Decisión nº 132 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 28 de Septiembre de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 304131254

Decisión nº 132 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 28 de Septiembre de 2009

RESUMEN

EL Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declaró:PRIMERO: SIN LUGAR LA APELACIÓN interpuesta mediante diligencia de fecha 24 de marzo de 2009, suscrita por el abogado Gillmer José Amaya Quiñónez, actuando con el carácter de apoderado judicial... (ver resumen completo)

EXTRACTO GRATUITO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

199º y 150º

DEMANDANTE:

Ciudadana JANNET MARGARITA GUERRERO DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° 11.016.784.

Apoderados de la parte demandante:

Abogados Carlos Emilio Castellanos Carreño, Jorge Antonio Castellanos Galvis y Edwin Carlos Flores Pachano, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 48.291, 15.897 y 83.127 respectivamente.

DEMANDADA:

Ciudadana MARTA PATRICIA TORRES ALARCON, titular de la cédula de identidad N° 15.232.493.

Apoderados de la parte demandada:

Abogados Gillmer José Amaya Quiñónez y Sonia Dayana Salazar Duque, Inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 53.219 y 71.412.

MOTIVO:

RESOLUCIÓN DE CONTRATO (Apelación de la decisión dictada en fecha 20 de Febrero de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial).

En fecha 14 de abril de 2009 se recibió previa distribución, el presente expediente N° 16738, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, con motivo de la apelación interpuesta por el abogado Gilmer José Amaya Quiñónez, apoderado de la ciudadana Marta Patricia Torres Alarcón, en fecha 24 de marzo de 2009, contra la decisión dictada por ese Tribunal en fecha 20 de febrero de 2009.

En la misma fecha anterior 14 de abril de 2009, este Tribunal le dio entrada y el curso legal correspondiente, fijando oportunidad para la presentación de los informes y observaciones si hubiere lugar.

En fecha 13 de mayo de 2009, oportunidad para la presentación de informes ante esta Instancia, el abogado Gillmer José Amaya, apoderado judicial de la ciudadana Martha Patricia Torres Alarcón, presento escrito de informes en el que hace un resumen pormenorizado de lo ocurrido en el proceso y alega la no procedencia de la resolución del contrato, ya que según criterio de la doctrina son tres las condiciones requeridas, a saber: 1) Que el contrato cuya resolución se pide sea un contrato bilateral. 2 Que exista el incumplimiento culposo de la obligación de una de las partes y 3 que la parte que intente la acción de resolución haya cumplido u ofrezca cumplir su obligación; que estas condiciones no están cumplidas en el presente caso, pues su representada siempre manejó la tesis de eximirse de cumplir con su obligación por falta de seguridad jurídica y garantía de parte de la accionante, e indirectamente de Banesco Banco Universal, ya que se trataban de créditos hipotecarios de los llamados indexados cuya reestructuración se estaba realizando y porque la parte accionante nunca exhibió, notificó o entregó con membrete y sello húmedo de Banesco las condiciones y términos de la restructuración del crédito hipotecario no como lo señala el Juez de la causa que el pago debió efectuarse al momento de iniciarse el procedimiento de resolución. Que su representada fue inclusive sorprendida en su buena fe cuando estando fuera del país se enteró que a su espalda se había celebrado un juicio sin respetársele sus derechos constitucionales del debido proceso y derecho a la defensa, tal como se comprobó con la sentencia de amparo constitucional. Que en relación con la condición de que la parte que intente la acción haya cumplido u ofrezca la obligación tampoco se materializó, pues la accionante no notificó formalmente las condiciones reales y términos de la reestructuración del crédito. Que su representada amparándose en causas que eximen de cumplimiento de obligación de pago, prorrogó el pago porque ninguna de las conductas manifestadas por la accionante garantizaba su seguridad jurídica como adquiriente de un inmueble con gravamen hipotecario a favor de Banesco Banco Universal, que lo único que esperaba su representada era que la accionante le demostrará fehacientemente con papel de seguridad y sello húmedo de Banesco los términos de la reestructuración del crédito hipotecario y la seguridad que cancelando esos quince mil bolívares (Bs. 15.000) el resto para completar los veinte mil ochocientos sesenta con treinta y siete céntimos de bolívares (Bs. 20.860.37) adeudados a Banesco ciertamente los cumpliría Jannet Margarita Guerrero Díaz a la Institución Financiera, si ya había desconfianza entre las partes, saliera de nuevo alegando otros pagos diferenciales distintos a los convenidos. Alegaron la obligación condicional la cual comprobaron a través del testimonio del ciudadano Jhon Fredy Acevedo Ruiz, según consta en la valoración de pruebas en la causa principal, su representada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.197 del Código Civil que establece los preceptos para considerar a una obligación condicionada, estaba sometida a una modalidad de compraventa, cuya obligación estuvo dependiendo de un acontecimiento futuro e incierto como fue la Reestructuración que debió hacer del pago del crédito hipotecario la accionada a la entidad financiera Banesco, que esta obligación fue incumplida por parte de Jannet Margarita Guerrero Díaz, quien se limitó a entregar copia de una misiva sin el aval ni ratificación del algún representante de Banesco Banco Universal a su representada. Que como consecuencia de la indefensión y desespero por las circunstancias vividas en la primera parte del proceso que violento su derecho a la defensa y la declaración de parcialmente con lugar del amparo constitucional en revisión de oficio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, accionó un procedimiento de Oferta Real de Pago y deposito, por cuanto la accionante nunca se le ubicó tampoco en la ciudad de San Cristóbal y dicha confesión en flagrante violación a su derecho constitucional de que las confesiones manifestadas voluntariamente no debió ser valoradas para determinar la deuda que quedo pendiente en la negociación que declaren algún hecho o responsabilidad podrán ser usadas en su contra; como era el pago de Bs. 15.000) tal como se hizo ver en el numeral 13 de la sentencia. Solicitó en nombre de su representada que se revoque la sentencia que declaró parcialmente con lugar la resolución de contrato, por cuanto no concurrieron los tres elementos que establece la doctrina y jurisprudencia para declarar resuelto un contrato bilateral, a saber que no hubo incumplimiento culposo por parte de su mandante de cancelar los Bs. 15.000,00 restantes de su obligación, por cuanto se amparó siempre en una causa que la eximió en ese momento de su cumplimiento como fue la no participación, notificación formal de la accionante con el aval y seguridad jurídica de algún representante legal de dicha Institución Financiera, que no entienden como el a quo, sin elementos probatorios contundentes, sin valorar ni apreciar los instrumentos privados que demostraban el cumplimiento de la obligación de la accionante de hacer cumplir la negociación del pago del crédito hipotecario haya declarado parcialmente con lugar la resolución del contrato en perjuicio económico, patrimonial y legal a su mandante; que lejos de la realidad el a quo, ordenó la restitución del inmueble descrito en el punto cuarto, cuando la verdad es que su mandante jamás a estado en posesión del inmueble desde que pacto dicha negociación, solicitó a todo evento revoque el efecto de restitución de la suma de veinticinco mil bolívares declarado en el numeral quinto por cuanto esa cantidad resultaría devaluada en el tiempo por efecto de la inflación y en todo momento eso beneficiaria a cabalidad a la accionante Jannet Margarita Guerrero Díaz, quien se quedaría con el inmueble de más de Bs. 400.000 y su mandante con los Veinticinco Mil bolívares (Bs. 25.000) entregados muy lejos de la realidad económica que vive el país y lo más grave sin vivienda para su familia.

De las actas que conforman el presente expediente se desprende:

Libelo de demanda intentada por el Jannet Margarita Guerrero Díaz, asistido por la abogada Carollyn Guerrero Díaz, contra la ciudadana Marta Patricia Torres Alarcón, para que convenga o a ello sea condenada por el Tribunal en lo siguiente: 1) En dar por resuelto el contrato contenido en documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público de los Municipios San Cristóbal del Estado Táchira, el 21 de agosto de 2002, bajo el N° 26, Tomo 011, folios 1 al 4, Protocolo 01. 2). En reconocer a su mandante Jannet M. Guerrero D, como propietaria de la suma de dinero entregada por la demandada en virtud del referido contrato de fecha 21 de agosto de 2002, es decir, la suma de Veinticinco Millones de Bolívares sin Céntimos (Bs. 25.000.000,00) como indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de su obligación. 3) En la devolución del inmueble dado en venta.

Alega en el libelo que en fecha 21 de agosto de 2002, mediante documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público de los Municipios San Cristóbal, bajo el N° 26, Tomo 011, folios 1 al 4 celebró un contrato de compraventa con la ciudadana Marta Patricia Torres Alarcón, sobre un inmueble compuesto por un apartamento signado con el N° 8-2, piso 8 de la Torre 1 del Parque Residencial “La Alameda”, ubicado en la calle 4, viaducto nuevo, Carrera 21, esquina Sur-Este de la ciudad de San Cristóbal, cuyos linderos generales son: Norte: con la calle 4, mide en línea recta ciento treinta y ocho metros con cincuenta centímetros; Sur: con la quebrada La Bermeja, mide en línea recta irregular ciento veinte metros con cincuenta centímetros; Este: con el viaducto nuevo, mide el línea recta setenta y dos metros y Oeste: con pared medianera de la casona “La Potrera” y con terrenos de Inpirsa, mide...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS