Decisión nº PJ0012015000167 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Merida, de 14 de Octubre de 2015
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2015 |
| Emisor | Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Moralba Herrera |
| Procedimiento | Demanda De Nulidad Con Amparo Cautelar |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida
Mérida, 14 de Octubre de 2015.
205º y 156º
EXP. LP41-G-2015-000049
Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado el día 06 de Octubre de 2015, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, por el ciudadano J.V.U., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.467.241, actuando con el carácter de arrendatario y co-sucesor del fondo de comercio ABASTOS LOS PROCERES DE J.D.L.R.V. SUAREZ Y SUCESORES, debidamente asistido por el abogado G.A.L.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.577.443, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 105.293, contentivo de Demanda de Nulidad Conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, interpuesta contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
I
DE LA ACCIÓN DE A.C.S.
La parte demandante, fundamenta el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad Conjuntamente con A.C.d.S.d.E. del acto administrativo Nº 155-2015, emanado de la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, contenido en el expediente Administrativo Nº AML-SAMAT-006-2014, en el articulo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con los artículos 87,89, 112, 299 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y, al criterio establecido por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 02357, de fecha 28 de Abril de 2005.
Sostuvo que “(…) al efecto alego la existencia del Periculum in mora, a los fines de demostrar los extremos para solicitar la medida cautelar provisional de suspensión de efectos del acto administrativo Nº 155-2015, emanado de la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida, contenido en el expediente Administrativo Nº AML-SAMAT-006-2014, se debe a que existen pruebas suficientes y fehacientes del daño que se me puede causar al ejecutarse – LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICENCIA Y CIERRE TEMPORAL DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL “ABASTO LOS PROCERES SUCESORES, hasta tanto sea regularizada la situación jurídica y se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 277 del Reglamento de la Ley de Impuestos sobre Alcohol y Especies Alcohólicas.
Se insta al Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SAMAT) al estricto cumplimiento del contenido de la decisión del presente RECURSO JERARQUICO, en los términos expuestos--.
Toda vez que es evidente que, si se ejecuta dicha decisión, el negocio será cerrado, impidiéndome toda actividad económica.(…)”
Alegó que “(…) En relación al Periculum in damni sostengo que la solicitud de dicha medida se debe a que existen pruebas suficientes y fehacientes del daño que se me puede causar, toda vez que es evidente que, si se ejecuta dicha decisión, el negocio será cerrado, impidiéndome toda actividad económica, ya que allí se encuentran insumos que están propensos a dañarse por ser estos perecederos, los cuales están valorados en mas de Bs.500.000,00; igual existen personas, que dependen económicamente del Fondo de Comercio y que si este negocio es cerrado no genera ningún ingreso, condenándose a no percibir salario semanal estimado en el orden de los Bs. 15.000,00, además que se impediría cancelar a los proveedores de las deudas de las cuales soy deudor, y, a fin de evitar perjuicios irreparables en el desarrollo del proceso hasta una sentencia definitiva.(…)”
Finalmente Solicita que “(…) me sea otorgada la medida cautelar como medio provisional para evitar la situación jurídica de ser ejecutada la medida de suspensión de la licencia y cierre temporal del establecimiento, infringida, hasta tanto no se resuelva el fondo de la controversia; la nulidad de la Resolución del Recurso Jerárquico Nº 155-2015, contenido en el expediente administrativo Nº AML-SAMAT-006-2014 de fecha 25 de mayo de 2015, emanada de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MÉRIDA, a través del Alcalde, ciudadano C.R.G.O.. (…)”
Al respecto este Tribunal observa que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 00196 de fecha 26 de febrero de 2013, con Ponencia del Magistrado Emiro García Rosas, Exp. N° 2012-1342, (Caso: Inversiones ALVEAN 2000, S.N.C., contra el Presidente de la República), señala los requisitos de procedencia de la medidas cautelares.
“dicha medida preventiva procede solo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable, o lo que es lo mismo, la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y, adicionalmente, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), a lo cual hay que agregar, conforme a lo dispuesto en el antes citado artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación de los “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva”. (Énfasis añadido)
En este mismo orden de ideas, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha señalado de manera reiterada, que el A.C. ejercido conjuntamente con Querella Funcionarial sólo comporta una naturaleza “cautelar” y “preventiva”, en tal sentido funge en salvaguarda de un derecho constitucional presuntamente transgredido o presuntamente amenazado de lesión, mientras dure el juicio principal. De tal manera, que esta naturaleza o categoría de rango constitucional comporta que el mandamiento de amparo que se produzca no puede constituir una ejecución anticipada del fallo, ni mucho menos se puede conceder lo que constituye el fondo del petitorio de la querella, siendo este ultimo criterio ratificado en la sentencia de la Sala Político Administrativa Nº 00196 antes mencionada:
El primero de los requisitos, el fumus boni iuris consiste en un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, tal como expresamente lo prohíbe el mencionado artículo 104 eiusdem. A tal fin, la decisión del Juez no debe fundamentarse sobre simples alegatos de perjuicio, sino en el análisis que este haga de la argumentación y los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama, dado que, en definitiva, solo a la parte que tiene la razón en juicio pueden causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados.
Este Tribunal tomando en cuenta los alegatos de la parte actora, observa que en relación a las presuntas violaciones de los derechos constitucionales denunciados por el querellante, implicaría analizar cuestiones referidas al fondo del asunto, pues no hay manera de acordar el amparo cautelar con fundamento en los razonamientos planteados, sin pronunciarse sobre la validez de lo que se solicita, siendo necesario revisar normas de rango legal, para de esta manera verificar si lo solicitado se efectuó ajustado al ordenamiento jurídico, en pago de las prestaciones sociales del querellante, lo que conllevaría a vaciar de contenido el fondo de la controversia, adelantando los efectos de la decisión de fondo, en caso que la misma resultare favorable, constituyendo entonces una simple ejecución adelantada del fallo definitivo, sin existir en autos, elementos demostrativos esenciales de la necesidad imperiosa del otorgamiento de la medida.
Es así que en el caso de autos, no se han demostrado los elementos esenciales que debe reunir toda medida cautelar, ni se desprende de la solicitud el fumus boni iuris, sin tener que analizar el fondo de lo que se solicita y normas de rango legal, además que constituiría un evidente adelanto de opinión otorgar la medida en los términos planteados ya que lo solicitado es lo mismo que pretende el recurso en sí, en virtud de lo cual esta Juzgadora estima que no están dados los requisitos exigidos para su procedencia, razón por la cual se declara IMPROCEDENTE la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos solicitada, y así se decide.-
II
DE LA ADMISIBLIDAD DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD
Ahora bien, en virtud de que la presente acción cumple con los requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y no se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad de la demanda prevista en el artículo 35 ejusdem, este Órgano Jurisdiccional ADMITE la presente causa, en cuanto ha lugar en derecho, y como consecuencia de ello se ordena la notificación al ciudadano Alcalde del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida y al Sindico Procurador del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, las cuales se anexarán copias del escrito libelar, del presente auto y demás recaudos pertinentes. Se le advierte que una vez notificadas las partes del presente proceso no habrá necesidad de una nueva citación o notificación para ningún otro acto del juicio, salvo disposición contraria de la Ley, de conformidad con el segundo aparte del artículo 37 ejusdem. De igual manera, en aras de la celeridad procesal, de conformidad con el artículo 79 ejusdem, se ordena solicitar la remisión del expediente administrativo o antecedentes correspondientes, el cual debe constar en forma original o en copias debidamente certificadas y foliadas en números y letras, por la persona con la facultad para ello, sin que se presenten ningún tipo de tachadura, enmendadura o doble foliatura y en caso de tenerlo, las mismas deberán ser subsanadas, siendo testada y debiendo indicar los folios corregidos por la persona que realiza dicha certificación, dentro del lapso de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que conste en autos la recepción de tal solicitud, so pena, de que el funcionario encargado de tal remisión y que incumpla con el requerimiento del tribunal, sea sancionado con multa de cincuenta (50) a Cien (100) unidades tributarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena notificar al ciudadano Fiscal General de la República en la persona del Fiscal Superior del Estado Bolivariano de Mérida, mediante exhorto a tal fin se ordena anexar copia certificada del escrito contentivo de la demanda; así como también librar notificación al Procurador General de la República, la cual se practicará con arreglo a lo ordenado en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de conformidad con el artículo 37 ejusdem, remitiéndoles copias certificadas de la solicitud, de la providencia administrativa y de la presente decisión.
Aunado a lo anterior, en virtud de la naturaleza del asunto que se plantea, este Juzgado considera que aun cuando en la presente causa se pretende la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares, resulta necesario librar el cartel de emplazamiento previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa el cual será publicado en el Diario “FRONTERA” y librado el día siguiente a aquél en que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas. En consecuencia, dentro de los cinco (5) días de Despacho siguientes a la constancia en autos de la publicación del cartel de emplazamiento, este Tribunal de conformidad con el artículo 82 eiusdem, fijará mediante auto expreso la oportunidad para que tenga lugar la celebración de la audiencia de juicio a la cual deberán comparecer las partes y los interesados.
Líbrense los oficios, compúlsense, certifíquese las copias respectivas y anéxense las copias simples correspondiente. Entréguese al Alguacil para que practique las notificaciones.
III
DECISIÓN
En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:
ADMITE la Demanda de Nulidad Conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos interpuesta por el ciudadano J.V.U., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.467.241, actuando con el carácter de arrendatario y co-sucesor del fondo de comercio ABASTOS LOS PROCERES DE J.D.L.R.V. SUAREZ Y SUCESORES, debidamente asistido por el abogado G.A.L.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.577.443, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 105.293, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
IMPROCEDENTE el amparo cautelar, de conformidad con la motiva del presente fallo. En consecuencia se ordena la apertura de un cuaderno separado para la tramitación de la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada.
LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. MORALBA HERRERA
LA SECRETARIA.
ABG. A.F.
EXP. LP41-G-2015-000049
MH/ma.-
