Decisión nº KP02-O-2008-000163 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 24 de Septiembre de 2008
| Fecha de Resolución | 24 de Septiembre de 2008 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Freddy Josue Duque Ramirez |
| Procedimiento | Amparo Cautelar |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Region Centro Occidental
Barquisimeto, veinticuatro de septiembre de dos mil ocho
198º y 149º
ASUNTO: KP02-O-2008-000163
Parte presuntamente agraviada: YONDERSON J.G.M., mayor de edad, venezolano, soltero, titular de la cédula de identidad número V-18.949.777, de este domicilio.
Abogado Asistente de la parte presuntamente agraviada: M.D.P., abogada en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 119.448.
Parte presuntamente agraviante: COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA DEL ESTADO LARA.
MOTIVO: SENTENCIA INTERLOCUTORIA (AMPARO CONSTITUCIONAL)
En fecha 19 de septiembre de 2008 se recibe de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civil del Estado Lara, la demanda interpuesta por el ciudadano YONDERSON J.G.M., asistido por la abogada M.D.P., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 119.448, por recurso de amparo, con fundamento en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, y 103 eiusdem, en contra del COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA DEL ESTADO LARA, representada por el CORONEL O.C., solicitando se ordené a la referida institución la eliminación de historial de antecedentes penales en contra del presunto agraviado, arriba identificado.
Este Tribunal observa:
Aun y cuando la parte presuntamente agraviada señala como fundamente legal de su pretensión el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este tribuna de las revisión exhaustiva del escrito libelar denota que el presente acción reside en un a.H.D., fundamentado jurídicamente en el artículo 28 constitucional.
En concordancia con lo antes expuesto, este tribunal observa que la atribución específica de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer lo relativo a las infracciones del Texto Fundamental, corresponde a ella el conocimiento de las acciones autónomas cuyo objeto sea la protección de los derechos que nacen del artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mientras la norma constitucional que le sirve de fundamento carezca de desarrollo legislativo, ello así lo señalado ut supra, en consecuencia se estableció en decisión Nº 1.050 del 23 de agosto de 2000 (caso: “Ruth Capriles y otros”), en los siguientes términos:
(…) El artículo 28 de la vigente Constitución establece el derecho de las personas a conocer la información que sobre ellas, hayan sido compiladas por otras. Dicha norma reproduce un derecho reconocido en varios países como Suecia, Noruega, Francia y Austria, entre otros. Tanto el Estado, como los particulares, mediante diversas formas de compilación de datos: manuales, computarizados, etc., registran y almacenan datos e informaciones sobre las personas o sobre sus bienes, y en vista que tal recopilación puede afectar la vida privada, la intimidad, el honor, la reputación, la vida económica y otros valores constitucionales de las personas naturales o jurídicas, la Constitución, para controlar tales registros, otorga varios derechos a la ciudadanía que aparecen recogidos en el artículo 28 citado. Estos derechos son:
1) El derecho de conocer sobre la existencia de tales registros.
2) El derecho de acceso individual a la información, la cual puede ser nominativa, o donde la persona queda vinculada a comunidades o a grupos de personas.
3) El derecho de respuesta, lo que permite al individuo controlar la existencia y exactitud de la información recolectada sobre él.
4) El derecho de conocer el uso y finalidad que hace de la información quien la registra.
5) El derecho de actualización, a fin que se corrija lo que resulta inexacto o se transformó por el transcurso del tiempo.
6) El derecho a la rectificación del dato falso o incompleto.
7) El derecho de destrucción de los datos erróneos o que afectan ilegítimamente los derechos de las personas.
Se trata de derechos que giran alrededor de los datos recopilados sobre las personas o sobre sus bienes, por lo que se requiere un interés, personal, legítimo y directo en quien ejerza estos derechos, ya que es la información sobre su persona y bienes el que lo origina. Basta leer el artículo 28 de la vigente Constitución, para que todos estos derechos puedan identificarse. Dicha norma reza:
‘Toda persona tiene derecho de acceder [derecho de acceso] a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes [necesidad de interés personal y directo] consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso [derecho de conocimiento] que se haga de los mismos y su finalidad [derecho de conocer uso y finalidad], y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos [derecho de respuesta, actualización, rectificación y destrucción]. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley’ (Corchetes de la Sala).
Como se evidencia de la lectura de la norma, quien quiere hacer valer estos derechos (que conforman el habeas data), lo hace porque se trata de datos que le son personales, y ello mediante una acción que aun no ha desarrollado la ley, lo que a juicio de esta Sala no impide -que mientras la ley la establezca- se incoe mediante el recurso de amparo constitucional, si es que la infracción de los derechos que otorga el artículo 28 citado, lesionan la situación jurídica de las personas. Quien no alega que el habeas data se solicita para obtener información sobre sus datos registrados, carece de interés legítimo en tal acción, ya que no hace uso del derecho que otorga dicha norma, con los otros derechos que nacen de la misma, los cuales giran alrededor de las informaciones personales
.
En este orden de ideas, en sentencia del 14 de marzo de 2001 (caso: “Insaca”), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó su competencia para conocer de las acciones de habeas data, declarando expresamente el carácter vinculante de dicha interpretación, al disponer:
Ha sido criterio de esta Sala, sostenido en fallos de 20 de enero y 1º de febrero de 2000, que las normas constitucionales tienen vigencia plena y aplicación directa, y que cuando las leyes no han desarrollado su ejercicio y se requiere acudir a los tribunales de justicia, debido a la aplicación directa de dichas normas, es la jurisdicción constitucional, representada por la Sala Constitucional, la que conocerá de las controversias que surjan con motivo de las normas constitucionales aun no desarrolladas legislativamente, hasta que las leyes que regulan la jurisdicción constitucional, decidan lo contrario.
Con esta doctrina la Sala evita la dispersión que ocurre en otros países, donde la acción de habeas data que se incoa autónomamente, ha sido conocida por Tribunales Civiles, o de otra naturaleza, tomando en cuenta la afinidad de la materia que conoce el tribunal con la que se pretende ventilar con el habeas data.
Existiendo en el país una Sala Constitucional, específica para conocer lo relativo a las infracciones de la Carta Fundamental, no parece lógico, ante el silencio de la ley, atribuir el conocimiento de estas causas a tribunales distintos. Tal interpretación es vinculante a partir de esta fecha y así se declara. Ahora bien, en cuanto a los amparos por infracción del artículo 28 constitucional, se aplican las disposiciones y competencias ordinarias en la materia
(Destacado de este Tribunal).
Vistas las consideraciones antes señaladas, este Tribunal Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE para conocer la presente acción y en consecuencia DECLINA LA COMPETENCIA a la SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, con sede en Caracas.
En consecuencia remítase el presente asunto a la referida Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con oficio. Désele salida.
El Juez Titular,
Dr. F.D.R.
La Secretaria,
Abog. S.F.C.
FDR/rm
L.S. El Juez Titular, (fdo) Dr. F.D.R.. La Secretaria, (fdo) Abog. S.F.C.. La suscrita Secretaria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y la expide por mandato judicial, en Barquisimeto a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos mil ocho. Años: 198° y 149°.-
La Secretaria,
Abog. S.F.C.
