Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 24 de Marzo de 2010

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

ACCIÓN DE A.C..

- I -

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

De conformidad con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Tribunal a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: Constituida por el ciudadano J.M.R., con el cargo de ALMACENISTA.-

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: Constituida por la sociedad mercantil DROGUERÍA NENA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Lara, en fecha 11 de febrero de 2004,bajo el Nº 21, tomo 06-A-Sgdo, en la persona de su representante legal M.A.B., titular de la cédula de identidad Nº V.- 7.321.568.-

- II -

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

Conoce la presente causa este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo, en virtud de la acción de a.c., interpuesto en fecha 11 de junio de 2009, por la abogada M.E.C.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 81.838, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano J.M.R., titular de la cédula de identidad Nº 17.760.255, por la presunta violación de los artículos 27, 49, 87, 88, 89, 93 y 94 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículo 3, 10, 11, 66, 94, 625, 453 y 454 de la Ley Orgánica del Trabajo y los artículos 1 y 17 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

-III-

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA.

Alega el accionante que presto sus servicios personales remunerados y bajo la dependencia de la sociedad mercantil “DROGUERÍA NENA, C.A”, desde el 22 de febrero hasta el 13 de noviembre de 2008, fecha en la cual fue despedido.

Indica que en fecha 10 de diciembre de 2008, acudió ante la Inspectoria del Trabajo J.R.N.T. con sede en Guatire, con el objeto de solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, siendo resuelta su solicitud el día 27 de enero de 2009, mediante providencia administrativa Nº 039-2009.

En fecha 18 de febrero de 2009, se inicio el procedimiento de multa contra la sociedad mercantil “DROGUERÍA NENA, C.A”, el cual fue decidido mediante providencia administrativa Nº 039-2009 de fecha 27 de enero de 2009.

En estos términos quedó planteada la acción de A.C. incoada.

-IV-

BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

En fecha 12 de junio de 2009, se recibió de Distribución acción de a.c. interpuesta por la abogada M.E.C.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 81.838, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano J.M.R., titular de la cédula de identidad Nº 17.760.255, contra la sociedad mercantil DROGUERÍA NENA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Lara, en fecha 11 de febrero de 2004, bajo el Nº 21, tomo 06-A-Sgdo, en la persona de su representante legal M.A.B., titular de la cédula de identidad Nº V.- 7.321.568 por la presunta violación de los artículos 27, 49, 87, 88, 89, 93 y 94 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículo 3, 10, 11, 66, 94, 625, 453 y 454 de la Ley Orgánica del Trabajo y los artículos 1 y 17 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Que en fecha 17 de junio de 2009, este Tribunal admitió la presente accion de a.c. ordeno la notificación de la presunta agraviante.

-V-

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

De conformidad con lo establecido en el ordinal cuarto (4°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa ésta Alzada a establecer los motivos de hecho y de derecho en los que fundamentará la presente decisión, a cuyo efecto observa:

La acción de A.C. está establecida por el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enunciando su carácter extraordinario restablecedor de las situaciones jurídicas infringidas, o en todo caso por aquella que más se le asemejen, disponiendo para tal fin los principios de oralidad, publicidad, brevedad, gratuidad y no sujeto a formalidad alguna, pues es evidente que las violaciones constitucionales requieren ser protegidas de manera inmediata, por ser las normas fundamentales que ordenan todo el sistema político-social-jurídico de los Estados entendido éste en su sentido amplio, es así como el precitado artículo 27 dispone:

Artículo 27. Todos tienen derecho a ser amparados por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de a.c. será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y el juez competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. En el caso de la acción de amparo a la libertad o seguridad, la persona física del detenido será puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna y podrá ser interpuesta por cualquier persona. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaratoria del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales. (Resaltado del Tribunal).

Esta acción extraordinaria de A.C. consagrada en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, se encuentra regulada en la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, estableciéndose los supuestos violatorios para su interposición. Así dispone la procedencia de ésta Acción en contra de cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estatal o Municipal, los originados por los particulares, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas, que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por la Constitución (artículo 2 de la Ley), las violaciones que deriven de una norma que colida con la Constitución, pudiendo ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad (artículo 3 de la ley), cuando un Tribunal de la República actuando fuera de su competencia dicte una resolución, sentencia u ordene un acto que lesione los derechos constitucionales (artículo 4 de la Ley), e incluso contra los actos administrativos, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones emanados de los sujetos enunciados en el artículo 2 de la ley de A.S.D. y Garantías Constitucionales (artículo 5 de la Ley).

En este sentido, la Acción de A.C. prevista en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollada en la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, es de carácter extraordinario, destinada a proteger los derechos constitucionales del justiciable, aun de aquellos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en el precitado texto constitucional o en tratados internacionales sobre derechos humanos, que pudieran verse conculcados por las actuaciones, omisiones o vías de hecho de los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la citada ley, tal como se plasmó con anterioridad.

Así, el artículo 5 de la ley en cita establece:

Artículo 5.- “La acción de Amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucional, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.” (Subrayado del Tribunal).

La anterior disposición legal concibe la Acción de A.C. como un medio extraordinario que impone al agraviado por una decisión judicial o un hecho, acto u omisión proveniente de los órganos del Poder Público Nacional, Estatal o Municipal.

El hito que marcó éste carácter extraordinario de la acción de A.C., lo constituyó la sentencia de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 06 de Agosto de 1.987 (Caso Registro Automotor Permanente “RAP”), en la que se dejó sentado:

(…)Para que sea dable la concesión de un mandamiento de Amparo, el Juez que conoce de la solicitud respectiva, debe concretar su examen a la verificación de los siguientes aspectos:

1. - Que no exista para el restablecimiento de esa situación jurídica lesionada ningún otro medio procesal ordinario adecuado; y

2. - Que la lesión o el derecho o garantía afectados sean de tal naturaleza que no podrían ser reparados mediante la utilización de ese otro medio procesal...

Ha debido verificar el Juez del Amparo si no existía para el restablecimiento de la situación jurídica lesionada otro medio procesal ordinario de impugnación (administrativo o jurisdiccional), o si aún existiendo ese medio, éste resultaba inoperante por causar el acto o hechos cuestionados gravamen inmediato o irreparable a través de las vías ordinarias de protección previstas.... Así se reitera”.

De la jurisprudencia parcialmente transcrita, se evidencia la obligación por parte del Juez que conozca de la acción de A.C., verificar que para el restablecimiento de la situación jurídica lesionada no exista otro medio procesal ordinario de impugnación llámese administrativo o jurisdiccional, o si aún existiéndolo, éste resulta ineficaz por causar el acto o hechos cuestionados gravamen inmediato o irreparable.

Entiende este Juzgador que, el presente A.C. es de la especie que la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales en sus artículos 2 y 5 ha denominado; “hecho, actos u omisiones provenientes de los Órganos del Poder Público Nacional Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta ley. Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente”, siempre y cuando con tal situación se vulneren derechos o garantías constitucionales de los justiciables.

Ahora bien, en cuanto a la terminación del procedimiento por abandono del trámite, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Pedro Rondón Haaz, en sentencia de fecha 06 de Junio de 2.001, asentó lo siguiente:

(…) En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.

Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.

En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.

Así, a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional, el restablecimiento urgente de una determinada situación jurídica todavía reparable. En este sentido, tal conducta del presunto agraviado, conduce a presumir que el interés procesal respecto de este medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiestan interés (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00). Podría incluso haber mala fe en la inactividad –aunque la buena debe presumirse- cuando se ha obtenido una medida cautelar en la oportunidad de la admisión que restablece instrumentalmente la situación jurídica infringida, alterando así ilegítimamente el carácter temporal e instrumental de dicho restablecimiento en perjuicio de aquél contra cuyos intereses opera la medida.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el p.d.a., en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, y,.con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.”

De la jurisprudencia parcialmente transcrita se desprende sin lugar a dudas, que el abandono del trámite a que se encuentra constreñido el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, ausencia que se verifica, una vez transcurrido el lapso de seis (6) meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal en la parte actora, con lo cual se asume indefectiblemente, que el recurrente a renunciado tácitamente con respecto a la causa de que se trate y a ese medio procesal extraordinario, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta, justa y expedita decisión que le confiera la Carta Magna. Así mismo, y en la misma línea de pensamiento podemos deducir, que el principio o garantía constitucional a la tutela judicial efectiva, no puede de forma alguna amparar la decidía o inactividad procesal de las partes.

En el caso de autos observa este juzgador, que desde la fecha 17 de junio de 2009, la causa ha estado paralizada.

Ahora bien, visto que en el caso bajo análisis ha transcurrido diez (10) meses, sin que la parte presuntamente agraviada se diera por notificada a los fines de continuar el presente procedimiento, lo que resulta indefectiblemente un desinterés procesal para la consecución del presente recurso extraordinario de amparo aquí planteado, siendo así,este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, actuando en sede Constitucional, al no constatar de las actas procesales del presente expediente, violaciones de normas de orden público que vulneren o lesionen derechos y garantías constitucionales, resulta forzoso para este Juzgador dar por terminado el presente procedimiento de amparo por abandono del trámite del recurrente de la Acción de A.C. y en consecuencia se ordena dejar sin efecto el oficio número 09-0834, y la boleta de notificación de fecha 17 de junio de 2009 y anexarla al presente expediente. Así se declara.

- VI –

D I S P O S I T I V O

En Torno a lo precedentemente expuesto, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA TERMINADO EL PROCEDIMIENTO de la presente Acción de A.C. interpuesta por la abogada M.E.C.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 81.838, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano J.M.R., titular de la cédula de identidad Nº 17.760.255, por la presunta violación de los artículos 27, 49, 87, 88, 89, 93 y 94 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículo 3, 10, 11, 66, 94, 625, 453 y 454 de la Ley Orgánica del Trabajo y los artículos 1 y 17 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por abandono del trámite.

P U B L Í Q U E S E Y R E G Í S T R E S E

Debidamente firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, actuando en sede constitucional, con sede en el Municipio Chacao del Estado Miranda, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil diez (2010). Años 199° de la independencia y 151° de la federación.

DR. A.G..

EL JUEZ,

ABG. HERLEY PAREDES.

LA SECRETARIA ACC,

En la misma fecha, y siendo las __________________de la tarde (________) se publicó y registró la anterior decisión en el asiento Nº ______, dando cumplimiento a lo ordenado.

ABG. HERLEY PAREDES.

LA SECRETARIA ACC,

Exp. N° 06255.

yp.