Decisión nº 0963-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 5 de Octubre de 2016

El Estado Contable de la Cooperativa desde el 1° de Enero del 2014, hasta el 07 de Agosto de 2014.-

Sobre el valor real de las acciones que poseo en el Edifico Satín, el cual fue adquirido entre otras cosas por un aporte de Siete Mil Bolívares (Bs. 7.000,00).-

Sobre el valor real del cupo que poseo en la Cooperativa en mi condición de socio.-

Sobre el valor real de la deuda que tiene la Cooperativa con el I.V.S.S. y el destino de los Nueve Mil Bolívares (Bs. 9.000,00) que como socio aporte para solventar la misma.-

Sobre mi destino como socio de la Nueva Compañía creada y sobre los activos que poseo en la Cooperativa”.-

Fundamenta la presente acción en los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 673 del Código de Procedimiento Civil y 6, Literal “D” de los Estatutos de la Cooperativa.-

Solicita, se dicte una Medida Preventiva Cautelar Innominada de conformidad con el artículo 588, Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil, y se le ordene a la representante de la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario con sede en esta Ciudad de Carúpano, Estado Sucre, para que se abstenga de Protocolizar cualquier documento donde se declare disuelta la Cooperativa Transporte Turístico Ejecutivo Puerta de Sucre, R.L., hasta tanto conste la resulta del presente juicio.-

Estima la presente demanda en la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 450.000,00), y solicita se condene en costas a la demandada”.-

OMISSIS…

De la contestación a la Demanda:

En la oportunidad de dar contestación a la demanda, el Apoderado Judicial de la parte demandada, presenta escrito de fecha 13 de Abril de 2015, mediante el cual opone las cuestiones Previas contenida en el cardinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los cardinales 2° y 6° del artículo 340 eiusdem en los siguientes términos: (F-86 al 90).-

Que, “de conformidad con lo establecido en el artículo 340 inciso 6° y 673 del Código de Procedimiento Civil, el Juzgado A Quo ordeno la admisión de la Acción de Rendición de Cuentas en contra de su representada, sin efectuar un análisis detallado de la acción propuesta y de los instrumentos en que se fundamenta la acción; pero que, asimismo el demandado debe establecer con cual carácter actúa a tenor de lo dispuesto en el inciso 2° del Código de Procedimiento Civil y con ello la legitimidad de su cualidad para obrar en derecho, sin lo cual no podrá prosperar ninguna acción en derecho.-

Que, la falta de cualidad activa constituye una defensa de fondo que debe ser opuesta por el demandado, y no puede ser suplida o advertida de oficio por el Juez.

Que, la cualidad o legitimatio ad causan; debe entenderse como la idoneidad de la persona para actuar en juicio como titular de la acción tanto en su aspecto activo como pasivo, que la ley concede legitimación o cualidad para pretender en juicio al titular de un derecho sustancial o de una determinada situación jurídica, en razón de lo cual, la instauración del proceso debe ser entre quienes se encuentran frente a la relación material o interés jurídico controvertido como contradictores.-

Al respecto, citó obra titulada “TRATADO DEL DERECHO PROCESAL CIVIL VENEZOLANO” del profesional del derecho A.R.R., especialista en derecho procesal Civil, (Tomo I, pág. 167) y Sentencia de fecha 14 de Diciembre de 2004, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.-

Invoca el artículo 310 del Código de Comercio.

Finalmente, solicita se declare con lugar la oposición formulada por carecer de legitimidad para obrar en derecho y la inadmisibilidad de la demanda; promueve la cuestión previa contenida en el cardinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los cardinales 2° y 6° del artículo 340 eiusdem.-

De las pruebas:

Pruebas de la parte de Actora:

Con el libelo de demanda anexa:

-Acta Convenio de fecha 17 de Noviembre de 2014, marcada “F” (F-54),

-Acta Constitutiva de Registro de Asociación Civil Cooperativa de Transporte Ejecutivo Puerta de Sucre, R.L., marcado (A).-

-Denuncias formuladas ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas, Coordinación Regional del Estado Sucre, sobre supuestas irregularidades de administración y suspensión de socios, marcado (B).-

-Acta de Compromiso entre Sunacop Regional Sucre y su representada, marcada (C).

Informe de la Superintendencia Regional del Estado Sucre, en relación a la cuenta y memoria de los ejercicios económicos de los años 2011 al 2013, marcado (D).-

En su escrito la parte demanda promueve: (F-97-104).-

- La prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, fundamentada en la falta de legitimación del accionante para solicitar la rendición de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en los cardinales 2° y 6° del artículo 340 y el primer aparte del artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, en base a los fundamentales consignado adjunto a la acción de Rendición de Cuentas.-

- Acta Constitutiva de Registro de Asociación Civil Cooperativa de Transporte Ejecutivo Puerta de Sucre, R.L., que, en la cual enerva de su lectura los estatutos por la cual ha de Regirse la Asociación.-

- Denuncias formuladas ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas, Coordinación Regional del Estado Sucre, sobre supuestas irregularidades de administración y suspensión de socios.-

- Acta de Compromiso entre Sunacop Regional Sucre y su representada, marcada (C).-

- Informe de la Superintendencia Regional del Estado Sucre, en relación a la cuenta y memoria de los ejercicios económicos de los años 2011 al 2013.-

Invoca los artículos 310 del Código de Comercio, 340 y 673 del Código de Procedimiento Civil.-

Finalmente, solicita se declare con lugar la oposición formulada por carecer de legitimidad para obrar en derecho y la inadmisibilidad de la demanda; promueve la cuestión previa contenida en el cardinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los cardinales 2° y 6° del artículo 340 eiusdem.-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

Esta Alzada para decidir previamente hace el siguiente análisis:

Antes de emitir cualquier pronunciamiento sobre el fondo del hecho controvertido en el presente asunto, este Juzgado Superior ejerciendo funciones revisoras, hace la siguiente observación con respecto al procedimiento por el cual fue sustanciado el presente asunto, así como las condiciones de admisibilidad de la acción. En tal sentido se observa:

De la exhaustiva revisión a las actas que conforman el presente expediente se evidencia, que el Tribunal de la causa admitió la presente demanda por Rendición de Cuentas, tal como si se tratara de un procedimiento ordinario, toda vez que ordeno el emplazamiento de la parte demandada para que diera contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la citación; cuando lo correcto es ordenar la intimación de la parte demandada, para que presente las cuentas exigidas por el demandante o, haga oposición al decreto intimatorio en el plazo de veinte (20) días.-

Por auto de fecha 12 de Diciembre de 2014, el Tribunal A Quo, deja sin efecto el auto de admisión de fecha 11 de Noviembre de 2014 y admite la demanda por el procedimiento breve, en atención a lo dispuesto en la Cuarta disposición transitoria del Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas; inobservando de esta manera que al tratarse el presente asunto de una demanda por Rendición de Cuentas, debe sustanciarse por el procedimiento especial contemplado en el Capítulo VI, del Título II del Libro Cuarto (Art. 673 al 689) del Código de Procedimiento Civil, ya que el mismo corresponde a la categoría de los Juicios Ejecutivos. Y al no haberse hecho de esta manera, se subvirtió el principio de legalidad de los procedimientos judiciales, desaplicando así lo dispuesto en los artículos 7 y 22 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen:

Art. 7. Los actos procesales se realizaran en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines del mismo.-

Art. 22. Las disposiciones y los procedimientos especiales del presente Código se observarán con preferencia a los generales del mismo, en todo cuanto constituya la especialidad; sin que por eso dejen de observarse en lo demás las disposiciones generales aplicables al caso.-

De manera pues, que la irregularidad en la tramitación del procedimiento especial por el cual se debió admitir y sustanciar el presente asunto, generaría como consecuencia, declarar la nulidad de todas las actuaciones realizadas en el caso de marras incluyendo la sentencia recurrida.-

Al respecto, la doctrina Jurisprudencial de nuestro más alto Tribunal ha dejado sentado lo siguiente:

Los jueces superiores de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, tienen la facultad de reponer la causa cuando determinen la existencia de un acto írrito que lo amerite o evidencien una subversión del procedimiento. Por consiguiente, pueden, de oficio, declarar las nulidades que afecten el orden público. De ello, deviene obligante examinar la sustanciación del procedimiento con la finalidad de precisar si responde a la noción doctrina del debido proceso, en base al principio de que el procedimiento está establecido estrictamente en la ley no puede ser alterado o subvertido por el juez ni las partes, principio fundamental procesal consistente en la “obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley”, ya que de no haberse acatado el mismo, se subvierte el orden lógico procesal y, por consiguiente, se quebranta la mentada noción doctrinaria del debido proceso, así como el principio del orden consecutivo legal con etapas de preclusión por el cual se rige el proceso civil venezolano. Estos supuestos y principios tienen relevancia desde el momento en el cual los jueces ejercen la facultad para admitir la causa, a fin de evitar incurrir en una falsa apreciación, y consecuencialmente en un desatino al debido proceso e infracción del orden público.

Al respecto, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en doctrina del 24 de diciembre de 1915, reiterada el 18 de julio de 1990, estableció:

...no siendo potestativo de los tribunales subvertir las reglas con que el Legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su observancia es materia de orden público...

Más recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en sentencia del 9 de marzo de 2000, expediente N° 00-0126, conceptualizó, en materia de A.C., el comportamiento que debe asumir el juez cumpliendo con la función tuitiva del orden público, de esta manera, decidió:

...el conocimiento de unos hechos que no fueron alegados como supuestos de hecho de las normas constitucionales denunciadas como infringidas, pueden y deben producir otras situaciones a ser tomadas en cuenta por los sentenciadores, ya que a pesar de ser ajenas a la pretensión de amparo, siempre que sean cuestiones de orden público, sobre las cuales el juez puede de oficio resolver y tomar decisiones, si constata que las mismas no lesionan derecho de las partes o de terceros. Cuando los afectados por las decisiones han sido partes en el juicio donde se constatan los hechos contrarios al orden público, y ellos son generadores de esos hechos, el derecho a la defensa y al debido proceso no se les está cercenando si de oficio el juez cumpliera con la función tuitiva del orden público, ya que es la actitud procesal de las partes las que con su proceder denota la lesión del orden público, entendido éste como el ‘…Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de ésta, no pueden ser alteradas por voluntad de los individuos…’.

(Subrayado del fallo)”.

Ahora bien, como quiera que conforme a lo previsto en el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil, los quebrantamientos de leyes de orden público no pueden subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes, lo cual conlleva al mismo tiempo al vicio de la indefensión, por violación del precepto constitucional consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual tiene como característica que sea imputable al juez, se concluye afirmando, sin temor a equivocaciones, que los procedimientos así sustanciados en oposición al sistema de legalidad, violan el principio de obligatoriedad establecido en la ley del “debido proceso”. (Resaltado del fallo)

Sobre estos supuestos de hecho la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 101, de fecha 6 de abril de 2000, caso Auto Litoralcar, S.A, contra A.S.D.P., expediente Nº 99-018, estableció:

“...Finalmente, la Sala en cumplimiento de su función pedagógica, le hace saber, al juez de la recurrida que en la sustanciación de los procesos debe tener presente la noción doctrinaria del “debido proceso”, en base al principio de que el procedimiento está establecido estrictamente en la ley y no puede ser alterado o subvertido por el juez ni las partes, ya que de no acatarse, se subvierte el orden lógico procesal, y, por consiguiente se quebranta la citada noción doctrinaria, así como también el principio del orden consecutivo legal con etapas de preclusión por el cual se rige el proceso civil venezolano. Por ello, se le advierte, sobre la ilegalidad de su actuación al quebrantar normas legales que interesan el orden público y al debido proceso, con la intención de que en sucesivas ocasiones se abstenga de incurrir nuevamente en situaciones como la reseñada en la presente causa, que ocasionan gastos innecesarios a las partes con el consiguiente retardo en la aplicación de una justicia rápida y eficaz que dirima la controversia y ponga fin a los litigios en la forma adecuada, conforme a la ley....”

Por consiguiente, al evidenciarse que en el caso de autos fue subvertido por el Tribunal de la causa el procedimiento por el cual se debió admitir y sustanciar la presente demanda de Rendición de Cuentas, es por lo que este Tribunal Superior, en atención a lo dispuesto en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, está en el deber ineludible de declarar la nulidad de todas las actuaciones realizadas en el presente juicio incluyendo la sentencia recurrida. Y Así se declara.-

Ahora, no obstante a la declaración de nulidad de las actuaciones y de la sentencia en el presente caso, debe este sentenciador advertir al Tribunal A Quo de otras irregularidades acaecidas durante el desarrollo del juicio, tales como:

Al folio 49, se observa Cartel de Citación, mediante el cual se le hace saber a la parte demandada que debe comparecer al tribunal de la causa dentro de los veinte (20) días siguientes a su citación a dar contestación a la demanda; cuando lo correcto es librar cartel de intimación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil.-

Al folio 95, riela diligencia suscrita por el Ciudadano Abogado R.L. quien funge tanto como Secretario Accidental y a su vez como Alguacil Accidental; situación ésta que resulta inconcebible, ya que no está permitido que un funcionario ejerza dos cargos públicos a la vez. Por lo que se le hace la observación al Tribunal de la causa, a los efectos de que no cometa los citados errores en lo sucesivo.-

Ahora bien, a pesar de la declaratoria de nulidad de las actuaciones y de la sentencia en el presente caso, y de las observaciones arriba mencionadas al Tribunal de la causa, este sentenciador de Instancia Superior se encuentra en la obligación legal de revisar las condiciones y requisitos de admisibilidad de la presente demanda, para lo cual pasa a hacerse el siguiente análisis:

Del libelo de la demanda se observa que el Ciudadano H.J.Z., titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.425.588, demanda a titulo particular por rendición de cuentas a la Asociación de Cooperativa Transporte Turístico Ejecutivo Puerta de Sucre R.L.-

En este sentido es preciso señalar que de acuerdo a principios doctrinarios y jurisprudenciales, en cualquier estado y grado de la causa, el Juez puede aun de oficio verificar y pronunciarse con respecto a la cualidad de las partes para ejercer la respectiva acción. Así las cosas, se advierte lo siguiente:

Es necesario destacar el criterio compartido tanto por la Sala de Casación Civil como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recogido en sentencia Nº RC-000258, dictada por la primera de las nombradas en fecha 20 de junio de 2011, Expediente Nº 2010-400, en donde se dispuso:

De allí que, la falta de cualidad o legitimación ad causam (a la causa) es una institución procesal que representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 1930 del 14 de julio de 2003, expediente N° 02-1597, caso: P.M.J.), por estar estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y defensa, materia ésta de orden público que debe ser atendida y subsanada incluso de oficio por los jueces. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 3592 del 6 de diciembre de 2005, expediente N° 04-2584, caso: C.E.T.A. y otros, ratificada en sentencias números 1193 del 22 de julio de 2008, expediente N° 07-0588, caso: R.C.R. y otros y 440 del 28 de abril de 2009, expediente N° 07-1674, caso: A.A.J. y otros)

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En este estado es preciso destacar que en el caso sub judice se esta demandando a una Asociación de Cooperativa, y que las Cooperativas, son asociaciones abiertas y flexibles de hecho y de derecho de la economía social y participativa, de carácter autónomo y que legalmente constituidas adquieren personalidad jurídica.

En este caso es preciso señalar, que es pacífica y reiterada la jurisprudencia de nuestro m.T.d.J. al considerar que la legitimación o cualidad activa para solicitar rendición de cuentas en el caso de sociedades mercantiles corresponde a la asamblea y no a los socios, destacando entre otras las siguientes sentencias, a saber:

Sentencia Nº 00883 de la Sala de Casación Civil de fecha 16 de diciembre de 2008, Expediente Nº AA20-C-2008-000307:

…De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia ut supra transcrita, queda evidenciado que los administradores en las sociedades mercantiles son los obligados a rendir cuentas de su gestión ante la asamblea de socios o accionistas y no ante un socio o accionista en particular, por tanto, la cualidad para demandar la rendición de cuentas o exigir su responsabilidad por las gestiones que hayan sido ejecutadas en perjuicio de la sociedad, corresponden exclusivamente a la asamblea a través de sus comisarios o de personas que nombre especialmente para tales fines y el juicio de rendición de cuentas se llevara a cabo por el procedimiento especial contencioso (de rendición cuentas) previsto en el Código de Procedimiento Civil, previo el cumplimiento de las formalidades que al respecto estipula dicho procedimiento para el ejercicio de tal pretensión.

En consecuencia, la acción de rendición de cuentas ejercida por un socio o accionista contra la compañía con fundamento en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil sería inadmisible, ya que carecería de la cualidad necesaria para la interposición de la demanda

... (Resaltado de este Tribunal Superior)

En este mismo orden de ideas la Sentencia Nº 00151 de la Sala de Casación Civil de fecha 30 de marzo de 2009, Expediente Nº AA20-C-2008-000388, indicó:

…De acuerdo al criterio jurisprudencial antes transcrito y que aquí se reitera, la acción de rendición de cuentas se ejerce en contra de los administradores y su ejercicio corresponde exclusivamente a la asamblea de la sociedad a través del comisario o de personas que nombre especialmente al efecto...

Para quien aquí juzga, dicho criterio se hace extensivo a las asociaciones cooperativas, ya que éstas asociaciones son personas jurídicas al igual que las sociedades mercantiles, la instancia de administración ejerce la administración de la cooperativa por mandato que le otorga la asamblea o reunión general de asociados, al igual que en las sociedades mercantiles la junta directiva actúa por mandato de la asamblea de accionistas y permitir que los asociados vistos individualmente demanden rendición de cuentas a la instancia de administración de la cooperativa, puede derivar en una multiplicidad de procesos con el mismo objeto, en virtud de que cada asociado pudiese intentar su acción individualmente, lo que pudiese generar decisiones contradictorias.

Señala el criterio antes expuesto, que la instancia de administración rinde cuentas al vencimiento de cada ejercicio económico, no a cada socio individualmente, sino a la asamblea o reunión general.

En consecuencia, al constatarse que el demandante en la presente acción ejerce la misma a titulo particular, aun cuando alega que forma parte de la Asociación de Cooperativa demandada, ello no le otorga cualidad para ejercer la misma, y en tal sentido resulta forzoso para quien aquí sentencia, declarar de oficio la falta de cualidad activa del Ciudadano H.J.Z., titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.425.588 para ejercer la presente acción; y por consiguiente la misma debe ser declarada Inadmisible, tal como quedará establecido en la dispositiva del presente fallo. Así se declara.-

DISPOSITIVA

Con sujeción a lo antes expuesto, y en atención a las normativas, doctrinas y jurisprudencias arriba citadas, es por lo que este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA:

CON LUGAR, la apelación interpuesta por el Abogado R.R.R., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 96.655, Apoderado Judicial de la Asociación de Cooperativas Transporte Turístico Ejecutivo Puerta de Sucre R.L. RIF: J-29429196-1, contra la Sentencia definitiva dictada en el presente juicio en fecha 15 de Febrero de 2016, por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bermúdez, Benítez, Libertador, A.M. y A.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.-

NULA, la sentencia recurrida dictada en el presente juicio en fecha 15 de Febrero de 2016, por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bermúdez, Benítez, Libertador, A.M. y A.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, así como nulas todas las actuaciones procesales realizadas en el presente juicio.-

INADMISIBLE, la demanda que por Rendición de Cuentas incoara el Ciudadano H.J.Z., titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.425.588, contra la Asociación de Cooperativas Transporte Turístico Ejecutivo Puerta de Sucre R.L. RIF: J-29429196-1.-

Se condena en costas a la parte demandante de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil.-

Insértese, publíquese, regístrese, edítese en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia y déjese copia certificada en este Juzgado. Remítase el presente expediente al Tribunal de la causa en su oportunidad Legal correspondiente.-

Dada, firmada y sellada en el salón de despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en la ciudad de Carúpano, a los Cinco (5) días del mes de Octubre de Dos Mil Dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-

EL JUEZ,

ABG. O.R. MONASTERIO B.

LA SECRETARIA,

ABG. NORAINMA M.G.

Nota: Se deja constancia que en esta misma fecha Cinco de Octubre de Dos Mil Dieciséis (5-10-2016), siendo las 3:00 p.m., fue Publicada la presente Sentencia cumpliéndose con lo ordenado.- Conste.-

LA SECRETARIA,

ABG. NORAINMA M.G.

EXP. N°. 6246/16.-

ORMB/NMG.-