo relacionado con la rama de la construcción de todo tipo de inmuebles, sean locales comerciales, viviendas, edificios, obras de plomería, electricidad, pintura, concreto asfaltado. Sus fundadores y accionistas son los codemandados V.M.Z.D. y M.D.F.D.Z.. Por su parte GRUPO ZONEMAR C.A., también tiene como accionistas a los codemandados V.M.Z.D. y M.D.F.D.Z., su objeto esta relacionado con el área de la construcción. Las codemandadas funcionan conjuntamente, en equipo, existe una integración económica. No consta en autos que GRUPO ZONEMAR CA contara con una fuente de lucro distinta ni independiente a la que le aportaba la CONSTRUCTORA MANDALAS CA.

Por todo lo anterior se concluye que la CONSTRUCTORA ZONEMAR CA y GRUPO MANDALAS CA constituyen una UNIDAD ECONÓMICA. En consecuencia, se establece que responden solidariamente frente a las acreencias laborales de los actores….”. Así se establece.-

Que “…el articulo 151 de la LOTTT, establece que los accionistas responderán solidariamente a los efectos de facilitar el cumplimiento de las garantías salariales. En consecuencia, resultan procedentes los reclamos de los actores en contra de las personas naturales accionadas….”. Así se establece.-

Que “…Los actores firmaron contratos y remitieron comunicaciones en las cuales afirman que no eran trabajadores de la parte codemandada. Ello, por si solo no excluye la existencia de jornada, salario, dependencia, subordinación, exclusividad. Esos contratos definidos por las codemandadas como civiles y las comunicaciones referidas a ellos, no enervan la cualidad de trabajadores de los actores de la parte codemandada.

Los actores prestaron servicios personales, es decir, intuito personal, no consta que pudieran delegar sus funciones en otras personas.

Eran servicios cancelados regularmente, con dinero, disponible, que ingresaba directamente al patrimonio de los actores, que incrementaban su peculio.

No quedó evidenciado que los actores prestaran servicios a otros centros de construcción inmobiliaria distintos a los codemandados. No quedó evidenciado que los actores fueran profesionales, que atendieran clientes propios, establecieran tarifas, que tuvieran personal, oficinas propias, no fue probado que prestaran servicios con palas, taladros, guantes, bragas, escaleras, cascos, cernideros, espátulas, carretillas, niveladores, costeados con dinero de su peculio personal.

Las codemandadas no probaron que los actores prestaran servicios en una jornada flexible, que pudieran entrar y salir, según su conveniencia y determinación.

Por todo lo anterior se concluye que los actores no eran profesionales en el libre ejercicio de su oficio, se constató que prestaban servicios personales, remunerados, subordinados, dependientes a favor de las codemandadas, siendo obreros de la construcción…”. Así se establece.-

Que “…que efectivamente a diferencia del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en la Convención Colectiva período 2007-2009, la norma contractual establece que los días de antigüedad comienzan a devénganse a partir de que los Trabajadores cumplan el primer mes ininterrumpido de servicios….”. Así se establece.-

Que “…se condena al pago de la prestación de antigüedad…”, para los accionantes M.A. y Á.R. “…según su antigüedad y las fórmulas que se especificarán mas adelante….”. Así se establece.-

Que en cuanto al reclamo de la indemnización prevista en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, se tiene como cierto que el actor Á.R. fue despedido injustificadamente. Así se establece.-

Que no procede la indemnización prevista en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores “…respecto al ciudadano M.A. quien era CAPORAL….”, concluyendo el a quo que era trabajador de dirección. Así se establece.-

Que “…a las codemandadas al pago de vacaciones y bono vacacional, según la antigüedad de cada actor….”. Así se establece.-

Que “…se condena a los codemandadas a pagar a los actores las utilidades, según su antigüedad, en base a las fórmulas que se especificarán mas adelante….”. Así se establece.-

Que sobre el reclamo de Asistencia Puntual y Perfecta “…Se condena su pago (…) razón de 06 días de salario por cada mes de servicios, según lo previsto en la cláusula 37º de la Convención Colectiva 2013-2015….”. Así se establece.-

Que en cuanto al reclamo de semana de fondo “…se condena a cancelar una semana de salario básico, a cada actor por semana de fondo….”. Así se establece.-

Que “…En cuanto al reclamo de la indemnización prevista en la cláusula 47 de la Convención Colectiva….”, se declara su improcedencia, tal como se estableció supra. Así se establece.-

Que en cuanto al reclamo del Bono de Alimentación, se condena a su pago “…en base en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Alimentación para Trabajadores y Trabajadoras, publicado en Gaceta Oficial No. 39.660 del 26-04-11, que establece expresamente que el patrono debe pagar cesta ticket, aún en caso de inasistencia, siempre que fuere justificada, por ejemplo cuando se hace uso del derecho de vacaciones, cuando se trata de enfermedad debidamente respaldada con constancia de reposo médico. En dicha ley se suprimió el articulo 19 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores del año 2006, en el cual se establecía que el bono de alimentación se cancela por día efectivamente laborado. Se establece que la Unidad Tributaria a considerar para el pago de BONO DE ALIMENTACIÓN a favor de los actores, originados luego del 28-04-06 será la del momento del pago y no del respectivo momento en que nació el derecho a percibir tal beneficio. Todo ello en virtud de lo previsto en los artículos 24 numeral 3º de la Constitución Nacional vigente y del Código Civil que establecen el principio de irretroactividad de la Ley y según lo previsto en el articulo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores publicada en la Gaceta Oficial No. 38426 del 28-04-06….”. Así se establece.-

Que en cuanto al reclamo de “…Dotación de Botas y Bragas….”, se declara su improcedencia, tal como se estableció supra. Así se establece.-

Que se exime a la demandada “…del pago de intereses de mora, de conformidad con el articulo 92 de nuestra Carta Magna, dada la existencia de la cláusula 47º de la Convención Colectiva del Trabajo (hoy cláusula 48 Convención Colectiva 2013-2015)….”. Así se establece.-

Que “…En cuanto a los reclamos del ciudadano M.J.A.:

Se tiene como cierto que ingresó el 04-03-13 y egresó el 11-03-14 (laboró un año y 07 días)…”. Así se establece.-

Que “…En cuanto al reclamo de Prestación de Antigüedad:

Se condena a su pago por la suma de Bs 50.806,27 considerando que laboró desde 04-03-13 al 11-03-14 (laboró un año y 07 días), según los cálculos que se especifican a continuación:

Sobre los intereses de Prestación de Antigüedad:

Las prestaciones sociales generaron intereses que serán determinados por experto designado por el tribunal encargado de la ejecución, tomando en consideración la duración del vínculo, y los términos establecidos en el articulo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, entró en vigencia el día 07 de mayo de 2012, cuando fue publicada en Gaceta Oficial Nº 6.076, Extraordinaria. El perito hará los cálculos capitalizando los intereses en estricta conformidad con el fallo nº 1.779 de fecha 16/11/2009 dictado por la SCS/TSJ (caso: A.M.B. de Alonso y otros c/ Instituto de S.P.d.E. Bolívar…”. Así se establece.-

Que en cuanto al reclamo de vacaciones y bono vacacional “…Se ordena su pago correspondiente al período laborado desde el 04-03-13 al 11-03-14, a razón de 80 días, en base al salario básico de Bs. 428,00 diarios. En consecuencia, por vacaciones y bono vacacional se condena a las codemandadas a cancelar al actor la suma de Bs. 34.240,00.

En cuanto al reclamo de Utilidades:

Se condena al pago de Bs. 42.800,00 correspondiente al período laborado desde el 04-03-13 al 11-03-14 a razón de 100 días en base al salario básico d Bs. 428,00 diarios, según la cláusula 45 de la Convención Colectiva. Así se declara.

En cuanto al reclamo del Bono de Alimentación:

Se condena al pago de Bs 13.482,00. correspondiente al período laborado desde el 04-03-13 al 11-03-14, en base a los cálculos que se especifican a continuación.

Asistencia Puntual y Perfecta:

Se condena al pago de Bs. 30.816,00 correspondiente al período laborado desde el 04-03-13 al 11-03-14, a razón de 06 días mensuales en base al salario básico de Bs. 428.00 diarios. Es decir, se debe multiplicar 72 días por el salario señalado. Ello según la Cláusula 37 de la Convención Colectiva período 2013-2015…”. Así se establece.-

Que “…En cuanto a los reclamos de A.R.:

Se tiene como cierto que ingresó el 08-08-13 y egresó el 11-03-14 (laboró 07 meses y 02 días)…”. Así se establece.-

Que “…En cuanto al reclamo de Prestación de Antigüedad:

Se condena a su pago por la suma de Bs. 13.645,07, considerando que laboró desde 08-08-13 y egresó el 11-03-14 (laboró 07 meses y 02 días)

, según los cálculos que se especifican a continuación:

Sobre los intereses de Prestación de Antigüedad:

Las prestaciones sociales generaron intereses que serán determinados por experto designado por el tribunal encargado de la ejecución, tomando en consideración la duración del vínculo, y los términos establecidos en el articulo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, entró en vigencia el día 07 de mayo de 2012, cuando fue publicada en Gaceta Oficial Nº 6.076, Extraordinaria. El perito hará los cálculos capitalizando los intereses en estricta conformidad con el fallo nº 1.779 de fecha 16/11/2009 dictado por la SCS/TSJ (caso: A.M.B. de Alonso y otros c/ Instituto de S.P.d.E.B..

En cuanto al reclamo de la indemnización prevista en el articulo 92 de la LOTTT:

Se condena a su pago por la suma de Bs. 13.645,07 considerando que laboró desde el desde el 08-08-13 y egresó el 11-03-14 (laboró 07 meses y 02 días), ya que fue despedido injustificadamente, no consta a los autos que culminara la obra, no era trabajador de dirección y no fue acordada solicitud de calificación de despido ante el Inspector del Trabajo.

En cuanto al reclamo de vacaciones y bono vacacional:

Le correspondían 80 dias por año laborado. Se ordena su pago correspondiente al período laborado desde 08-08-13 y egresó el 11-03-14 (laboró 07 meses y 02 días), a razón de 46,66 días, en base al salario básico de Bs. 134.95 diarios. En consecuencia, por vacaciones y bono vacacional se condena a las codemandadas a cancelar al actor la suma de Bs. 6297,66. Así se declara

En cuanto al reclamo de Utilidades:

Se condena al pago de Bs. 7872,08 correspondiente al período laborado desde el 08-08-13 y egresó el 11-03-14 (laboró 07 meses y 02 días) a razón de 58,33 días en base al salario básico de Bs. 134.95 diarios, según la cláusula 45 de la Convención Colectiva. Así se declara.

En cuanto al reclamo del Bono de Alimentación:

Se condena al pago de Bs 7.864,50, correspondiente al período laborado desde el 08-08-13 y egresó el 11-03-14 (laboró 07 meses y 02 días), en base a los cálculos que se especifican a continuación.

Asistencia Puntual y Perfecta:

Se condena al pago de Bs. 5.667,90, correspondiente al período laborado desde el 08-08-13 y egresó el 11-03-14 (laboró 07 meses y 02 días), a razón de 06 días mensuales en base al salario básico de Bs. 134.95 diarios. Es decir, se debe multiplicar 42 días por el salario señalado. Ello según la Cláusula 37 de la Convención Colectiva período 2013-2015…”. Así se establece.-.

Que procede “…la corrección monetaria (indexación judicial) de los conceptos condenados a todos los actores antes identificados, se ordena conforme lo ha dispuesto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 0452, de fecha dos (02) de mayo de 2011, con ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.d.R., en el caso F.S.P. contra Autotaller B.C. C.A., por lo cual para su cálculo se debe regir el experto que sea designado de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. La indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad debe ser calculada desde la fecha de la finalización de la relación de trabajo (11-03-14 para todos los actores), hasta el pago efectivo. Respecto a los otros conceptos laborales, se ordena la indexación desde la fecha de la notificación de la demanda (09 de mayo de 2014), hasta el pago efectivo, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, vacaciones judiciales. Así se establece

En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el art. 185 LOPT…”. Así se establece.-

En todo caso, este Tribunal considera que será potestativo del Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, el designar o un auxiliar de justicia a los efectos de determinar los intereses sobre prestación de antigüedad, así como la corrección monetaria. Así se establece.-

Visto todo lo anterior, este Tribunal declara, tal como se hará en la parte dispositiva del presente fallo, desistido el recurso de apelación con respecto a los ciudadanos M.F.N.d.Z. y V.Z. (codemandados); parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por las partes codemandada (Sociedad Mercantil Constructora Mándalas y Sociedad Mercantil Grupo Zonemar C.A.), sin lugar la demanda incoada por el ciudadano Justavo Cabrera; parcialmente con lugar la demanda incoada por el resto de los accionantes, en consecuencia se modifica la decisión recurrida.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: DESISTIDO el recurso de apelación con respecto a los ciudadanos M.F.N.d.Z. y V.Z. (codemandados). SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las partes codemandada (Sociedad Mercantil Constructora Mándalas y Sociedad Mercantil Grupo Zonemar C.A.,), contra la decisión de fecha 07 de enero de 2015, dictada por el Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos M.J.A. y Á.R., contra la Sociedad Mercantil Constructora Mándalas, Sociedad Mercantil Grupo Zonemar C.A., y en forma personal a los ciudadanos M.F.N.d.Z. y V.Z.. CUARTO: SIN LUGAR la demanda incoada por el ciudadano Justavo Cabrera, contra los codemandados señalados supra. QUINTO: SE ORDENA a las codemandadas cancelar a los accionantes las cantidades condenadas conforme a los parámetros y condiciones establecidos en la motiva del fallo. SEXTO: SE MODIFICA la decisión recurrida.

No se condena en costas a las codemandadas en virtud de la naturaleza de la presente decisión.

Se condena en costas a las personas naturales (codemandados) de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil quince (2015). Años: 205º y 156º, de la Independencia y de la Federación, respectivamente.-

EL JUEZ

WILLIAM GIMÉNEZ

EL SECRETARIO;

HECTOR RODRIGUEZ

NOTA: En la misma fecha y previo cumplimiento de las formalidades legales, se dictó y publicó la presente decisión.-

EL SECRETARIO;

WG/HR/rg

Exp. N°: AP21-R-2015-000039.-