Decisión nº 8 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 9 de Agosto de 2010

De la solicitud formulada en fecha 8 de junio del 2009 por el abogado A.S., en representación de los demandados, de que se declarara la perención de la instancia.

Tal petición está fundada en la consideración de que ha transcurrido más de un año en este tribunal sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, señalando que la última actuación en este juicio está constituida por su diligencia de fecha 11 de febrero del 2008, mediante la cual se dio por notificado del auto de este Juzgado Superior de fecha 6 de julio del 2007, relativo al abocamiento del juez que suscribe, lo que nos colocaría en el supuesto previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

Para decidir, se observa:

En fecha 3 de julio del 2007 se recibió por secretaría de este Despacho el expediente. El día 6 de ese mismo mes el juez que suscribe se abocó al conocimiento del juicio y ordenó la notificación de las partes. El 11 de febrero del 2008 el abogado A.S. se dio por notificado de dicho abocamiento y pidió al propio tiempo que se notificara a la parte actora para que comenzara a correr el lapso de cuarenta días continuos para sentenciar, lo que fue acordado de conformidad mediante auto del 13 de febrero del 2008, librándose la pertinente boleta de notificación a INVERSIONES EBEVIN C.A. Tal notificación no vino a consumarse sino el día 17 de mayo del año en curso, cuando el alguacil F.E. consignó la mencionada boleta y declaró que la misma fue dejada en la Torre Banhorient, piso 7, oficina 7-A, en la avenida Casanova con calle Las Acacias, Caracas, haciendo constar que la misma fue recibida y firmada por la ciudadana C.N., quien manifestó trabajar con los abogados J.M.C. y J.M.C..

Lo anterior evidencia que estando paralizada la causa para la fecha en que se recibió el expediente, se hacía indispensable la notificación de ambas partes. Notificado el apoderado de la parte demandada en fecha 11 de febrero del 2008, quedó pendiente la notificación de la demandante, la cual se verificó, repetimos, el 11 de mayo retropróximo; por consiguiente, hasta tanto la orden de notificación se cumpliera, no corría lapso procesal alguno, ya que la causa se encontraba paralizada, siendo menester su reanudación, por lo que ninguna razón existe para declarar perimida la instancia por el motivo que estamos a.A.s.d.-

Del pedimento formulado en fecha 5 de abril del 2005 por el abogado A.E.M.G. de que se declarara la perención de la instancia.

Tal requerimiento se basa en que la recurrida fue dictada el 3 de agosto de 1999, en tanto que las siguientes actuaciones de la parte actora estuvieron constituidas por sustitución de poder en fecha 16 de febrero del 2004 y por diligencia del 20 de febrero de ese mismo año, lo que denota, en concepto del solicitante, que la parte actora tuvo una inactividad total en el proceso durante más de cuatro años y seis meses, razón por la cual operó la perención de la instancia en atención a lo preceptuado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y en el único aparte del artículo 270 eiusdem.

Para decidir, se observa:

Ciertamente, la recurrida fue dictada el 3 de agosto de 1999. Desde entonces no hubo actuación de ninguno de los sujetos procesales, hasta el 16 de febrero del 2004, cuando la abogada M.L., en su calidad de apoderada de INVERSIONES EBEVIN C.A., sustituyó en los abogados J.M.C. y J.M.C. el poder conferídole por dicha empresa, actuación a la cual siguió la diligencia de apelación estampada por el último de los nombrados el 20 de febrero del 2004. Sin embargo, no puede soslayarse el hecho de que la apelada fue dictada fuera del plazo establecido para sentenciar, de ahí que el tribunal a quo haya ordenado notificar a las partes la publicación del fallo, quienes habían dejado de estar a derecho para el momento del pronunciamiento judicial. A propósito del punto de que tratamos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 del 1 de junio del 2001, caso Valero Portillo, fijó el siguiente criterio:

…Cuando, en el término para sentenciar y en el de diferimiento, no se sentencia, la causa se paraliza y cesa la estadía a derecho de las partes. Para que el proceso continúe se necesita el impulso de uno de los sujetos procesales, ya que es la inactividad de éstos lo que produce la parálisis, y en el caso de la sentencia emitida extemporáneamente, el legislador consideró que es el tribunal quien actúa y pone en movimiento el juicio en relación con las partes, quienes son los que tienen el interés en ejercer su derecho a la defensa (interposición de recursos, aclaratorias, nombramientos de expertos para la experticia complementaria, etc.). Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes, ya que según el Código de Procedimiento Civil, la inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención. Siendo la perención un “castigo” a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes…”.

En el caso de autos, las partes, especialmente la actora, cumplieron con la carga de impulsar el proceso hasta llevarlo al estado de sentencia, de modo que la parálisis del procedimiento se debió a una conducta que no le es imputable a ellas sino al tribunal, en consecuencia, una vez pronunciada a destiempo la sentencia, era deber del tribunal comunicarla a los litigantes, para que pudiera reanudarse la causa, en la inteligencia de que hasta tanto tal notificación se produjera las partes no estaban en cuenta de la sentencia. Ante tal estado de cosas, mal puede decirse que la inactividad que hubo entre el día de la publicación de la decisión y la fecha cuando la parte actora se dio por notificada, corrió en contra de ésta. En mérito de lo expuesto, el sentenciador estima que en la situación sub examine no se ha consumado la perención de la instancia, por más que durante ese período no haya habido impulso procesal alguno. Así se decide.

TERCERO.- De la supuesta extemporaneidad de la apelación.

En fecha 9 de mayo del 2005 el abogado en ejercicio A.E.M.G., actuando como co-demandado y en representación de PRENEMCA C.A., alegó que la parte actora dejó transcurrir el lapso de cinco días para apelar, en consecuencia solicitó que se declarara que la sentencia apelada había quedado con fuerza de cosa juzgada, lo que dio lugar al auto del 19 de mayo del 2005 del juzgado a quo (folio 298), que rechazó lo peticionado y oyó la apelación deducida por la parte demandante. El nombrado abogado ha vuelto sobre el referido planteamiento en los informes rendidos en esta instancia. Por cuanto la alzada entiende que se trata de un alegato vinculante, procede a pronunciarse al respecto, a cuyo fin, observa:

La recurrida, como dijimos, fue publicada el 3 de agosto de 1999, ordenándose la notificación de las partes. El 16 de febrero del 2004 compareció la co-apoderada accionante M.L. y sustituyó el poder conferídole por INVERSIONES EBEVIN C.A. en la persona de los abogados J.M.C. y J.M.C., lo que quiere decir que en razón de esa comparecencia la parte demandante se dio por notificada. El día 20 de febrero del 2004, el abogado J.M.C. apeló de la sentencia definitiva dictada por el juzgado de la causa. En fecha 4 de marzo del 2004, el a quo determinó que la parte demandada no estaba notificada aún, por lo que ordenó su notificación por medio de la imprenta a través de un cartel a publicarse en el diario El Nacional, el cual fue retirado por el indicado profesional del derecho el 10 de marzo de ese mismo año, quien el 14 de febrero del 2005 declaró que el cartel retirado para su publicación se le extravió, solicitando que se librara un nuevo cartel de notificación de los demandados. Así las cosas, el 5 de abril del 2005, el abogado A.E.M.G. solicitó la perención de la instancia. El 12 de mayo del 2005, el abogado J.M.C. argumentó que había apelado de la sentencia definitiva, ratificando el recurso.

Ahora bien, a criterio de quien decide, no tiene razón la parte demandada al alegar la extemporaneidad del recurso deducido por sus adversarios, pues, aun cuando los accionados no estuvieran impuestos del fallo recurrido para el 20 de febrero del 2004, cuando se ejerció la apelación por parte del abogado J.M.C., ello en nada priva de eficacia jurídica la impugnación ejercida, ya que de acuerdo con el criterio reiterado de nuestro M.T., la que debe rechazarse es la apelación intentada una vez que ha transcurrido el plazo de cinco días para interponerla, dado el carácter preclusivo de los actos procesales, pero no la que se ejerce anticipadamente, de acuerdo con el principio de que el derecho de defensa debe ampliarse antes que restringirse.

Con base en lo expuesto, este ad quem considera que la apelación a la que estamos haciendo mención es perfectamente válida. Así se decide.-

CUARTO.- De la solicitud de reposición de la causa hecha por los abogados J.M.C. y J.M.C. en su escrito de informes de fecha 7 de octubre del 2005.

De conformidad con los artículos 15 y 208 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 49, 253 y 257 de la Constitución, los referidos profesionales jurídicos demandaron que se decretara la reposición de la causa al estado en que se iniciara la evacuación de las pruebas de inspección judicial y de informes, promovidas por la parte actora, debido, por un lado, a que el tribunal no evacuó la inspección judicial, y por el otro, porque obstruyó la evacuación de la prueba de informe, omisión que quedó materializada -exponen- por el no suministro de todos los datos sobre los que consistía la prueba, “de manera tal que las instituciones bancarias le comunicaron por oficio al Tribunal la imposibilidad de informar en razón de esta obstrucción”.

Para decidir, se observa:

Como se dejó narrado, la representación accionante promovió la prueba de inspección judicial para demostrar que pagó tanto a la firma comercial PRENEMCA C.A. como a su presidente A.M.G., durante los años que van desde 1988 a 1996, la cantidad de Bs. 11.813.825,70. En cuanto a esta prueba, el a quo estableció en su auto de admisión de fecha 16 de febrero de 1998, que proveería por auto separado, y en realidad no consta que lo haya hecho. Sin embargo, paralelo a esto tenemos que la parte promovente se comprometió a suministrar las direcciones donde debía constituirse el tribunal para practicar la inspección judicial, sin que conste de autos su facilitación. A esto se suma su conducta absolutamente pasiva, al no reclamar nada contra ese silencio judicial, por lo que dicha omisión no fue considerada como punto controvertido por el juez de primer grado. Siendo así, juzga este ad quem que habiendo transcurrido más de doce años de aquella providencia, carece de sentido retrotraer el juicio al estado de que se evacue dicha probanza. Así se decide. En consecuencia, se niega la solicitud de reposición por el motivo in commento.

En relación con el señalamiento de que el juzgado de la causa obstruyó la evacuación de la prueba de informe solicitada a los bancos para que informaran de los cheques librados a la orden de la parte demandada, sus montos, sus fechas y quién era el titular de la cuenta, se observa que dicho informe fue solicitado mediante oficio número 341 del 30 de marzo de 1998, cuya copia cursa al folio 188; que el Superintendente de Bancos, a quien fue dirigida la comunicación, requirió que se le enviara nuevamente copia del oficio “donde aparezcan reflejados claramente los datos mencionados, a fin de proceder a solicitar a los Bancos Progreso y Metropolitano la información sobre el pago de los cheques en cuestión”. El Banco Progreso envió la información requerídale, tal como consta de informe cursante a los folios 207 al 248. En lo que tiene que ver con la información exigida al Grupo Financiero Confinanzas, Metropolitano y Crédito Urbano C.A., la Superintendencia de Bancos indicó al tribunal mediante comunicación fechada en Caracas el 4 de diciembre de 1998 (folios 205 y 206), que dicho grupo financiero consignó comunicación con data del 24 de noviembre de 1998 solicitando nombre y cédula de identidad o R.I.F. de la persona titular de la cuenta “a la que le fue cargado el monto del cheque, número de la cuenta, así como la fecha exacta de la emisión del cheque y de ser posible copia del mismo”. A pesar de ello, nada gestionó la parte actora ante el tribunal a quo para que se corrigiera la deficiencia contra la cual se queja en los informes presentados en segunda instancia, a lo que cabe agregar los años que han transcurrido desde entonces a esta fecha, que sobrepasan con creces el tiempo estipulado en el Código de Comercio a los comerciantes para la conservación de los asientos de contabilidad. Por ende, dadas las circunstancias anotadas, el tribunal considera que no es procedente a estas alturas del proceso la reposición de la causa en los términos solicitados por la representación querellante. Así se decide.-

QUINTO.- De la denuncia de fraude hecha por la representación accionante.

La misma está contenida en el CAPÍTULO III del escrito de informes, en los siguientes términos:

DEL FRAUDE

La parte actora ha confiado en el proceso para la realización de la justicia y al final no ha sido así. Observemos la conducta de la parte demandada:

a) El veinticuatro (24) de Febrero de 1999, se constituye INGENIERIA AJ44, C.A., siendo accionista S.B.M.V..

b) El Tres (03) de Agosto de 1999 se publica la sentencia.

c) El Doce (12) de Agosto de 1999, A.E.M.G. vende los inmuebles a dicha firma mercantil y da su consentimiento su esposa C.E.V.D.M., oportunidad en la que el diciéndose representante de la codemandada PRENEMCA cancela la hipoteca a la que refiere el retracto legal.

¿Qué conducta es esta? Se dispuso de la cosa litigiosa…

.

Para decidir, se observa:

El fraude procesal ha sido definido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 908 de fecha 4 de agosto del 2000, caso: Intana C.A., “como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso o por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero”. Estas maquinaciones y artificios, según dicho fallo, pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, “lo que constituye el dolo procesal strictu sensu”, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, “caso en que surge la colusión”, modalidades a las que la Sala agrega la simulación procesal, en el caso del forjamiento de una inexistente litis entre partes, con el fin de crear un proceso dirigido a obtener fallos o medidas cautelares en detrimento de una de las partes o de terceros ajenos al mismo, sin que con ello se agoten todas las posibilidades.

En la situación sub examine, no ha quedado demostrada la conducta configuradora del fraude imputado; pues, aun cuando el documento público acompañado con los informes (folios 328 al 332) demuestra fehacientemente que el co-demandado A.E.M.G. declaró a nombre de la sociedad mercantil PRENEMCA M & C C.A. que ésta recibió de él la cantidad de CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 4.000.000,00), suma ésta “adeudada y no cancelada por Inversiones Ebevin, C.A., de acuerdo a obligaciones que asumió por el primer documento igualmente citado”, y que en razón de ello quedaba saldada la deuda y en consecuencia extinguida la hipoteca de primer grado que la garantizaba; igualmente, que A.E.M.G. dio en venta pura y simple a Ingeniería AJ44 C.A., representada por su presidente A.J.G., los apartamentos distinguidos con los números y letras 8-D, 8-E y 8-F ubicados en la planta octava del edificio Centro Comercial Bello Monte, por la cantidad de CIENTO CATORCE MIL NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 DÓLARES AMERICANOS (US $114.099,42), que a los solos efectos de los artículos 94 y 95 de la Ley del Banco Central de Venezuela equivalían a la suma de SETENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 70.000.000,00), que declaró recibir el vendedor en la forma detallada en la escritura de venta, no encuentra el tribunal que la disposición de los bienes configure por sí sola el fraude procesal strictu sensu, habida cuenta de que el co-demandado A.M.G. hizo uso simplemente de la condición de propietario que le otorga el acto de compraventa de los inmuebles señalados. Es verdad que éstos, para el evento de determinarse que la actora pagó debidamente el precio del rescate, volverían al patrimonio de INVERSIONES EBEVIN C.A.; sin embargo, se trataría en todo caso de algo futuro e incierto, que como tal, hasta tanto ocurra, no tiene ninguna fuerza vinculante frente al propietario de la cosa, especialmente cuando el juzgado a quo como este ad quem han conceptuado que la demandante no demostró haber restituido a “EL COMPRADOR” el precio y los gastos descritos en el artículo 1.544 del Código Civil. No desnaturaliza esta conclusión el hecho aislado de que la empresa compradora INGENIERÍA AJ44 C.A. haya sido creada el 24 de febrero de 1999, y con la participación de la ciudadana Z.B.M.V. como co-accionista, según lo pone de manifiesto el documento constitutivo de dicha empresa, pues, a falta de prueba en contrario, ese acto constitutivo debe reputarse lícito, al igual que el negocio de compraventa sobrevenido, de acuerdo con la máxima de que la buena fe se presume y la mala fe hay que probarla. Así se decide.

Del fondo del pleito.

1. Originalmente, la demandante afirmó que el 11 de noviembre de 1988 suscribió “Convenio préstamo” con garantía hipotecaria con la co-demandada PRENEMCA C.A., sin embargo, en la reforma (CAPÍTULO I) asienta: “El monto del préstamo otorgado a INVERSIONES EBEVIN C.A. por A.E.M., (sic) C.I: N° 1.336.748, ascendió a la cantidad de UN MILLON (SIC) NOVECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (1.950.000,oo)”, con lo cual da a entender que el acreedor es éste y no PRENEMCA C.A. También señala la demandante, que posteriormente INVERSIONES EBEVIN C.A. y el ciudadano A.E.M.G., procediendo en su propio nombre y a la vez en representación de PRENEMCA C.A., ampliaron el préstamo, a cuyo efecto suscribieron un nuevo contrato, autenticado el 17 de enero de 1991 y protocolizado el 28 de febrero de 1992, en el que se acordaron tres modalidades, que el apoderado libelista cita en los siguientes términos: “LA PRIMERA: Mediante contrato que amplió el préstamo hipotecario a la cantidad de CUATRO MILLONES (Bs. 4.000.000,oo) DE BOLÍVARES; LA SEGUNDA: INVERSIONES EBEVIN C.A. recibió en calidad de préstamo, puro y simple, sin garantía la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON OCHENTA CENTIMOS (SIC) (Bs. 2.898.604,80) y LA TERCERA: Se pactó con el Ciudadano A.E.M. Gottberg…actuando en su propio nombre, VENTA CON PACTO DE RETRACTO CONVENCIONAL, de los apartamentos identificados con las letras y números: “8-D”, “8-E” y “8-F” de la Octava (8) Planta del Edificio CENTRO COMERCIAL BELLO MONTE, Municipio Baruta…por un monto de UN MILLON (SIC) OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTO (SIC) VEINTICINCO BOLÍVARES CON VEINTE CENTIMOS (SIC) (Bs. 1.888.425,20)”, alegando a renglón seguido que pagó tanto a la firma comercial PRENEMCA C.A. como a su presidente A.M.G., “no quedando a deberle nada a los acreedores ni por éste ni por ningún otro concepto, extinguiéndose la obligación”. Según la demandante, los pagos se efectuaron desde 1988 hasta 1996, cuyo único beneficiario fue el ciudadano A.M., en los siguientes términos:

   Desde 1988 hasta 1991, por la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 4.398.617,83), así:

   MONTO N° Cheque Banco FECHA CUENTA

   229.622,00 giro (cobrados 20-02-89 Valor entendido

   200.000,00 Giro por 25-02-89 valor entendido

   24.000,00 Giro Martínez) 04-03-89 valor entendido

   208.000,00 00610611 ccs 02-06-89 -------------

   522.390,57 00610611 ccs 02-02-89 -------------

   1.669.121,96 3100599 metrop 1989 -------------

   1.379.895,80 Giro (cobrados por 19-05-89 valor entendido

   165.587,50 Giro Martínez) 21-06-89 valor entendido

   Durante el año 1990, la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 280.000,00) con cheque número 333932 del Banco Progreso, en fecha 21-6-89, cuenta corriente número 005-001029-5.

   Durante el año 1991, la cantidad QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES (Bs. 594.880,00), cuyo único beneficiario fue el ciudadano A.M., de la siguiente forma:

   MONTO N° Cheque Banco FECHA CUENTA

   22.600,00 4139-35 Progreso 01-03-91 005-001028-7

   71.280,00 3007-8 Progreso 11-06-91 005-001029-5

   71.280,00 3008-8 Progreso 09-07-91 005-001029-5

   71.280,00 3009-8 Progreso 06-08-91 005-001029-5

   71.280,00 3010-8 Progreso 06-09-91 005-001029-5

   83.000,00 8651-9 Progreso 07-10-91 005-001029-5

   73.680,00 8652-9 Progreso 07-11-91 005-001029-5

   71.280,00 8653-9 Progreso 06-12-91 005-001029-5

   59.200,00 Giro Progreso 01-10-91 valor entendido

   En el año 1992, la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 1.507.640,00), siendo el único beneficiario el ciudadano A.M., conforme a la siguiente discriminación:

   MONTO N° Cheque Banco FECHA CUENTA

   71.280,00 8654-9 Progreso 06-01-92 005-001029-5

   71.280,00 8656-9 Progreso 06-02-92 005-001029-5

   105.000,00 3569-46 Consolidado 07-02-92 102-001801-9

   150.000,00 3607-47 Consolidado 27-02-92 102-001801-9

   71.280,00 8657-9 Progreso 06-03-92 005-001029-5

   80.000,00 8660-48 Consolidado 27-03-92 102-001801-9

   35.000,00 8630-49 Consolidado 27-03-92 102-001801-9

   45.000,00 8631-49 Consolidado 27-03-92 102-001801-9

   71.280,00 8662-9 Progreso 06-04-92 005-001029-5

   8.000,00 864349 Consolidado 15-04-92 102-001801-9

   8.000,00 9130-50 Consolidado 04-05-92 102-001801-9

   71.280,00 8663-9 Progreso 06-05-92 105-001029-5

   80.000,00 8642-49 Consolidado 15-05-92 102-001801-9

   80.000,00 3018-8 Progreso 09-06-92 005-001029-5

   80.000,00 9166-51 Consolidado 27-06-92 102-001801-9

   78.560,00 3019-8 Progreso 06-07-92 005-001029-5

   111.000,00 2473-4 Venezuela 14-07-92 126-329261-1

   100.000,00 c/recibido 07-92 abono a/c.

   84.280,00 8665-9 Progreso 07-08-92 005-001029-5

   6.400,00 2892-5 Venezuela 07-08-92 126-329261-1

   100.000,00 2891-5 Venezuela 12-08-92 126-329261-1

   Durante 1993, la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 955.729,55), de esta manera:

   MONTO N° Cheque Banco FECHA CUENTA

   250.000,00 1736-14 Venezuela 09-02-93 126-329261-1

   41.919,00 2432-23 Venezuela 14-10-93 126-329261-1

   103.919,85 2434-23 Venezuela 14-10-93 126-329261-1

   20.000,00 8130-24 Venezuela 14-10-93 126-329261-1

   187.000,00 Letras de cambio dadas al cobro

   117.000,00 Retiro del Banco Progreso 19-10-93 03-621004060-0

   118.195,20 Retiro del Banco Progreso 08-11-93 03-621004060-0

   118.195,20 Retiro del Banco Progreso 07-11-93 03-621004060-0

   Durante 1994, la cantidad de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 1.176.978,32), según la siguiente explicación:

   MONTO N° Cheque Banco FECHA CUENTA

   118.195,20 Retiro Progreso 07-01-94 03-621-004060-0

   118.195,20 Retiro Progreso 09-02-94 03-621-004060-0

   118.195,20 Retiro Progreso 09-03-94 03-621-004060-0

   118.195,20 Retiro Progreso 08-04-94 03-621-004060-0

   236.390,20 Retiro Progreso 10-06-94 03-621004060-0

   467.787,32 155838 Venezuela 15-07-94 126-329261-1

   Durante 1995, la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.700.000,00), conforme a la siguiente especificación:

   MONTO N° Cheque Banco FECHA CUENTA

   300.000,00 8332-11 Mercantil 08-02-95 8033-04180-3

   300.000,00 0991-17 Mercantil 05-04-95 8033-04180-3

   300.000,00 7073-21 Mercantil 02-06-95 8033-04180-3

   500.000,00 1790-24 Mercantil 14-07-95 8033-04180-3

   300.000,00 9569-31 Mercantil 23-11-95 8033-04180-3

   Durante 1996, UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.200.000,00), de esta manera:

   MONTO N° Cheque Banco FECHA CUENTA

   500.000,00 8803-41 Mercantil 18-03-96 8033-04180-3

   400.000,00 4777-49 Mercantil 26-07-96 8033-04180-3

   300.000,00 9312-54 Mercantil 22-10-96 8033-04180-3

   En vista de los diversos dichos de la demandante, relativos al monto de las obligaciones, a las operaciones realizadas y a los sujetos en ellas involucrados, se torna indispensable analizar antes que nada los documentos redactados por las partes como prueba de las aludidas convenciones, los cuales han sido producidos en copia simple con la demanda primitiva (folios 25 al 28 y 29 al 33) y en copia certificada en la oportunidad de la reforma de la demanda (folios 114 al 118 y 119 al 124). De acuerdo con el primero de estos documentos, suscrito por INVERSIONES EBEVIN C.A., representada por su presidente V.P.Z., y por la empresa PRENEMCA M&C C.A., representada por su presidente A.E.M.G., la actora llevaba relaciones comerciales con PRENEMCA C.A., en virtud de las cuales ésta concedía crédito a aquélla, los cuales podía utilizar en cualquiera de las formas comunes y usuales (efectos de comercio, depósitos en cuenta corriente, fianzas, etc.). Ambas partes acordaron que para garantizar y dar seguridad de las resultas y avales de cualquier especie que PRENEMCA haya otorgado u otorgare en el futuro, operaciones todas que podían ascender a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.500.000,00), INVERSIONES EBEVIN C.A. constituyó a favor de PRENEMCA, hasta por igual monto, hipoteca de primer grado sobre los inmuebles de su propiedad constituidos por los apartamentos antes descritos, dejando constancia las partes de que para la fecha de la firma del documento la demandante ya había recibido de PRENEMCA la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,00) en dinero efectivo de curso legal, estipulando además que las letras de cambio, por cada operación de crédito, facilitaría el cobro y/o pago de las obligaciones contraídas, sin implicar que se produjera alguna novación.

   El segundo de los mentados documentos acredita varias relaciones jurídicas. En efecto, según lo establecido en su cláusula primera, dichas compañías convinieron en ampliar la referida hipoteca, hasta un total de CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 4.000.000,00), haciendo constar que para la fecha de protocolización “de este documento”, la actora tenía pendiente de pago por concepto de préstamos recibidos de PRENEMCA en dinero efectivo, la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 2.898.604,80), mientras que en la cláusula segunda convinieron en corregir algunos errores cometidos al redactar el primer documento, atinentes al monto de la hipoteca y a los linderos de los apartamentos, en tanto que en la cláusula tercera INVERSIONES EBEVIN C.A. da en venta pura y simple al ciudadano A.E.M.G. los identificados apartamentos 8-D, 8-E y 8-F del Centro Comercial Bello Monte, por el precio de UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 1.888.425,20), que la actora declaró recibir en dinero efectivo y a su entera satisfacción, reservándose la vendedora el derecho al retracto convencional “a partir de la fecha de autenticación y/o registro de este documento y por un plazo que vence al 31/12/91”, previéndose que el plazo para el rescate de las propiedades podría prorrogarse por otro año más, siempre y cuando INVERSIONES EBEVIN C.A. hubiese cancelado a PRENEMCA “y/o a “EL COMPRADOR” si éste hubiere hecho alguna erogación tendiente a liberar a los inmuebles de las hipotecas que lo gravan una cantidad no menor al 25% de las obligaciones vencidas y se hayan pactado nuevas tasas de intereses para la renovación del saldo deudor”, acordándose en la cláusula novena, lo siguiente:

   ““EL COMPRADOR” dará en Comodato a “EBEVINCA”, los inmuebles objeto de esta transacción y por un plazo igual al plazo concedido a EBEVINCA para ejercer su derecho al retracto convencional y siendo por cuenta de “EBEVINCA” el pago de los servicios ajenos que reciba, tales como teléfono, energía eléctrica, limpieza, vigilancia, condominio, Inos (agua)…”.

   El tribunal ha querido resaltar el hecho de que el contrato de préstamo se celebró exclusivamente entre INVERSIONES EBEVIN C.A. y PRENEMCA C.A., porque siendo la acreedora esta última y no su presidente A.E.M.G., los pagos destinados a saldar el préstamo debieron hacérsele a PRENEMCA C.A., para que tuviesen el efecto liberatorio propio de todo pago, y no a su presidente A.E.M.G.; así lo demanda el principio de individualidad patrimonial de los sujetos de derecho (artículos 1.863 y 1.864 del Código Civil), por más que dicho ciudadano ostente el carácter de administrador y accionista principal de la sociedad mercantil co-demandada, como aparece reflejado en el documento de su creación acompañado en copia certificada junto con el libelo original, cursante a los folios 9 al 24, pues, el artículo 201 del Código de Comercio dispone que “las compañías constituyen personas jurídicas distinta de las de los socios”, sin que en la situación de autos la demandante haya demostrado que PRENENCA C.A. y A.M.G. hayan actuado conjuntamente como prestamistas, como lo asevera aquélla al final del CAPÍTULO IV de su escrito de reforma de la demanda, lo cual en todo caso aparece rotundamente desmentido por el documento contentivo del contrato de préstamo y su posterior ampliación, en el cual las partes declaran que la prestamista lo fue PRENEMCA C.A. solamente. Así se decide.-

2. Hechas las aclaratorias que anteceden, el juzgador se adentra a analizar los pagos afirmados por la demandante, a los fines de despejar sin en razón de los mismos, ella satisfizo a cabalidad su compromiso de devolver el crédito garantizado con hipoteca contraído con PRENEMCA, lo que de resultar positivo le conferiría obviamente el derecho de obtener la cancelación de dicho gravamen, que es justamente una de sus pretensiones.

   Para decidir, se observa:

   La actora alegó, repetimos, que desde 1988 hasta 1991 V.P.Z. pagó en nombre de INVERSIONES EBEVIN C.A., a PRENEMCA y a A.M., la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 4.398.617,83), del modo detallado líneas arriba. Veamos entonces si demostró los pagos relacionados durante ese período. La actora comienza por referirse a los pagos realizados durante 1989 y dice que éstos se efectuaron en virtud del cobro, por parte de A.M., de cinco giros (por Bs. 229.622,00; 200.000,00; 24.000,00; 1.379.895,00 y 165.587,50); dos cheques del Banco Caracas (por Bs. 208.000,00 y 522.390,57) y uno del Banco Metropolitano (por Bs. 1.669.121,96). Ahora bien, el tribunal visualiza que los giros habrían sido cobrados por A.E.M. y no por su representada, que fue con quien la actora contrajo la obligación primigenia el 11 de noviembre de 1998, por lo que no existirían elementos de convicción para imputar esas sumas representadas en los giros al pago de la acreencia respaldada con hipoteca, asumida por INVERSIONES EBEVIN C.A. ante PRENEMCA C.A., en consecuencia, a criterio de quien decide, esos supuestos pagos, incluso siendo ciertos, no tienen el efecto liberatorio que pretende INVERSIONES EBEVIN, ya que no hay ningún elemento de conexión que los vincule con la cancelación de dicho crédito. En todo caso, no puede pasarse por alto el hecho capital de que los referenciados giros fueron acompañados con la demanda y obran a los folios 40, 41, 42, 43 y 45 de la primera pieza y aun cuando en el reverso de cada uno se aprecia una firma autógrafa, con la expresión “Cancelada” en los dos últimos, tales instrumentos fueron categóricamente desconocidos por los demandados al contestar la demanda, sin que INVERSIONES EBEVIN C.A. haya comprobado su autenticidad, por lo que tampoco existe la prueba de que el monto de cada giro haya sido percibido realmente por alguno de los sujetos pasivos de esta relación procesal. Así se declara.

   En cuanto a los cheques números 00610009 y 00610611 del Banco Caracas, hay que decir que la prueba de informe promovida por la actora para demostrar el pago de los mismos al ciudadano A.M. no tuvo éxito alguno, puesto que al folio 200 cursa correspondencia remitida por el Banco Caracas al juez a quo requiriéndole “mayor precisión” a los efectos de poder suministrar la información solicitada. Igual corresponde señalar en relación con el cheque número 3100599 del Banco Metropolitano, por Bs. 1.669.000,00, puesto que éste hizo saber, según consta del informe cursante a los folios 204 al 206, que precisaba de mejores datos como el nombre y cédula de identidad o R.I.F. de la persona titular de la cuenta a la que le fue cargado el monto del cheque. En todo caso, el comprobante de egreso formante del folio 49, que se refiere al instrumento bajo comentario, fue desconocido por los demandados, sin que la demandante haya comprobado su autenticidad, lo que lo deja sin valor jurídico alguno.

   En lo concerniente al alegado único pago de Bs. 280.000,00 con cheque 333932 del Banco Progreso durante el año 1990, se aprecia que el mismo no fue reportado en el informe rendido por esa institución bancaria, cursante a los folios 207 al 211, y que el comprobante de egreso formante del folio 280, alusivo a dicho instrumento, fue igualmente desconocido por los demandados, desconocimiento que lo deja desprovisto de toda eficacia probatoria, lo que permite concluir que tampoco hay prueba del pago de esta suma. Así se decide.-

   En cuanto a los pagos afirmados por la accionante, correspondientes al año 1991, efectuados supuestamente a través del Banco Progreso, con los cheques antes discriminados, es de destacar que esa institución bancaria informó (folios 207 al 211), acompañando al propio tiempo “printers que respaldan dicha información”, que ciertamente los siete referidos cheques del año 91 fueron emitidos, sin embargo, no especifica en lo más mínimo ese informe el beneficiario de los mismos, por lo tanto, mal puede el tribunal establecer que el monto de cada cheque fue efectivamente percibido por el co-demandado A.M., aparte de que tampoco expresa la información suministrada el concepto por el cual fueron emitidos tales instrumentos. Dado pues, lo ambiguo de la prueba que estudiamos, el tribunal concluye que dicho informe en modo alguno demuestra el pago que según la demandante hizo al nombrado ciudadano por intermedio del Banco Progreso. En lo pertinente al giro por Bs. 59.200,00, se observa que el mismo fue acompañado como recaudo de la demanda y cursa al folio 53; no obstante, este instrumento, pese a que en su reverso aparece cancelado, fue desconocido por los demandados en el acto de contestación de la demanda, lo que lo priva de toda virtud probatoria. En fuerza de lo comentado, es evidente que tampoco el pago de ese monto fue comprobado por la demandante.

   En lo referente a los pagos que la actora aduce haber hecho al señor A.M. durante el año 1992, por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 1.507.640,00), a través de ocho cheques del Banco Progreso, ocho del Banco Consolidado y tres del Banco de Venezuela, a todos los cuales se hizo mención en la parte expositiva de este fallo, cabe subrayar que el informe del Banco Progreso evidencia que los indicados ocho cheques de esta institución aparecen como emitidos, pero no se identifica a la persona que los cobró o hizo efectivos, por lo que dicho informe no acredita el pago que dice la actora hizo al señor A.M. con cheques del Banco Progreso, mientras que en lo referente a los supuestos pagos con cheques de los Bancos Consolidado y Venezuela, no consta en autos que éstos hayan rendido informe alguno sobre el particular, sin que paralelamente cursen en las actas procesales ninguna otra probanza que patentice dichos pagos. Así se decide.

   En lo que tiene que ver con los supuestos pagos efectuados al señor A.M. durante 1993, por NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 955.729,55), a través de cuatro cheques del Banco de Venezuela, letras de cambio dadas al cobro, retiros por Banco Progreso, es menester expresar que no hay en autos la menor señal de los pagos apuntados en primer lugar, y en relación con los supuestos tres retiros por Banco Progreso, el informe rendido por dicha entidad especifica que ninguno de esos tres retiros aparece reflejado, por lo que dicho informe nada demuestra en ese sentido. Así se decide.-

   En cuanto a los pagos que la actora asevera haber hecho al señor A.M. durante el año 1994 por UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 1.176.958,32), de acuerdo con cinco retiros del Banco Progreso y un cheque del Banco de Venezuela, el tribunal observa que el informe enviado por la institución bancaria nombrada en primer lugar expresa que ninguno de esos cinco retiros aparecen “reflejados”; por lo demás, no entiende el tribunal cómo es que siendo INVERSIONES EBEVIN C.A. la titular de la cuenta número 03-6214060-0, puedo hacer retiros de la misma un extraño. En relación con el cheque del Banco de Venezuela por Bs. 467.787,32, no consta prueba alguna demostrativa del cobro efectivo de ese instrumento por parte del señor A.M. ni mucho menos que su importe haya estado destinado a saldar la deuda derivada de las obligaciones asumidas por la demandante. Así se decide.-

   Tampoco consta en el expediente la prueba de los pagos que dice la demandante hizo al co-demandado A.M. durante los años 1995 y 1996, por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.700.000,00) y UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.200.000,00) a través de cheques del Banco Mercantil.

   Observa el tribunal, finalmente, en cuanto a la discusión probatoria, que la demandante acompañó con la demanda diversos recaudos, suficientemente descritos en la sección narrativa, algunos de los cuales no han sido objeto de valoración alguna. Por ende, para cumplir con el deber de exhaustividad que al tribunal le impone el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador hace constar que no le atribuye ninguna eficacia probatoria a la relación manuscrita cursante a los folios 34 al 38, por tratarse de un instrumento carente de firma y expresamente desconocido por los demandados; a los recibos de cheques de gerencia número 00610009 y 00610611, cursante a los folios 44 y 45, respectivamente, por cuanto no emanan de los demandados y fueron desconocidos igualmente por éstos; al talón del cheque de gerencia número 31005599, formante del folio 47, por cuanto no emana de los demandados y fue expresamente desconocido por éstos; por iguales motivos, al cheque del Banco Metropolitano número 31338798, formante del folio 48; a la copia fotostática de la cuenta de activos líquidos número 930026555 cursante a los folios 54, 55 y 56, por tratarse de una copia simple de un instrumento privado, no emanada de los demandados, amén de que esa copia sencillamente acreditaría cuando más el movimiento de la misma, cuestión que nada tiene que ver con el fondo del pleito; a la copia al carbón, con menciones mecanografiadas en su parte inferior, formante del folio 57, por no emanar de los demandados; a los depósitos en cuenta corriente cursantes a los folios 59 al 67, por cuanto simplemente acreditan que en la cuenta de V.P.Z. se acreditaron las cantidades a que ellos se refieren, lo que no es un asunto controvertido en este debate judicial; en lo que se refiere a las copias alusivas a la emisión de cheques por parte del Fondo Financiero Latinoamericano, por cánones de arrendamiento, agencia Parque Central, correspondiente a los meses de agosto del 92 (folio 68), junio del 91 (folio 69), julio del 91 (folio 70), junio del 92 (folio 71), julio del 92 (folio 72), junio del 92 (folio 73), abril del 92 (folio 74), febrero del 92 (folio 75), enero del 92 (folio 76) y diciembre del 91 (folio 77), librados unos a favor de INVERSIONES EBEVIN y otros a favor VICTTORIO PETRICCA ZUGARO, respecto de las cuales los demandados alegaron que ninguno emana de ellos ni se les pueden oponer, el tribunal les resta todo mérito probatorio por referirse a hechos no discutidos en esta causa; a los recibos formantes de los folios 78 al 84, por no estar suscritos por persona alguna y referirse a cancelación de cánones de arrendamiento, agencia Parque Central, lo que nada tiene que ver con este proceso; a la constancia fechada en Caracas el 9-6-92 y al recibo igualmente fechado en Caracas en julio del 92, formantes de los folios 85 y 86 respectivamente, por cuanto fueron desconocidos por los demandados, sin que la demandante haya comprobado su autenticidad; a los vouchers formantes de los folios 87, 88, 89 y 90, por los mismos motivos terminados de expresar; al talón manuscrito a lápiz, formante del folio 92, por cuanto no aparece en modo alguno suscrito por los demandados; a los documentos manuscritos cursantes a los folios 93 al 95, debido a que los demandados alegaron que los mismos no aparecían firmados “por ninguna de las partes”, por lo que no podían oponérseles, sin que la querellante haya demostrado su autenticidad.

   En resumen, concluye el tribunal que la demandante no llegó a demostrar, como le correspondía, visto que cada una de las entregas dinerarias afirmadas fueron expresamente desconocidas por los demandados (artículo 1.354 del Código Civil y 509 del Código de Procedimiento Civil), haber pagado suma alguna por los conceptos derivados del préstamo y de la venta con pacto de retracto. Esto echa por tierra el alegato esbozado por la demandante al final del CAPÍTULO III de su escrito de reforma de que canceló en tiempo hábil las deudas contraídas, por haberse verificado -complementa- las prórrogas del retracto desde el 31-12-91 al 31-12-92; 31-12-93 al 31-12-94; 31-12-95 al 31-12-96, para un total de cinco prórrogas, máxime cuando en autos no hay prueba alguna demostrativa de que el ciudadano A.M. haya convenido con la querellante en extender el plazo inicialmente previsto para el rescate de los inmuebles, de donde se sigue que no ha lugar la pretensión de que se deje sin efecto la venta con pacto de retracto. Así se decide.-

3. Fuera de las pretensiones de que hemos venido tratando a lo largo de esta sentencia, la demandante pide que se deje sin efecto el convenio de comodato suscrito y acordado entre las partes, como consecuencia de la resolución de los contratos demandados. Aunque la actora no lo dice expresamente, es inequívoco que se está refiriendo con ello a la estipulación novena contenida en el documento protocolizado el 28 de febrero de 1992, cursante en copia certificada a los folios 119 al 124, transcrita con anterioridad. Según dicha cláusula, se acordó que “EL COMPRADOR” (ALBERTO E.M.G.) daría en comodato a la demandante los inmuebles transados “y por un plazo igual al plazo concedido a Ebevin C.A. para ejercer su derecho al retracto convencional”. Como se notará, el acuerdo evidencia que las partes hablaron en futuro, por ende, el hecho de esta estipulación no demuestra, per se, que se celebró efectivamente el contrato de comodato proyectado. De todas maneras, cabe destacar que el apoderado de los demandados expresó, al contestar la demanda, lo que de seguidas se copia:

   Hago constar que mi representada reconoce expresamente el documento privado mediante el cual V.P.Z. le canceló el 9 de febrero de 1993, a mis representados A.M., la suma de doscientos cincuenta mil bolivares en concepto de alquileres pendientes, que es precisamente la situación en la cual se encuentra la empresa Inversiones Ebevin y su representante Vitorio Petrica Zugaro, que al no cumplir la obligación de rescatar los tres inmuebles que le dieron en venta con pacto de retracto quedaron en la condición de arrendatarios. asimismo Inversiones Ebevin en fecha 13 de diciembre de 1992, pagó a A.M., conforme se evidencia del documento suscrito en esa fecha y que oportunamente consigaremos la suma de trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho bolivares por concepto de alquiler de la oficina, D, E y F del Centro Comercial Bello Monte, Piso 8, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre mas saldo pendiente del mes de junio de 1993, pago hecho mediante cesión de letras de cambio y recibos para el cobro por el monto arriba señalado; en día 22 de marzo de 1996, Vitorio Petrica Sugaro pagó a mi representado A.M. la suma de quinientos mil bolivares mensuales para pagar alquileres por monto de cientono vente mil bolivares mensuales, lo cual evidentemente indica la falsedad de los hechos narrados por el actor en el libelo de la demanda, toda vez que Vitorio Petrica es simplemente arrendatario junto con la empresa que el representa del propietario del inmueble que el ocupa con sus oficinas

   (…omissis…)

   …Observamos al Tribunal que es falso, por lo que lo niego y rechazo que exista convenio o contrato de comodato alguno, ya que por el contrario y conforme se evidencia del documento privado traído a los autos entre Inversiones Ebevinca y/o V.P.Z. desde el año de 1992 existe celebrado un contrato de arrendamiento verbal sobre las oficinas 8D, 8E y 8F, del Centro Comercial Bello Monte…”

   (transcripción textual).

   Para probar la veracidad del tal aserto (que INVERSIONES EBEVIN y su representado V.P.Z. se encontraban en la situación de arrendatarios) reconoció, como terminamos de ver, el documento privado del 9 de febrero de 1993, formante del folio 96, y en la etapa probatoria consignó copia certificada de la declaración informativa rendida por el ciudadano V.P.Z. ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cursante a los folios 167 al 176; copia al carbón de comprobante de egreso, por Bs. 500.000,00, fechado en Caracas el 22 de marzo de 1996 (folio 177); copia fotostática del cheque número 111168803 por igual monto y fecha, a nombre de A.M., correspondiente a la cuenta 8033-04180-3 a nombre de PETRICCA ZUGARO VITTORIO (folio 178) y copia simple de recibo otorgado por A.M. e INVERSIONES EBEVIN C.A., por bolívares 356.448,90; aduciendo, en relación con este último instrumento, que su original obraba en poder de V.P.Z., por lo que solicitó, a tenor de lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, que se intimara a dicho ciudadano para que lo exhibiera en forma original, exhibición ésta que no llegó a efectuarse.

   En relación con la declaración informativa citada, se aprecia que la misma tuvo lugar inicialmente en los siguientes términos:

   “…DIGA USTED: Si el ciudadano: ALBERTO MARTINEZ¿ es el dueño de la oficina “D” del Piso 8 del Centro Comercial Bello Monte ubicado en la Urbanización Colinas de Bello Monte de esta Ciudad?C=Si es. DIGA USTED: si usted o alguna Empresa representada por Ud., es el inquilino de la citada oficina?C=Si. DIGA USTED: Si F.R.C. ocupó un cubículo en la citada oficina, hasta el día 13 de Diciembre del año 94, y si fué usted la persona que ordenó el cambio de cerraduras de la puerta Principal de dicha oficina y del cubículo que usaba el citado ciudadano?C=Si, la oficina es mía y yo cambioe la cerradura f.R. si ocupó un cubículo, el cual está abierto…” (reproducción textual).

   El contenido literal del acto revela una manifiesta contradicción en lo declarado, pues, el ciudadano V.P.Z. en un primer momento contesta afirmativamente las preguntas primera y segunda, con lo que estaría confesando que A.M. es el dueño de la oficina D del piso 8 del Centro Comercial Bello Monte y que ocupaba la misma como inquilino; pero luego, al responder la tercera pregunta testifica, “Si la oficina es mía”, con lo que prácticamente enerva sus anteriores afirmaciones, por lo que en semejante estado de contradicción la declaración se anula, ya que no puede advertirse ánimo de confesar su carácter de inquilino cuando simultáneamente indica ser el propietario de la oficina, lo contrario sería tanto como dividir la confesión y darle valor a una declaración contraria a una máxima de experiencia, ya que no es razonable aceptar que se es propietario pero no se ejerce uno de los atributos esenciales de ese derecho, como es la detentación de la cosa; en consecuencia, el tribunal no le atribuye ningún mérito probatorio a dicha declaración informativa. En cuanto al comprobante de egreso (folio 177) y a la reproducción simple del cheque (folio 178), el tribunal no les atribuye ningún valor probatorio, al primero, porque no ha sido producido como emanado de la demandante, y al segundo, porque además de tratarse de una copia simple, el cheque no expresa el motivo de su emisión, por lo que no puede decirse que fue librado para pagar al señor A.M. pensiones de arrendamiento de las oficinas mencionadas. En lo que respecta al recibo formante del folio 179, dado que se trata de una copia simple de un documento privado, tampoco se le atribuye ninguna eficacia probatoria. El único elemento de convicción digno de tomarse en cuenta como evidencia de la relación arrendaticia está conformado por el asiento número 3784 formante del folio 96, por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 250.000,00), de fecha 9 de febrero del 93, en el que se detalla como motivo del pago “ABONO ALQUILERES PENDIENTES A RAZON (SIC) DE Bs. 130.000,00/mes”, ya que el mismo fue traído al expediente por la propia demandante y por ende existe consenso en lo relativo a la verdad de las declaraciones que en él aparecen; no obstante, visto que el recaudo no expresa, como acertadamente lo dijo la recurrida, el inmueble arrendado ni el período pagado, dicho instrumento se valora como un indicio de acuerdo con la previsión del artículo 510 del Código Civil, pero por cuanto se trata de un solo indicio, el mismo no hace plena prueba, como lo exige el artículo 254 eiusdem; siendo así, el tribunal arriba al parecer de que en el sub lite los demandados no llegaron a probar el contrato de arrendamiento por ellos alegado, por lo tanto no habiendo demostrado el hecho nuevo alegado (que el contrato era de arrendamiento y no de comodato), el sentenciador considera que al aceptar la parte demandada que sí hubo un acuerdo relativo al uso de los apartamentos 8-D, 8-E y 8-F del Centro Comercial Bello Monte, y no simplemente una expectativa de contratación como literalmente se consagró en la cláusula novena del contrato de venta (el cursante a los folios 119 al 124), la ocupación de dichos inmuebles por parte de la demandante lo es a título de comodataria. Así se decide.- Empero, importa explicar que esta declaratoria no conduce a la estimación de lo solicitado en el ordinal quinto del petitorio de la demanda de que se deje sin efecto el convenio de comodato y se le participe al Registrador, porque esta petición, como era natural y lógico, estuvo condicionada a que previamente se dieran por cancelados los contratos de préstamo y de retracto, cancelación que este ad quem ha desestimado en virtud de no haberse comprobado los pagos alegados. Así también se decide.

4. De la exigencia de pago del monto de la demanda.

   En el ordinal 7° del petitorio de la demanda y su reforma, la actora solicitó que los demandados convinieran, o en su defecto los obligara el tribunal, “A pagar el monto de la demanda, con su correspondiente indexación”. Tal petición, a criterio del juzgador, es abiertamente improcedente, por decir lo menos, pues, la misma no está fundada en ninguna razón de hecho ni de derecho, lo que impide su examen en su exactitud de fondo, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil se desestima dicha pretensión de pago.

   DECISIÓN

   Por los todos los razonamientos expuestos, este tribunal superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO.- SIN LUGAR la demanda intentada por la sociedad mercantil INVERSIONES EBEVIN C.A. contra PRENEMCA M & C C.A. y A.E.M.G. por concepto de cobro de bolívares y de resolución de los contratos protocolizados por ante la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, el primero, en fecha 16 de noviembre de 1988, bajo el número 31, tomo 8, protocolo primero, y el segundo, el 28 de febrero de 1992, bajo el número 89, tomo 10, protocolo primero, cuyas copias certificadas obran respectivamente a los folios 114 al 118 y 119 al 124, respectivamente. SEGUNDO.- SIN LUGAR la apelación ejercida el 20 de febrero del 2004 por el abogado J.M.C. en representación judicial de la parte actora sociedad mercantil INVERSIONES EBEVIN C.A., contra la sentencia proferida en fecha 3 de agosto de 1999 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la demanda interpuesta por resolución de contrato. TERCERO.- SIN LUGAR la apelación ejercida en fecha 2 de mayo del 2005 por el profesional jurídico A.E.M.G., contra el auto proferido el 26 de abril del 2005, igualmente, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que negó la perención de la instancia solicitada por dicho abogado.

   Quedan CONFIRMADAS ambas recurridas.

   Se CONDENA a la parte actora al pago de las costas del proceso, de conformidad con lo estipulado en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente perdidosa. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se imponen las costas del recurso de apelación ejercido por los demandados, por no haber tenido éxito alguno en la alzada.

   Publíquese, regístrese, déjese copia certificada, notifíquese a las partes. Líbrense las correspondientes boletas de notificación.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, al noveno (9) día del mes de agosto del dos mil diez (2010). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

   EL JUEZ,

   J.D.P.M.

   LA SECRETARIA,

   E.R.G..

   En la misma fecha, 9/8/2010, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las 9:00 a.m.- Se libraron boletas y se entregaron al alguacil.

   LA SECRETARIA,

   E.R.G..

   EXP. N° 5.585

   JDPM/ERG/jbh.-