Decisión nº 0315 de Juzgado Superior Agrario de Cojedes, de 14 de Agosto de 2007

SIN LUGAR la QUERELLA INTERDICTAL DE RESTITUCIÓN POR DESPOJO, intentada por la ciudadana I.P.P., debidamente asistida de abogado, contra los ciudadanos: I.G. Y F.G..

SE REVOCA la medida de RESTITUCION decretada por este juzgado en fecha 27 de septiembre de 2004, en consecuencia, SE ORDENA A LA QUERELLANTE: I.P.P., PONER A LOS QUERELLADOS I.G. Y F.G., EN POSESIÓN DEL SIGUIENTE INMUEBLE: Una parcela de terreno propiedad del antiguo INSTITUTO AGRARIO NACIONAL (hoy INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS) con una extensión (Omissis…)

De conformidad con lo establecido en el artículo 702 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la fijación de los daños que la ejecución de la medida de RESTITUCIÓN decretada y practicada en la presente causa, ocasionó a los querellados, para lo cual se ordena la practica de una experticia complementaria del fallo, en la cual los expertos tomarán en consideración la fecha en la cual se materializó la medida y los días que los querellados han permanecido fuera de la parcela, considerando igualmente que para la fecha en que se materializó la restitución los querellados poseían en el inmueble 31 cochinos de diferentes edades y 60 pollos, por lo que el precio de dichos semovientes deberá ser calculado al precio actual de mercado y el mismo deberá serle pagado por la parte querellante a los querellados. …”(cursivas del Tribunal)

Como puede observarse de la trascripción anterior, la querella interdictal restitutoria interpuesta por la ciudadana I.P. contra los ciudadanos I.G. y F.G. fue declarada sin lugar, por cuanto la sentenciadora consideró que había operado la caducidad de la acción, sobre la base de las pruebas testimoniales adminiculadas a los documentos emanados de la Oficina Regional de Tierras del estado Carabobo, así como también del análisis que hizo a las distintas pruebas aportadas por las partes, de manera que, es de significativa importancia revisar si efectivamente operó la caducidad de la acción, tal y como lo dejó sentado la decisión de fecha 09-04-2007 proferida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, puesto que de constatarse la configuración de la misma resultaría inoficioso hacer cualquier otro pronunciamiento respecto al mérito de la causa.

Por ello, y como quiera que es de relevante importancia la determinación de los hechos que han de llevar a este sentenciador a dilucidar la verdad, este Tribunal con tal propósito pasa a analizar, las pruebas que fueron examinadas por el Tribunal de la causa, y que en base a ello arribó a la conclusión de declarar la caducidad de la acción. A tal efecto encontramos:

-X-

ANALISIS PROBATORIO

Pruebas de la parte Querellante

En la articulación probatoria la representación judicial de la parte querellante, promovió la ratificación del justificativo de testigos presentado conjuntamente con el libelo de la demanda como prueba preconstituida para que los ciudadanos R.E.Z., Leyris Girón, Mileysi Salinas Medina y Clodio Salinas Torres, ratificarán las declaraciones que rindieron por ante el Juzgado del Municipio D.I. de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, sin embargo, de una revisión exhaustiva del expediente se evidencia que los referidos ciudadanos no comparecieron al Tribunal a ratificar sus deposiciones, según consta a los folios 121 al 124 de la pieza identificada con el Nº 2 (Recurso de Hecho).

Ahora bien, considera necesario este juzgador, precisar algunas consideraciones referentes a la valoración de los justificativos de testigos, para lo cual, trae a colación lo que al efecto ha dejado establecido la doctrina y la jurisprudencia patria, al considerar que un documento emanado de un Tercero, formado fuera del juicio y sin participación del Juez ni de las partes procesales, no es capaz de producir efectos probatorios, puesto que las declaraciones hechas por el tercero que constan en dicho documento, solo pueden ser trasladadas al expediente mediante la promoción y evacuación de la prueba testimonial, que es la única formada en el proceso, con la inmediación del juez y con la posibilidad efectiva de control y contradicción, en cuyo caso, por referirse el testimonio a su contenido debe ser ratificado a fin de que las declaraciones pasen a formar parte de la prueba testimonial y en consecuencia sean valoradas de acuerdo a las reglas previstas en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. (sent. de fecha 09-08-2006 Sala de Casación Civil, ponencia de la Magistrada Yris Peña).

Pues bien, en el presente caso el justificativo antes referido y que fuera acompañado con el libelo de demanda, pese a que fue promovido por la parte querellante, se constata que los testigos que declararon en dicho justificativo que ninguno de ellos compareció a rendir testimonio, es decir, no ratificaron las declaraciones hechas en el mismo, lo cual le impidió a la contraparte la opción de repreguntarlos y siendo ello así, el referido justificativo evacuado extraprocesalmente no se le concede ningún valor probatorio y por tanto no puede ser apreciado por este Juzgador. Así se decide.

De la misma forma, el accionante anexó al libelo de la querella marcado con las letras C (folios 20 al 39 primera pieza) inspección judicial practicada por el Juzgado del Municipio D.I. de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo en fecha 26 de marzo de 2003, la cual fue promovida en el escrito de promoción de pruebas de fecha 14/08/06, de ésta, se observa que el referido Tribunal se constituyó en un inmueble ubicado en el asentamiento campesino Las Vueltas, Sector La Guaricha, parcela Nº 26 de la Población de Mariara, estado Carabobo, acompañado de un practico fotógrafo y de un experto y en la cual se dejó constancia de la existencia de una vivienda rural, que contiene una sanitario, un salón de aproximadamente cinco metros de ancho por diez de largo, compuesto con paredes de bloques y piso de cemento, techo de zinc y puertas de metal, en la parte exterior, se apreció un pasillo techado de zinc y viga, alrededor se observó cercas perimetrales con bloques de concreto, así como animales de cría como pavos, pollitos perros, también se dejó constancia de la siembra de berenjena, árboles frutales de mango, frutas cítricas y la existencia de una bomba de agua.

En primer término se constata, que la inspección bajo análisis fue practicada por un funcionario (Juez) en el ámbito de su competencia, razón por la cual esta Alzada debe tener por cierto los hechos en ella señalados, no obstante a ello, debe este sentenciador precisar, lo que al efecto ha dejado establecido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 399 de fecha treinta (30) de noviembre del año 2000, dejó sentado lo siguiente:

…La Sala para decidir, observa:

Por una parte, el recurrente señala que la prueba de inspección judicial extra litem no debió apreciarse ni valorarse por cuanto no fue ratificada en el proceso, siendo por ello incapaz de producir efectos como tal, por ser una prueba irregular.

Al respecto, nuestra doctrina y la ley han señalado que la inspección judicial preconstituida es procedente, cuando se pretenda hacer constar el estado o circunstancias que pueden desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Es cierto que la causa que motiva o pone en movimiento este medio probatorio, en su carácter de prueba preconstituida, es la urgencia o perjuicio por retardo que pueda ocasionar su no evacuación inmediata, para dejar constancia de aquellos hechos, estados o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Esta condición de procedencia debe ser alegada al juez ante quien se promueve, para que éste, previo análisis breve de las circunstancias, así lo acuerde.

Una vez cumplidos estos requisitos la prueba debe considerarse promovida y evacuada válidamente, pues la inspección judicial preconstituida no necesita ser ratificada en el proceso para que surta efectos probatorios, por cuanto hubo inmediación del juez que aprecia por sus sentidos las circunstancias de una situación de hecho.

La no probanza de esta última condición sí afectaría su legalidad, por cuanto esta prueba preconstituida sólo es posible evacuarla para dejar constancia de las circunstancias o estado de los lugares o de las cosas que puedan desaparecer o modificarse en el transcurso del tiempo. Si no está demostrado en el proceso donde ella sea producida, la prueba no puede ser apreciada

.(subrayado propio).

Ahora bien, del contenido de la indicada decisión se verifica que la causa que motiva o pone en movimiento este medio probatorio, en su carácter de prueba preconstituida, es la urgencia o perjuicio por retardo que pueda ocasionar su no evacuación inmediata, para dejar constancia de aquellos hechos, estados o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Esta condición de procedencia debe ser alegada al juez ante quien se promueve, para que éste, previo análisis breve de las circunstancias, así la acuerde.

En el caso de autos el querellante solicitó dicha inspección sin indicar ninguno de los requisitos que son necesarios para considerar que dicha prueba fue promovida y evacuada válidamente, con lo cual se transgredió el artículo 1.429 del Código Civil, tal cual como lo dejo establecido la sentenciadora de la recurrida, en consecuencia dicha inspección no puede ser valorada. Así se decide.

Testimoniales:

En el mismo sentido, consta a los folios 163 al 165 de la 2da pieza de este expediente acta de fecha 03 de octubre de 2006 que recoge la declaración del Testigo J.L.P.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 4.873.566, quien fue evacuado por su promovente en presencia de la apoderada judicial de la parte querellada, del contenido de su declaración, se constata que efectivamente tal y como lo expreso la juez de la recurrida el referido testigo, prestó sus servicios como práctico fotógrafo en la inspección judicial extra litem que fuere acompañada por la parte querellante junto con el libelo de demanda, designación ésta que fue reconocida por dicho ciudadano en las respuestas que diera al interrogatorio que le formulara la representación judicial de la parte querellada, en la siguiente forma: (Sic) “TERCERA PREGUNTA: ¿Qué diga el testigo por qué fue nombrado práctico fotógrafo en la Inspección realizada en este juicio? CONTESTÓ: Porque me encontraba de visita en ese momento y el Tribunal me designó para eso en ese momento. CUARTA PREGUNTA: ¿Que diga el testigo por qué aceptó el cargo de práctico fotógrafo? CONTESTÓ: Porque las personas del Tribunal me lo pidieron y no había otras personas y lo acepté.”, de manera que, con tal afirmación es consecuente, quien aquí decide con el criterio sostenido por la juzgadora que al fungir el mencionado ciudadano en el caso que nos ocupa, como testigo y como auxiliar de justicia sus deposiciones carecen de la neutralidad necesaria, por la sencilla razón de que su imparcialidad está indudablemente comprometida, pues cuando un Tribunal designa a un práctico bien sea a petición de parte o de oficio, la persona designada es un auxiliar de la justicia, que asesora al Juez en una materia sobre la cual él conoce y dichos funcionarios no pueden ser testigos, tal y como lo ha venido sosteniendo nuestro m.T.d.J.. (Sentencia, Nº 0174 24 de mayo de 1995, de fecha la Sala de Casación Civil, ponencia del Magistrado Héctor Luciano Grisanti), lo cual priva a este juzgador de darle valor probatorio a sus declaraciones. Así se decide

A los folios 166 al 167 de la 2da pieza de este expediente cursa acta de fecha 03 de octubre de 2006 que recoge la declaración de la Testigo Libian Coromoto Escalante, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.658.552, quien fue evacuada por su promovente en presencia de la apoderada judicial de la parte querellada, quien a las repreguntas formuladas por la contraparte, respondió así: (Sic) “PRIMERA PREGUNTA: Que diga la testigo, si fue esposa o hubo una relación sentimental con el ciudadano J.C.S., hijo de la ciudadana I.P.P.? CONTESTÓ: si hubo una relación de los cual tengo una niña, pero tengo tiempo que no mantengo contacto con él, solo de la niña.”

Respecto a la declaración de la testigo Libian Coromoto Escalante, considera este Tribunal que la juez de la recurrida actuó acertadamente al desechar las deposiciones de la misma, pues, de sus respuestas dadas a la representación judicial de la parte querellada, queda en evidencia que la testigo esta inhabilitada legalmente para declarar a favor de la parte que la promovió por cuanto manifestó que su hija es nieta de la ciudadana accionante I.P., lo cual crea una incertidumbre que efectivamente impide apreciar su testimonio, toda vez que la afinidad existente, pudiera denotar que la testigo tienen un interés inmediato en las resultas de la querella, que a todas luces ponen en duda su imparcialidad. Por lo expuesto se desecha la testimonial de la Ciudadana Libian Coromoto Escalante, por no merecerle fe al Juzgador. Así se decide.

En actas de fecha 04 de octubre de 2006, que obran a los folios 170 al 172 y 173 al 175 de la 2da pieza del presente expediente cursan las declaraciones de los ciudadanos C.E.M., venezolano, mayor de edad titular de la cédula de Identidad Nº 9.644.295 y M.H.H., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº 5.657.410 quienes fueron evacuados por el abogado querellante promovente en presencia del apoderado judicial de la parte querellada, de cuyas actas de declaraciones se constata que, ciertamente como lo ha interpretado el a-quo ambos testigos, esto es, los ciudadanos C.E.M. y M.H.H., incurren en una contradicción en cuanto al tiempo de ocupación por parte de los querellados en el lote de terreno, cuando respondieron idénticamente a a las siguientes preguntas en esta forma: “SEXTA PREGUNTA: Diga el testigo: ¿Sabe usted y le consta; por que lo presenció, que en la primera quincena del mes de octubre del año 2002, los señores ISAIAS Y F.G., se introdujeron en esa parcela Nº 26, sin consentimiento de la señora I.P.P., Si me consta porque lo presencié. SEPTIMA PREGUNTA: ¿Diga el testigo sabe usted y le consta porque lo ha visto, que los hermanos ISAIAS Y F.G., depuse de haberse metido en esta parcela, comenzaron a sembrarla de berenjena, maíz, cítricos; hasta que un Tribunal en el mes de octubre de 2003, los desalojaron. CONTESTÓ: Si, si me consta. OCTAVA PREGUNTA. ¿Diga el testigo, durante el tiempo de un año que tuvieron los hermanos ISAÍAS Y F.G., en la parcela 26, que siembra realizaron allí? CONTESTÓ…..” tal contradicción por parte de los testigos en cuanto a este hecho, indudablemente crean en este sentenciador un estado de dudas sobre el tiempo de permanencia de los querellados en el lote de terreno en cuestión, por cuanto, efectivamente la practica de la medida de restitución se verificó en el mes de octubre de 2004, y no como lo expresaron los testigos en octubre de 2003, y habiendo ocupado la parcela en Octubre de 2002 como se afirma en el libelo contentivo de la querella, su permanencia en la misma fue de un año, lo cual es falso, por cuanto la permanencia de los querellados habría sido de por lo menos dos (02) años, no de uno (01).

Esta circunstancia le impide a este sentenciador que tales deposiciones puedan ser apreciadas tomando en consideración que uno de los presupuesto necesarios para que prospere la presente acción lo es, que la misma sea ejercida dentro del año de la ocurrencia del despojo, por lo tanto estima este sentenciador que cuando los testigos no coinciden en cuanto al tiempo de ocupación de los querellados en el lote de terreno, mal puede esta alzada apreciar las mentadas deposiciones.- Así se declara.

En acta de fecha 06 de octubre de 2006, que obra a los folios 181 al 184, de la 2da pieza del presente expediente cursa la declaración del ciudadano P.M.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº 9.666.870, quien a las preguntas formuladas por el abogado querellante y promovente respondió así: Que efectivamente conoce desde hace varios años a la ciudadana I.P., tanto de vista como de comunicación; Que efectivamente conoce ese asentamiento campesino denominado las vueltas ubicado en el sector las Guarichas, Distinguido con el Nº 26 del Municipio D.I.d.e.C.; que indudablemente conoce de vista trato y comunicación a los hermanos Isaías y F.G., Que le consta que la señora Isabel realizó las mejoras parciales y sustanciales de la parcela Nº 26 del asentamiento campesino denominado las vueltas ubicado en el sector las Guarichas, Distinguido con el Nº 26 del Municipio D.I.d.e.C.; Que le consta que unos días antes de celebrarse el 12 de octubre los hermanos González se metieron el la parcela Nº 26 sin consentimiento de la señora Isabel, negándose a salir de la misma en forma amistosa y negándose al dialogo con la señora I.P.; que ciertamente le consta que los hermanos González posteriormente a esos días del 12 de octubre en que procedieron a meterse en la parcela continuaron las labores de siembre iniciadas por la señora Isabel, hasta la fecha en que un tribunal procedió a formalizar el desalojo; que presenció físicamente cuando los señores Isaías y F.G. agredieron amenazaron y ofendieron de forma verbal a la señora I.P.. Seguidamente la abogado V.L. procedió a repreguntar al testigo quien a las preguntan que le fueron formuladas contestó: Que al inicio del acta manifestó ser abogado y comerciante; que le consta que la señora Isabel realizó mejoras y sembró frutos en la parcela porque consuetudinariamente iba de visita a ese asentamiento a compartir con unos amigos; Que la parcela carece de número identificatorio, pues por conocimiento de su propietario le comentó que estaba mandando a hacer un nuevo cartel contentivo del nombre y del numero, porque lo había hurtado. Que los hermanos González se introdujeron en esa parcela los días previos al día festivo nacional 12 de octubre de 2002; que debe señalar que los hermanos González continuaron realizando la misma actividad de siembra que inicialmente realizó la señora Isabel; que presenció de forma personal y física las ofensas y vulgaridades proferidas por los hermanos González hacia la señora Isabel porque las mismas eran subidas de tono y muy humillantes y era casi imposible no escuchar.

En cuanto a este testigo, debe esta instancia analizar si su único testimonio tiene validez, es decir determinar si con la sola declaración del mismo es suficiente confirmar lo aducido por la actora en su escrito de demanda. Siendo ello así, la apreciación de la prueba de testigo bajo la observancia de las pruebas existentes es exclusiva de los Jueces, por ello el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, ha dispuesto la facultad que tiene el Juez para apreciar o desechar las testimonios con base al motivo de su declaración, la confianza que m.e.t. y demás circunstancias.

Asimismo, encontramos que si bien es cierto que el principio Testis Unus, Testis Nullus ha perdido vigencia, no es menos cierto que para la apreciación del testigo único, éste tiene que merecer fe por su vida y costumbre, por la profesión que ejerza y por el grado de sinceridad que revele su declaración y dado que en el caso de autos son desconocidos para este sentenciador la condición de honorabilidad, buen crédito y seriedad del testigo en cuestión, no puede este Tribunal apreciar su testimonio como prueba suficiente para confirmar lo alegado para la parte actora. En consecuencia el Tribunal desestima la testimonial única del ciudadano P.M.M.. Así se decide.

Pruebas de la Parte Querellada

Testimoniales

A los folios 102 al 103 de la pieza distinguida con el Nº 2 (Recurso de hecho), cursa acta de fecha 25 de septiembre de 2006 que recoge la declaración del Testigo J.G.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.654.293, quien fuera evacuado en presencia de la representación judicial de la parte querellante, a las preguntas formuladas por el abogado promovente, representante de la parte querellada, respondió en la forma siguiente: Que si conoce de vista trato y comunicación a los ciudadanos I.F. y G.G.; que si conoce la parcela Nº 26 del asentamiento Campesino La Vueltas, Sector la Guaricha, Municipio D.I.d.e.C.; que si le consta que dicho lote de terreno está ubicado en los siguientes linderos Norte: Con la parcela Nº 25, Sur: Con la parcela Nº 27, Este y Oeste: Con vía de penetración agrícola; Que si le consta que los ciudadanos I.G. y G.G., comenzaron una actividad agrícola desde el mes de enero de 1998 hasta el día 20 de octubre de 2004; Que si sabe y le consta que esa actividad agrícola la realizaron personalmente en esa parcela, y se dedicaron a la cría de cerdos, pollos, gallinas, ganados, a la siembra de matas de limón, naranjas y lechosas; Que si sabe y le consta que los ciudadanos Isaías y G.G. fueron desalojados de la parcela por un tribunal el día 20 de octubre de 2004; que si sabe y le consta que para el momento de que los hermanos González fueron desalojados de la parcela ellos había plantado o sembrado 1500 matas de limón, 500 matas de naranja y 50 matas de lechosa; que si sabe y le consta que la ciudadana I.P.P., no comenzó a trabajar la agricultura antes de los hermanos González. Seguidamente, el abogado de la parte querellante R.M. pasó a repreguntar, y el testigo le respondió así: Que los hermanos González realizan actividades agrícolas en la parcela Nº 26 del sector la Guarichas; Que le consta que los hermanos González han realizado actividad en la parcela desde enero del año 1998 porque es vecino y parcelero; Que es parcelero de la parcela Nº 51-A; que las bienhechurias que tiene la parcela son una pared de bloque y un galpón; Que no sabe quien construyó las paredes de bloque, que es parcelero del sector desde el 89, que si existe siembra de mango en la parcela objeto de esta juicio, que el señor Isaías fue el que sembró esos mangos; que el vio cuando los hermanos González entraron en la parcela; Que antes de que los hermanos Isaías y F.G. se metieran el la parcela no había otra persona trabajando ahí, porque estaba baldío y lo tenía para potrero.

Al folio 105 de la pieza distinguida con el Nº 2 (Recurso de hecho), cursa acta de fecha 25 de septiembre de 2006 que recoge la declaración del Testigo A.A.F.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.688.395, quien fuera evacuado en presencia de la representación judicial de la parte querellante, a las preguntas formuladas por el abogado promovente, representante de la parte querellada, respondió en la forma siguiente: Que si conoce de vista trato y comunicación a los ciudadanos Isaías y F.G., Que si conoce la parcela Nº 26 del asentamiento campesino las Vueltas, sector las Guarichas, Municipio D.I.d.e.C., que si le consta que dicho lote de terreno está ubicado en los siguientes linderos Norte: Con la parcela Nº 25, Sur: Con la parcela Nº 27, Este y Oeste: Con vía de penetración agrícola; Que si sabe que los ciudadanos Isaías y F.G. comenzaron una actividad agrícola desde enero de 1998 hasta el día 20 de octubre de año 2004 en esa parcela; Que le consta que esa actividad la realizaron personalmente y se dedicaron a la cría de cerdos pollos gallinas ganado vacuno; Que le consta que en octubre de 2004 los hermanos González fueron desalojados de dicha parcela por un Tribunal; Que si le consta que para el momento en que los hermanos González fueron sacados por un Tribunal de dicha parcela habían plantado 1500 matas de limón persa, 500 matas de naranja y 50 matas de lechosa; Que si le consta que la ciudadana I.P.P. no realizó ningún tipo de actividad agrícola en la parcela antes que los hermanos González; Posteriormente interviene el apoderado judicial de la parte querellante R.M. a repreguntar al testigo el cual respondió; Que actualmente no esta ejerciendo la profesión de tornero; que si conoce la parcela Nº 26 del asentamiento campesino las Vueltas, sector las Guarichas, Municipio D.I.d.e.C.; Que la parcela se encuentra cercada con paredes de Bloques y sembrada de mangos; Que no sabe quien construyó la pared de bloques y la siembra de mangos la hizo el señor Isaías; Que la pared del frente es de vieja data y los mangos tendrán 15 años mas o menos; que le consta que los hermanos Isaías y F.G. se metieron en la parcela en el año 1998 porque el trabajaba en la parcela 25 de la señora Ofelia, que no tiene conocimiento de que otra persona haya trabajado en esa parcela y que no le consta que la señora I.P.P. adquirió las bienhechurias que habían es la parcela.

Al folio 107 al 108 de la pieza distinguida con el Nº 2 (Recurso de hecho), cursa acta de fecha 25 de septiembre de 2006 que recoge la declaración del Testigo M.G.T., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 19.173.740, quien fuera evacuado en presencia de la representación judicial de la parte querellante, a las preguntas formuladas por el abogado promovente, representante de la parte querellada, respondió en la forma siguiente: Que si conoce de vista trato y comunicación a los ciudadanos Isaías y F.G., Que si conoce la parcela Nº 26 del asentamiento campesino las Vueltas, sector las Guarichas, Municipio D.I.d.e.C., que si le consta que dicho lote de terreno está ubicado en los siguientes linderos Norte: Con la parcela Nº 25, Sur: Con la parcela Nº 27, Este y Oeste: Con vía de penetración agrícola; Que si sabe que los ciudadanos Isaías y F.G. comenzaron una actividad agrícola desde enero de 1998 hasta el día 20 de octubre de año 2004 en esa parcela; Que le consta que esa actividad la realizaron personalmente y se dedicaron a la cría de cerdos pollos gallinas ganado vacuno; Que le consta que en octubre de 2004 los hermanos González fueron desalojados de dicha parcela por un Tribunal; Que si le consta que para el momento en que los hermanos González fueron sacados por un Tribunal de dicha parcela habían plantado 1500 matas de limón persa, 500 matas de naranja y 50 matas de lechosa; Que si le consta que la ciudadana I.P.P. no realizó ningún tipo de actividad agrícola en la parcela antes que los hermanos González; Posteriormente interviene el apoderado judicial de la parte querellante R.M. a repreguntar al testigo el cual respondió; Que a la primera de las repreguntas formuladas contestó que tiene más o menos 9 años trabajando en la parcela 47; que si conoce la parcela Nº 26 porque ha entrado varias veces ahí; Que la parcela se encuentra cercada con paredes de Bloques y sembrada de mangos; Que no sabe quien construyó la pared de bloques y la siembra de mangos la hizo el señor Isaías; Que la parcela 47 está un poquito alejada; que le consta que los hermanos Isaías y F.G. son los que han trabajado la parcela 26; que no tiene conocimiento de que otra persona haya trabajado en esa parcela y que ve a un señor que cuida ahí; que en una oportunidad entro a la parcela 26 y lo sacaron porque ya estaba habitada, que quién lo sacó fue el señor Fernando y el señor Isaías.

Destacadas como han sido las deposiciones de los testigos promovidos por la parte querellada, se hace necesario para esta instancia a.s.v.a.f. de determinar si con la declaración de los mismos se confirma lo aducido por los demandados en su escrito de alegatos, referente a la posesión debida de los querellados desde el año de 1998 en la extensión de terreno objeto de la presente querella, o si por el contrario, es procedente la observación que hiciera ante esta alzada el apoderado judicial de la parte querellante respecto a la apreciación que tuvo la juez de la recurrida sobre dichos testigos.-

De allí pues, que para este sentenciador no cabe duda que los testigos tienen conocimiento de los hechos sobre los cuales declararon, que no existe contradicción ni imprecisiones en sus afirmaciones, que declararon en forma uniforme respecto al conocimiento que poseen sobre los hechos y que constituyen las respuestas a las interrogantes formuladas por las partes y coinciden con las restantes pruebas de autos, por lo que, a los fines de apreciar el alcance de dichos testimonios y si resultan suficientes para establecer el hecho que se pretende acreditar, debe acudirse sin duda alguna, al texto de las preguntas formuladas y las respuestas dadas, y en este sentido, se observa que todos los testigos fueron preguntados sobre el tiempo de ocupación que tenían los hermanos González (querellados), desarrollando una actividad agrícola en la parcela Nº 26 del asentamiento campesino las Vueltas, sector las Guarichas, Municipio D.I.d.e.C..

Ahora bien, de tales declaraciones surge la convicción para este juzgador que los ciudadanos querellados desplegaron una actividad agraria en la parcela en cuestión desde el año 1998 hasta el momento en que el Tribunal Ejecutor de Medidas practicó la medida de restitución que le fuere comisionada por el Tribunal de la causa, esto es 20 de Octubre de 2004, lo cual concuerda perfectamente con lo alegado por su representación judicial en su escrito de alegatos y desvirtúa lo esgrimido por el abogado de la querellante ante esta alzada, respecto a que los testigos A.A.F. Lizcano, J.M.T. y J.G.R. incurrieron en contradicciones, pues, estima este juzgador que por el hecho de que el testigo A.A.F. no sepa con exactitud el tiempo de siembra que tienen una matas de mango, o porque el testigo J.R. desconozca quien construyó las paredes que rodean la parcela, sea un elemento suficiente para desechar sus dichos, máxime si con la prueba de testigos lo que se busca es demostrar un hecho posesorio.

De tal manera que, lo anterior conduce a esta alzada a compartir la apreciación que de los referidos testigos tuvo la juez de causa y por tanto dichas deposiciones tienen plena fe para este Órgano Jurisdiccional y en consecuencia les concede valor probatorio, considerándose demostrado que los querellados han venido ocupando la parcela objeto de la querella, por lo menos desde el mes de Enero de 1998 y no desde la primera quincena del mes de Octubre del año 2002, como lo alegó el querellante en su libelo.- Así se declara.

Al folio 104 de la pieza distinguida con el Nº 2 (Recurso de hecho), cursa acta de fecha 25 de septiembre de 2006 que recoge la declaración de la Testigo Marianny del C.P.L., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 16.568.717, quien fuera evacuada en presencia de la representación judicial de la parte querellante, a las preguntas formuladas por el abogado promovente, representante de la parte querellada, respondió en la forma siguiente: Que si conoce de vista trato y comunicación a los ciudadanos Isaías y F.G., Que si conoce la parcela Nº 26 del asentamiento campesino las Vueltas, sector las Guarichas, Municipio D.I.d.e.C., Que en octubre de 2004 los hermanos González fueron desalojados de dicha parcela por un Tribunal; Que para el momento en que los hermanos González fueron sacados por un Tribunal de dicha parcela tenía animales como cerdos, pollos, gallinas y ganado vacuno: Posteriormente interviene el apoderado judicial de la parte querellante R.M. a repreguntar al testigo el cual respondió; En la vía de penetración, en el centro se encuentra la parcela, a mano izquierda esta la parcela Nº 25, y a mano derecha la parcela Nº 27 del señor M.F.; Que la parcela se encuentra cercada con paredes de Bloques y sembrada de mangos y otros frutos; que no sabe quien construyó las paredes de bloque ni los mangos porque para ese entonces no vivía ahí.

De la anterior declaración, se pretende demostrar que los querellados fueron desalojados el 20 de octubre de 2004, circunstancia ésta, que tal como lo dejó expresado la sentenciadora de la recurrida, esto no es un hecho controvertido, por cuanto la restitución fue ordenada por ese Tribunal y eso no forma parte de los hechos debatidos, en consecuencia su declaración nada aporta a lo hechos que se debaten, en consecuencia no es valorada esta testimonial. Así se decide

Documentales:

Por otra parte, se evidencia del escrito de Informes presentado por ante esta instancia que el apoderado judicial de la parte querellante, arguye que cuando la Juez de Primera Instancia aprecia los documentos públicos administrativos, como demostrativos de la posesión yerra en su apreciación, por considerar que los actos materiales que requiere la posesión no pueden ser demostrados mediante documentos.-

En este sentido, observa este Tribunal que los documentos a los cuales se refriere el abogado de la parte recurrente son: el primero el que cursa a los folios 178 al 180 constituido por un informe legal emanado del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI) de fecha 10 de diciembre de 2003, suscrito por el abogado Á.H., en su condición de funcionario público con competencia para emitirlo, que al no haber sido tachado ni impugnado por el adversario de la parte que lo promovió y tratarse de un documento administrativo debe merecer fe en su contenido, al considerar que tales actuaciones gozan de la presunción de certeza y legitimidad, que el interesado en lo contrario debe desvirtuar lo contrario y consecuencialmente cierto lo que de él se desprende: el resumen de las actuaciones que se han llevado a cabo en el expediente Nº 10-12-03, que denotan el conflicto existente entre los ciudadanos Isaías y F.G. contra J.C.S.; los datos referidos a los linderos, producción y maquinarias del lote de terreno, que los querellados son beneficiarios de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y que los mismos se encuentran incorporados al proceso productivo; el tiempo de ocupación de cuatro (04) años.

El segundo recaudo que riela al folio 188 de la primera pieza de este expediente, y que esta constituido por una constancia original de ocupación emanada del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS ORT-CARABOBO Nro. CO-08-03-01-002, el mismo presenta al pié un sello húmedo de la Oficina Regional Carabobo del Instituto Nacional de Tierras, y las firmas del Coordinador General, del jefe del área legal, del área técnica, administrativa, de Registro Agrario y del área de Relaciones Interinstitucional, de fecha 15 de diciembre de 2003. Este recaudo contiene la declaración por parte de la Oficina Regional de Tierras de la ocupación que viene realizando el ciudadano I.G. sobre un lote de terreno de aproximadamente 6has, cuyos linderos y medidas están contenidos en la misma.

Ahora bien, tal instrumento tampoco fue impugnado y que al emanar de un órgano de la administración pública, este Juzgador lo aprecia en todo su valor, y por tanto tiene como cierto los hechos y las declaraciones que se hacen constar de el, de manera que la valoración hecha por la recurrida respecto a estos documentos no resulta errada tal y como lo denunció el recurrente. Así se decide.

De la misma forma, la representación judicial de la parte querellada en su escrito de pruebas de fecha 09 de agosto de 2006, promovió documentos constituidos por una Constancia de ocupación emanada de la Asociación Civil de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas y Pecuarios las Vueltas, que obra al folio 183, facturas que obran a los folios 184 al 187 de la primera pieza del presente expediente, facturas que obran a los folios 19 al 59 de la 2da pieza, respecto a estos recaudos, presentados por los querellados, si bien no fueron impugnados por la parte actora, no obstante, este Tribunal no los aprecia en virtud de que por mandato del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, todo documento privado emanado de terceros, que no son parte en el juicio ni causantes de las mismas, deberá ser ratificado por el tercero mediante la prueba testimonial, esta es una regla probatoria, que al no verse cumplida, impide a este juzgador hacer valoración alguna en relación al instrumento presentado, tal y como acertadamente lo manifestó la juzgadora de la recurrida en su decisión, en consecuencia esta Alzada las desestima. Así se decide.

En lo atinente a los recaudos que rielan a los folios 61 al 70 de la 2da pieza del presente expediente, cuyo contenido se reprodujo en la articulación probatoria, constituidos por una copia simple del acta constitutiva de la Sociedad Mercantil “CREDI-FIAR, SOCIEDAD ANONIMA” y una copia simple del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de la Sociedad Mercantil “CREDI-FIAR, SOCIEDAD ANONIMA” a pesar de que no fueron impugnados por la parte actora, las mismas sin embargo, no pueden ser apreciadas por este Tribunal toda vez que no aportan nada en cuanto a los hechos posesorios alegados, y carecen de relevancia probatoria, en el entendido de que no pueden surtir efectos a favor de los querellados para dar por demostrado los hechos controvertidos. Así se decide.

En cuanto a lo expresado por la representación judicial de la parte querellante, en su escrito de informe presentado ante este Juzgado, sobre que, en la prueba pericial no se exponen los métodos utilizados, ni las razones que llevaron al experto a la conclusión a la cual arribó, no entiende este Tribunal, a cual experticia se refiere el querellante, en todo caso, y para el supuesto de que se refiriera a la experticia que obra a los folios 02 al 12 de la tercera pieza del presente expediente, se desprende de las actas que la misma no fue impugnada en la oportunidad legal correspondiente, por lo tanto debe tenerse por cierto su contenido, por haber sido válidamente evacuada.

En este sentido, dicha experticia consignada en fecha 27 de noviembre de 2006 y que riela inserta a los folios 2 al 12 de la pieza 3 del presente expediente, presentada por el ciudadano designado Renny L.C., deja constancia de la no presencia de ganado vacuno, ni porcino, no se observaron aves de corral de cría formal, y se observó una siembra formal de cítricos, la gran mayoría, aproximadamente 1200 árboles frutales del tipo naranja California (citrus Sinensis).

Del análisis exhaustivo a la indicada prueba, observa este jurisdicente que la misma ha sido extendida en un solo acto debidamente motivada, donde se ha explicado las razones de como se procedió a practicarla, y sobre los puntos que le fueron referidos, conociéndose las causas de las afirmaciones del experto designado, así como su método y la conclusión arribada por el experto.

Las anteriores afirmaciones se evidencian de los datos Generales y del diagnóstico que se le hiciera a las indicadas plantaciones de naranjas californias que rielan inserta al folio seis (06) de la pieza 3 del presente expediente, y en la cual se dejó claramente establecido que las ramas y frutos se evaluaron en la lupa estereoscópica, observándose escamas algodonosas de los cítricos, arañuela roja, ácaro del moteado blanco de los cítricos, áfido negro ataque severo, escamas verdes, según pruebas de laboratorio del Ministerio de agricultura y Tierras, los cuales representan una amenaza severa para la preservación y futura recuperación de la plantación sino se retoman las debidas actividades de limpieza, riego y fumigación.-

En este mismo orden de ideas, se observa que la indicada experticia fue consignada en fecha 27 de Noviembre de 2006, por el experto designado, y siendo ello así correspondía a las partes el mismo día de su presentación o dentro de los tres días siguientes solicitar del Juez que ordenara al experto aclarar o ampliar el dictamen en los puntos que se señalaran con brevedad y precisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 468 del Código de Procedimiento Civil, circunstancia ésta que aparece haber ocurrido, por lo que ambas partes aceptaron el contenido de la experticia practicada. Así se establece.-

De manera que, no cabe la menor duda para quién aquí decide, que la referida prueba fue realizada en cumplimiento a las formalidades de ley, en consecuencia la misma es apreciada en su justo valor probatorio para dar por demostrado que la mayoría de las plantas presentan un aspecto enfermizo, reseco y triste por los ataques de diversas plagas, producto de la falta del debido mantenimiento de la plantación, como lo es la poda de la maleza, la irrigación, abono y fumigación de la misma. Así se decide.-

Por otra parte, en cuanto a lo esgrimido por el apoderado judicial de la parte querellante, en su escrito de informes presentado por ante esta instancia, referido a que la reposición acordada por este Tribunal por medio de decisión de fecha 18/11/2005 causo perjuicios a su representada y que la misma es contradictoria, inútil, violatoria del principio de la conservación de los actos procesales, que quebrantó los principios fundamentales que rigen los procedimientos interdíctales e incurrió en ultrapetita, este Juzgador en aras de garantizar el principio de exhaustividad de la sentencia que, impone a los jueces el deber de considerar y resolver todas y cada una de las alegaciones que constituyen el problema judicial debatido entre las partes, puesto que su violación se traduciría en una omisión de pronunciamiento, debe este Juzgador emitir su opinión sobre lo alegado por el recurrente en su escrito de fecha 22 de junio de 2007, para lo cual debe precisar el contenido de los artículos 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil los cuales textualmente expresan:

(…) “Ningún Juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita.

(…) “ La sentencia definitivamente firme es ley de las partes en los limites de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro”

En ese orden de ideas, la doctrina ha señalado, que la cosa juzgada es una institución jurídica que tiene por objeto fundamental, garantizar el estado de derecho y la paz social, y su autoridad es una manifestación evidente del poder del Estado, cuando se concreta en ella la jurisdicción.

La eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, según lo ha establecido el m.T.d.J. en innumerables decisiones, se traduce en tres aspectos: a) inimpugnabilidad, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan agotado todos los recursos que da la ley, inclusive el de invalidación. A ello se refiere el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil; b) inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, por no ser posible abrir un nuevo proceso sobre el mismo tema; no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada; y, c) coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencias de condena; esto es, “la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales”; se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso.

En este sentido, la cosa juzgada presenta un aspecto material y uno formal, él último se presenta dentro del proceso al hacer inimpugnable la sentencia, mientras que el primero trasciende al exterior con la finalidad de prohibir a las partes el ejercicio de una nueva acción sobre lo ya decidido, obligando a su vez a los jueces y al resto de las personas a reconocer el pronunciamiento de la sentencia que contiene el derecho que debe regir entre las partes.

El fallo pronunciado por este Tribunal en fecha 18 de noviembre de 2005 adquirió valor y fuerza de cosa juzgada; institución del Derecho Procesal, que evita un nuevo pronunciamiento sobre una sentencia definitivamente firme, en virtud de la existencia de un mandato expreso, inmutable e inmodificable de un Juez, evitando así la inseguridad jurídica que produciría una nueva decisión sobre una materia ya decidida, es decir, que no le esta dado a este Juzgador conocer de la decisión definitivamente firme que previamente profiriera, porque de lo contrario existiría una violación al marco jurídico establecido, que configuraría una ineficacia absoluta en la administración de justicia, por lo tanto, mal puede este juzgador decidir de nuevo sobre los mismos aspectos que le fueron deferidos por la apelación, y en consecuencia debe declarar improcedente las denuncias formuladas nuevamente ante esta alzada. Así se decide.

Por lo que respecta a la solicitud realizada por la representación judicial de la parte querellada, en su escrito de adhesión a la apelación así como en el escrito de informes consignado por ante este Superior Órgano Jurisdiccional, en el cual solicitan que sea tomado en consideración las perdidas de las plantaciones de árboles frutales realizadas por sus mandantes, que al momento en que se les despojó de la posesión se encontraban en plena producción y que según su manifestación representa la mayor perdida material y económica.

Sobre este aspecto, considera esta alzada, que del exhaustivo estudio realizado a la experticia ut supra, se evidencia como elemento probatorio suficiente, que efectivamente tales perdidas se ocasionaron en las plantaciones de los cítricos, (naranjas californias), es decir, que durante el discurrir del procedimiento la parte querellada promovió la prueba idónea a fin de demostrar su afirmación en relación a las perdidas que dicen haber sufrido sobre éstas plantaciones, desde el momento en que fue practicada la medida (20/10/2004) hasta la presente fecha.

De igual forma no hay presencia de ganado vacuno, ni porcino, ni aves de corral, con lo cual debe concluirse tal como lo dejó establecido la sentenciadora de la recurrida, que después de habérsele restituido la parcela a la querellante, ésta no ha continuado ejerciendo actividad agrícola alguna en la parcela, por lo que no se le dio a la misma el uso al cual está destinada según las disposiciones de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por consiguiente se le concede valor probatorio a la experticia por no oponerse a ello la convicción de éste Juzgador y en consecuencia tal pedimento debe ser declarado procedente a objeto de complementar la acordado por la Juzgadora A quo. Así se decide.

-XI-

ANALISIS DECISORIO

De un exhaustivo análisis de la decisión de fecha 09/04/2007 proferida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y de todo el cúmulo probatorio aportado por las partes, encuentra este Juzgador que ciertamente de las deposiciones de los ciudadanos J.G.R., A.A.F.M., y M.G.T. se puede evidenciar que los querellados ciudadanos I.G. y F.G., ya identificados, vienen poseyendo la parcela Nº 26 del asentamiento campesino las vueltas por lo menos desde el mes de Enero de año 1998, todas vez que, de dichas testimoniales analizadas, se desprende en forma clara y precisa esa relación factica entre los querellados y la tierra, que permiten a este Juzgador concluir que verdaderamente han ejercido una posesión legítima sobre el inmueble objeto de la presente querella.

Por ello, cabe resaltar la importancia fundamental que en los juicios posesorios juega la prueba testimonial, tanto así que, para que pueda surtir todo su valor, debe por si sola, si en el expediente no consta ninguna otra probanza, o adminiculada a otras pruebas, llevar al convencimiento del juzgador sobre la verdad de los hechos que constituyen el testimonio, requiriéndose para ello, la claridad y precisión de las deposiciones de los testigos, es decir, que no incurran en contradicciones evidentes, que no tengan interés alguno en declarar a favor de alguna de las partes y que sus negaciones o afirmaciones estén debidamente basadas en hechos que avizoren la realidad, porque en los juicios interdíctales los hechos juegan el papel principal.

De manera que, no hay lugar a dudas para este juzgador que la prueba testimonial evacuada por la parte querellada, es lo suficientemente clara, precisa y contundente para dar por demostrado que los actos posesorios han sido ejercidos por los querellados desde el año 1998, y que queda más evidenciado aún, cuando estas testimoniales son adminiculadas al resto de las probanzas valoradas y/o apreciadas por este sentenciador, que las hacen contundentes, lo cual enerva, lo que se expone en la querella relativo a la forma como se materializó el despojo atribuido a los querellados, esto es, la introducción en la parcela, la ocupación de un galpón, la desmantelación de la bomba que estaba en el pozo, el rastreo del terreno, la realización de siembras y la agresión verbal a la ciudadana querellante u otros hechos que permitan a este juzgador deducir la real ocurrencia de tales actos.

En el caso de autos, se constata que el Tribunal de la causa en su decisión interpretó correctamente la institución de la caducidad prevista en el artículos 709 del Código de Procedimiento Civil, al establecer bajo su fundamento que había operado la caducidad de la acción en la presente causa, toda vez que, efectivamente al no haber demostrado la querellante la ocurrencia del despojo y al desprenderse de la testimonial evacuada por los querellados, que éstos son los que han ocupado la parcela en cuestión por un lapso aproximado de cinco años, evidentemente, si la demanda fue ejercida en abril de 2003, han transcurrido sobradamente el lapso que prevé la ley para interponer la acción deducida, lo cual conduce a este Tribunal a estimar que la presente acción esta caduca. Así se decide.

Es así, que el análisis anterior conlleva a este Juzgador a ser consecuente con el criterio expuesto por la juzgadora en la decisión recurrida, habida cuenta de que no solamente transcurrió el lapso para el ejercicio de la querella interdictal, sino que además la parte querellante nada probó en su favor, por lo que forzosamente la presente querella interdictal restitutoria por despojo tiene que ser declarada Sin Lugar. Así se decide.

Ahora bien, como quiera que los querellados de autos, Ciudadanos I.G. y F.G., alegaron en su oportunidad ejercer actividades agrícolas en la parcela de terreno que describen en su escrito de fecha 05/12/2006, lo cual este Juzgado ha dado por cierto al haberlo verificado de las testimoniales evacuadas por los ciudadanos I.G. y F.G., como quedó decidido en la parte correspondiente al análisis probatorio, y en virtud de que por la naturaleza de la acción interdictal restitutoria por despojo, en la sentencia el Juez debe declarar cuál de las partes litigantes es el que posee, establece que en el presente caso se da por existente que los Ciudadanos I.G. y F.G. ejercen la posesión del inmueble descrito en el escrito de alegatos por ellos presentado, constituido por una extensión de terreno aproximadamente de cinco hectáreas, distinguida como parcela Nº 26 del asentamiento campesino las vueltas, cuyos linderos particulares son los siguientes NORTE: Parcela Nº 25, SUR: Parcela Nº 27; ESTE: Callejón y OESTE: Vía de penetración. Así se establece.

-XIII-

DECISIÓN:

En fuerza de los razonamientos y consideraciones antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO AGRARIO DE LOS ESTADOS ARAGUA CARABOBO Y COJEDES, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado en ejercicio R.G.M., venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 6.281, procediendo en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana I.P.P., mediante diligencia de fecha 12 de abril de 2007, contra la decisión de fecha 09 de abril de 2007 dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

SIN LUGAR la Querella Interdictal Restitutoria por Despojo interpuesta por el profesional del derecho M.T.A., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 16.234, en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana I.P.P., española, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° E- 331.416, en contra de los ciudadanos I.G. y F.G..

SE CONFIRMA en los términos que anteceden la decisión proferida en fecha 09 de abril de 2007, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo en consecuencia:

Se revoca la medida de restitución decretada por el Juzgado A quo en fecha 27 de septiembre de 2004, por lo que: SE ORDENA a la querellante: I.P.P. poner a los querellados I.G. y F.G. en posesión del siguiente Inmueble: Una parcela de terreno propiedad del antiguo Instituto Agrario nacional (hoy Instituto Nacional de Tierras) con una extensión aproximada de cinco hectáreas (5 has) de terreno conocida como parcela N° 26 del asentamiento campesino Las Vueltas, sector La Guaricha, Municipio D.I.d.e.C., y las mejoras y bienhechurías construidas sobre la misma, cuyos linderos particulares son: NORTE: Parcela N° 25, SUR: Parcela N° 27, ESTE: Callejón y OESTE: Vía de Penetración. Siendo las bienhechurías existentes y que deben ser restituidas a los querellados, las siguientes: cerca de alambre con púas y estantillos de hierro con su portón corredizo, una vivienda para personal obrero con paredes de bloque, techos de zinc, pisos de cemento, dos construcciones destinadas para la cría de cerdos, siembras de cultivo de limón, mango y naranjas, un tractor agrícola con sus implementos, tuberías de hierro, un motor a gasoil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 702 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la fijación de los daños que la ejecución de la medida de restitución decretada y practicada en la presente causa, ocasionó a los querellados: I.G. y F.G., identificados en autos, para lo cual se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo, en la cual los expertos tomarán en consideración la fecha en la cual se materializó la medida y los días que los querellados han permanecido fuera de la parcela, considerando igualmente que para la fecha en que se materializó la restitución los querellados poseían en el inmueble 31 cochinos de diferentes edades, 60 pollos y 1200 plantas y/o unidades, del tipo Naranja California (Citrus Sinensis).

Por lo que respecta al precio de dichos semovientes, el mismo deberá ser calculados al precio actual de mercado y deberá serle pagado por la parte querellante a los querellados. En cuanto a las 1200 unidades y/o plantas de naranjas californias, de igual manera deberán los expertos considerar en sus cálculos el precio actual del mercado para la realización de todas aquellas labores necesarias (poda de maleza, la irrigación, abono, fumigación y otras) orientadas a la preservación y posible recuperación de las referidas plantaciones cítricas (naranjas californias), cuyo costo deberá serle pagado por la querellante a los querellados.-

Se condena en costas del recurso a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia certificada por la Secretaria de la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-

Bájese el expediente en su oportunidad legal al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala donde despacha este Juzgado Superior Segundo Agrario de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, en San Carlos, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil siete (2007).- AÑOS: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.-

Juez,

Msc. D.G.P..-

La Secretaria,

Abg. M.C.C.R..

En esta misma fecha se dictó y publicó la presente decisión, siendo las dos y cincuenta minutos de la tarde (2:50 p.m), quedando anotada bajo el Nº:0315.-

La Secretaria,

Abg. M.C.C.R..

Expediente Nº:516/07.-

DGP/mrcm.-