Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 7 de Diciembre de 2011
| Fecha de Resolución | 7 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Gary Coa León |
| Procedimiento | Pruebas Documentales |
JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL, Caracas, siete (07) de diciembre de dos mil once (2011).
201º y 152º
Visto el escrito de promoción de pruebas presentado en fecha 28 de noviembre de 2011 por la abogada E.F.H., Inpreabogado N° 85.214, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano J.R., titular de la cedula de identidad Nro. V-12.784.550, (parte querellante); e igualmente visto el escrito presentado en fecha 01 de diciembre de 2011, por el abogado Keivert J.B.H., Inpreabogado Nº 137.642, actuando como apoderado judicial del Gobierno del Distrito Capital, este Tribunal pasa a resolver sobre las pruebas promovidas en los siguientes términos:
De las Pruebas promovidas por la parte Querellante:
En relación a las pruebas documentales promovidas en los puntos “1)”, “2)”, “3)” “4)”, “5)” y “6)”, referidos a los anexos marcados “A”, “B”, “C”, “D”, “F” y “G” este Juzgado admite las mismas en cuanto ha lugar en derecho, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva, y así se decide.
De las Pruebas promovidas por la parte Querellada:
En lo atinente a los literales “1” y “2” del escrito de promoción de pruebas que consignara la representación de la parte querellada, este Tribunal observa que el referido escrito, así como las documentales a las cuales se hace referencia, no fueron promovidos dentro del lapso de promoción de pruebas de conformidad con lo establecido en el artículo 429 Código de Procedimiento Civil, por cuanto los mismos fueron consignados a los autos mediante diligencia presentada en fecha 01 de diciembre de 2011, es decir, una vez vencido el lapso para su promoción en fecha 29 de noviembre de 2011, en ese sentido debe traer a colación este Tribunal la decisión asumida por la Sala de Casación Social en fecha 20 de octubre de 2004 (Caso: INVERSIONES GHA, C.A., contra LICORERIA DEL NORTE C.A.) en la que se estableció lo siguiente:
De conformidad con la doctrina de la Sala, los documentos administrativos conforman una tercera categoría dentro del género de la prueba documental, y su especialidad radica, esencialmente, en que éstos exhiben una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad; sin embargo, tal presunción admite prueba en contrario.
Por esa razón, este tipo documentos se distinguen de los instrumentos públicos, porque sólo pueden ser impugnados mediante la tacha de falsedad; y de los meros documentos privados, que pueden ser, incluso, desconocidos en contenido y firma por el adversario.
Sin embargo, las partes que quieran servirse de un documento de esta especie, pueden anunciarlo o promoverlo sólo en el lapso de promoción y producirlos o evacuarlos en la etapa de evacuación de pruebas, no siendo posible que estos se acompañen al libelo de demanda dada su naturaleza…
(Resaltado de la Sala)
De igual manera, es menester traer a colación la decisión que en concordancia con la sentencia citada supra, dictó la misma Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 08 de marzo de 2005 (Caso: MELTEX TEJIDOS, C.A., contra INVERSIONES PATRICELLI, C.A), en la que sentenció lo siguiente:
…Por lo que, conforme a la jurisprudencia y doctrina ut supra expuesta, la Sala concluye que si bien el documento público y el documento administrativo gozan de autenticidad desde el mismo momento en que se forman, la cual emana del funcionario público que interviene en el acto, los documentos administrativos no se asimilan completamente a los públicos, por cuanto gozan de la presunción de certeza y veracidad, que puede ser desvirtuada por la parte mediante prueba o pruebas en contrario, que deben ser incorporadas en el proceso en cumplimiento de las formas procesales establecidas en la ley, con el propósito de que los no promoventes puedan ejercer sobre éstas un efectivo control y contradicción.
Por esa razón, la Sala ha establecido de forma reiterada que los documentos administrativos sólo pueden ser consignados en el lapso probatorio y no en cualquier grado y estado de la causa y hasta los últimos informes como ocurre con los documentos públicos, que sólo pueden ser destruidos a través de la tacha o el juicio de simulación. (Ver, entre otras, Sent. 20/10/04, caso: Inversiones Gha, C.A., contra Licorería del Norte C.A.)...
(Resaltado de este Tribunal)
Es así como se desprende de las sentencias parcialmente transcritas que los documentos administrativos a los efectos de su admisión y valoración, deben ser consignados dentro de los lapsos legales establecidos, y no en cualquier grado y estado de la causa, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional niega su admisión, y así se decide.
EL JUEZ
ABG. GARY JOSEPH COA LEÓN
LA SECRETARIA TEMPORAL
ABG. DESSIREÈ MERCHÀN
Exp: 11-2949/RR
