Decisión nº 402 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 31 de Octubre de 2016
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2016 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | María Alejandra Romero |
| Procedimiento | Demanda Contra Entes Públicos |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Barquisimeto, treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis
206º y 157º
Exp. Nº KP02-G-2011-000052
En fecha 31 de marzo de 2015, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, el oficio Nº 213, de fecha 25 de marzo de 2015, emanado del Juzgado Tercero Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, anexo al cual remitió expediente contentivo del recurso contencioso administrativo por abstención o carencia, interpuesto por los ciudadanos J.C., K.T., M.P., S.P., J.P., A.G., ELVA NUÑEZ, NAILUZ MILLAN, O.G., F.C., A.P., titulares de la cedula de identidad números, 4.239.603, 4.466.849, 7.447.210, 7.440.547, 9.541,523, 7.402.290, 3.964.517, 19.106.058, 14.715.195, 13.921.813, 5.569.271, respectivamente contra la OFICINA DE CONTROL DE GESTION DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO IRIBARREN.
En fecha 07 de abril de 2015, es recibido en este juzgado superior el presente asunto.
Tal remisión obedece a la decisión de fecha 19 de junio de 2012, dictada por el referido Juzgado mediante la cual declaró su incompetencia por la materia y declinó el conocimiento de la presente causa a este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.
Seguidamente en fecha 16 de julio de 2015, se admitió a sustanciación el recurso incoado, dejando a salvo su apreciación en la definitiva, ordenando con ello las citaciones y notificaciones de Ley.
En esta misma fecha, se aboca al conocimiento de la presente causa la Abg. M.A.R.R., en virtud de su designación como Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.
De esta forma, revisadas las actas procesales, este Juzgado verifica lo siguiente
I
DE LA DEMANDA DE CONTENIDO PATRIMONIAL
Mediante escrito presentando en fecha 17 de noviembre de 2011, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, la parte demandante, ya identificada, interpuso demanda de contenido patrimonial con base a los siguientes alegatos:
Que interponen “(…) demanda de reclamos por la omisión, por parte del señor J.L., servidor público de la Alcaldía de Iribarren, en la oficina de Control de Gestión con fundamentos en los siguientes hechos, la colocación de un portón en la Urbanización Rancho Meladero con el Presupuesto participativo sin contar con la permisologia correspondiente; puesto que omitieron el pronunciamiento por parte del D.P.C.U del 17/06/2008 con el No. AL342-08 (oficio) (…) este oficio hace énfasis en los artículos 50 de la C.R.B.V. y el artículo 51 de la L.T.T.T. y advierte sobre la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio que implica demolición y multa de acuerdo a la ordenanza de procedimiento de construcción, pero omitiendo el oficio continuaron en la búsqueda de tratar de colocar el portón. En vista de estos, los discapacitados visuales, junto con otros discapacitados motores y otros vecinos alertaron nuevamente al D.P.C.U. y nuevamente se volvió a emanar otro oficio con el No. 506-11 que enfatiza la prohibición de cerrar manteniendo esa decisión firme y que enviaría una fiscalización que determine las actividades no permeadas y se fijen los responsables (…)”.
Que “(…) al revisar la Ley de Discapacitados trae al conocimiento el artículo 31 que se refiere a las construcciones para los discapacitados, donde se dictan normas Convenid por sus condiciones especiales, donde no deben tener obstáculos ni en aceras, ni en vías que al momento de una contingencia puedan fácilmente solventar la situación, pero si leemos detenidamente el artículo 36 de la misma Ley se refiere a los efectos que puede causar sin menoscabo de ella, pues todas ellas violadas; además, de romper aceras también arremetieron contra la propiedad del señor J.C., dañando parte de la pared, y por no estar de acuerdo junto a otros discapacitados visuales le dejaron afuera actuando impunemente contra ellos (…)”.
En consecuencia solicitan finalmente “(…) que por las consecuencias que ha originado y que continua generando la omisión, proceda el Tribunal a realizar las actuaciones que estime pertinentes con el fin de que acuerde desmontar este portón (…)”.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal de que se trate está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos de que dispone para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento.
En este sentido, cabe resaltar en el caso de autos que, una vez admitida la demanda en fecha 16 de julio de 2015, de viene una carga procesal para la parte demandante en proceder a manifestar al Tribunal la forma y lugar donde se localizará y practicará la citación de aquellos contra los cuales dirige su pretensión, por lo que según fuera señalado supra, tal omisión o inactividad implica una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación, necesaria para continuación del procedimiento instaurado.
En efecto, de la revisión de las actas procesales tenemos que una vez admitida la acción incoada, así como la notificación efectuada a la parte interesada para que diera continuación al procedimiento instaurado, no fue materializada oportunamente ninguna actuación procesal a instancia de parte para la consecución del expediente, es decir, la parte demandante no ha mostrado interés procesal alguno para materializar las citaciones y notificaciones ordenadas en el auto de admisión, habiendo transcurrido un lapso superior a un (01) año.
Así las cosas, es menester para este Juzgado Superior traer a colación lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.
Es evidente que la anterior disposición normativa es aplicable al caso de autos, por tratarse de una acción en la que no se ha impulsado debidamente el proceso desde el día 16 de julio de 2015.
Ello así, sobre la perención de la instancia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido conteste al reiterar que “(…) la misma se traduce en una sanción que produce el declive del juicio como consecuencia de la inactividad de las partes, quienes durante el transcurso de un tiempo previsto en la ley, no impulsan el proceso ocasionando su extinción”. (Vid. Sentencia Nº 237, de fecha 1 de junio de 2011, caso: M.R. contra herederos desconocidos de F.P.S.L.).
Respecto a este punto, el autor R.H.L.R., ha señalado que la perención de la instancia “(...) es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso (…)”, por ello sostiene, que “(…) toda paralización tiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones que la determinan (…)”. (Vid. Ricardo Henríquez La Roche, Código de Procedimiento Civil. Tomo II. Páginas 328 y 329, Caracas, 1995, Centro de Estudios Jurídicos del Zulia).
En este orden de ideas, es importante resaltar que la institución jurídica de la perención no puede ser concebida como un obstáculo para los sujetos que mediante el ejercicio de su derecho subjetivo han puesto en marcha el aparato jurisdiccional, sino como un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales; por lo tanto, la perención de la instancia constituye una forma anómala de terminación del proceso, la cual debe ser decretada por el Tribunal que conozca de la causa, bien a instancia de parte o de oficio, entendiéndose igualmente que la declaratoria de la misma no produce cosa juzgada material, teniendo la parte afectada por su declaratoria el derecho de acudir nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes para plantear en los mismos términos el objeto de su pretensión.
En consecuencia, en el caso que se examina, el último acto procedimental tendiente a la prosecución del juicio ocurrió el día 16 de julio de 2015, vale decir, una actuación realizada por este Tribunal mediante la cual se admitió la demanda interpuesta, con lo que la actuación de la parte demandante se limitó a la interposición de su pretensión, por consiguiente habiendo transcurrido más de un (1) año de inactividad procesal y falta de impulso de la acción incoada, no imputable a este Órgano Jurisdiccional, resulta forzoso para este Tribunal Superior, decretar la perención de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
Se declara la PERENCIÓN de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Archívese oportunamente el presente asunto.
No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Jueza Provisoria,
Abg. M.A.R.R.
La Secretaria Temporal,
Abg. S.F.C.
