Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 15 de Mayo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 388837740

Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 15 de Mayo de 2012

Procedimiento:Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial
Ponente:Alejandro José Gómez Mercado
Número de Expediente:06257
Fecha de Resolución:15 de Mayo de 2012
Emisor:Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo.
RESUMEN

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuesta, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano OMAR RAFAEL GRAU LÓPEZ, venezolano, de este domicilio y titular de la cédula de... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

Exp. No. 06257.

Mediante escrito presentado en fecha once (11) de junio del año dos mil nueve (2009) ante el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo (Distribuidor) y recibido por este Juzgado el día diecisiete (17) del mismo mes y año, el ciudadano OMAR RAFAEL GRAU LÓPEZ, venezolano, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 10.633.813, debidamente asistido por el abogado LUIS ABRAHAM RIZEK RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 10.061, interpuso querella funcionarial contra la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

En fecha veintidós (22) de junio del año dos mil nueve (2009), este Juzgado admitió el referido recurso cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil nueve (2009), este Juzgado ordenó emplazar al Contralor Municipal del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda. Asimismo, se le solicitó la remisión de los antecedentes administrativos del caso. Igualmente se ordenó notificar al Sindico Procurador Municipal del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda y al Alcalde del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda.

Cumplidas las fases procesales, y celebrada la audiencia definitiva en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil once (2011), la causa entra en estado de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual será dictada sin narrativa por exigirlo así el artículo 108 eiusdem.

I

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Siendo la oportunidad para dictar sentencia, corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado y a tal efecto observa, que el objeto de la presente querella versa sobre la declaración de nulidad del acto administrativo de retiro contenido en el Oficio Nº CMDC/DRRHH/000363 de fecha 17 de abril de 2009, debidamente notificado el 22 de abril de 2009, como consecuencia del acto administrativo de remoción contenido en la Resolución Nº CM/013/2009 de fecha 12 de marzo de 2009, notificada en fecha 13 de marzo de 2009.

Comienza indicando el querellante, que es funcionario de carrera ocupando el cargo de Analista Programador, siendo dicha condición reconocida por el propio órgano de control del Concejo Municipal del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, al habérsele otorgado el mes de disponibilidad en el tercer considerando de la Resolución recurrida.

Explana el querellante, que ingresó a la Contraloría Municipal de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda en fecha 01 de marzo de 2008, desempeñándose en el cargo de Analista Programador de carrera adscrito a la Gerencia de Tecnología de la Dirección de Administración y Finanzas de la misma Contraloría Municipal hasta el 23 de abril de 2009, fecha en que fue notificado de su retiro definitivo del cargo a partir del 14 de abril de 2009, por haber resultado infructuosas todas las gestiones realizadas tendentes a su reubicación.

Cita el querellante, que en fecha 13 de marzo de 2009, mediante Oficio Nº CMDC/0219 de fecha 12 de marzo de 2009, le fue notificado el contenido de la Resolución de la Contraloría Municipal del Municipio Chacao Nº CM/013/2009 de fecha 12 de marzo de 2009, en la cual se hacia de su conocimiento de la remoción del cargo de Analista Programador, adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas, quedando sujeto a un periodo de disponibilidad, el cual tendrá una duración de un (01) mes contado a partir de su notificación.

Alega el recurrente, el falso supuesto de hecho y de derecho, por cuanto el Contralor Municipal procedió a removerlo y retirarlo del cargo de Analista Programador, ya que supuestamente la naturaleza de las funciones que realizaba en el ejercicio del cargo eran de confianza, siendo las mismas: “Analizar y diseñar sistemas de información, configuración y mantenimiento al servidor de dominio lo cual le permite accesar a información confidencial de los equipos colocados en red, implementar bases de datos, entre otras”, todo de conformidad a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, constituyéndose la denominación de libre nombramiento y remoción, en una afirmación temeraria por cuanto las funciones que cumplía en dicho servicio público las realizaba bajo relación de dependencia y subordinación, no tomando decisiones, no tenía personal bajo su supervisión, las misma eran funciones de dominio público y en definitiva las funciones que desempeñaba no requerían un alto grado de confidencialidad, destacando además que el cargo de Analista Programador no manejaba en ningún caso información confidencial como lo quiere hacer ver y expresa el Contralor Municipal en su Resolución, toda vez que las funciones ejercidas no son de confianza sino que las mismas son técnicas, especificas de la formación del funcionario, atinentes a informática, las cuales al ser adminiculadas a la designación del cargo de “Analista”, obligan a concluir que el cargo desempeñado por su persona, era un cargo de asistencia técnica, cuyas funciones no eran de primordial o decisiva importancia que obliguen a su reserva o determinaran su confidencialidad, no llenando los extremos requeridos en el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; razón por la cual rechaza y niega por ser absolutamente falsa la afirmación hecha por la Administración al señalar que las funciones que realizaba eran de confianza, toda vez que, en el ejercicio de sus funciones no planificaba, no organizaba, no coordinaba, no controlaba y no tomaba decisiones, y la información que manejaba era de carácter pública, igualmente señala que las funciones que ejecutaba las realizaba bajo supervisión y mediante instrucciones generales.

Explana, que el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública requiere que las funciones desempeñadas guarden un alto grado de confiabilidad para que puedan ser tipificadas como de confianza, pero que dichas funciones deben ser comprobadas en cada caso en particular, dado indispensable que los cargos de confianza constituyen una limitación al derecho a la estabilidad, por lo que la Administración debe establecer en forma especifica, clara y precisa todas las funciones que realiza quien detente un cargo de confianza, debiendo además demostrar que efectivamente las funciones ejercidas por el funcionario afectado por la calificación requieren un alto grado de confidencialidad en un determinado Despacho, por lo que a su decir, no basta que la Administración señale de manera genérica que el funcionario ejercía funciones consideradas como de alto grado de confidencialidad, sin establecer en qué consiste tal confidencialidad, puesto que ello determinaría un atropello o menoscabo del derecho a la defensa del funcionario.

Igualmente señala el querellante, que las funciones que desempeñaba en el ejercicio del cargo de Analista Programador se circunscribían al espacio de la denominada Gerencia de Sistemas y Tecnología, área de sistematización adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas de la Contraloría Municipal, oficina técnica que no tiene equivalencia alguna con los Despachos en los cuales se requiere prestar servicios de alto grado de confiabilidad en la Administración Pública Nacional, resultando según sus dichos, absolutamente falso el supuesto de hecho esgrimido por la Administración municipal para proceder a remover y retirar del cargo de Analista Programador que desempeñaba en el citado órgano Contralor, de conformidad a lo señalado en el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, actuando en abierta violación al principio de discrecionalidad y con abuso o exceso de poder, ya que al decir del querellante, es perfectamente claro para la Administración que en el desempeño del cargo jamás realizó funciones que guarden alto grado de confidencialidad, así como que tampoco las funciones que ejercía las desarrollaba en los Despachos situados en los niveles requeridos por la Ley del Estatuto de la Función Pública, violando sus derechos constitucionales establecido en los artículos 2, 3, 7, 25, 87, 89, 93, 144 y 146, en concordancia con el numeral 1º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, relativo a la estabilidad del funcionario público.

Por último, solicita la nulidad del acto administrativo de remoción dictado por el ciudadano Contralor Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda, mediante Resolución Nº CM/013/2009 de fecha 12 de marzo de 2009, el cual le fue notificado en la misma fecha mediante Oficio Nº CMDC/0219, debidamente recibido en fecha 13 de marzo de 2009; así como la nulidad absoluta del acto de retiro del cargo de Analista Programador notificado mediante Oficio Nº CMDC/DRRHH/000363 de fecha 17 de abril de 2009, recibido por su persona en fecha 22 de abril de 2009.

Asimismo, solicita que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos antes identificados, se ordene su reincorporación a un cargo de igual o superior jerarquía y remuneración al de Analista Programador, así como el pago de todas las remuneraciones dejadas de percibir, desde la fecha del ilegal retiro, vale decir, el 13 de abril de 2009 hasta la fecha de su efectiva reincorporación; igualmente solicita el pago de cualquier aumento o incremento en el sueldo derivado de convenios internos o decretos presidenciales que ocurran en el transcurso del proceso, así como otra bonificación o compensación legal o contractual de carácter salarial que debiera...

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