Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 29 de Junio de 2012 - Jurisprudencia

Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 29 de Junio de 2012

RESUMEN

Se declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado ISMAEL DA COSTA MENDOZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 105.849, actuando en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos HÉCTOR ERNESTO RIVAS ALVAREZ y PATRICIA ELENA SANTELIZ CORDERO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 6.239.497 y 9.9... (ver resumen completo)

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LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA

REGIÓN CAPITAL

Mediante escrito presentado en fecha 14 de julio de 2011, por ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital (Distribuidor de Turno), el abogado ISMAEL DA COSTA MENDOZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 105.849, actuando en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos HÉCTOR ERNESTO RIVAS ALVAREZ y PATRICIA ELENA SANTELIZ CORDERO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 6.239.497 y 9.972.593, respectivamente, propietarios del inmueble identificado como Galpón No. 15, ubicado frente a la Calle Montesano en el Sector Mare, Carretera La Guaira, Parroquia Maiquetía del Estado Vargas, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución No. 00014746 de fecha 04 de mayo de 2011, contenida en el Expediente Administrativo No. 7.915-DV, emanada de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat ahora Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, correspondiéndole por distribución a este Juzgado.

En fecha 1º de agosto de 2011, se admitió el recurso, ordenándose de conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa las notificaciones de los ciudadanos Procuradora General de la Republica, Fiscal General de la República, Consultor Jurídico del ahora Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones y a la Sociedad Mercantil Maderas El Ceibal, C.A., en su condición de arrendatario del Galpón anteriormente identificado; así como la remisión de los antecedentes respectivos por parte de la Dirección General de Inquilinato.

Practicadas las notificaciones ordenadas, este Juzgado mediante auto de fecha 1º de febrero de 2012, fijó la celebración de la audiencia de juicio para el vigésimo (20mo.) día de despacho siguiente a las diez de la mañana (10:00 a.m.), conforme a lo establecido en el artículo 82 ejusdem.

En fecha 21 de marzo de 2012, se levantó acta dejando constancia de la celebración de la audiencia de juicio; compareciendo a dicho acto el abogado ISMAEL DA COSTA MENDOZA, antes identificado, en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, quien consignó escrito de pruebas, así como la abogada AURA JOSEFINA CASTRO CARRASQUEL, en su condición de Fiscal 33º del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en lo Contencioso Administrativo.

En fecha 29 de marzo de 2012, se admitieron las pruebas promovidas por la parte recurrente, fijándose oportunidad para el nombramiento de expertos, a los fines de la evacuación de la prueba de experticia promovida; recayendo dicho nombramiento en los ciudadanos JAIME AYMERICH, ENRIQUE GARCÍA y JAVIER GRECIANO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 5.311.506, 6.038.371 y 2.766.488, respectivamente, quienes aceptaron los cargos y prestaron el juramento de Ley.

Mediante auto de fecha 30 de mayo de 2012, se fijó el lapso de cinco (05) días de despacho, a los fines de que las partes presentaran sus informes por escrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, haciendo uso de este derecho sólo la parte recurrente.

Por auto de fecha 07 de junio de 2012, se estableció el lapso de treinta (30) días de despacho, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 ejusdem, a los fines de dictar sentencia en la presente causa, y estando dentro del referido lapso, el Tribunal observa:

I

FUNDAMENTO DEL RECURSO

Alega la parte actora que el acto administrativo impugnado está viciado de falso supuesto de hecho y de derecho, aduciendo que existe una ausencia total de los supuestos que deben servir de sustento del acto. Asimismo indica que dichos vicios se configuran también al hacer una errada y equivocada apreciación de los hechos y del derecho en que se fundamenta, infringiéndose, en su criterio, los artículos 9, 18 y 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 30 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Señala que, del avalúo se evidencia que no aplicaron en relación con el tipo de inmueble, los métodos para obtener el precio unitario, de acuerdo con el enfoque del método comparativo de precios en el mercado de inmuebles, el valor por metro cuadrado (m2) de construcción, la descripción de materiales de construcción, los factores de correlación, el estudio comparativo de los referenciales, los precios medios en que se hayan enajenado inmuebles de la misma clase durante los últimos dos (2) años, para así poder establecer el precio unitario estimado que realmente se corresponda con el Galpón arrendado.

Alude que, el Informe de avalúo no precisa de manera exacta el tiempo de construcción de la estructura que integra el galpón, tampoco indica las condiciones topográficas y económicas del terreno, ni el valor, tipo y demás elementos que individualizan este tipo de construcción, omitiendo una opinión técnica del valor de ellas, ni se aportan criterios válidos de ingeniería ni económicos para determinar ese valor, el metraje que ocupa así como los valores y factores necesarios y determinantes para la fijación del precio del inmueble, señalando que el citado informe en modo alguno puede ser considerado fidedigno, por carecer de elementos esenciales, que habrían permitido a la administración, sustentar la información y efectuar una justa fijación del valor del inmueble.

Indica que, el acto administrativo impugnado fija un canon de arrendamiento al inmueble sin motivación alguna, sin determinar de donde se concluyen los valores que allí se estipulan, y sin establecer con precisión y claridad cuáles fueron los argumentos de hecho y de derecho aplicados por la administración, excediéndose ésta en su poder discrecional, al no acatar los parámetros dispuestos en la Ley, por ello, dicho acto administrativo está viciando de nulidad por...

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