Decisión nº 036-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 10 de Febrero de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Sala Primera

Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia

Maracaibo, diez (10) de Febrero de dos mil quince (2015)

204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : VP11-P-2014-002787

ASUNTO : VP03-R-2015-000189

I

PONENCIA DEL JUEZ PROFESIONAL SUPLENTE

J.L.L.B.

Visto el Recurso de Apelación de autos presentado por la profesional del derecho D.E.G.V., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el No. 161.166, actuando con el carácter de Defensor Privado del imputado D.A.G.V., contra el fallo de fecha tres (3) de Diciembre de 2014, dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Extensión Cabimas, mediante la cual con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar admitió totalmente la acusación presentada por la Fiscalía 19 del Ministerio Público, en contra del precitado ciudadano por la presunta comisión de los delitos de USO INDEBIDO DE ARMAS ORGÁNICAS, previsto y sancionado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y EXTORSIÓN CON AGRAVANTE EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 16 en concordancia con lo establecido en el artículo 17 numeral 7 y 11 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio del ciudadano L.A.L.L.; así como las pruebas ofertadas por el representante fiscal y la defensa privada, al cumplir los requisitos de ley; se mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre los acusados de autos, por no haber variado las circunstancias que dieron origen a su decreto; declarando de igual forma sin lugar la excepción contenida en el artículo 28, numeral 4, literal “i” del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesta por la defensa privada, y en consecuencia decretando la apertura a juicio oral y público de dicho asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal; este Tribunal Colegiado procede a revisar el cumplimiento de las formalidades y presupuestos necesarios, así como los lapsos y trámites procesales relacionados con la Apelación, a los fines de decidir sobre la admisibilidad o no del Recurso interpuesto. En tal sentido, procede esta Sala de Alzada a decidir conforme a las siguientes consideraciones:

Fueron recibidas las presentes actuaciones en fecha nueve (9) de Febrero de 2015, dándose cuenta a los miembros de la misma, designándose ponente al Juez Profesional Suplente J.L.L.B., quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Se evidencia de actas, que la profesional del derecho D.E.G.V., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el No. 161.166, actúa con el carácter de defensora del ciudadano D.A.G.V., por lo que se encuentra legítimamente facultada para ejercer el recurso de apelación de auto interpuesto, tal como se observa de la decisión recurrida, inserta a los folios veintiocho al treinta y nueve del presente asunto (28 al 39), todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal.

En lo que respecta al lapso procesal para la interposición del recurso de apelación, específicamente de auto, se evidencia de actas que el mismo fue presentado dentro del lapso legal, por cuanto se observa que el auto apelado fue dictado en fecha 03.12.2014, el cual corre inserto a los folios veintiocho al treinta y nueve del presente asunto (28 al 39), siendo notificada la parte recurrente en dicha fecha, según consta de la decisión recurrida; siendo consignado el escrito recursivo por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Departamento de Alguacilazgo, en fecha 10.12.2014, según consta del sello húmedo estampado por la Unidad de Recepción de Distribución de Documentos inserto al folio uno (1) de la incidencia recursiva, todo lo cual se evidencia del cómputo de audiencias suscrito por la Secretaría del Juzgado conocedor de la causa, que corre inserto a los folios cincuenta y ocho al sesenta (58 y 60) del cuaderno de incidencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 440 y 156 del Código Orgánico Procesal Penal.

Del análisis efectuado por esta Alzada al escrito de apelación interpuesto por la defensa técnica, se constatan tres denuncias.

En primer lugar, la recurrente manifiesta que, del pronunciamiento emitido por el Tribunal de instancia se verifica la falta de motivación y sobre todo de fundamentación toda vez que, la referida Juzgadora omitió totalmente a su juicio, hacer pronunciamiento expreso de las razones de hecho y de derecho por las cuales negaba u omitía lo solicitado por esta Defensa, declarando abiertamente con lugar todo lo peticionado por el Ministerio Público, todo ello con respecto a una presunta diligencia de investigación denominada “OFICIO DE REMISIÓN” recibida por la representación fiscal por parte de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como de la declaración de “otros testigos” que desacreditan la declaración del testigo principal de los hechos que dieran origen a la aprehensión de su representado.

Posteriormente, la defensa privada Impugna como segunda denuncia la decisión recurrida por cuanto a su juicio no se materializan los delitos de USO INDEBIDO DE ARMAS ORGÁNICAS, previsto y sancionado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y EXTORSIÓN CON AGRAVANTE EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 16 en concordancia con lo establecido en el artículo 17 numeral 7 y 11 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, siendo incongruentes los hechos explanados en el escrito acusatorio por el Ministerio Público, situaciones éstas que de manera alguna fueron valoradas por el a quo al tomar el control constitucional de dicha acusación, en respeto y garantía del debido proceso y el derecho a la defensa establecido constitucional y legalmente.

Como tercera denuncia, impugna el apelante que la juzgadora de instancia mantuvo la medida de coerción personal que pesaba sobre su representado, sin estar acreditados los “supuestos copulativos” establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, no configurándose a su juicio los requisitos previstos en los artículos 237 y 238 ejusdem, omitiendo con ello, la formalidad de darle cumplimiento a las garantías existente en el debido proceso como ente Imparcial, que juzga y califica la conducta humana desplegada ante un hecho ilícito el cual condiciona o limita la libertad personal.

II

DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR

Observa este Tribunal Colegiado, que la defensa de autos, abogada D.E.G.V., presenta escrito recursivo, en el cual ataca la decisión de fecha tres (3) de Diciembre de 2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Extensión Cabimas, mediante la cual con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar admitió totalmente la acusación presentada por la Fiscalía 19 del Ministerio Público, en contra del precitado ciudadano por la presunta comisión de los delitos de USO INDEBIDO DE ARMAS ORGÁNICAS, previsto y sancionado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y EXTORSIÓN CON AGRAVANTE EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 16 en concordancia con lo establecido en el artículo 17 numeral 7 y 11 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio del ciudadano L.A.L.L.; así como las pruebas ofertadas por el representante fiscal y la defensa privada, al cumplir los requisitos de ley; se mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre los acusados de autos, por no haber variado las circunstancias que dieron origen a su decreto; declarando de igual forma sin lugar la excepción contenida en el artículo 28, numeral 4, literal “i” del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesta por la defensa privada, y en consecuencia decretando la apertura a juicio oral y público de dicho asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este sentido, la recurrente realiza tres denuncias con respecto a la decisión recurrida, a saber: 1) Que en el pronunciamiento emitido por el Tribunal de la recurrida se verifica la falta de motivación y sobre todo de fundamentación toda vez que, la Juzgadora omitió totalmente hacer pronunciamiento expreso de las razones de hecho y de derecho por las cuales negaba u omitía lo solicitado por la Defensa, declarando abiertamente con lugar todo lo peticionado por el Ministerio Público, todo ello con respecto a una presunta diligencia de investigación denominada “OFICIO DE REMISIÓN” recibida por la representación fiscal por parte de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como de la declaración de “otros testigos” que desacreditan la declaración del testigo principal de los hechos que dieran origen a la aprehensión de su representado; 2) Que no se materializan los delitos de USO INDEBIDO DE ARMAS ORGÁNICAS, previsto y sancionado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y EXTORSIÓN CON AGRAVANTE EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 16 en concordancia con lo establecido en el artículo 17 numeral 7 y 11 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, siendo incongruentes los hechos explanados en el escrito acusatorio por el Ministerio Público; y 3) Que la juzgadora de instancia mantuvo la medida de coerción personal que pesaba sobre su representado, sin estar acreditados los “supuestos copulativos” establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, no configurándose a su juicio los requisitos previstos en los artículos 237 y 238 ejusdem.

Ahora bien, delimitado los puntos de impugnación, esta Sala estima necesario darle respuesta a cada uno de ellos de forma separada a los fines de precisar si los mismos cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal.

Con respecto a la Primera denuncia incoada por la Defensa Privada, en relación a que el pronunciamiento emitido por el Tribunal de instancia se verifica inmotivado y carente de fundamentación toda vez que, la Juzgadora omitió totalmente hacer pronunciamiento expreso de las razones de hecho y de derecho por las cuales negaba u omitía lo solicitado por esta Defensa declarando abiertamente con lugar todo lo peticionado por el Ministerio Público, todo ello con respecto a una presunta diligencia de investigación denominada “OFICIO DE REMISIÓN” recibida por la representación fiscal por parte de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como de la declaración de “otros testigos” que desacreditan la declaración del testigo principal de los hechos que dieran origen a la aprehensión de su representado; considera esta Sala de Alzada que la denuncia referente a la admisión por parte de la juzgadora de mérito de una prueba ilegal, obtenida y ofrecida en forma ilícita por el Ministerio Público, como las denunciadas como inobservadas por la a quo son admisibles, en atención al criterio jurisprudencial emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo decisión No. 1768, de fecha 23.11.2011, el cual con relación a la impugnabilidad de los medios probatorios ofertados en el escrito acusatorio por el Ministerio Público, estableció lo siguiente:

…(omisis)…Se evidencia entonces, que con base al citado criterio jurisprudencial, mantenido por esta Sala, ninguno de los pronunciamientos referidos en el cardinal 2 del artículo 330 el Código Orgánico Procesal Penal, así como tampoco la declaratoria de admisibilidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral y público, son objeto de apelación, por considerarse que no causan gravamen alguno para las partes, toda vez que, se estima, permiten ser debatidas durante el desarrollo del juicio oral y público.

Ahora bien, ciertamente las pruebas admitidas forman parte del contenido del auto de apertura a juicio, conforme lo establece el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, y en principio resultan, por ende, inapelables; sin embargo, tal pronunciamiento –admisión de las pruebas- no forma parte de la decisión que admite la acusación fiscal y que ordena abrir el juicio oral y público, que tal como lo ha señalado la Sala, se trata de una decisión interlocutoria o de un auto de mero trámite, que en nada afecta el carácter garantista del proceso penal, razón por la cual, con respecto a estos pronunciamientos se limita el acceso a la segunda instancia. De modo que, bajo esta premisa, el pronunciamiento referido a la admisión de una o varias pruebas en la fase preliminar, no puede entenderse que forme parte de aquellos que no ocasionan un gravamen irreparable, conforme lo establece el cardinal 5 del artículo 447 eiusdem, por las razones que se expondrán a continuación.

El régimen garantista establecido en la legislación penal adjetiva venezolana, comporta un régimen probatorio que aun cuando contiene el sistema de la libertad de pruebas, deben ser pertinentes, necesarias, obtenidas lícitamente, y ser incorporadas al proceso de acuerdo a las formas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, lo que permite afirmar que, las pruebas obtenidas e incorporadas al proceso sustrayéndose de las reglas previstas al respecto, en los artículos 197 y siguientes de dicha legislación procesal, no podrán ser apreciadas dentro del proceso.

Ciertamente, como se ha venido sosteniendo, en la fase de juicio oral, las partes tienen la oportunidad de contradecir las pruebas admitidas en la fase preliminar, y de allí deriva la convicción que sólo es permisible la impugnación, por vía de apelación, de la negativa de la admisión de uno o varios medios de prueba, mas no la de su admisibilidad. Entendiéndose, erradamente, que, el contradictorio de una prueba sólo es posible en aquella fase, y no en alguna otra del proceso. En tal sentido, se debe apuntalar que el régimen probatorio penal, al igual que el civil, (artículo 392; Código de Procedimiento Civil) tiene dos momentos en los cuales debe desarrollarse la actividad de las partes y del juez; una referida a la aportación o promoción de la prueba ante el juez de control y la otra a su evacuación o recepción ante el juez de juicio. En ambos momentos interviene el contradictorio entre las partes que no es más que la fiscalización o el control de las pruebas de la contraparte. Por lo que, no es posible aseverar que el contradictorio de la prueba es exclusividad de la fase de juicio oral y público.

En el proceso civil, la ley contempla dos momentos específicos que se interponen entre la promoción y evacuación, llamados por la doctrina patria: lapso de oposición y lapso de admisión de las pruebas, que originan un examen preliminar por las partes y por el juez de la legalidad y pertinencia de las pruebas que conducen a un pronunciamiento interlocutorio sobre la admisión de las que resulten légales y procedentes y el desecho de las que aparezcan ilegales o impertinentes. Tanto la negativa como la admisión de alguna prueba, son recurribles en apelación, la cual es oída a un sólo efecto; de tal forma que no impide la continuación del procedimiento civil instaurado, (artículo 402 del Código de Procedimiento Civil). Estos llamados lapsos de oposición y lapsos de admisión de la prueba, se ubican en el proceso penal en la fase intermedia y se traducen en el examen preliminar de la legalidad y pertinencia de los medios probatorios ofrecidos, tanto por la representación fiscal y/o la víctima querellada, así como por el imputado, que, finalmente, dan lugar al pronunciamiento del juez de control, al culminar la audiencia preliminar, sobre su admisibilidad o no, lo que quedará plasmado en el auto de apertura a juicio, de acuerdo a lo previsto el artículo 331 de la normativa adjetiva penal. Todo lo cual, configura el contradictorio del legajo probatorio en esta fase y cuya oposición debe materializarse no sólo durante el desarrollo de la audiencia preliminar, sino mediante la posibilidad de la impugnación de su admisión al finalizar esta etapa intermedia, con la admisión de la acusación fiscal.

De lo que se colige que, si en el proceso civil se permite que tanto la negativa como la admisión de una prueba sea objeto de impugnación, resulta ilógico que, en el proceso penal acusatorio, caracterizado por ser eminentemente garantista, se niegue la posibilidad de acudir a la segunda instancia, para recurrir la decisión que le resulte adversa a alguna de las partes, con ocasión de la admisión de una prueba; que si bien es cierto, forma parte del auto de apertura a juicio, que por mandamiento legal, es inapelable, no forma parte de aquellas decisiones consideradas de mero trámite o mera sustanciación, que no causan un gravamen irreparable, habida cuenta que tal admisión que, pudiera resultar al margen de la ley, sobrevendría una incorporación ilegal de esa prueba viciada al proceso, y ser objeto de valoración, a los fines de la resolución final del asunto controvertido, que, aun cuando haya pasado por el filtro depurativo jurisdiccional en la fase intermedia, debe estar sujeto a una posible revisión de segunda instancia, sin necesidad de esperar hasta la culminación del proceso, mediante una sentencia definitiva, para ser recurrido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 452, cardinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal.

Mantener esta afirmación final, resulta contrario a la estabilidad y certeza del procedimiento, que sólo es posible si se despeja, preliminarmente lo atinente a la admisibilidad del medio de prueba, lo que evitaría lo dispendioso que puede resultar en tiempo y economía, la admisión y evacuación de una prueba, que luego en la definitiva el juez de juicio considere no debió admitirse por inconducente, ilegal o impertinente, o, aún más peligroso, la valoración en la definitiva, de una prueba ilícita, cuya obtención se llevó a cabo, por medios ilícitos, habida cuenta que la misma pudiera constituirse decisiva para las resultas del proceso.

En resumen, una o varias pruebas obtenidas ilícitamente y admitidas en la fase preliminar, que formen parte de los pronunciamientos emitidos al final de la misma, podrían comportar su incorporación indebida al proceso en la fase de juicio oral y público, contraviniendo lo expresado en el artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal, representando el grave riesgo que sea indebidamente tomada en cuenta como fundamento de la decisión definitiva. De allí deviene la necesidad de depurar en la fase preliminar, no solamente los fundamentos que sirvieron de base para la acusación fiscal, sino además los medios de prueba ofertados para el juicio oral y público, siendo preciso que el juez de esta fase hurgue sobre la necesidad, legalidad, licitud y pertinencia de los mismos, más aún si la admisión de estos medios probatorios pudieran ser fundamentales o definitivos en las resultas finales del proceso, o, dicho de otra manera, representar un pronóstico de condena o de absolución. Resultando ilógico que, en el supuesto en que el Tribunal de Juicio correspondiente funde su decisión en una o unas pruebas admitidas en la fase intermedia, obtenidas ilegalmente por alguna de las partes o incorporadas al proceso con violación a los principios establecidos en la norma penal adjetiva, deba esperarse hasta el final del proceso para intentar el recurso de apelación contra sentencia definitiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal.

Así las cosas, es evidente que, el pronunciamiento que versa sobre la admisibilidad de una prueba, no puede ser considerado como de aquellos que no causan un gravamen, y por ende irrecurribles, máxime cuando el proceso penal acusatorio es de corte garantista, lo que implica la obtención de los medios probatorios lícitamente y su incorporación legal al proceso, así como evitar reposiciones como las que originaría la declaratoria con lugar de una apelación ejercida contra una sentencia definitiva, cimentada en una prueba obtenida ilegalmente.

De manera que, las violaciones constitucionales en materia de garantía del derecho a la defensa, pueden producirse cuando se coarta injustamente la defensa procesal de un derecho o se hace imposible o muy restringido el contradictorio, tal como ocurre cuando se limita el acceso a la revisión de segunda instancia en lo atinente a la admisión de medios probatorios que pudieren resultar impertinentes, inútiles o, peor aún, ilícitos, y por ende conducir el proceso a una decisión fundamentada en la valoración de una prueba viciada. Y así se decide.

Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional modifica su criterio, y así se establece con carácter vinculante, respecto a la imposibilidad de interponer recurso de apelación contra la decisión contenida en el auto de apertura a juicio, referida a la admisión de los medios de prueba que se indiquen en dicho auto, toda vez que, tal como ha quedado expuesto, la admisión de uno o varios medios probatorios obtenidos ilegalmente, impertinente, o innecesarios pueden causar un gravamen irreparable a quien pudiere resultar afectado con tal disposición, al crearse la expectativa de una decisión definitiva fundamentada en la valoración de aquellos. Siendo así, las decisiones referidas a la admisión o negativa de una prueba ofertada para el juicio oral y público, forman parte de la categoría de aquellas que son recurribles en apelación, contempladas en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se establece…(omisis)…

. (Resaltado de esta Alzada).

En consecuencia, visto el criterio jurisprudencial de carácter vinculante emanado del m.T. de la República, en relación a la posibilidad de impugnar pruebas, durante el decurso de la fase intermedia del proceso penal, es por lo que este Tribunal Colegiado declara ADMISIBLE el primer motivo de apelación incoado por la defensa privada, todo ello de conformidad con el numeral 5 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, a partir del día hábil siguiente a la presente fecha comienza a transcurrir el lapso de diez (10) días hábiles para dictar la decisión correspondiente, conforme lo prevé el primer aparte del artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se declara.

Con respecto a la segunda denuncia, atinente a que no se materializan los delitos de USO INDEBIDO DE ARMAS ORGÁNICAS, previsto y sancionado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y EXTORSIÓN CON AGRAVANTE EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 16 en concordancia con lo establecido en el artículo 17 numeral 7 y 11 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, siendo incongruentes los hechos explanados en el escrito acusatorio por el Ministerio Público; considera este Órgano Jurisdiccional que de acuerdo a lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, y a los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resulta inimpugnable dicha denuncia, puesto que con relación a los pronunciamientos de admisión de la acusación fiscal con la correspondiente calificación jurídica contenida en la misma, entre otros, decretados por parte del Juez de Control en el acto de Audiencia Preliminar, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No. 1303, de fecha 20.06.05, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, ha establecido lo siguiente:

“… esta Sala advierte que el acusado no puede interponer recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio, al no ocasionar dicha admisibilidad un gravamen irreparable para aquél, ya que tendrá la oportunidad de debatir dichas pruebas en una oportunidad procesal ulterior, a saber, la fase de juicio. En otras palabras, el hecho de que el acusado no pueda apelar de la declaratoria de admisibilidad de la acusación…no significa que aquél se vea impedido de ejercer los derechos que considere vulnerados con la decisión contentiva de dicho pronunciamiento, pues en el juicio oral y público, las partes tienen la posibilidad de alegar lo que consideren pertinente para la defensa de sus derecho (…) Así, de la lectura de la última frase del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual reza “Este auto será inapelable”, puede evidenciarse que el legislador no consagró el recurso de apelación contra la decisión por la cual el juez admite la acusación fiscal, por lo que las demás providencias que dicte el Juez en el auto que contiene la admisión de la acusación, forma parte de la materia propia de la apertura a juicio y en consecuencia no pueden ser impugnadas por la vía de la apelación, dado que se trata de una sola decisión que fue excluida expresamente del ejercicio de este recurso. Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, ….; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está, siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem…”. (Negritas de la Sala).

Dicho criterio, fue ratificado en reciente decisión No. 628, de fecha 22.06.2010, emanada de la misma Sala en la cual se precisó:

“…El auto de apertura a juicio determina el objeto del juicio y hace precluir la fase intermedia del proceso, para impulsar a éste hacia la fase del juicio oral, contemplando el referido artículo la prohibición expresa de su apelación. Es oportuno recordar a la parte accionante que el auto de apertura a juicio, es una decisión interlocutoria que simplemente delimita la materia sobre la cual se centrará el debate, y que ordena el pase al juicio oral, por lo que mal puede tal decisión judicial ocasionar un gravamen irreparable al acusado. El fundamento de esta afirmación estriba en que a través de dicho acto, se da apertura a la fase más garantista del proceso penal, esto es, la fase de juicio.

Lo señalado se apoya en el criterio sostenido por esta Sala en sentencia N° 1.303 del 20 de junio de 2005 (caso: “Andrés Eloy Dielingen Lozada”), que modificó el criterio establecido con anterioridad por esta Sala, según el cual era posible la interposición del recurso de apelación contra la primera parte del auto de apertura a juicio, contentiva de la admisión de la acusación… en consecuencia, estableció que contra tales pronunciamientos no procederá recurso de apelación alguno,….”

Debe señalar esta Alzada, que conforme a la decisión vinculante que arriba ha quedado transcrita la calificación jurídica será objeto de debate en el juicio oral, acto en el cual el Tribunal de Juicio determinará en última instancia cuáles son los hechos acreditados, para advertir, y ulteriormente decidir la calificación jurídica que se ajusta al caso en concreto, conforme al artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, se advierte a la parte accionante que el auto de apertura a juicio, es una decisión interlocutoria que delimita la materia sobre la cual se ajustará el debate, y que ordena el pase al juicio oral, por lo que mal puede tal decisión judicial ocasionar un gravamen irreparable a las partes, en las circunstancias antes enunciadas, pues en caso de que el Juez de Control aceptara la calificación jurídica de la Vindicta Pública, lo cual a su vez forma parte del auto de apertura a juicio, no obsta a que la misma sea nuevamente modificada en la fase de juicio oral, a partir de lo cual dependerá la conclusión del proceso penal. El fundamento de esta afirmación reside en que a través de dicho acto, se da comienzo a la fase más garantista del proceso penal, a saber, la fase de juicio.

Por tanto, realizado el análisis que precede, se declara inadmisible la Segunda denuncia del escrito de apelación de la defensora privada del imputado, por ser la calificación jurídica uno de los aspectos contenidos en el auto de apertura a juicio, el cual es inapelable y además no causa a juicio del M.T. de la República gravamen irreparable a las partes. Y así se declara.

En relación a la Tercera denuncia formulada por el recurrente, atinente a que la juzgadora de instancia mantuvo la medida de coerción personal que pesaba sobre su representado, sin estar acreditados los “supuestos copulativos” establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, no configurándose a su juicio los requisitos previstos en los artículos 237 y 238 ejusdem; considera este Tribunal colegiado, tal y como lo ha reiterado en anteriores pronunciamientos que las solicitudes de revisión de medida de coerción personal, resueltas en sentido negativo, son inimpugnables por mandato expreso de la ley.

En ese sentido, se advierte que dicha denuncia, se centra únicamente en impugnar el mantenimiento de la medida de coerción personal, que recaía sobre el imputado de autos D.A.G.V.; no obstante el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, establece respecto a la Revisión de las Medidas de Coerción, lo siguiente:

Artículo 250. Examen y revisión. El imputado o imputada podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez o Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.

(Resaltado y subrayado Nuestro).

Acorde con lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión No. 2866, de fecha 29 de septiembre de 2006, precisó:

…En efecto, conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, supra citado -se reitera-, la parte podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida las veces que lo considere pertinente, como medio ordinario idóneo y eficaz para satisfacer su pretensión, puesto que la negativa a ello no tiene apelación…

.

En el mismo sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 499, de fecha 06 de mayo de 2009, precisó:

…Por otra parte, en relación a la decisión que declaró sin lugar la solicitud de revisión de medida, esta Sala en sentencia No. 499 del 21 de marzo de 2007 (caso: M.A.A.R.), señaló que:

(…) el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, y que además el juez tiene la obligación de revisarla cada tres meses, quien de estimarlo prudente sustituirá la medida por otra menos gravosa; contra esa negativa el imputado no puede ejercer el recurso de apelación, ya que siempre tiene abierta la posibilidad de solicitar nuevamente se revise la medida.

En el presente caso, el juez revisó la medida y decidió negar la misma por cuanto no han cambiado las condiciones que ameritaron se dictada la privativa de libertad. En consecuencia, al tener el accionante la vía ordinaria a su disposición, a saber, la revisión de las medidas cautelares, lo ajustado a derecho es declarar inadmisible la presente denuncia…

.

De allí, que conforme lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, que prevé que “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente la sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”, la parte quejosa tiene la posibilidad de solicitar, en reiteradas oportunidades, la revisión de la medida de coerción personal decretada, la cual se corresponde a un medio judicial ordinario que debe ser siempre utilizado, dentro del proceso penal, como vía idónea para restituir o reparar situaciones jurídicas infringidas por violaciones de derechos fundamentales, como consecuencia del decreto de una medida de privación judicial preventiva de libertad. (Vid. Sentencias números 1417 del 30 de junio de 2005 y 452 del 10 de marzo de 2006)…”. (Negritas de esta Sala).

Ahora bien, este Tribunal Colegiado indica que la interpretación y aplicación de las reglas que regulan el acceso a los recursos legalmente estatuidos, se establece tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse algunos formalismos donde se determine que ciertas consecuencias no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica.

Tales exigencias formales, que cumplen por lo general, una misión trascendente en la organización del proceso, solo deben causar la grave consecuencia de inadmisión del recurso cuando no son perfectamente observadas por el recurrente, a fin de que éstas no se conviertan en un obstáculo insalvable que no permita la continuación del proceso.

En este mismo sentido, cabe agregar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No. 1228, de fecha 16.06.2005 con ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero, ha establecido que “La actividad recursiva en el contexto del nuevo proceso penal es limitada, ya que no todas las decisiones pueden ser sometidas al control de la doble instancia y, si bien, el recurso de apelación y el de casación pertenecen a dicha actividad; no obstante, es innegable que estos dos medios de impugnación generan actos procesales que tienen incidencia importante en el proceso…”.

Explanado lo anterior, el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a las causales de inadmisibilidad, prevé:

Artículo 428. Causales de Inadmisibilidad. La Corte de Apelaciones, sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:

a) Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo;

b) Cuando el recurso se interponga extemporáneamente;

c) Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.

. (Negritas de la Sala)

En este sentido, consideran estos jurisdicentes que al existir una prohibición legal para apelar del pronunciamiento que resuelva las solicitudes de revisión de medida de coerción personal en sentido negativo, lo procedente en derecho es declarar inadmisible por irrecurrible la tercera denuncia, de conformidad con el precitado artículo 428 literal “c” del texto penal adjetivo. Y así se declara.

De igual forma, resulta oportuno señalar que en el presente asunto la recurrente promovió como prueba en su escrito de apelación la decisión recurrida de fecha 03.12.2014, así como el escrito de acusación interpuesto por la fiscalía décimo novena (19) del Ministerio Público y el escrito de contestación a la acusación, observando esta Alzada que al haber sido remitidas las actuaciones de dicho asunto penal, las mismas se admiten, reservándose su apreciación al momento de resolver el recurso, prescindiéndose de la audiencia oral establecida en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, al ser las pruebas de carácter documental y los puntos impugnados de derecho. De igual forma en aras de verificar la denuncia incoada por la defensa, este Tribunal colegiado procede a solicitar las actuaciones correspondientes al Ministerio Público.

Por último, se verifica que no hubo contestación al recurso interpuesto, por parte de la Fiscalía Décima Novena (19) del Ministerio Público.

Por ello, en virtud de lo anteriormente expuesto, considera esta Sala de Alzada que en el presente caso, lo procedente en derecho es declarar PARCIALMENTE ADMISIBLE el Recurso de Apelación de auto, presentado por la profesional del derecho D.E.G.V., actuando con el carácter de Defensor Privado del imputado D.A.G.V., portador de la cédula de identidad No. V-18.508.215, con respecto a la primera denuncia, atinente a la ilicitud de la diligencia de investigación denominada “OFICIO DE REMISIÓN” recibida por la representación fiscal por parte de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como de la declaración de “otros testigos” que desacreditan la declaración del testigo principal de los hechos que dieran origen a la aprehensión de su representado; todo ello en atención al fallo de fecha tres (3) de Diciembre de 2014, dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Extensión Cabimas, mediante la cual con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar admitió totalmente la acusación presentada por la Fiscalía 19 del Ministerio Público, en contra del precitado ciudadano por la presunta comisión de los delitos de USO INDEBIDO DE ARMAS ORGÁNICAS, previsto y sancionado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y EXTORSIÓN CON AGRAVANTE EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 16 en concordancia con lo establecido en el artículo 17 numeral 7 y 11 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio del ciudadano L.A.L.L.; así como las pruebas ofertadas por el representante fiscal y la defensa privada, al cumplir los requisitos de ley; se mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre los acusados de autos, por no haber variado las circunstancias que dieron origen a su decreto; declarando de igual forma sin lugar la excepción contenida en el artículo 28, numeral 4, literal “i” del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesta por la defensa privada, y en consecuencia decretando la apertura a juicio oral y público de dicho asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.

III

DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO

PARCIALMENTE ADMISIBLE el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho D.E.G.V., actuando con el carácter de Defensor Privado del imputado D.A.G.V., con respecto a la primera denuncia, atinente a la ilicitud de la diligencia de investigación denominada “OFICIO DE REMISIÓN” recibida por la representación fiscal por parte de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como de la declaración de “otros testigos” que desacreditan la declaración del testigo principal de los hechos que dieran origen a la aprehensión de su representado.

SEGUNDO

INADMISIBLE el Recurso de Apelación en relación a la segunda y tercera denuncia, referidas a la precalificación jurídica de los hechos y a la revisión negativa de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, en contra del imputado de autos, todo ello de conformidad con el criterio jurisprudencial emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No. 1303, de fecha 20.06.05 y en atención al artículo 428 literal “c” del texto penal adjetivo. En consecuencia, a partir del día hábil siguiente a la presente fecha comienza a transcurrir el lapso de diez (10) días hábiles para dictar la decisión correspondiente, conforme lo prevé el primer aparte del artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, al haber sido admitido el presente recurso de conformidad con el numeral 5 del artículo 439 ejusdem. ASÍ SE DECIDE.

Regístrese, publíquese y remítase la presente causa en la oportunidad legal correspondiente.

Dada, firmada y sellada en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. Maracaibo, a los diez (10) días del mes de Febrero de 2.015. Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

LAS JUEZAS PROFESIONALES

J.F.G.

Presidenta de Sala

J.L.L.B.S.C.D.P.

Ponente

EL SECRETARIO

J.A.A.M.

En la misma fecha se registró la anterior decisión bajo el No. 036-15, quedando asentado en el Libro de Registro llevado por esta Sala Primera, en el presente año.

EL SECRETARIO

J.A.A.M.

El Suscrito Secretario de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Zulia, Abog. J.A.A.M., hace constar: Que las anteriores copias son traslado fiel y exacto de su original, que cursan en el asunto No. VP03-R-2015-000131. ASÍ LO CERTIFICO, de conformidad a lo establecido en los artículos 111 y 112 ambos del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo a los diez (10) días del mes de Febrero de dos mil quince (2015).

EL SECRETARIO

J.A.A.M.