IMPUTADOS:CIUDADANOS IBSEN JESÚS COLMENARES GÓMEZ Y ELBERSON GIOVANNY DÍAZ GALVIZ. DEFENSA:. FISCAL:ABOGADA ANDREINA LUCIA TORRES MÁRQUEZ Y ABOGADO VIRGILIO DE JESÚS MOLINA ALCEDO, FISCAL SUPLENTE ESPECIAL Y FISCAL AUXILIAR INTERINO, ADSCRITOS A LA FISCALÍA CUARTA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

SE RATIFICA LA APREHENSIÓN POR NECESIDAD Y URGENCIA de conformidad con el último aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de ELBERSON G.D.G., de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en Fecha 26-06-1978, 34 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio Funcionario Público Adscrito al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Estado Táchira, Residenciado Boca de Caneyes, calle principal, Urbanización la Montaña, casa numero 1, Municipio Guásimos, Estado Táchira, teléfono no posee, titular de la Cédula (sic) de Identidad V.- 15.503.069, I.J.C.G., de Nacionalidad Venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 11-04-92, 21 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante, Residenciado S.T., calle 1 Bis, casa numero 3-57, Municipio San Cristóbal, Estado, teléfono 0276-342.00.02, titular de la Cédula de Identidad V.- 21.001.163; como COAUTORES DEL DELITO DE HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FUTIL, A TITULO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en relación con los artículos 83 y 424 del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso Keler E.G.G..

SE FIJA AUDIENCIA ESPECIAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, PARA EL DÍA DE HOY 01 DE MAYO DE 2013, A LAS 05:15 HORAS DE LA TARDE.

La decisión de fecha 02 de mayo de 2013, entre otras cosas, señala lo siguiente:

(Omisis)

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

I

DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD

Establece el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:

Artículo 44. La libertad personal es inviolable en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

2. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad del detenido no causará impuesto alguno.

3. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios que la practicaron.

4. Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia.

5. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años.

6. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse.

7. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta.

Tratándose de un derecho fundamental, considerado en la teoría de los derechos humanos como un derecho relativo, se encuentra sometido a la revisión de cada caso en concreto, tal como lo establece el artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la persona tiene el derecho a ser juzgada en libertad; sin embargo, se deben revisar las condiciones establecidas en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual exige la concomitancia de los siguientes elementos:

El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible.

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación

.

De manera que, corresponde a esta Juzgadora, analizadas y explicadas las razones por las cuales se consideró previamente procedente decretar la medida cautelar extrema por necesidad y urgencia a los ciudadanos ELBERSON G.D.G., de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en Fecha 26-06-1978, 34 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio Funcionario Público Adscrito al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Estado Táchira, Residenciado Boca de Caneyes, calle principal, Urbanización la Montaña, casa numero 1, Municipio Guásimos, Estado Táchira, teléfono no posee, titular de la Cédula de Identidad V.- 15.503.069 y I.J.C.G., de Nacionalidad Venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 11-04-92, 21 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante, Residenciado S.T., calle 1 Bis, casa numero 3-57, Municipio San Cristóbal, Estado, teléfono 0276-342.00.02, titular de la Cédula de Identidad V.- 21.001.163; como COAUTORES DEL DELITO DE HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FUTIL, A TITULO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en relación con los artículos 83 y 424 del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso Keler E.G.G., el revisar y establecer si han variado o no, la razones que motivaron el decreto de tal medida, a fin de resolver respecto de su mantenimiento o sustitución por una menos gravosa, atendiendo a las circunstancias concretas del caso pero sin abordar el mérito del asunto en cuanto al fondo, lo cual sería materia a resolver en las oportunidades y circunstancias que lo establece la ley, en garantía del debido proceso a que se refiere el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, considera quien decide, que durante la celebración de la audiencia las partes hicieron sus correspondientes alegatos en torno a las circunstancias bajo las cuales se decretó la privación judicial preventiva de libertad a los ciudadanos ELBERSON G.D.G. e I.J.C.G..

Sin embargo, del análisis y estudio de todos y cada uno de estos elementos, considera quien aquí decide que los presupuestos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, se mantienen vigentes por no haber variado, pues el Representante del Ministerio Público, como bien se observa, tanto en el escrito mediante el cual ratificó su solicitud, y en la audiencia celebrada ante este Tribunal, a los fines de resolver sobre el mantenimiento o sustitución de la medida de coerción impuesta, conforme al artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, señaló que los hechos que dan origen a la presente causa ocurrieron de la siguiente manera:

El día lunes 15-04-13, aproximadamente a las 08:00 horas de la noche, el hoy occiso quien en vida respondía al nombre de Keler E.G.G., se encontraba con varias amigos, en las inmediaciones del Obelisco de la avenida 19 de esta ciudad, donde se estaba llevando a cabo una concentración en respaldo del Candidato Presidencial de la Oposición, luego deciden marcharse hacia el sector de la Plaza Venezuela sector la Concordia de esta ciudad, y aproximadamente a las 10:15 horas de la noche, deciden llevar a una de sus amigas hacia su casa de habitación ubicada en el Barrio B.P.S.J.B.d. éste Municipio, para ello, el ciudadano E.G., llevaba en su vehículo clase motocicleta a la ciudadana M.U., mientras que el hoy occiso llevaba en su vehículo clase motocicleta a la ciudadana Yulay Chacón. Sin embargo, para el momento que se trasladaban por la entrada del Barrio S.C.P.S.J.B.d. esta ciudad, observan a un grupo de aproximadamente quince motorizados, con franelas y logotipos alusivos al Partido Socialista Unido de Venezuela, (PSUV); y la ciudadana M.U., logra reconocer a sus dos ex cuñados Michel y Alberson, así como a los ciudadanos, Ibsen, Vicente, y uno apodado el faro, entre ese grupo de motorizados y sostiene un intercambio de palabras, no obstante, continúan su recorrido para dejar en su casa de habitación a la ciudadana M.U., tomando para ello una calle la cual les acortaba el camino, mientras eso ocurría, el grupo de motorizados dio la vuelta en dicho sector tomando la avenida los Agustinos y salieron por la parte Alta del barrio Bolívar y vuelven a sostener un intercambio de palabras con el hoy occiso y quienes le acompañaban, y se retiraron del lugar, y cuándo llevaban aproximadamente cincuenta metros aproximadamente el hoy occiso hizo un disparo al aire con un arma de fuego tipo pistola, calibre .380, marca Beretta, que portaba en ese momento, y desde el grupo de motorizados comenzaron a disparar en reiteradas oportunidades hacia el hoy occiso, logrando unos de esos proyectiles causarle una herida con orificio de entrada en la región temporal izquierda con orificio de salida en la región tempo parietal derecha, con halo de contusión, el cual cayó al piso, y fue trasladado posteriormente por funcionarios de la Policía nacional Bolivariana quienes se hicieron presentes en el lugar del hecho, hacia el hospital del Seguro Social de esta ciudad, donde fallece a su ingreso.

Así mismo, se aprecia que el Representante del Ministerio Público, mantuvo la precalificación fiscal al momento de solicitar autorización por necesidad y urgencia para la privación judicial preventiva de libertad, imputándole formalmente a los ciudadanos ELBERSON G.D.G., y a I.J.C.G., la presunta comisión del delito de COAUTORES DEL DELITO DE HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FUTIL, A TITULO (sic) DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en relación con los artículos 83 y 424 del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso Keler E.G.G., en concordancia con el numeral 9 del artículo 4 eiusdem (sic), de lo cual resulta pues demostrado que la acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, dado el escaso tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos, siendo claro que la N.S.P. establece pena de privación de libertad para el delito endilgado.

En efecto, respecto de la precalificación realizada por el Ministerio Público, se hace necesario destacar que el Código Penal, en su artículo 406, establece lo siguiente:

Artículo 406. En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas:

1. Quince años a veinte años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el Título VII de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458 de este Código.

(Omissis)

.

Por su parte, el artículo 424 del referido Código, establece lo siguiente:

Artículo 424. Cuando en la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas y no pudiere descubrirse quien las causó, se castigará a todos con las penas respectivamente correspondientes al delito cometido, disminuidas de una tercera parte a la mitad.

No se aplicará esta rebaja de pena al cooperador inmediato del hecho.

Y finalmente, el artículo 83 del Código Penal, señala:

Artículo 83. Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho.

En este sentido, prima facie, se considera satisfecha dicha calificación por cuanto se desprende de las actas de investigación y de las entrevistas realizadas a los testigos, como se indicó ut supra, que los ciudadanos ELBERSON G.D.G., y a I.J.C.G. se encontrarían entre el grupo de motorizados con los cuales habría sostenido una discusión el ciudadano Keler E.G.G., y desde el cual se habrían efectuado los disparos que produjeron la muerte del mismo.

Por otra parte, tal y como se ha señalado, de las actas procesales se evidencia que existen fundados elementos de convicción para estimar que los referidos ciudadanos son COAUTORES en la presunta comisión DEL DELITO DE HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FUTIL, A TITULO (sic) DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en relación con los artículos 83 y 424 del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso Keler E.G.G.; todo en virtud de que se ha evidenciado de las diligencias practicadas, especialmente de las actas de entrevistas realizadas tales como: entrevista practicada al ciudadano E.G., quien manifestó que se encontraba en el Barrio Bolívar, cuando se suscitó un problema con varios motorizados que se encontraban en el sector y en el cual hubo un cruce de palabras; así mismo, manifestó haberse dado cuenta que el occiso al momento de los hechos realizó un tiro al aire como medida disuasiva, que su amiga Mileydi reconoció a tres de las personas que se encontraban en el grupo de motorizados desde donde se habrían efectuado los disparos en contra de la víctima de autos, y que los mismos son familia del quien en vida fue marido de ella, tratándose de un ciudadano apodado como “Ñoño”.

De igual modo, se observa entrevista practicada a la ciudadana Yulay Chacón, quien señaló que al momento en que se dirigía junto a sus compañeros al Barrio Bolívar, se encontraron con un grupo de motorizados que comenzaron a ofenderlos, que Keler también les respondió, que luego de entrar a su casa fue que escucharon el tiro. Manifestó distinguir a uno de ellos de nombre Michel que era el cuñado de Mileydi, porque el que era padre de su hijo le saludaba y que andaba en una moto tipo Horse y que todo había comenzado porque uno de ellos comenzó a gritar groserías y a insultarlos.

Así mismo, se observa de las actuaciones practicadas entrevista realizada a la ciudadana A.U., quien entre otras cosas señaló que Keler se paró en la entrada al frente de su casa, que sus ex cuñados Michel y Elber llegaron con los motorizados y le dijeron a Keler que cuál era la miradera y lo señalaban con una tabla y Keler también les contestó, señaló ver a Vicente, a un ciudadano que señala la entrevista como “Dixer” y un muchacho al que le llaman El Faro, y que estos eran amigos de su esposo apodado el Ñoño, razón por la cual los reconoce. Que Keler sacó una pistola que tenía en la cintura e hizo un disparo al aire, y cuando dio la espalda para entrar a su casa comenzaron a disparar los motorizados, agregando que cuando ella se volteó, vio a Keler tendido en el piso; que a J.L., su hermano, lo llamo por teléfono Elberson para decirle que lo disculpara por lo que había pasado, que sólo tenía arma de fuego Keler y los motorizados que fueron los que dispararon varias veces en su contra, que el motivo que originó los hechos fue porque los motorizados llegaron a insultar y fue cuando Keler sacó la pistola que tenía e hizo un disparo al aire y luego de eso dispararon los motorizados contra él; así mismo, manifestó que la tía de Elberson y Michel la llamó por teléfono diciéndole que se había metido en problemas con el hampa porque había acusado a Elberson y Michel, que Jesika su ex cuñada dijo que todo esto era por andar con un mozo.

Por otra parte, de la entrevista practicada a Yulay Chacón, expuso que cuando iban llegando a donde vive Mileidy se encontraron con un grupo de motorizados, y uno de los de los parrilleros se bajó de la moto con una tabla en la mano, mostraba actitud amenazante y empezaron a ofenderlos, escuchando un disparo que Keler realizó al aire cuando el grupo de motorizados paró cerca al reductor de velocidad que está más delante de donde estaban y escucharon varios disparos que realizaron el grupo de motorizados, que todo se suscitó por el intercambio de palabras que tuvo con los motorizados, que reconoció a uno de los motorizados y que el mismo se llama Michel.

Igualmente, de la entrevista del ciudadano J.U., se evidencia que este manifestó que el día de los hechos recibió una llamada a su teléfono y cuando contestó se dio cuenta que era Elberson, diciéndole que lo disculpara que todo fue por una discusión que tuvieron y que como Keler les sacó la pistola se bajó un parrillero de los motorizados y comenzó a dispararle también, que su hermana le dijo que un grupo de motorizados los había insultado y comenzaron a discutir, que Keler sacó la pistola y realizó un tiro al aire, luego los motorizados que estaban más abajo de la casa comenzaron a disparar también, que dentro del grupo de motorizados e.V., “Dixer”, Elberson y Michel, que fue por ellos que se formó el problema porque comenzaron a insultar a Keler y amenazarlo con palos, que a Vicente y Dixer los conoce de vista porque se la pasaban en el Liceo donde estudió, y a Michel y Elberson porque eran los cuñados de su hermana, que Vicente y Dixer se la pasan más abajo del Hospital del Seguro, por donde retorna la camioneta de la "Línea 21 de Mayo".

En cuanto al encausado Elberson G.D.G., es claro que el mismo es señalado por varias personas como uno de los ciudadanos que la noche de los hechos, se encontraba en el grupo de motorizados desde el cual se habrían realizado los disparos que devinieron en el deceso de la víctima de autos. En cuanto al imputado ELBERSON G.D.G., debe hacer especial mención este Tribunal a los señalamientos realizados en las actas procesales, en las cuales se indica la presencia de un ciudadano de nombre “Dixer”, muy similar al nombre del referido imputado, presumiendo que se trata de la misma persona, tomando en cuenta por ejemplo que el ciudadano J.U. señaló que se esta Juzgadora que “Vicente y Dixer se la pasan más abajo del Hospital del Seguro” así como que “a Vicente y Dixer los conoce de vista porque se la pasaban en el Liceo donde estudió”, aunado a que el mismo ha manifestado que es hermano de Vicente quien señaló se encuentra en el Estado Lara.

Con base en ello, se tiene que otra de las personas que presuntamente se encontraba la noche de los hechos en el grupo de motorizados desde los cuales se efectuaron los disparos que acabaron con la vida del ciudadano Keler E.G.G., sería el imputado I.J.C.G., constituyendo en todo caso parte de la investigación la determinación precisa de dicha circunstancia.

Aunado a ello, existen fundados elementos para presumir, por la apreciación de las circunstancias en particular, el peligro de fuga, que los ELBERSON G.D.G., y a I.J.C.G., puedan evadirse del proceso, de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, ello en razón de la pena que pudiera llegar a imponerse, toda vez que el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FUTIL, A TITULO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, prevé una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, excediendo del límite señalado en el mencionado parágrafo, con lo cual se presume el peligro de fuga. Aunado a ello, debe tomarse en cuenta la ubicación geográfica del Estado Táchira, permite fácil acceso a la frontera con la República de Colombia, por encontrarse a escasos 100 km de la misma, haciendo posible así su fácil traslado y evasión del proceso penal seguido en su contra, llenando pues los extremos establecidos en el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal; del mismo modo, se presume que podrían ocultar o modificar elementos de convicción y podrían influir en los testigos poniendo en riesgo la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 eiusdem (sic), dada la presunta relación existente respecto de los mismos, la cual se indicó ut supra.

Con base en las consideraciones antes expuestas, y en virtud que circunstancias que dieron lugar a la privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, no han variado, es por lo que se hace necesario mantener en todos sus efectos la medida de privación de libertad, autorizada vía telefónica y ratificada en fecha 01 de mayo de 2012, a los ciudadanos ELBERSON G.D.G., de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en Fecha 26-06-1978, 34 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio Funcionario Público Adscrito al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Estado Táchira, Residenciado Boca de Caneyes, calle principal, Urbanización la Montaña, casa numero 1, Municipio Guásimos, Estado Táchira, teléfono no posee, titular de la Cédula de Identidad V.- 15.503.069, I.J.C.G., de Nacionalidad Venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 11-04-92, 21 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante, Residenciado S.T., calle 1 Bis, casa numero 3-57, Municipio San Cristóbal, Estado, teléfono 0276-342.00.02, titular de la Cédula de Identidad V.- 21.001.163; como COAUTORES DEL DELITO DE HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FUTIL, A TITULO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en relación con los artículos 83 y 424 del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso Keler E.G.G.; así se decide. Se acuerda lo solicitado por la defensa y se ordena como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Occidente 2. Y así se decide.

III

DEL PROCEDIMIENTO

Iniciada investigación signada con el N° Ministerio Público-153746-2013, por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, y visto lo señalado por el Representante Fiscal y la defensa, se acuerda MANTENER EL TRÁMITE DE LA PRESENTE CAUSA POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual, vencido el lapso de ley, se ordena remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público. Y así se decide.-

Por los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL N° 6, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE:

SE MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, impuesta en fecha 01-05-13, en contra de los imputados ELBERSON G.D.G., quien es de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad nro. V-15.503.069, nacido en fecha 26-06-1978, 35 años de edad, estado civil soltero, ocupación Bombero sargento Segundo, residenciado en Boca de caneyes, calle principal, Urbanización la Montaña, casa N° 1 del Estado Táchira teléfono 0424-7155356 e I.J.C.G., quien es de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad nro. V-21.001.163, nacido en fecha 11-04-1992, 21 años de edad, estado civil soltero, ocupación Comerciante, residenciado en S.T., calle 1, bis A, 3-57, San C.E.T. teléfono 0276-3420002, por la presunta comisión del delito COUATORES DEL DELITO DE HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FUTIL A TITULO (sic) DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1 del Código Penal, en relación con los artículos 83 y 424 del Código Penal en perjuicio del hoy occiso Keler, de conformidad con lo establecido en el articulo (sic) 236 del código Orgánico Procesal penal, y se designa como centro de reclusión el Centro penitenciario de Occidente II. Líbrese la correspondiente Boleta de Encarcelación.-

SE ACUERDA EL TRÁMITE DE LA PRESENTE CAUSA POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena la remisión de las actuaciones a la Fiscalía 4° del Ministerio Público, en su oportunidad legal correspondiente. Se acuerdan las copias simples solicitadas por la defensa.

DEL RECURSO DE APELACIÓN INTENTADO

El Abogado J.O.A.C., en su carácter de defensor privado de los acusados I.J.C.G. y Elberson G.D.G., al presentar su recurso de apelación, señala lo siguiente:

(Omissis)

I

FUNDAMENTO DE LA APELACION (sic) DE AUTO

El fundamento de los recursos en el Código Orgánico Procesal Penal es el principio de impugnabilidad objetiva; a lo cual no resulta posible recurrir por cualquier motivo, sino únicamente por los que expresa dicho Código. Por tal motivo interpongo como defensa técnica el recurso de apelación de auto con fundamento en el artículo 439 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal, el cual refiere a “...Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones: (...) 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva.”

En razón de ello, interpongo Recurso (sic) de Apelación (sic) fundamentado en el numeral 4° del artículo 439 Ejusdem (sic), en contra del auto “FUNDADO” que RATIFICA LA AUTORIZACION (sic) DE APREHENSION (sic) EN EL CASO EXCEPCIONAL DE EXTREMA NECESIDAD Y URGENCIA DE LOS INVESTIGADOS I.J. (sic) COLMENARES GOMEZ y ELBERSON G.D.G., dictado por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nro. 06 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en fecha 01-05-2013 y Contra (sic) el (sic) auto “FUNDADO” que MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE L.D.L.C.I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G., dictado por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nro. 06 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en fecha 02/0512013.

II

A LOS FINES DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACION DE

AUTO

Cuando se interpone un recurso de apelación el Tribunal ad quem debe hacer la revisión previa de carácter formal del escrito de apelación, sin ir al fondo del asunto planteado, declarando si el recurso es admisible o no de conformidad con lo establecido en el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, pues el recurso de apelación de auto debe ser enmarcado en alguno de los supuestos contenidos en artículo 439 ejusdem (sic).

A lo cual a los fines de la admisibilidad del recurso de apelación de auto comienzo señalando que el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal establece textualmente lo siguiente: “Impugnabilidad objetiva. Las decisiones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos.”

Asimismo el artículo 428 ibidem, establece:

...Causales de Inadmisibilidad. La Corte de apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:

Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo.

Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación.

Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la Ley...

De las disposiciones anteriormente trascritas, se advierte que en lo relativo a los medios ordinarios de impugnación existe regulación expresa y clara, a la cual debemos atenernos los recurrentes al momento de ejercerlos y el Tribunal ad quem al momento de decidir su admisibilidad, en el sentido que las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos establecidos, así como en las condiciones de tiempo y forma determinadas en el Código Orgánico Procesal Penal.

De tal circunstancia como recurrente en el escrito de Apelación, encuadro la acción rescisoria en el numeral 4° del Articulo (sic) 439 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala:

Decisiones recurribles. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones:

1. Las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación

2. Las que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el Juez de control en la audiencia preliminar; sin perjuicio de que pueda ser opuesta nuevamente en la fase de juicio;

3. Las que rechacen la querella o la acusación privada;

4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva;

5. Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código;

6. Las que concedan o rechacen la libertad condicional o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena;

7. Las señaladas expresamente por la ley.

Ahora bien, interpongo el presente recurso de apelación, dirigiéndolo a impugnar el auto “FUNDADO” que RATIFICA LA AUTORIZACION (sic) DE APREHENSION (sic) EN EL CASO EXCEPCIONAL DE EXTREMA NECESIDAD Y URGENCIA DE LOS INVESTIGADOS I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G., dictado por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de control (sic) Nro. 06 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en fecha 01-05-2013 asimismo (sic) Contra (sic) el auto ”FUNDADO” que MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACION (sic) JUDICIAL PREVENTIVA DE L.D.L.C.I.J.O.G. y ELBERSON G.D.G., dictado por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nro. 06 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en fecha 02/0512013.

En consecuencia visto que presento recurso de apelación, que tengo legitimidad para hacerlo, en tiempo hábil y contra decisión recurrible; a lo cual el recurso, no está comprendido en ninguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia solicito, se considere por esta Corte de Apelaciones pertinente y ajustado a derecho el recurso de apelación y se admita.

III

RELACION (sic) DE LOS HECHOS

En fecha 01 de mayo de 2013, la abogada A.T.M., Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripcion (sic) Judicial del Estado Tachira (sic), mediante llamada telefonica (sic) (folios 02 y 03), solicita MEDIDA DE PRIVACION (sic) JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD (por necesidad urgencia) en contra de los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G., por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL, A TITULO (sic) DE COMPLICIDAD CORRESPECT1VA, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1, en relación con los artículos 83 y424 del Código Penal.

La Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D. Penal) del estado Táchira, emitió constancia de lo ordenado por el Juzgado de Control Nro. 06, quien en fecha 01 de mayo de 2013, a las 09:30 am, recibió la solicitud de privación judicial preventiva de libertad procedente de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Publico y ordena la aprehension (sic) de los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G., de conformidad con lo establecido en el ultimo aparte del articulo 236 del COPP (folios 03 y 04).

En esa misma (sic), el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control Nro. 06 del Circuito Judicial del estado Táchira, (dentro de las 12 horas siguientes (sic) a la aprehension), dicta un “AUTO FUNDADO”, RATIFICA LA AUTORIZACION (sic) DE APREHENSION (sic) POR EXTREMA NECESIDAD Y URGENCIA DE LOS INVESTIGADOS I.J.C.G. y ELBERS G.D.G..

IV

DENUNCIA

Del auto “FUNDADO” que RATIFICA LA AUTORIZACION (sic) DE APREHENSION (sic) EN EL CASO EXCEPCIONAL DE EXTREMA NECESIDAD Y URGENCIA, dictado en fecha 01/05/2013.

Ante la solicitud via (sic) telefónica (sic) del Ministerio Publico (sic) de Privación Judicial Preventiva de Libertad EN EL CASO EXCEPCIONAL DE EXTREMA NECESIDAD Y URGENCIA DEL INVESTIGADO, el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial del estado Táchira, autorizó verbalmente la aprehension (sic) de los investigados, subrogandose (sic) en los motivos expuestos por el Fiscal del Ministerio Público, en la solicitud verbal de aprehensión y la acuerda, y mediante auto o decisión (sic) fundada o motivada dentro de las doce (12) horas siguientes, una vez que el Ministerio Publico (sic) le consigne las actuaciones con esos elementos adicionales se formara una convicción igual o distinta de autoría o participación de los imputados en el hecho atribuido.

La naturaleza de la ORDEN DE APREHENSIÓN es distinta al auto fundado, atendiendo a que en la orden de aprehensión (sic) el Juez de Control debe subrogarse a los motivos expuestos por el Titular de la Acción Penal en la solicitud presentada excepcionalmente en forma oral. El auto fundado de ratificacion (sic) de la aprehension (sic), es dictado dentro de las doce (12) horas siguientes a la aprehension (sic), mediante resolución fundada, que contenga las razones que asisten al juzgador (sic) para estimar que concurren los presupuestos contenidos en el articulo (sic) 236 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, un hecho delictivo no prescrito, fundados elementos de convicción que hagan presumir la autoria o participación del señalado como autor en el hecho y fundamentalmente la existencia del peligro de fuga o de obstaculización, para poder concluir con la ratificación de la aprehensión a través de un auto fundado de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

En el presente caso Honorables (sic) Magistrados, el auto motivado emanado del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 06, (folios 167 al 179 ambos inclusive) la ciudadana Jueza señala en su decisión que la Fiscal Cuarta del Ministerio Público, solicitó que se autorizara de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la privación por necesidad y urgencia en contra de los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G. por su participación como “COAUTORES DEL DELITO DE HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL, A TITULO (sic) DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA” posición esta que mantiene en el contenido de la decisión, en franca violación del derecho de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA establecido en nuestra carta política, al obviar que los señalamientos en contra de cualquier ciudadano durante esta fase, debe entenderse como una presunta participación hasta tanto no le sea desvirtuada la presunción de inocencia. Además el tribunal (sic) A quo (sic), obvia efectuar un señalamiento fáctico donde considera que se ve comprometida la responsabilidad de mis representados, lo cual es la base fáctica que pudiera encuadrar en la calificación jurídica dada por el Ministerio Público (y los motivos por los cuales encuadra), sobre la que descansa la resolución del Tribunal, pues ello, además, constituye la base fáctica de la litis.

En este orden de ideas, señala el tribunal (sic) el tribunal (sic) A quo (sic) en el contenido del auto motivado, “que existen fundados elementos de convicción para estimar que los ciudadanos, han sido autores o partícipes en la comisión del hecho punible” no obstante solo se circunscribe a señalar de manera muy genérica en el folio ciento sesenta y ocho (168) lo siguiente:

(…)

Seguidamente Ciudadanos (sic) Magistrados, considera el tribunal (sic) A quo (sic) que existen fundados elementos para presumir, por la apreciación de las circunstancias en particular, el peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, debido que los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G. puedan evadir el proceso de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 237 y artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, en razón de la pena que podría llegar a imponerse, toda vez vez (sic) que el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL, A TITULO (sic) DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el articulo (sic) 406 numeral 1, en relación con los artículos 83 y 424 del Código Penal, prevé una pena de quince a veinte años de prisión. Al respecto como puede apreciarse del contenido de la decisión recurrida, el tribunal (sic) A quo (sic), solo (sic) se limita a señalar como fundamento del peligro de fuga, la pena que podría llegar a imponerse por el delito antes mencionado, pero sin indicar cuales son los hechos que configuran ese punible (Homicidio Calificado) en el caso de autos y menos aún, cual fue la conducta presuntamente desplegada por mis representados y que subsume en el tipo penal señalado, ya que tal como puede observarse de contenido de las actuaciones de manera objetiva, ninguna de las personas entrevistadas, referiere (sic) que mis presentados portaban armas de fuego, por el contrario indican que uno de mis defendidos específicamente I.J.C.G. fue una de las personas que intercedió, para que el hoy occiso depusiera la actitud belicosa y amenazante mientras portaba el arma de fuego tipo pistola, calibre .380 marca Beretta; por tal motivo mal podría endilgársele este tipo penal a mis representados y menos aún tomar como fundamento la pena correspondiente a este tipo penal, cuando la conducta desplegada por mis defendidos, jamás pudiera enmarcarse en el tipo penal imputado. De igual manera se señala que el peligro de fuga se deriva de la ubicación geográfica del estado Táchira, debido que permite un fácil acceso a la frontera con la República de Colombia, por encontrarse a escasos 100 Km de la misma, permitiendo así su fácil traslado y acceso a los imputados; en este sentido partir de una errada premisa con esta, impediría a cualquier tribunal (sic) de esta circunscripción judicial, el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de la privativa de la libertad y mas (sic) execrable sería el caso, al tratarse de un tribunal (sic) ubicado en la población de San A.d.T..

En cuanto al fundamento del peligro de obstaculización, el tribunal (sic) A quo (sic) refiere fugazmente que los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G. podrán ocultar o modificar elementos de convicción y podrán influir en los testigos poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia, sin efectuar una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso en particular y de un acto en concreto, ya que tal como lo ha establecido el m.T. de la República, no es suficiente a fin de satisfacer el acto en concreto, enumerar los supuestos de los artículos 237 y 238 del C.O.P.P. Finalmente fundamenta el tribunal (sic) A quo la decisión recurrida, copiando TEXTUALMENTE las veintidós (22) diligencias de investigación que fueron señaladas en el escrito presentado por la representación de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público (folios 148- 163) el día 01 de mayo de 2013 a las 03:30 horas de la tarde, para ratificar la aprehensión por necesidad y urgencia de los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G..

Al respecto en decisión N° 637 del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. F.A.C.L., la cual entre otras cosas expresa lo siguiente:

(…)

Por lo tanto, y como consecuencia a lo antes razonado, la falta de motivación, aunado a la convocatoria a una audiencia especial para dilucidar aspectos y argumentos sobre necesidad de la aprehensión, constituye la creación por decreto judicial, de un acto no previsto en la ley, que subvierte el Debido Proceso que pauta el artículo 49 Constitucional e infringe el Principio de Legalidad Adjetiva previsto en el artículo 1 del COPP (sic), por lo que estamos frente a una causal de nulidad absoluta que no puede ser saneada y/o convalidada, por lo que si cualquier juez (sic) o Tribunal observa que existe en un proceso determinado vicios de este tipo de nulidad; en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 constitucional y por imperativo del artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, está obligado a pasar a resolver antes de decidir sobre la admisibilidad, si realmente se debe anular de oficio la decisión recurrida.

(…)

En este orden de ideas, tenemos que el artículo 175 del texto adjetivo penal considera nulidades absolutas además de las concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que el código establece, aquellas que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos tanto en dicho código como en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República.

Desprendiéndose del contenido en el artículo 179 Ejusdem (sic), que cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el juez (sic) o jueza (sic) deberá declarar su nulidad, mediante auto razonado y señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. Que no procederá tal declaratoria por defectos insustanciales en la forma, por lo que sólo podrán anularse las actuaciones fiscales o diligencias judiciales del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad, especificando que existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento.

De lo anteriormente expuesto, se desprende con meridiana claridad que en el proceso penal el juez (sic) puede, en cualquier estado y grado del proceso, declarar la nulidad absoluta, aun (sic) de oficio cuando considere que se han vulnerado principios legales corno en efecto sucedió en el presente caso. Así lo ha sostenido la Sala Constitucional de nuestro M.T., mediante Sentencia N° 1401 de fecha 14-08-08, asentando entre otros puntos:

(…)

V

DENUNCIA

Del auto “FUNDADO” que MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictado en fecha 02/05/2013.

Como introito de la denuncia en la cual se fundamenta el recurso de apelación del auto motivado, dictado en fecha 02/05/2013 por el tribunal (sic) de primera (sic) instancia (sic) en funciones (sic) de control (sic) N° 6, cabe señalar el desacertado tratamiento investigativo que se ha llevado a cabo en la presente causa penal, ocasionando la vulneración de derechos y garantias (sic) de carácter Constitucional de mis representados I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G. y una muestra de ello se evidencia, cuando se enfoca una investigación direccionada a inculpar a mis representados por la muerte de de (sic) quien en vida respondía al nombre de KELER E.G.G., quien minutos antes de los hechos hoy conocidos, se encontraba armado, ingiriendo bebidas alcoholicas (sic) y protestando en la concentración efectuada por los seguidores el ex candidato presidencial Capriles Randosky en el Obelisco de la ciudad de San C.e.T.; así las cosas, mis representados quienes se trasladaban en motocicletas por la parte alta de la ciudad, luego de acudir como miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la concentración efectuada en la residencias de Gobernadores ubicada en el sector de Barrio Obrero de esta ciudad en fecha 15 de abril de 2013, coincidieron al paso con un grupo de motorizados que se hallaban en este sector, durante el recorrido concordaron con otro grupo de motorizados, quienes producto de los lemas, colores y banderas del grupo en el cual se encontraba fortuitamente mis prohijados, procedieron a efectuarle algunos insultos, lo que ocasionó que este grupo respondiera de igual manera, a lo cual mi representado I.J.O. producto que distinguía al hoy occiso, descendió de su motocicleta y se acercó hasta el mismo para tranquilizarlo, debido que se encontraba con un arma de fuego entre sus manos, apuntando al grupo de personas que se hallaban en el recorrido; en este sentido el hoy occiso no aceptó ninguna sugerencia de mi representado y efectuó un disparo, lo que originó que mi defendido corriera rápidamente a su motocicleta para ausentarse del lugar y en ese trayecto se escucharon varias detonaciones (disparos) de los cuales presuntamente uno de estos, ocasionó lamentablemente la muerte del hoy occiso.

En este orden de ideas, producto de la proximidad del sitio de relación criminal y del sector donde residen mis representados, fueron mencionados por las ciudadanas Yulay Chacón y A.U. como unas de las personas que se trasladaban con el grupo de motorizados, entre los cuales existió el cruce de palabras (insultos) con el hoy occiso; no obstante como bien lo señalan estas ciudadanas, uno de mis representados específicamente I.J.C.G. fue una de las personas que medió para calmar la situación; asimismo señalan que ninguno se encontraba armado y que solo portaban palos y tablas, además se percataron de la acción desplegada por mis representados y no señalan en ningún momento que los mismos hayan portado armas de fuego y mucho menos que las hayan activado en contra del hoy occiso. Es así, corno el hecho de ser una de las personas que residen en las adyacencias del sector donde se suscitaron los hechos y conocidos por parte de las personas que se encontraban en compañía del intefecto (sic), se pretende utilizar como presupuesto para inculparlos en la lamentable muerte de KELER E.G.G..

De allí se desprende un cúmulo de actividades de índole investigativas, por parte de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en aras de hallar unos culpables (contrariamente a los culpables) y en este caso partiendo de la errada deducción de las entrevistas rendidas por las ciudadanas antes mencionadas, se solicitó ante el juez (sic) de control (sic) del circuito (sic) judicial (sic) penal (sic) del estado Táchira, ORDEN DE IALLANAMIENTO a la residencia de mis representados, tal como puede verificarse en el folio treinta y dos (32) de la presente causa penal; hecho este que como acto de procedimiento, le otorga la condición de imputados a mis defendidos desde ese momento, tal como lo señala el artículo 126 concatenado con el artículo 196 de la normativa adjetiva penal, los cuales establecen:

(…)

En este mismo sentido, puede apreciarse en el folio sesenta (60), la entrevista a la cual fue sometida la ciudadana ARELLANO SANDRA luego de su traslado a las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, muy a pesar de su condición de conyuge (sic) del imputado ELBERSON G.D.G. obviando la obligación de imponerle del precepto constitucional establecido en el artículo 49.5 de nuestra carta política; igual suerte corre el ciudadano V.C., padre del imputado I.J.C.G. tal como se evidencia al folio ciento veinticinco (125); de igual manera puede apreciarse en el folio ciento uno (101), el acta de investigación penal de fecha 25 de abril de 2013, suscrita por el detective agregado R.R. (sic), en la cual entre otras cosas señala que no fue posible practicar las visitas domiciliarias que habían sido acordadas por el tribunal (sic) octavo (sic) en funciones (sic) de control (sic), por cuanto se determinó que los ciudadanos investigados de nombres Elberson, Moises y Vicentico, no se encontraban para el momento en las direcciones antes referidas. Sin embargo, posteriormente se lleva a cabo los registros de morada en las residencias de mis representados, en horas de la madrugada del día 01/05/2013 y los mismos son detenidos en este acto, sin existir ninguna de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Posteriormente Ciudadanos (sic) Magistrados, en fecha 01 de mayo de 2013, se llevó a cabo audiencia ante el tribunal (sic) sexto (sic) de primera (sic) instancia (sic) en funciones (sic) de control (sic), quien profirió auto “FUNDADO” en el cual se MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE L.D.L.C.I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G. publicada in extenso en fecha 02105/2013 decisión esta con la cual esta representación de la defensa técnica manifiesta su incorformidad sobre la base de las siguientes consideraciones:

La decisión recurrida, tal como lo ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia y la propia Corte de Apelaciones del estado Táchira, debe ser entendida como una unidad lógica; que se trata de un todo, aún cuando se divida en diversos capítulos para su mejor entendimiento; por lo que, las posibles omisiones que pudieren atribuírsele en alguna de sus partes, pueden ser enmendadas o corregidas en las demás; sin embargo, la decisión cuestionada tal como puede apreciarse del contenido de la misma, carece de fundamento propio y al respecto puede observarse el capítulo o parte denominada “DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO” en el cual se copia textualmente y transcribe, el contenido íntegro del auto motivado, publicado en fecha 01/05/20131, referido a la ratificación de la autorización de aprehensión, que fue solicitada por Fiscalía Cuarta del Ministerio Público; contenido que a su vez deviene idénticamente, del escrito de solicitud de privación judicial preventiva de libertad, que fuere presentado por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, en fecha 01/05/20113 y que corre inserto a los folios (148-163) de la presente causa penal.

En este mismo sentido Honorables (sic) Magistrados, en el capítulo o parte denominada “DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD” se comienza citando el articulado correspondiente a la libertad personal, establecido en el artículo 44 de nuestra carta magna, seguidamente se señala que en la teoría de los derechos humanos, es un derecho relativo y que se encuentra sometido a cada caso en concreto y posteriormente se cita el contenido del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal; para referir posteriormente que debe revisar y establecer si han variado o no, las razones que motivaron la autorización de aprehensión de mis representados. No obstante refiere el tribunal (sic) A quo (sic) de manera efímera lo siguiente:

(…)

Seguidamente se transcribe nuevamente, parte del contenido del escrito que fue consignado por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público ante el tribunal (sic) A quo (sic), para posteriormente indicar que con respecto a la precalificación realizada por el Ministerio Público, se hace necesario destacar lo establecido en el Código Penal en sus artículos 406, 424 y 83; y debido a ello se encuentra satisfecha la calificación jurídica indicada por la Representación Fiscal. Al respecto considera esta defensa técnica que no se establecieron los hechos que fueron considerados como fundamentos de la decisión, obviando el encuadramiento de la conducta presuntamente desplegada por mis representados, en el tipo penal del Homicidio y menos aún en el señalamiento de los hechos que originaron el motivo fútil, para finalmente enmarcarlo en el supuesto de hecho establecido en el artículo 406 del C6digo Penal. De igual manera solo (sic) se circunscribe a la enunciación de los elementos presuntamente de convicción, sin señalar lo que se extrae de los mismos, o cuales hechos se consideran fundamentados en esos elementos, para el mantenimiento de la medida de coerción extrema.

En este sentido, considera el tribunal (sic) A quo (sic) que existen fundados elementos para presumir, por la apreciación de las circunstancias en particular, el peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, debido que los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G. puedan evadir el proceso de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 237 y artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, en razón de la pena que podría llegar a imponerse, toda vez vez (sic) que el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL, A TITULO (sic) DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el articulo (sic) 406 numeral 1, en relación con los artículos 83 y 424 del Código Penal, prevé una pena de quince a veinte años de prisión. Al respecto como puede apreciarse del contenido de la decisión recurrida, el tribunal (sic) A quo (sic), solo (sic) se limita a señalar como fundamento del peligro de fuga, la pena que podría llegar a imponerse por el delito antes mencionado, pero sin indicar cuales son los hechos que configuran ese punible (Homicidio Calificado) en el caso de autos y menos aún, cual fue la conducta presuntamente desplegada por mis representados y que subsume en el tipo penal señalado, ya que tal como puede observarse del contenido de las actuaciones de manera objetiva, ninguna de las personas entrevistadas, referiere (sic) que mis presentados portaban armas de fuego, por el contrario indican que uno de mis defendidos específicamente I.J.C.G. fue una de las personas que intercedió, para que el hoy OCCISO depusiera la actitud belicosa y amenazante mientras portaba el arma de fuego tipo pistola, calibre .380 marca Beretta, por tal motivo mal podría endilgársele este tipo penal a mis representados y menos aún tomar como fundamento la pena correspondiente a este tipo penal, cuando la conducta desplegada por mis defendidos, no se enmarca en el tipo penal imputado. De igual manera se señala que el peligro de fuga se deriva de la ubicación geográfica del estado Táchira, debido que permite un fácil acceso a la frontera con la República de Colombia, por encontrarse a escasos 100 Km de la misma, permitiendo así su fácil traslado y acceso a los imputados; situación esta que jamás ha sido planteda (sic) por mis representados, ya que tal como fue mencionado por estos y consta en las actuaciones preliminares, son funcionarios públicos y convencidos de su inocencia, están comprometidos a enfrentar el presente proceso en libertad.

En cuanto al fundamento del peligro de obstaculización, el tribunal (sic) A quo (sic) refiere brevemente que los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G. podrán ocultar o modificar elementos de convicción y podrán influir en los testigos poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia, sin efectuar una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso en particular y de un acto en concreto, ya que tal como lo ha establecido el m.t. (sic) de la República, no es suficiente a fin de satisfacer el acto en concreto, enumerar los supuestos de los artículos 237 y 238 del C.O.P.P.

Por los razonamientos antes expuestos, considera esta defensa técnica recordar que E.C., ha señalado que “La motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria» (Fundamentos del Derecho Procesal. Tercera Edición. Ediciones Desalma. Buenos Aires 1981).

Por su parte De la Rúa, en cuanto a la motivación, nos dice que ésta “... constituye el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez (sic) apoya su decisión y que se consignan habitualmente en los “considerandos de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución.” Así mismo, justifica la necesidad de motivar la sentencia, al estimarla como “… (la) garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permite el control del pueblo, del cual en definitiva emana su autoridad, sobre su conducta.” (El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino. Editor V.P.D.Z.. Buenos Aires.)

En este sentido, tal corno lo ha sostenido nuestro m.t. (sic) de la República, la sentencia como acto procesal por excelencia, constituye la emanación de la potestad jurisdiccional exclusiva y excluyente del poder judicial en todo país, como máxima expresión del poder Estatal constituido en acto procesal, capaz de crear, modificar o extinguir el proceso. De allí, la exigencia de ser expresadas las razones fácticas y jurídicas que sirvieron al juzgador para concluir en el silogismo judicial adoptado, a fin de que la colectividad, y en especial los sujetos procesales, conozcan las razones que cimentaron lo resuelto y por consiguiente controlen los fundamentos que motivaron el acto jurisdiccional dictado, mediante los mecanismos de impugnación correspondientes, propendiendo así a evitar la arbitrariedad o capricho judicial capaz de causar indefensión.

VI

PETITORIO

1.) Como recurrente considero muy respetuosamente, que al haber dictado la respetada Jueza Sexta en Funciones de Control un auto que ratificó y ordenó una privación judicial de libertad, sin encontrarse debidamente motivado: circunscribiéndose a efectuar una transcripción textual de los elementos de convicción aportados por el Ministerio Publico, constituyen una flagrante violación de los trámites de procedimiento que infringe el debido proceso, lo cual con lleva forzosamente a que la Corte de Apelaciones DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA del auto “FUNDADO” que RATIFICA LA AUTORIZACION (sic) DE APREHENSION (sic) EN EL CASO EXCEPCIONAL DE EXTREMA NECESIDAD Y URGENCIA DE LOS INVESTIGADOS EBSEN J.C.G. y ELBERSON G.D.G., dictado por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nro. 06 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en fecha 01/05/2013.

2.) Asimismo considero muy respetuosamente, que al haber dictado la ciudadana Jueza Sexta en Funciones de Control un auto que mantiene la medida de privación judicial preventiva de libertad, sin encontrarse debidamente motivado, constituye una flagrante violación de los trámites de procedimiento que infringe el debido proceso, lo cual conlleva forzosamente a que la Corte de Apelaciones DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA del auto “FUNDADO” que MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACION (sic) JUDICIAL PREVENTIVA DE L.D.L.C.I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G., dictado por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nro. 06 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en fecha 02/05/2013.

3.) De igual manera solicito muy respetuosamente, que en caso de considerar procedente el recurso de apelación de los autos publicados en fecha 01/05/2013 y 02/05/2013, se decrete la libertad inmediata de mis representados I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G..

DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO INTERPUESTO

Los representantes del Ministerio Público, dio contestación al recurso interpuesto por el Abogado J.O.A.C., alegando lo siguiente:

(Omissis)

ARGUMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL AUTO QUE RATIFICA LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD. Dictado por el A Quo, en fecha 01 -05-201 3.

Ahora bien ciudadanos Magistrados, el recurrente señala en su escrito de apelación que hay una violación al principio de presunción de inocencia de sus defendidos y que aunado a ello el tribunal (sic) A Quo (sic), obvia efectuar un señalamiento fáctico, considerando que se ve comprometida la responsabilidad de sus representados, en el delito de homicidio intencional calificado, cometido por motivo fútil a titulo (sic) de complicidad correspectiva, previsto y sancionado en el artículo 406 Nral. 1 del Código penal, en relación con los artículos 83 y 424 ejusdem (sic). En perjuicio del hoy occiso Keler E.G.G..

En este punto en particular, observan estos Representantes Fiscales, que en el auto de ratificación de Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad no se les ha vulnerado el principio de presunción de Inocencia a los presuntos imputados ELBERSON G.D.G., E I.J.C.G., toda vez, y como lo ha reconocido el propio recurrente al señalar que el propio tribunal (sic) A Quo (sic), ha señalado que existen fundados elementos para presumir, el peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad,... (sic), pues en todo momento en la referida decisión el tribunal (sic) A Quo (sic) y esta Representación Fiscal, así le han reconocido su derecho a la presunción de Inocencia (sic), aunado a ello vale hacer mención que la presente causa se encuentra en fase preparatoria o de investigación, circunstancia esta que les da el derecho a solicitar la practica (sic) de diligencias de investigación, pertinentes, necesarias y útiles a los fines de desvirtuar la presunta participación en los hechos investigados.

En este mismo orden de ideas, señala el recurrente que el tribunal (sic) A Quo (sic), obvia efectuar un señalamiento fáctico donde considera que se ve comprometida la responsabilidad de sus representados. Observan estos Representantes Fiscales, que el Tribunal A Quo (sic), en el auto que ratifica la medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad, describe el hecho, y explana los elementos de convicción en los cuales da por sentado la presunta participación en los hechos investigados de los presuntos imputados ELBERSON G.D.G., E I.J.C.G., en el delito de homicidio intencional calificado, cometido por motivo fútil a titulo (sic) de complicidad correspectiva, previsto y sancionado en el artículo 406 Nral. 1 del Código penal, en relación con los artículos 83 y 424 ejusdem (sic). En perjuicio del hoy occiso Keler E.G.G. y en tal sentido, en el referido auto, ratifica la privación Judicial preventiva de la Libertad de los mismos, el cual corre inserto desde el folio 168 al 179 de la presente causa.

Por otra parte, ciudadanos magistrados cuándo el recurrente señala que el Tribunal A quo (sic), solo (sic) se limita a señalar como fundamento del peligro de fuga, la pena que podría llegar a imponerse por el delito antes mencionado, pues bien, consideran estos Representantes Fiscales, que al analizar el peligro de fuga, previsto en el numeral 3, del artículo 237, como lo es la magnitud del daño causado, pues bien de los hechos y de los distintos elementos de convicción ha quedado evidenciado el delito de homicidio intencional calificado cometido por motivo fútil, previsto y sancionado en el artículo 406 Nral 1, del Código penal (sic), en relación con los artículos 83 y 424 ejusdem, toda vez, que se ha destruido el bien jurídico por excelencia como lo es el derecho a la vida en la persona de quien en vida respondía al nombre de Keler E.G.G..

Por otra parte, consideran estos Representantes Fiscales, que en torno al parágrafo primero del artículo 237, el cual establece:

(…)

En tal sentido, si bien es cierto, que en lo previsto en la norma penal adjetiva, existe la obligación para el Ministerio Público de solicitar ante el Tribunal correspondiente, la Privación Judicial Preventiva de la Libertad en delitos donde el quantum (sic) de la pena sea superior a los diez años, no es menos cierto también, que esta obligación legal que existe para el titular de la a acción penal, es facultativa para e (sic) órgano Jurisdiccional, pues como lo señala la propia norma, “ el Juez o Jueza podrá, de acuerdo a las circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado o imputada una medida cautelar sustitutiva “ pues bien en el presente caso, el tribunal (sic) A Quo (sic), en torno a los hechos y los elementos de convicción existentes, la presunción del peligro de fuga y de obstaculización de la verdad, consideró necesario y ajustado a derecho, presumir la participación en tales hechos de los ciudadanos ELBERSON G.D.G., E I.J.C.G. y en tal sentido, ratificar la medida de Privación Judicial preventiva de la Libertad, la cual le había sido solicitada por esta Representación Fiscal y acordada a las 09:30 horas de la mañana del día 01-05- 2013.

En este orden de ideas, el recurrente, señala la falta de motivación, la cual no señala, en que (sic) consiste esa falta de motivación, por otra parte refiere el recurrente de la convocatoria del A Quo (sic), a una audiencia especial para dilucidar los aspectos y argumentos sobre necesidad de la aprehensión, constituyendo la creación por decreto judicial, de un acto no previsto en la ley, que sub vierte el Debido Proceso que pauta el artículo 49 Constitucional e infringe el Principio de Legalidad Adjetiva previsto en el artículo 1 del COPP, y según él se está frente a una causal de nulidad absoluta que no puede ser saneada y/o convalidada.

Observan estos Represéntales Fiscales, que el artículo 44 Nral. 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Establece:

(…)

Al respecto, la propia norma penal adjetiva, prevista en el artículo 236, segundo aparte, establece que:

(…)

En este sentido, la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señalado (vid. Sentencia N° 1123 del 10 de junio de 2004, caso: Marilitza J.S.Z.) que:

(…)

En tal sentido, ciudadanos magistrados (sic), el A Quo (sic), al convocar ese mismo día 01-05-2013, a las 05:30 horas de la tarde a la audiencia para mantener o sustituir la medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad, de los presuntos imputados ELBERSON G.D.G., E I.J.C.G., con ello les ha garantizado su derecho a ser presentados ante el Juez natural dentro del lapso legal establecido en nuestra norma constitucional y penal adjetiva, y lo que ha señalado la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y que en consecuencia los mismos pudieran ejercer su derecho a la defensa, en torno al delito imputado por esta Representación fiscal, tal como efectivamente ocurrió, por lo que consideran estos representantes Fiscales, que no les ha sido vulnerado el su derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso a los imputados en la presente causa, al contrario, se les ha garantizado sus derechos a ser presentados ante su Juez Natural, y al derecho a la defensa al ser escuchados por su Juez natural dentro del lapso legal establecido. De manera tal, que no se ha vulnerado el principio de la legalidad, al contrario se le ha garantizado.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA EN SU ESCRITO DE APELACIÓN DEL AUTO QUE MANTIENE LA PRIVACION (sic) JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, , dictado en fecha 02/05/2013.

(Omissis)

ARGUMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA CONTESTAR EL AUTO

QUE MANTIENE LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD. Dictado por el A Quo, en fecha 02-05-2013.

Ahora bien, ciudadanos Magistrados, el recurrente señala en su escrito de apelación que la decisión cuestionada tal como puede apreciarse del contenido de la misma, carece de fundamento propio y al respecto puede observarse el capítulo o parte denominada “DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO” en el cual se copia textualmente y transcribe, contenido íntegro del auto motivado, publicado en fecha 01105/2013 referido a la ratificación de la autorización de aprehensión, que fue solicitada por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público; contenido que a su vez deviene idénticamente, del escrito de solicitud de privación judicial preventiva de Libertad, que fuere presentado por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, en fecha 01/05/20113 y que corre inserto a los folios (148-163) de la presente causa penal.

En este punto en particular honorables magistrados, observan estos Representantes Fiscales, que el (sic) A Quo (sic), describe la situación fáctica, y seguidamente en la fundamentación de la decisión analiza cada uno de los elementos de convicción, tal como se evidencia, del auto, donde el (sic) A Quo (sic) señala.”

…“Sin embargo, del análisis y estudio de todos y cada uno de estos elementos, considera quien aquí decide que los presupuestos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, se mantienen vigentes por no haber variado, pues el Representante del Ministerio Público, como bien se observa, tanto en el escrito mediante el cual ratificó su solicitud, y en la audiencia celebrada ante este Tribunal, a los fines de resolver sobre el mantenimiento o sustitución de la medida de coerción impuesta, conforme al artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, señaló que los hechos que dan origen a la presente causa ocurrieron de la siguiente manera:

El día lunes 15-04-13, aproximadamente a las 08:00 horas de la noche, el hoy occiso quien en vida respondía al nombre de Keler E.G.G., se encontraba con varias amigos, en las inmediaciones del Obelisco de la avenida 19 de esta ciudad, donde se estaba llevando a cabo una concentración en respaldo del Candidato Presidencial de la Oposición, luego deciden marcharse hacia el sector de la Plaza Venezuela sector la Concordia de esta ciudad, y aproximadamente a las 10:15 horas de la noche, deciden llevar a una de sus amigas hacia su casa de habitación ubicada en el Barrio B.P.S.J.B.d. éste Municipio, para ello, el ciudadano E.G., llevaba en su vehículo clase motocicleta a la ciudadana M.U., mientras que el hoy occiso llevaba en su vehículo clase motocicleta a la ciudadana Yulay Chacón. Sin embargo, para el momento que se trasladaban por la entrada del Barrio S.C.P.S.J.B.d. esta ciudad, observan a un grupo de aproximadamente quince motorizados, con franelas y logotipos alusivos al Partido Socialista Unido de Venezuela, (PSUV) y la ciudadana M.U., logra reconocer a sus dos ex cuñados Michel y Alberson, así como a los ciudadanos, Ibsen, Vicente, y uno apodado el faro, entre ese grupo de motorizados y sostiene un intercambio de palabras, no obstante, continúan su recorrido para dejar en su casa de habitación a la ciudadana M.U., tomando para ello una calle la cual les acortaba el camino, mientras eso ocurría, el grupo de motorizados dio la vuelta en dicho sector tomando la avenida los Agustinos y salieron por la parte Alta del Barrio Bolívar y vuelven a sostener un intercambio de palabras con el hoy occiso y quienes le acompañaban, y se retiraron del lugar y cuándo llevaban aproximadamente cincuenta metros aproximadamente el hoy occiso hizo un disparo al aire con un arma de fuego tipo pistola, calibre .380. marca Beretta, que portaba en ese momento, y desde el grupo de motorizados comenzaron a disparar en reiteradas oportunidades hacia el hoy occiso, logrando unos de esos proyectiles causarle una herida con orificio de entrada en la región temporal izquierda con orificio de salida en la región tempo parietal derecha, con halo de contusión, el cual cayó al piso, y fue trasladado posteriormente por funcionarios de la Policía nacional (sic) Bolivariana quienes se hicieron presentes en el lugar del hecho, hacia el hospital del Seguro Social de esta ciudad, donde fallece a su ingreso.

En efecto, respecto de la precalificación realizada por el Ministerio Público, se hace necesario destacar que el Código Penal, en su artículo 406, establece lo siguiente:

(…)

Por su parte, el artículo 424 del referido Código, establece lo siguiente:

(…)

Y finalmente, el artículo 83 del Código Penal, señala:

(…)

En este sentido, prima facie (sic), se considera satisfecha dicha calificación por cuanto se desprende de las actas de investigación y de las entrevistas realizadas a los testigos, como se indicó ut supra, que los ciudadanos ELBERSON G.D.G., y a I.J.C.G. se encontrarían entre el grupo de motorizados con los cuales habría sostenido una discusión el ciudadano Keler E.G.G., y desde el cual se habrían efectuado los disparos que produjeron la muerte del mismo.

Por otra parte, tal y como se ha señalado, de las actas procesales se evidencia que existen fundados elementos de convicción para estimar que los referidos ciudadanos son COAUTORES en la presunta comisión DEL DELITO DE HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FUTIL, A TITULO (sic) DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en relación con los artículos 83 y 424 del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso Keler E.G.G.; todo en virtud de que se ha evidenciado de las diligencias practicadas, especialmente de las actas de entrevistas realizadas tales como: entrevista practicada al ciudadano E.G., quien manifestó que se encontraba en el Barrio Bolívar, cuando se suscitó un problema con varios motorizados que se encontraban en el sector y en el cual hubo un cruce de palabras; así mismo, manifestó haberse dado cuenta que el occiso al momento de los hechos realizó un tiro al aire como medida disuasiva, que su amiga Mileydi reconoció a tres de las personas que se encontraban en el grupo de motorizados desde donde se habrían efectuado los disparos en contra de la víctima de autos, y que los mismos son familia del quien en vida fue marido de ella, tratándose de un ciudadano apodado como “Ñoño”.

De igual modo, se observa entrevista practicada a la ciudadana Yulay Chacón, quien señaló que al momento en que se dirigía junto a sus compañeros al Barrio Bolívar, se encontraron con un grupo de motorizados que comenzaron a ofenderlos, que Keler también les respondió, que luego de entrar a su casa fue que escucharon el tiro. Manifestó distinguir a uno de ellos de nombre Michel que era el cuñado de Mileydi, porque el que era padre de su hijo le saludaba y que andaba en una moto tipo Horse y que todo había comenzado porque uno de ellos comenzó a gritar groserías y a insultarlos.

Así mismo, se observa de las actuaciones practicadas entrevista realizada a la ciudadana A.U., quien entre otras cosas señaló que Keler se paró en la entrada al frente de su casa, que sus ex cuñados Michel y Elber llegaron con los motorizados y le dijeron a Keler que cuál era la miradera y lo señalaban con una tabla y Keler también les contestó, señaló ver a Vicente, a un ciudadano que señala la entrevista como “Dixer” y un muchacho al que le llaman El Faro, y que estos eran amigos de su esposo apodado el Ñoño, razón por la cual los reconoce. Que Keler sacó una pistola que tenía en la cintura e hizo un disparo al aire, y cuando dio la espalda para entrar a su casa comenzaron a disparar los motorizados, agregando que cuando ella se volteó, vio a Keler tendido en el piso; que a J.L., su hermano, lo llamó por teléfono Elberson para decirle que lo disculpara por lo que había pasado, que sólo tenía arma de fuego Keler y los motorizados que fueron los que dispararon varias veces en su contra, que el motivo que originó los hechos fue porque los motorizados llegaron a insultar y fue cuando Keler sacó la pistola que tenía e hizo un disparo al aire y luego de eso dispararon los motorizados contra él; así mismo, manifestó que la tía de Elberson y Michel la llamó por teléfono diciéndole que se había metido en problemas con el hampa porque había acusado a Elberson y Michel, que Jesika su ex cuñada dijo que todo esto era por andar con un mozo.

Por otra parte, de la entrevista practicada a Yulay Chacón, expuso que cuando iban llegando a donde vive Mileidy se encontraron con un grupo de motorizados, y uno de los de los parrilleros se bajó de la moto con una tabla en la mano, mostraba actitud amenazante y empezaron a ofenderlos, escuchando un disparo que Keler realizó al aire cuando el grupo de motorizados paró cerca al reductor de velocidad que está más delante de donde estaban y escucharon varios disparos que realizaron el grupo de motorizados, que todo se suscitó por el intercambio de palabras que tuvo con los motorizados, que reconoció a uno de los motorizados y que el mismo se llama Michel.

Igualmente, de la entrevista del ciudadano J.U., se evidencia que este manifestó que el día de los hechos recibió una llamada a su teléfono y cuando contestó se dio cuenta que era Elberson, diciéndole que lo disculpara que todo fue por una discusión que tuvieron y que como Keler les sacó la pistola se bajó un parrillero de los motorizados y comenzó a dispararle también, que su hermana le dijo que un grupo de motorizados los había insultado y comenzaron a discutir, que Keler sacó la pistola y realizó un tiro al aire, luego los motorizados que estaban más abajo de la casa comenzaron a disparar también, que dentro del grupo de motorizados e.V., “Dixer”, Elberson y Michel, que fue por ellos que se formó el problema porque comenzaron a insultar a Keler y amenazarlo con palos, que a Vicente y Dixer los conoce de vista porque se la pasaban en el Liceo donde estudió, y a Michel y Elberson porque eran los cuñados de su hermana, que Vicente y Dixer se la pasan más abajo del Hospital del Seguro, por donde retorna la camioneta de la “Línea 21 de Mayo”.

En cuanto al encausado Elberson G.D.G., es claro que el mismo es señalado por varias personas como uno de los ciudadanos que la noche de los hechos, se encontraba en el grupo de motorizados desde el cual se habrían realizado los disparos que devinieron en el deceso de la víctima de autos. En cuanto al imputado ELBERSON G.D.G., debe hacer especial mención este Tribunal a los señalamientos realizados en las actas procesales, en las cuales se indica la presencia de un ciudadano de nombre “Dixer”, muy similar al nombre del referido imputado, presumiendo que se trata de la misma persona, tomando en cuenta por ejemplo que el ciudadano J.U. señaló que se esta Juzgadora que “Vicente y Dixer se la pasan más abajo del Hospital del Seguro” así como que “a Vicente y Dixer los conoce de vista porque se la pasaban en el Liceo donde estudió”, aunado a que el mismo ha manifestado que es hermano de Vicente quien señaló se encuentra en el Estado Lara.

Con base en ello, se tiene que otra de las personas que presuntamente se encontraba la noche de los hechos en el grupo de motorizados desde los cuales se efectuaron los disparos que acabaron con la vida del ciudadano Keler E.G.G., sería el imputado I.J.C.G., constituyendo en todo caso parte de la investigación la determinación precisa de dicha circunstancia.

En este orden de ideas no entienden estos Representantes Fiscales, como el recurrente trata de confundir a los magistrados, al señalar que la situación fáctica fue obviada por el A Quo, pues por el contrario, tal como se evidencia, la misma fue descrita en el auto, y aunado a ello el A Quo, realiza un análisis minucioso de cada uno de los elementos de convicción recabados en la presente investigación, y con los cuales llega al convencimiento que los imputados a momento de ocurrir el hecho, se encontraban dentro del grupo de motorizados que efectuaron los disparos y le quitaron la vida al hoy occiso, con lo cual deja sentado la presunta participación en los hechos investigados de los imputados ELBERSON G.D.G., E I.J.C.G., en el delito de homicidio intencional calificado, cometido por motivo fútil a título de complicidad correspectiva, previsto y sancionado en el artículo 406 Nral. 1 del Código penal, en relación con los artículos 83 y 424 ejusdem. En perjuicio del hoy occiso Keler E.G.G., y en consecuencia mantiene la Privación Judicial Preventiva de la Libertad de los mismos.

PRUEBAS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Por ser útiles, pertinentes y necesarias, para demostrar ante esta Corte de Apelaciones, que la decisión del Juez a Quo, se encuentra ajustado a derecho, promovemos el Integro de las actuaciones que conforman la causa 6C-5P21-P-201 3-6065.

DE LA FUNDAMENTACION LEGAL

Fundamentamos la presente contestación al Recurso de Apelación de Auto en lo dispuesto en el artículo 49 y 257 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana e (sic) Venezuela, artículos 1, 5, 8, 12, 13, 21, 22, 441 de Código Orgánico Procesal Penal.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

En los Artículos 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 44 ordinal 1,49 numeral 2, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE

Por lo antes expuesto, solicitamos de esta respetable Corte de Apelaciones del Estado Táchira, lo siguiente:

1.- SE ADMITA EL PRESENTE ESCRITO DE CONTESTACION DEL RECURSO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.

2.- SE DECLARE INADMISIBLE POR ININTELEGIBLE E INCOMPRESIBLE EL RECURSO INTERPUESTO, POR EL ABOGADO J.O.A..

3- EN CASO DE SER ADMITIDO, SEA DECLARADO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS INTERPUESTO POR LA DEFENSA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 442 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, Y EN CONSECUENCIA MANTEGA EN SU TOTALIDAD EL AUTO IMPUGNADO, ASI COMO LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD DECRETADA EN CONTRA DE LOS IMPUTADOS ELBERSON G.D.G., E I.J.C.G., POR ENCONTRARSE LAS MISMAS AJUSTADAS A DERECHO, DECLARANDOSE SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO.

5.- Se mantenga la Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad, ratificada y mantenida por el tribunal (sic) A Quo (sic), en contra de los imputados ELBERSON G.D.G., E I.J.C.G., toda vez que las circunstancias que dieron lugar a la misma, no han variado en ninguna de las modalidades.

MOTIVACIONES DE ESTA CORTE PARA DECIDIR

Analizados como han sido tanto la decisión recurrida, como el escrito de apelación y de contestación interpuesto, esta Corte de Apelaciones, para decidir, previamente hace las siguientes consideraciones:

• Expresa la parte recurrente, que la sentencia que mantiene la aprehensión de los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G., por su presunta participación como COATORES DEL DELITO DE HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, COMETIDO POR MOTIVO FUTIL A TITULO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, es violatoria del principio de Presunción de Inocencia, ya que para que se de tal aprehensión, debe existir una presunta participación de los aprehendidos en los hechos que originaron la apertura de la investigación Fiscal. A criterio del recurrente la jueza de fase inicial al momento de mantener tal medida obvia efectuar un señalamiento fáctico de donde se desprenda el ¿Por qué? existe una relación vinculante entre los referidos ciudadanos y el delito, elemento que determine de alguna manera la posible responsabilidad de los detenidos en los acontecimientos en cuestión, que pudieran dar lugar a la subsunción de éstos en la precalificación efectuada por el Ministerio Público, ya que si bien es cierto, en la decisión recurrida la a quo señala que existen fundados elementos de convicción para señalar que los ciudadanos detenidos han sido autores o participes en la comisión del hecho punible, también lo es, que a juicio de la parte recurrente, no determina la relación existente entre dichos elementos de convicción recabados en la investigación y los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G. .

• Señala además la defensa técnica, que la jueza a quo sólo se limita a señalar como fundamento para justificar el peligro de fuga, que se trataba de un delito cuya pena es alta, pero sin lograr determinar a su parecer, cuáles fueron los hechos constitutivos de ese delito, y menos aun logra determinar la conducta que presuntamente desplegaron sus representados para que se les acredite la presunta comisión del mismo, ya que de la lectura del contenido de las entrevistas realizadas a lo largo de la investigación se desprende que ninguna de ellas refiere a dichos ciudadanos como los que portaban armas de fuego. Además señala la defensa, que el ciudadano I.J.C.G. habla con el ciudadano KELER E.G.G. hoy occiso, para que depusiera el arma, en consecuencia estima que la conducta desplegada por sus representados no puede subsumirse dentro del tipo penal endilgado por el Ministerio Público.

• Por otra parte señala la defensa técnica que la juzgadora de instancia para fundamentar la obstaculización a la investigación, sólo señala que sus defendidos pueden ocultar o modificar elementos de convicción e influir en los testigos poniendo en peligro la investigación, tal aseveración la hace la a quo sin efectuar a juicio de la defensa una presunción razonable de porqué podría ocurrir esto en el caso en concreto, ya que no es suficiente enumerar los supuestos de 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que se deben justificar a cada caso en particular .

• Finalmente manifiesta la parte recurrente, que la jueza de control N°6 fundamenta la ya nombrada decisión, copiando de manera textual las 22 diligencias de investigación que fueron señaladas en el escrito presentado por la Fiscalía del Ministerio Público, sin motivar de manera propia los elementos conectores de los hechos con los ciudadanos aprehendidos, estimando la falta de motivación en la decisión.

Sentado lo anterior, esta Alzada debe precisar, que por mandato constitucional el Ministerio Público está en la obligación de ejercer la acción penal en los delitos de acción pública, por ello, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo de esta naturaleza, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que pueden influir en su calificación y la responsabilidad de los(as) autores(as) y demás partícipes, tal como lo consagra el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal.

De igual forma, debe señalarse, que si es la autoridad policial la que recibe la denuncia, ésta comunicará al Ministerio Público y sólo practicará las diligencias necesarias y urgentes, las cuales están dirigidas a identificar y ubicar a los autores y demás partícipes del hecho punible, y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración, tal y como lo establece el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por otra parte el Principio de Presunción de Inocencia y al derecho a la libertad, son pilares fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Código Orgánico Procesal Penal, de tales principios se infiere que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que aunque se le impute la comisión de uno o varios hechos punibles a una o varias personas, hasta tanto no haya una sentencia condenatoria definitivamente firme, a dichas personas debe presumírsele su inocencia; y por otra parte, la libertad debe ser la regla y la privación de la misma la excepción, por lo que la medida privativa de libertad debe aplicarse cuando otras medidas resulten insuficientes a los fines de asegurar la finalidad del proceso.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado plasmado en reiteradas decisiones que la medida de privación preventiva de libertad, es la provisión cautelar más extrema a que hace referencia la legislación, tanto a nivel internacional, en los distintos pactos sobre derechos humanos que regulan la materia, como a nivel interno, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal.

De igual forma la referida Sala ha sostenido que la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, no significa el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas, por lo que el juez o jueza que resuelva la restricción de la libertad del imputado o imputada debe atender básicamente a lo señalado en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

Asimismo, la misma Sala ha sostenido que los principios de presunción de inocencia y de libertad, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esa Sala y por los restantes Tribunales de la República por imperativo de la propia Constitución y, aún más allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal, lo que no significa que los jueces o juezas renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance del proceso.

En este sentido el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, exige para ordenar la privación preventiva de libertad, que se verifique la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; que existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor(a) o partícipe en la comisión de un hecho punible; y, la verificación de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

Asimismo, la mencionada norma adjetiva penal, prevé en su último aparte que en caso de extrema necesidad y urgencia, siempre que concurran los supuestos antes mencionados (resaltado de la Sala), el Juez o Jueza de Control a solicitud del Ministerio Público, puede autorizar por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado o investigada, debiendo ser ratificada por auto fundado (resaltado de la Corte) dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión.

Con base a lo antes mencionado, el auto que decreta una medida de coerción personal, así como la orden de aprehensión excepcional por necesidad y urgencia, debe analizar y razonar debidamente el cumplimiento efectivo de los requisitos acumulativos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto tal decisión jurisdiccional versa sobre el más trascendental derecho inherente al ser humano como es la libertad personal, que después del derecho a la vida, constituye el bien jurídico más importante de la humanidad, tal como lo sostiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 231 de fecha 10-03-05, al considerar:

… el derecho a la libertad ha sido considerado ´ como un derecho humano y fundamental inherente a la persona humana y es reconocido, después del derecho a la vida, como el más preciado por el ser humano. Tratándose pues, de un derecho fundamental de entidad superior ´ y una garantía constitucional de tan vital importancia, debe protegerse en todo momento y, con ello, resguardarse el orden público constitucional, que pueda verse afectado con alguna actuación que lo menoscabe…

.

De allí que, la excepcionalidad para decretar una medida de coerción personal conforme al último aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, no radica en el incumplimiento “excepcional” de los supuestos establecidos en los tres numerales que establece la referida norma; sólo que la excepcionalidad gira en torno a la vía de comunicabilidad de la decisión dictada, que ante la urgencia y necesidad, es imposible esperar el trámite ordinario establecido por la norma. Por ello, el juzgador o juzgadora con base al último aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, podrá comunicar el decreto de la privación judicial preventiva de libertad, por vía telefónica, radiofónica, fax, entre otros, todo lo cual deberá dejar constancia descriptiva de lo realizado. Asimismo, deberá justificar las razones por las cuales estimó la existencia de necesidad y urgencia, lo cual evita la desnaturalización de este cauce procesal excepcional

Ahora bien, toda decisión enmarcada dentro de un proceso debido y en franco respeto y garantía a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses del justiciable, deberá expresar las razones fácticas y jurídicas por las cuales acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, y además, en el caso concreto deberá exteriorizar las razones que motivaron la necesidad y urgencia, lo cual exige un esfuerzo intelectual de juzgamiento bajo el correcto raciocinio humano, como transparencia a la garantía de motivación que debe contener todo pronunciamiento judicial, lo que excluye radicalmente la simple enunciación o parafraseo de los requisitos legalmente establecidos, sobre lo cual pretende legitimarse la restricción a la libertad personal.

En efecto, la motivación de una decisión judicial no se limita a la cita de disposiciones legales o a la retórica de afirmaciones doctrinarias, pues si bien estos constituyen el soporte documental del silogismo judicial para acreditar una afirmación de contenido jurídico, resulta insoslayable que el juzgador o juzgadora establezca y valore conforme a la sana crítica las diligencias de investigación practicadas, para así poder establecer la existencia o inexistencia de un hecho, luego, si es punible y merece pena privativa de libertad cuya acción no está prescrita. Así mismo, deberá establecer la existencia o inexistencia de los fundados elementos de convicción que determinará la autoría o participación del imputado o imputada en el hecho atribuido, y finalmente la existencia del peligro de fuga o de obstaculización de la investigación.

En este mismo orden de ideas debe acuñarse, que este razonamiento judicial subyace en el contexto del principio universal del debido proceso, al propender la exteriorización de la motivación fáctica y jurídica sostenida por el juez o jueza, para afectar un derecho constitucional como es la libertad personal, lo cual permite el efectivo ejercicio al derecho de defensa del o los justiciable(s), mediante el debido control de la argumentación que limita los derechos o garantías constitucionales.

No escapa la responsabilidad del Juez o Jueza de razonar debidamente la decisión mediante la cual decreta una medida privativa de libertad y si bien es cierto que los dispositivos del Código Orgánico Procesal Penal no pueden ser desvirtuados ni alterados para convertir en regla esa privación y continuar de esta manera manteniendo la mentalidad represiva que caracterizaba el procedimiento inquisitivo derogado, también es cierto que aún en los casos excepcionales en que no queda más opción que aplicar una medida cautelar privativa de libertad al imputado o imputada, cualquier disposición que se tome en torno a ella, debe obedecer a buenas y bien fundadas razones, con el objeto de evitar la impunidad en la administración de justicia penal, independientemente de la obligación del Juez o Jueza, de evaluar la entidad del delito cometido, la conducta predelictual del imputado o imputada y la magnitud del daño.

Tomando en consideración que la posibilidad excepcional de aplicar una medida de coerción personal debe interpretarse con carácter restrictivo, el Juzgador o Juzgadora en cada caso en que el titular de la acción penal le plantee una solicitud de tal naturaleza, analizará cuidadosamente si están o no, llenos los extremos de ley, es decir, los supuestos a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, habida cuenta de que su resolución versa sobre el más trascendente de todos los derechos de la persona después del derecho a la vida, como es el derecho a la libertad; supuestos que constituyen las excepciones al principio establecido en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que consiste en que toda persona debe ser juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. Asimismo, si es por necesidad y urgencia, deberá explicar razonadamente los motivos que subyacen a tales circunstancias y cuales lo habilitan para obrar por vía de este supuesto excepcional.

Con base al anterior señalamiento, esta Alzada no puede dejar de establecer que la motivación de la decisión judicial, no sólo constituye un instrumento de garantía de orden constitucional que permite el ejercicio del derecho de defensa a favor del imputado o imputada y demás partes del proceso, sino también, garantiza el principio de la tutela judicial efectiva al que igualmente tiene derecho el imputado o imputada como sujeto activo del delito, y que en suma le va a permitir el ejercicio legítimo de los derechos y garantías que le corresponde como parte por el hecho criminoso.

Por ello, una decisión inmotivada en lo absoluto, sea que perjudique o favorezca, además de allanar el camino de la impunidad, frustra el sentir de justicia que clama el ciudadano común, poniendo en peligro la credibilidad del sistema de justicia, ante la ineficacia que ofrece el acto jurisdiccional viciado de inmotivación. Una decisión que se aparte de estos extremos normativos, además de irracional es arbitraria, debiendo censurarse jurisdiccionalmente en razón del agravio constitucional causado.

Al analizar el caso subjúdice y revisado como ha sido el cuaderno de apelación, se concluye que consta a los folios 32 al 48 pronunciamiento emitido por el Tribunal Sexto de Control en fecha 02 de mayo de 2013, con la finalidad de mantener la medida de privación preventiva de libertad impuesta a los ciudadanos ELBERSON G.D.G. e I.J.C.G., y en efecto en tal decisión como bien lo señala la defensa técnica, la a quo no efectúa una vinculación de los elementos de convicción obtenidos y presentados por el Ministerio Público con los ciudadanos detenidos, ya que a criterio de los suscriptores del presente fallo, la sentencia aquí recurrida no logra determinar que elementos fácticos relacionaban a los aprehendidos de autos con los hechos investigados, ya que tal decisión no individualiza de forma definida la conducta de los referidos ciudadanos con tales acontecimientos, para así poder obtener una presunción razonable de la existencia de una posible responsabilidad penal de los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G. en la comisión los delitos de COAUTORES DEL DELITO DE HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO COMETIDO POR MOTIVO FUTIL A TITULO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA endilgados por el Ministerio Público, ya que la jueza sólo se limita a señalar que los mismos se encontraban junto con los otros quince motorizados en el lugar donde ocurrieron los hechos, sin lograr establecer una relación directa entre ellos y los disparos que ocasionaron la muerte del ciudadano KELER E.G.G..

Ante tal omisión es preciso señalar, que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra referido al derecho constitucional y a la tutela judicial efectiva, desarrollándose principios como la eficacia y la transparencia, que no es otra cosa, que la justificación precisa y armónica de el porque se llega a una decisión judicial, por otra parte la eficacia debe ser entendida, como el deber del Juez o Jueza de garantizar el derecho objetivo, mediante la resolución de los conflictos de interés que surjan entres los particulares y de estos con el Estado.

Es así como en pro de garantizar este principio, la motivación decisoria se constituye en un derecho deber, ya que implica una explicación pormenorizada que justifique la decisión a la que arribó el jurisdiciente.

Por ello, se tiene que la motivación de la sentencia es esencial a los fines de cumplir con los principios de la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el debido proceso, por cuanto la misma permitirá a las partes y a la sociedad en general, como ya se señaló, conocer las razones que han tenido los jueces o las juezas para adoptar el fallo dictado, lo que a su vez hace viable el control sobre la decisión, al ser posible analizar esas razones bajo los principios de la lógica y el Derecho, propendiendo a evitar el pronunciamiento de sentencias arbitrarias o caprichosas.

Con base a lo expuesto se infiere, que el juzgador o la juzgadora de instancia, deberá establecer una relación entre los ciudadanos aprehendidos y los hechos investigados, los cuales constituirán la premisa menor del silogismo judicial, y luego, establecer las normas jurídicas aplicables a tales hechos que constituirán la premisa mayor, para así, cumplir con uno de los requisitos por excelencia, esto es, con la motivación de la sentencia.

Conforme a lo cual, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 369 del 10 de octubre de 2003, desarrolló la técnica debida para una correcta motivación de sentencia, al sostener:

1.-la expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes; 2.- que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal; 3.- que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos, razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y 4.- que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamiento y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal

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De acuerdo al análisis precedente, esta Corte considera, que para mantener la aprehensión ordenada por necesidad y urgencia de los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G., aplicando el último aparte del articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la jueza a quo no efectúo una verdadera motivación decisoria vulnerando así el cumplimiento real del derecho a la Tutela Judicial Efectiva, debido a que no determinó, como ya se ha señalado, los elementos individualizados de la conducta de los ciudadanos aprehendidos, que permitieran arribar a la conclusión de una presunta participación de éstos en los hechos investigados por el Ministerio Publico, por tanto lo procedente en el presente caso es decretar la nulidad del fallo, de conformidad con los artículos 175, 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal.

Así las cosas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado J.O.A., actuando con el carácter de defensor de los acusados de autos, y en consecuencia se anula la decisión, de fecha 02-05-2013, dictada por la abogada E.C.S.R., Jueza Temporal del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 6 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, mediante la cual, mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta en fecha 01 del mismo mes y año, por necesidad y urgencia, en contra de los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G., al evidenciarse la violación de garantías constitucionales y procesales previstas en el artículo 26 de la Constitución Nacional y 157 del Código Orgánico Procesal Penal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 175, 179, 180 del Código Orgánico Procesal Penal, y se ordena que el Juez del mismo Tribunal Sexto de Control, quien se reincorporó a sus labores, conozca de la presente causa y emita el pronunciamiento respectivo, con prescindencia de los vicios aquí señalados, y así se decide.

DECISION

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara:

Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado J.O.A., actuando con el carácter de defensor de los acusados I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G., contra la decisión dictada en fecha 02 de mayo de 2013, por la abogada E.C.S.R., Jueza Temporal del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 6 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, mediante la cual, mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta en fecha 01 del mismo mes y año, por necesidad y urgencia, en contra de los ciudadanos I.J.C.G. y ELBERSON G.D.G..

Anula por inmotivada la decisión señalada en el punto anterior.

Ordena que el Juez del Tribunal Sexto de Control de este Circuito Judicial Penal, conozca de las actuaciones y emita el pronunciamiento respectivo, con prescindencia de los vicios aquí observados.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada, en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los once (11) días del mes de junio del año dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

Los Jueces y la Jueza de la Corte,

Abogada Ladysabel P.R.

Ponente - Presidenta

Abogado Rhonald D.J.R.A.M.A.M.S.

Juez Juez

Abogada María Nélida Arias Sánchez

Secretaria

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

Abogada María Nélida Arias Sánchez

Secretaria

1-Aa-SP21-R-2013-000117/LPR/Neyda.-