Decisión nº 016-A230403 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 23 de Abril de 2003

Así las cosas, invoca la parte demandada en su escrito de informes, el cual riela de los folios 135 al 142, la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 15 de marzo de 2000, en la de fundamento para rechazar las pretensiones del actor (…) Se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo de su rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dicho alegatos (…). Asimismo invoca la doctrina sentada por la misma, en sentencia de fecha 17 de mayo de 2000… en la cual la Sala se aparta del criterio sustentado por la Sala de Casación Civil, según la cual cuando el Trabajador pretendía la indemnización por daño moral proveniente de accidente laboral, este debía probar que ese accidente o la enfermedad laboral había sido ocasionada por el hecho ilícito del patrón, es decir, la responsabilidad subjetiva, por cuanto la acción por daño moral no está prevista en la legislación laboral, la cual solo contempla la responsabilidad objetiva por el riesgo profesional, para los daños materiales establecido en la ley y en su lugar, acoge el principio de la responsabilidad objetiva en los términos siguientes: “ (…) La teoría de la responsabilidad objetiva nace del supuesto de que el daño haya incurrido en culpa, sino porque su cosa, su maquinaria ha creado un riesgo, sobre el cual debe responder, indemnizando al trabajador tanto por el daño material como por el daño moral. Lo expuesto en el párrafo anterior, es conocido en nuestra doctrina como la responsabilidad objetiva por guarda de costas, estipulada en el artículo 1193 del Código Civil. En el caso de autos la parte demandada reconoció la existencia de la relación laboral, y se excepcionó al alegar variantes en esa relación como en el caso del salario devengado por el ciudadano J.C.C. CASTRO… Sin embargo, correspondiéndole la carga de probar estos alegatos en la etapa probatoria, no probó nada que le favoreciera, por lo que este Tribunal en aplicación de la doctrina sentada por nuestro mas alto, en las sentencias referidas… considera procedente declarar con lugar la demanda interpuesta por el ciudadano J.C.C.C., como se hará de manera positiva, expresa y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

Omissis.

Ahora bien a criterio de esta juzgadora las indemnizaciones que corresponden al trabajador J.C.C.C., son las establecidas en el régimen de los infortunios del trabajo, previsto en los artículos 560 al 585 de la Ley Orgánica del Trabajo y no las alegadas por la parte actora, esto es, las indemnizaciones previstas en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Condiciones Prevención y Medio Ambiente del Trabajo. Ellos es así, por cuanto el régimen establecido en dicha Ley, es de excepción con respecto a la Ley Orgánica del Trabajo, es menester que el trabajador demuestre la culpa del patrono, pues el supuesto de hecho de esa norma es: “cuando el empleador a sabiendas que los trabajadores corren peligro en el desempeño de sus labores…” Es decir, que en este caso, según la doctrina más calificada, debe aplicarse la teoría de la culpa contractual; es necesario que el patrono conociendo el peligro que corren sus trabajadores no toma las previsiones necesarias para evitar estos infortunios, (dolo) a diferencia del resto de los accidentes o enfermedades profesionales o en los casos de muerte del trabajador, en los cuales, como ya se dijo impera la teoría de la responsabilidad objetiva, o el riesgo profesional, por el cual el patrono responde por el solo hecho de ser el propietario objeto, el cual creo el riesgo cuyas consecuencias deben ser asumidas por él. En el presente caso, la parte actora no probó en su debida oportunidad lo alegado en el libelo en el sentido de que el patrono, la empresa mercantil ALBA C.A., incumplió con lo preceptuado en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo… En consecuencia, las indemnizaciones a las cuales tiene derecho la víctima son: 1) La establecida en el artículo 573 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual reza: …Por lo que la indemnización equivalente a un (1) año de salario, produce un total de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN BOLIVARES (Bs. 1.871.371,oo), que es lo que corresponde al trabajador J.C.C.C., como indemnización por incapacidad parcial y permanente a la cual quedó sometido producto del accidente laboral del cual fue victima

Omissis

En cuanto, a la naturaleza jurídica de la responsabilidad del patrono por los accidentes laborales sufridos por las personas bajo su dependencia, debe esta Alzada, aclarar lo siguiente: como bien lo señala la apoderada del trabajador demandante en sus informes de primera y segunda instancia, esta responsabilidad encuentra su fundamento en la teoría del riesgo profesional o teoría de la responsabilidad objetiva del riesgo, muy bien definida en la parte motiva de este fallo, y no en la culpa en la cual pueda haber incurrido el trabajador. En tal sentido, esta Superioridad, se aparta del criterio del Tribunal de la causa, quien aplicó la teoría de la culpa contractual, para no conceder la indemnización que solicita el actor, de conformidad con el Párrafo Segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica de Condiciones, Prevención y Medio Ambiente del Trabajo, ya que este debió demostrar la culpa del patrono, al no proveer los implementos de seguridad para realizar labores de alto riesgo, teoría que fue abolida, con la decisión del 17 de mayo de 2000, por la Sala de Casación Social del tribunal Supremo de Justicia, tal como lo señala la Juez de la causa en el fallo apelado. A lo anterior debe agregar este Sentenciador, que en materia laboral, según criterio doctrinario y jurisprudencial se debe aplicar el principio de favor, esto es la norma que resulte más favorable en su integridad; y así se establece.

En tal sentido, como se ha señalado está plenamente demostrado en autos, que el trabajador, ha sufrido una incapacidad parcial permanente en el ojo izquierdo, por tener una perdida de la visión en un 90 a 92%. Además, de que en materia laboral, según jurisprudencia de la Sala de Casación del m.T. de la República, el patrono al reconocer la existencia de la relación laboral, tiene la carga de la prueba de todo aquello que rechace expresamente. En consecuencia, teniendo el patrono la carga de probar que la lesión sufrida por el trabajador no lo dejaba en incapacidad para trabajar, prueba no evacuada; y siendo aplicable en este campo, el principio de favor y la teoría objetiva del riesgo, resulta procedente la aplicación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Condiciones, Prevención y Medio Ambiente del Trabajo, Parágrafo Tercero, por ser una indemnización mayor y más beneficiosa, que la prevista en el artículo 573 de la Ley Orgánica del Trabajo y porque la lesión sufrida por el trabajador demandante, le produce una incapacidad parcial permanente de la visión, que si bien no le impide trabajar, su falta, sin duda alguna altera la integridad física y psíquica de cualquier persona, por tanto, la indemnización prevista en esa norma es la aplicable. De suerte, que debe modificarse el fallo apelado, en lo que respecta al monto de la indemnización, que debe pagarse al trabajador por concepto de indemnización por la incapacidad parcial permanente, que sufrió en su ojo izquierdo, como consecuencia del accidente laboral, antes indicado. Y así se establece.

Sin embargo, debe advertirse que el demandante pretende acumular la indemnización prevista en el mismo artículo 33, ordinal 2º, Parágrafo Segundo, eiusdem, para que se le pague adicional a la suma de Bs. 5.992.083,75, por concepto de indemnización por la incapacidad sufrida, la cantidad de Bs. 9.486.806,25, por el mismo concepto, lo cual no es posible, por cuanto, la indemnización anteriormente acordada es la misma, pero, aumentada en cinco años, computados por días continuos por el salario devengado, debido a la calificación de la lesión sufrida, vulnera la integridad física del trabajador mas allá de la simple pérdida de la capacidad de ganancias, como podría ser el lucro cesante, en los términos expuestos en el parágrafo tercero del citado artículo 33 eiusdem, en concordancia con el numeral 3 del parágrafo segundo de esa norma y el artículo 31, eiusdem, que hacen procedente la indemnización única y calificada por la suma de Bs. 9.486.806,25, y no acumulada al pago de Bs. 5.692.083,75; y así declara.

En lo atinente al llamado daño material o lucro cesante, el trabajador señaló que devengada cinco mil ciento noventa y ocho bolívares con veinticinco céntimos diarios (Bs.5.198,25), y que, como quiera que la incapacidad sufrida ha disminuido su expectativa para generar ingresos para el y su familia, lo que se traduce en un lucro cesante, tomando en cuenta el promedio de vida del venezolano común de 68 años y el laboral hasta los 60, se tiene que la demandada debe pagarle por este concepto 33 años, a razón de 365 días cada año, multiplicados por el salario diario anteriormente señalado. En la contestación de la demanda, la demandada reconoció la existencia de una relación laboral, tal como se ha indicado arriba y que este devengó un salario mensual de cien mil bolívares (Bs.100.000,oo), pero que ella no tenia porque pagarle el lucro cesante porque el trabajador no había quedado incapacitado para el trabajo.

Ahora bien, ha sido reiterado el criterio doctrinario y jurisprudencial, que como el lucro cesante no está previsto en materia laboral, el trabajador debe demostrar el hecho que lo origina y la relación de causalidad entre el daño sufrido y el hecho que lo ocasiona, para que sea procedente su indemnización. Ya se ha establecido con anterioridad que la lesión sufrida por el demandante quedó demostrada por las constancias emanadas de la Inspectoría de Trabajo y de la División de Prestaciones del Ministerio del Trabajo, que por ser documentos públicos, no tachados de falsos, ni de ninguna manera impugnados por la parte demandada, demuestran que el trabajador J.C.C. padece una disminución aguda de la visión del ojo izquierdo, por Glaucoma Agudo Traumático que le produjo la perdida de la visión en un noventa a noventa y dos por ciento (90%-92%); que fue intervenido quirúrgicamente y presenta una cicatriz corio retinal en el área macular; y que se trata de un paciente de 28 años de edad que fue tratado por las médicos A.G. y Najat Moummar; además, del reconocimiento implícito hecho por el patrono, cuando señaló que le había pagado gastos de atención médica; hechos que podemos adminicular al indicio que puede extraerse de la participación del accidente, hecha por el patrono el día 13 de mayo de 1998, según recaudo que riela al folio 86 del expediente, promovido extemporáneamente por el defensor ad-litem, motivos por los cuales este Tribunal da por demostrados los hechos anteriormente señalados, en el sentido de dejar establecido que el trabajador sufrió una lesión parcial de carácter permanente, que reduce la visión del ojo izquierdo en el porcentaje antes indicado; ahora bien, como quiera que el trabajador alegó que esa lesión la sufrió cuando se encontraba a bordo del buque Giulio Cesare propiedad de la demandada, cuando operaba un winche, cuando se reventó el cabo de las redes y al estar desprovisto de lentes y casco, este le cayó en la cara produciéndole la lesión en el ojo izquierdo, que ha “(…) disminuido su expectativa de generar ingresos propios que ayuden a mantener y sostener a su familia por el resto de su vida, lo que se traduce en un lucro cesante derivado de la situación planteada (…)”; ( negrillas y cursiva de este fallo); en tanto, que el defensor de oficio al contestar la demanda implícitamente reconoció que el trabajador se encontraba en el mencionado barco, al señalar que según su cédula marina se encontraba como contratado en el puesto de timonel y reconoce expresamente que el accidente se produjo, señalando que fue debido a la imprudencia del jefe de operación de pesca S.C.; que su representada le prestó auxilio médico al trabajador en la Clínicas Falcón y Policlínica Paraguaná S.A; aparte de haberle hecho su liquidación correspondiente. Estos hechos que constan en las actas procesales, acreditan la relación de causalidad entre la lesión sufrida y el objeto que produjo el daño vinculado a la relación de trabajo existente. Sin embargo, cabe reiterar, como se ha analizado y concluido anteriormente, el defensor de oficio al contestar la demanda negó que su defendida estuviera obligada a pagar el lucro cesante, debido a que el accidente sufrido por el demandante no disminuyó su capacidad para prestar servicios a ella o a otra empresa, al señalar “9. Rechazo por falso el accidente (sic) haya disminuido la capacidad de prestar servicios a mi defendida o cualquier otro empleador y que haya generado un lucro cesante de Bs. 62.612.921, 25.”. En consecuencia, considera este Tribunal que sobre este aspecto no hubo confesión de la empresaria demandada, más allá de que el defensor ad-litem haya desistido en primera instancia a las pruebas promovidas, ya que por mandato del artículo 76 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en concordancia con el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, en segunda instancia son admisibles los instrumentos públicos, los cuales podrán producirse hasta los informes, si no fueren documentos fundamentales; en este sentido, cabe destacar que la abogada Hecdys R.A., en su carácter de apoderada de la demandada, si bien alegó nuevos hechos que este Tribunal no entra a considerar por los motivos anteriormente citados, promovió los documentos que rielan del folio 219 al folio 226, ambos inclusive, del expediente, distinguidos con las letras de la “A”, a la “H”, que son instrumentos públicos emanados del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, adscritos al Ministerio de Infraestructura de la República Bolivariana de Venezuela, de donde se evidencia que J.C.C. laboró para las naves Avante Oriente y Polifemo durante los meses de enero, agosto, octubre y noviembre de 2001, esto es documentos públicos, no tachados de falsos, ni impugnados de ninguna otra forma, que este Tribunal debe valorar para comprobar solamente el alegato de que la lesión sufrida por el trabajador, aunque parcial y permanente, no le impide absolutamente prestar servicios para cualquier persona, de las indicadas por el defensor de oficio; de modo que, al no probar el trabajador que la lesión sufrida por él, le produjera una incapacidad absoluta para el trabajo, independientemente de la crisis por la cual atraviesa el mercado laboral en nuestro País, pues como se ha indicado solo esta demostrado que el trabajador sufrió una lesión parcial y permanente de la visión, lo que no obstante no le impide absolutamente de por vida trabajar y la experiencia nos demuestra la existencia de personas muy exitosas en el trabajo, inclusive, con la visión en un solo ojo; en consecuencia la pretensión de pago del lucro cesante por la cantidad de Bs. 62.612.921,25, es improcedente por los motivos antes indicados; a esta conclusión llega este Tribunal dado que, la sentencia originariamente dictada por esta Alzada, fue casada por vicios de actividad, específicamente “(…) la recurrida motivó la procedencia de pago del lucro cesante, al señalar que quedó demostrado el accidente y la relación de causalidad entre el hecho causante del daño y el daño sufrido, mas no así la cantidad condenada a pagar por parte de la empresa demandada al trabajador, y la procedencia de la misma, lo cual hace inmotivada la decisión en cuanto a ese punto, es decir, en cuanto a la condena de pago de una cantidad de dinero determinada, por concepto de lucro cesante, incurriendo así en la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.(…)”; de modo que, tratándose de la nulidad de la recurrida por un vicio de actividad, los poderes del juez son tan amplios que se confunden con los de un Tribunal de Mérito, manteniendo su poder de soberanía para la apreciación de los hechos, pudiendo juzgar conforme a lo alegado y probado por las partes, en palabras del fallecido maestro H.C.. Por todas las razones anteriormente indicadas, este Tribunal concluye que la pretensión de indemnización del lucro cesante deducidas por el demandante es improcedente; y así se establece.

En lo que respecta al daño moral, del escrito de demanda se evidencia que el demandante estima este daño en la cantidad de sesenta millones de bolívares (Bs.60.000.000,oo). Para decidir, este Tribunal, previamente debe observar, que se aparta del criterio establecido en anteriores fallos, según el cual la indemnización del daño moral fundada en los artículos 1185 y 1196 del Código Civil, no podía ser acumulada en los juicios indemnizatorios laborales, debido a que estos tenían su origen en el contrato de trabajo y no en un hecho ilícito autónomo, desde el punto de vista de la denominada teoría de la acumulación de responsabilidades contractuales y extracontractuales, debido a que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha venido admitiendo este tipo de indemnizaciones, siendo ejemplo típico de ello, la sentencia del 07 de marzo del 2002, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en el juicio seguido por J.T. contra Hilados Flexilón S.A. Ahora bien, partiendo de la consideración de que el daño moral no se prueba, sino que para ello sólo es menester que se motiven los hechos concretos que permitan declarar la procedencia del mismo y los parámetros que utilizó el Juez para cuantificarlo, aunque objetivamente, el daño moral no es periciable en dinero, más no imposible porque se trata de procurar algunas satisfacciones equivalentes al valor moral lesionado y no de calcular una suma para borrar lo imborrable. En este sentido, la Sala señaló que los parámetros objetivos para estimar el daño moral son:

Omissis.

a )la entidad (importancia) del daño, tanto físico como síquico (la llamada escala de los sufrimientos morales) b) el grado de culpabilidad del lesionado o su participación en el accidente o su acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva), c) la conducta de la víctima; d) grado de educación y cultura del reclamante; e) posición social y económica del reclamante; f) capacidad económica de la parte accionada; g) los posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar al anterior al accidente o enfermedad; y, por último, i) referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto.

Omissis. (énfasis de este fallo).

Así las cosas, cabe concluir: 1) quedó demostrado que el trabajador demandante sufrió una pérdida de la visión del ojo izquierdo en un 90-92%, lo cual le produce una incapacidad parcial de la visión, pero permanente, es decir que debe soportar toda la vida y que lesiona su integridad física y psíquica, al ver perdido, aunque sea, parcial, el importante sentido de la visión, al punto que tendrá que cargar con el mote o calificativo de “tuerto”, más allá de que se haya llegado a la conclusión de que la lesión no le impida absoluta y de por vida trabajar; 2) por otro lado, del informe médico presentado para la evaluación de la incapacidad sufrida por el trabajador se evidencia, no solo el hecho anteriormente señalado, si no que se trata de un trabajador que tenía 28 años de edad, y si para la presente fecha cuenta con 33 años, siendo una persona joven con muchos años por delante para alcanzar el promedio de vida estimado del hombre señalado por él en la demandada; 3) que la labor desempeñada como operador de winche, no requiere de estudios superiores, siendo su nivel de instrucción básico, por lo cual es precaria su condición social y económica; 4) que independientemente de la culpa que pudo tener el trabajador, el patrono responde objetivamente por daños, ya que debió emplear todos los mecanismos de seguridad posible; 5) que la indemnización que se debe acordar debe servir para que el demandante siga haciendo el tratamiento necesario para mitigar la lesión sufrida; 6) que la empresaria ALBA, C.A., se dedica a la explotación de la pesca en gran escala, siendo propietaria, al menos del barco Giulio Cesare, al punto que suscribió un contrato colectivo para amparar a sus trabajadores, según cita de garantía pedida por el defensor ad-litem, en la contestación de la demanda; que no se llevó a efecto porque no se citó a la garante, por lo que debe concluir este Tribunal que ésta tiene capacidad económica para pagar la indemnización del daño moral; 7) entre las atenuantes a favor de la demandada podemos señalar que ésta no dejó desamparado al trabajador pues, le pagó los gastos de atención médica, tal como se ha señalado; y 8) En consecuencia, si el trabajador demandante para la fecha de la presente decisión cuenta con 33 años siendo el promedio de vida del hombre de 72 años y, por cuanto la indemnización del daño moral es actualizada para el momento de esta decisión, luego hay que indemnizarlo por los restantes años de posible vida, para lo cual este Tribunal considera como suma equitativa y justa la cantidad de treinta y seis millones novecientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro bolívares con treinta y seis céntimos (Bs. 36.998.544,36), equivalente a la mitad del salario promedio devengado por el trabajador, o sea, la mitad de cinco mil ciento noventa y ocho con veinticinco céntimos (Bs.5.198,25) multiplicado por 39 años de vida promedio restante y en atención a que la pretensión de pago del lucro cesante fue declarada improcedente y a que se trata de una lesión parcial, que aunque permanente, no imposibilita de por vida al trabajador para laborar ; y así se establece.

Finalmente, el trabajador pretende que las sumas reclamadas le sean indexadas. Al respecto la doctrina de Casación Social y Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, así como el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, respecto a la doctrina de la indexación, que se inició con el fallo del 28 de noviembre de 1996, caso M.G.S. contra Viajes de Venezuela, C.A., según la cual, en los juicios laborales que tuvieran por objeto el pago de salarios y prestaciones sociales, donde se estableció que ésta se calcularía desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de la ejecución del fallo, pero, excluyendo de su computo los siguientes periodos:

1) La demora procesal por hechos fortuitos o causa de fuerza mayor, por ejemplo: muerte de único apoderado en el juicio, mientras la parte afectada nombre su sustituto (artículo 165 del Código de Procedimiento Civil); 2) La demora por el fallecimiento del Juez, hasta su reemplazo, y los casos de suspensión o destitución de un Juez, hasta su reemplazo por otro; 3) Por fallecimiento de alguna de las partes, hasta la efectiva citación o notificación de sus herederos o de los beneficiarios previstos en el artículo 568 de la Ley Orgánica del Trabajo; 4) Por huelgas, paros de los trabajadores tribunalicios o de jueces; 5) los eventuales aplazamientos voluntarios del proceso por acuerdo de ambas partes; y 6) Por desastres o catástrofes naturales que hayan impedido la continuidad de la prestación del servicio.

Partiendo del criterio de que “… el riesgo de la demora judicial no puede ser descargado sobre el trabajador vencedor de la causa, sino sobre el patrono que no tuvo razones para incumplir su obligación, y que siempre pudo poner fin al proceso en cualquier grado y estado de la causa.”

Ahora bien, la Sala de Casación social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 06 de febrero de 2001, Expediente N° 99-519 , caso J.B.G. contra A.d.V., C.A., bajo la ponencia el magistrado Juan Rafael Perdomo, sobre este aspecto fundamental, estableció:

Omissis.

…lo pertinente es que la indexación debe ser calculada desde la admisión de la demanda hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo y no el mero auto mediante el cual el Tribunal decreta la ejecución de la sentencia, pues entre ambos momentos puede transcurrir un periodo considerable que redundaría en perjuicio del trabajador. Únicamente puede n ser excluidos del cálculo indexatorio los períodos en los cuales la causa se encuentra suspendida por acuerdo de ambas partes, pues, en dicha suspensión sí tiene responsabilidad el trabajador.

Omissis.

Señalando la Sala que, a fin de asegurar la anterior máxima:

Omissis.

Una vez que la sentencia definitiva haya quedado firme y liquidado ye indexado como sea el monto de la condena, el Tribunal, a petición de parte interesada, decretara la ejecución y fijará el lapso para el cumplimiento voluntario del fallo, en conformidad con lo establecido en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil. Si el ejecutado no cumple voluntariamente con la decisión, el Tribunal ordenará la ejecución forzada y, a petición de parte, decretara la mediada ejecutiva de embargo sobre bienes determinados o librará el respectivo mandamiento de ejecución, para que sea practicada la mediada sobre bienes del deudor, hasta por el doble del monto de la condena más las costas procesales por las cuales se siga ejecución, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 526 y 527 eiusdem.

Una vez cobrado el monto inicialmente ordenado por el Tribunal, tendrá derecho el trabajador a solicitar que el Tribunal de la ejecución, es decir aquél que fue el Tribunal de la causa, calcule la pérdida de valor de la menada durante el procedimiento de ejecución forzosa de lo decidido y ordene pagar la suma adicional que resulte, la cual asimismo será objeto de ejecución forzosa en caso de falta de cumplimiento voluntario, pues sólo así puede el proceso alcanzar su finalidad de garantizar una tutela jurídica efectiva.

Omissis.

Estableciendo la Sala de Casación Social, que la anterior regla debe aplicarse a todo proceso laboral, que entrañe el pago de cantidades de dinero, cada vez, que el patrono no cumpla voluntariamente con la condenatoria establecida en el fallo.

A esta interesantísima conclusión llegó la Sala de Casación Social, luego de un corto pero, profundo análisis, cuando señaló:

1) La pérdida en poder adquisitivo de la moneda como producto de la inflación constituía una máxima de experiencia que debía ser considerada por el Juez al momento de decidir aquellas demandas mediante las cuales se persiguiera el pago de obligaciones dinerarias (Sent. 30-03-93, caso, Inversiones Franklin y Paúl contra R.O.M., S. C. C. de la C.S.J.).

2) En los casos del trabajo asalariado, la vida, la salud y el bienestar del trabajador dependen directamente del pago tempestivo por parte del patrono, de las prestaciones sociales debidas.

3) la demora en el pago del salario y de las prestaciones sociales, sufren una lesión por la contingencia del fenómeno de la inflación, que se traduce en una ventaja para el deudor y en daño para el trabajador, como acreedor.

4) por las dos anteriores razones (máximas de experiencia), la indexación monetaria en los procesos laborales que tengan por objeto el pago de salarios y de prestaciones sociales, es materia de orden publico, que puede ser acordada aún de oficio ( Sent. Del 17-03-93, caso Camillius Lamorell contra Machinery Care y O.C.M.P., S. C.C. de la C.S.J.).

5) la indexación tiene su fundamento en la reparación total del daño, que de ser establecida judicialmente, quien resulte condenado, debe pagar plenamente la deuda; ella es, simplemente, un ajuste por inflación, por lo que, desde el punto de vista sustancial, el deudor está devolviendo la misma cantidad a la que estaba obligado inicialmente; y desde el punto de vista del procedimiento, no es posible excluir de su calculo, los períodos de inactividad procesal imputables a la lenta administración de justicia, pues, en estos casos, el patrono sigue teniendo en su poder un dinero que le pertenece al trabajador, por lo que no le corresponde a éste cargar con la paridad de poder adquisitivote la moneda.( cita la Sala, a la autora, M.D., en Consideraciones procesales sobre la indexación laboral. Revista de la Facultada de Ciencia Jurídicas y Política, N° 117, UCV, 246-247, Caracas, 2000).

Y 6) las anteriores razones tiene su mas alta expresión en el artículo 92 de la Constitución nacional, que establece la exigibilidad inmediata de los créditos laborales y su naturaleza jurídica, cuando los considera deudas de valor.

En consecuencia, el Tribunal concluye que es procedente la indexación de las cantidades reclamadas, desde la fecha de la admisión de la demanda hasta el pago efectivo de las mismas, establecidas mediante experticia complementaria del fallo, con base a los índices de precio al consumidor establecidos por el Banco Central de Venezuela; y así se declara.

IV

DISPOSITIVA

En razón de los motivos de hecho y de derecho expuestos, este Tribunal, en ejercicio de la potestad jurisdiccional, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA:

Parcialmente con lugar la apelación interpuesta por el abogado V.H.B., en nombre y representación de la empresa ALBA, C.A, ambos identificados en autos, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del trabajo, de la Circunscripción judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, dictada en fecha 25 de septiembre de 2001.

Parcialmente con lugar la apelación intentada por el abogado P.P.C., en nombre y representación del ciudadano J.C.C.C.., ambos identificados en autos, contra la mencionada sentencia.

En consecuencia, se modifica parcialmente la sentencia apelada, por lo que se declara improcedente la pretensión de pago por indemnización de lucro cesante, incoada por el trabajador demandante; con lugar la pretensión de indemnización prevista en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y parcialmente con lugar su pretensión de pago de daños morales, que intentara éste ante el señalado Tribunal de la causa contra de la empresaria ALBA S.A.-

Se condena a la empresaria ALBA, C.A, a pagar al trabajador demandante, las siguientes cantidades: 1) nueve millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos seis bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 9.486.806,25) por indemnización de la lesión sufrida en el trabajo; y 2) treinta y seis millones novecientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro bolívares con treinta y seis céntimos (Bs. 36.998.544,36), por concepto de daño moral.

Se ordena la indexación por experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, de la cantidad condenada a pagar por concepto de indemnización por incapacidad parcial permanente, por accidente laboral del demandante, desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha en que se le de cumplimiento a la presente decisión; y de el daño moral a partir de la fecha de la presente decisión hasta la total ejecución del fallo, según jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia del 17 de mayo de 2000. Los expertos tomaran en cuenta los índices de precios al consumidor fijados por el Banco Central de Venezuela, para la elaboración de la experticia correspondiente.

Improcedente el pago de: 6.1) Cinco millones seiscientos noventa y dos mil bolívares cero ochenta y tres con setenta y cinco céntimos (Bs. 5.692.083,75), por concepto de indemnización de la lesión sufrida por el demandante en el trabajo, debido a que esta suma fue acordada, pero en forma agravada; y 6.2) sesenta y dos millones seiscientos doce mil novecientos veintiún bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 62.612.921,25), por concepto de lucro cesante.

Por cuanto no hubo un vencimiento total, de conformidad con los artículos 274 y 281, del Código de Procedimiento Civil, no se condena en costas a la demandada.

Notifíquese a las partes de la presente sentencia.

De conformidad con los artículos 521 y 522, del Código de Procedimiento Civil, manténgase el expediente en el archivo de este Tribunal.

Publíquese y regístrese.

Dada sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil del T.d.T. y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en S.A.d.C., a los veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil dos. Años 192 de la Independencia y 144 de la Federación.

EL JUEZ TITULAR

ABG. M.R. ROJAS G.

LA SECRETARIA

NEYDU MUJICA GONZALEZ

Nota: la anterior decisión se dictó y publicó en su fecha 23 de abril de 2003 a la hora de las diez de la mañana (10:00 a.m) . Se dejo copia certificada en el libro copiador de sentencias. Conste Coro. Fecha Ut- Supra. LA SECRETARIA

NEYDU MUJICA GONZALEZ

MRG/NM/ YELIXA. Exp.2861 .Sentencia N° 016-A-23-04-03.