Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 7 de Agosto de 2008

En cuanto a la denunciada violación al principio del Juez natural consagrado en el artículo 49, ordinal 4°, de nuestro Texto Fundamental y el vicio de falso supuesto alegados en el escrito recursorio, debe señalarse que conforme al artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el trabajador puede acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción, si considera que el despido fue injustificado, para que el Juez de Juicio lo califique y ordene el reenganche y el pago de los salarios caídos, de ser procedente. De igual forma el ordinal 2º del artículo 29 eiusdem, establece que es competencia de los Tribunales del Trabajo conocer de…“las solicitudes de calificación de despido o reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral”. De allí que, si bien en principio corresponde a los tribunales del trabajo el conocimiento de la acción incoada, debe precisarse que la Ley Orgánica del Trabajo establece situaciones en las cuales es exigida la calificación previa del despido a la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la inamovilidad que podrían disfrutar los trabajadores en un momento determinado.

En efecto, entre los trabajadores que para ser despedidos necesitan de la calificación previa por el ente administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez, b) los trabajadores que gocen de fuero sindical, c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral, y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas o pliegos de peticiones con carácter conciliatorio. Adicionalmente, requieren de la calificación de despido previa ante el respectivo órgano administrativo, los supuestos de inamovilidad laboral decretados por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren.

Respecto a los fundamentos de las antes aludidas denuncias, advierte el Tribunal que al tiempo del despido de los trabajadores estaba vigente el Decreto Presidencial Nº 4.397, de fecha 27 de marzo de 2006, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.410 del 31 de dichos mes y año, que prorrogó desde el 1° de abril hasta el 30 de septiembre ambos del expresado año, la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, conforme se aprecia de su artículo 1°; y si bien, de acuerdo al artículo 4 de ese Decreto, quedan exceptuados de su aplicación…“los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, quienes tengan menos de tres (3) meses al servicio de un patrono, quienes desempeñen cargos de confianza, quienes devenguen para la fecha del presente Decreto un salario básico mensual superior a seiscientos treinta y tres mil seiscientos bolívares (Bs. 633.600,00) y los funcionarios del sector público, quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige…”.; sin embargo, esta no es la situación de autos, pues los ciudadanos B.C.Z., C.R.U., P.L.A., V.C.A., M.E.M., L.M.R., J.G.L., P.E. ROJAS LINARES, F.H. PINTO, YANETZI COLMENARES, L.C.C., R.R. y C.E.G., solicitaron su reenganche y pago de salarios caídos, señalando que se encontraban amparados por la inamovilidad que consagra el artículo 506 de la Ley Orgánica del Trabajo (folios 1 al 4 de la primera pieza del expediente administrativo) y adjunto a su solicitud acompañaron auto de fecha 9 de marzo de 2005, por el cual la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Federal – Municipio Libertador, admitió el Pliego de Peticiones con carácter Conciliatorio presentado el 22 de febrero de ese año por el Sindicato Fuerza de Trabajadores Bolivarianos de la Fundación Caracas, y acordó abrir la etapa de discusiones conciliatorias entre las partes, así como la notificación librada a la hoy recurrente (folios 5 y 6 de la dicha pieza).

Se evidencia igualmente de los folios 259 y 282 al 284 de la segunda pieza del expediente administrativo, auto del 7 de noviembre de 2005, por el cual la Inspectoría del Trabajo ante la solicitud de conversión del pliego de peticiones del Sindicato Fuerza de Trabajadores Bolivarianos de la Fundación Caracas, en conflictivo, determinó que no se cumplieron los requisitos para dar curso al pliego de peticiones con carácter conflictivo, por lo que lo declaró con pretensiones conciliatorias, exhortando en consecuencia…“a las partes a continuar las reuniones fijadas de común acuerdo a los fines de alcanzar un acuerdo unánime aceptado que sea satisfactorio para ambas partes”; y acta de fecha 25 de abril de 2006 levantada con ocasión a la continuación de las conversaciones relacionadas con el pliego de peticiones con carácter conciliatorio, donde se evidencia constancia dejada por el funcionario del Trabajo que presidió el acto, del siguientes tenor:

…“deja constancia de haber oído las exposiciones que anteceden de haber recibido por parte de la representación de la Fundación la documentación antes mencionada constante de Nueve (9) folios útiles y por parte del Sindicato Tres (3) folio útiles, en cuanto a lo alegado y formulado por parte de las representaciones este Despacho se reserva el derecho de proveer lo conducente…”

Ante los relatados hechos que constan en autos, impera precisar previamente que en los procedimientos derivados de la presentación de pliegos de peticiones con carácter conciliatorio, la actuación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, representado en ese caso por el Inspector del Trabajo, se resume en servir de facilitador del proceso de conciliación y de canal oficial para dirigirse entre las partes, sin facultades decisorias, por lo que, una vez agotado el procedimiento de conciliación, si las partes no convinieren en el arbitraje, éste deberá realizar un informe fundado, que contenga la enumeración de las causas del conflicto, un extracto de las deliberaciones y una síntesis de los argumentos expuestos por las partes, y proceder al cierre del pliego presentado.

En efecto, el artículo 476 de la Ley Orgánica del Trabajo, dispone que el pliego de peticiones se debe introducir en la Inspectoría del Trabajo, para que ésta lo presente al patrono. Y por estar contenida esta norma dentro del Capítulo que regula los conflictos colectivos, es claro entonces que la norma es aplicable tanto al pliego de peticiones con carácter conciliatorio, como al presentado con carácter conflictivo. De allí que ante la eventual solicitud de conversión del procedimiento conciliatorio en conflictivo, correspondía entonces a la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital – Municipio Libertador, verificar si tal solicitud cumplía los extremos establecidos en el artículo 198 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del 25 de enero de 1999 (aplicable rationae temporis), según el cual:

Verificación de los requisitos del pliego conflictivo: En el día hábil siguiente a la presentación del pliego conflictivo, sin perjuicio de la obligación de transcribirlo o comunicarlo al empleador por cualquier medio adecuado, el Inspector del Trabajo deberá verificar:

a) El cumplimiento de los requisitos que deben observar las solicitudes presentadas ante los órganos de la administración pública, de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos;

b) Que su objeto atienda a lo dispuesto en los artículos 469 de la Ley Orgánica del Trabajo y 195 del presente Reglamento;

c) La presentación del acta auténtica donde conste la celebración de la Asamblea que acordó la introducción del pliego conflictivo; y

d) Que se hubieren agotado los procedimientos conciliatorios legales o convencionales

Y fue ello lo que en efecto así lo hizo la Inspectora del Trabajo en el Distrito Capital – Municipio Libertador, en su aludido auto del 7 de noviembre de 2005 (folio 259 de la segunda pieza del expediente administrativo), donde al no encontrar cumplidos tales extremos, lo declaró con pretensiones conciliatorias, debiendo en consecuencia las partes continuar con las reuniones a los fines de alcanzar un acuerdo unánime, por lo que erró la representación judicial de la accionante al considerar en su libelo que tal auto constituye el cierre o culminación definitiva del procedimiento de conciliación.

En efecto, una vez agotado el procedimiento de conciliación, si las partes no convinieren en el arbitraje, el Inspector de Trabajo deberá realizar un informe fundado, que contenga la enumeración de las causas del conflicto, un extracto de las deliberaciones y una síntesis de los argumentos expuestos por las partes, y proceder al cierre del pliego presentado, como así lo disponen los artículos 485, 486 y 488 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Artículo 485. La Junta continuará reuniéndose hasta que haya acordado una recomendación unánimemente aprobada, o hasta que haya decidido que la conciliación es imposible. La recomendación de la Junta de Conciliación o, en su defecto, el acta en que se deja constancia de que la conciliación ha sido imposible, pondrá fin a esta etapa del procedimiento.

Artículo 486. La recomendación de la Junta de Conciliación puede tomar la forma de términos específicos de arreglo o la recomendación de que la disputa sea sometida a arbitraje. A falta de otra proposición de arbitraje deberá hacerla el presidente de la Junta de Conciliación.

Artículo 488. Agotado el procedimiento de conciliación, haya o no ocurrido la suspensión de las labores, si las partes no convinieren en el arbitraje, la Junta de Conciliación o su presidente expedirá un informe fundado que contenga la enumeración de las causas del conflicto, un extracto de las deliberaciones y una síntesis de los argumentos expuestos por las partes.

En dicho informe deberá establecerse expresamente alguno de los siguientes hechos:

a) Que el arbitraje insinuado por el presidente de la Junta ha sido rechazado por ambas partes; o

b) Que el arbitraje, aceptado o solicitado por una de las partes, la cual se determinará en el informe, ha sido rechazado por la otra.

A este informe se le dará la mayor publicidad posible

Extremos estos que no se evidencian agotados en el presente expediente, por todo lo cual es indudable por una parte, que no tienen aplicación en el caso sub iudice las disposiciones del artículo 4 del expresado Decreto Presidencial Nº 4.397; y por la otra, que no consta de autos que el procedimiento de conciliación estuviere definitivamente concluido por la Inspectoría del Trabajo, por lo que el fuero invocado por los trabajadores solicitantes conforme al artículo 506 de la Ley Orgánica del Trabajo mantenía su vigencia a la fecha de sus despidos; y siendo que esta norma remite a las reglas de estabilidad laboral que contemplan los artículos 449 y siguientes eiusdem, la competencia corresponde imperativamente a los Inspectores del Trabajo.

En consecuencia, no ha lugar al vicio de incompetencia alegado con fundamento en el ordinal 4° del artículo 49 constitucional ni incurrió el acto administrativo recurrido en el denunciado vicio de falso supuesto. Así se declara.

En cuanto a la denuncia de falta de pronunciamiento por la Administración de la defensa de falta de jurisdicción de la Inspectoría del Trabajo, invocada en la contestación a la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, observa el Tribunal pronunciamiento al respecto en el numeral Sexto de la providencia administrativa recurrida, inserta a los folios 423 al 435 de la tercera pieza del expediente administrativo, donde ratifica la inamovilidad de que gozan los solicitantes en virtud de que el pliego de peticiones con carácter conciliatorio no había sido culminado. Además agrega, que “consta en las testimoniales que ciertamente existe una discusión del mismo, lo que lleva a quien providencia a concluir que los accionantes gozan de la inamovilidad invocada…omissis…la cual tienen hasta que concluyan las discusiones del pliego de peticiones, cabe aclarar, que tal inamovilidad no está ligada a la establecida en el artículo 520 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que mal puede la accionada invocarla y alegar su inexistencia…”.

En consecuencia, se desestima la denuncia en análisis. Así se declara.

En relación al denunciado vicio de incompetencia del Inspector del Trabajo encargado, por estimar que tal cargo no existe en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento ni en el Estatuto interno del Ministerio del Trabajo; que se violó el numeral 7° del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues en el texto de la providencia que no se menciona la cualidad de este funcionario ni su nombramiento, fecha de aceptación del cargo y otros datos de impretermitible importancia para lo menos presumir la legitimidad del acto administrativo; que la recurrente no fue notificada de manera expresa, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de la llegada del funcionario encargado para la resolución del caso; y que el pretendido avocamiento no notificado a las partes y se hizo a los solos fines meramente administrativos del expediente, lo que no implica facultades decisorias, para decidir, observa el Tribunal:

Conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la delegación, sea que se trate de delegación de atribuciones o bien de delegación de firmas, se encuentra sujeta a limitaciones legales y, el acto que la contenga, debe ceñirse a las formalidades previstas fundamentalmente en el artículo 42 eiusdem, según el cual el acto deberá ser motivado, identificar los órganos o entes entre los que se transfiera el ejercicio de la competencia o la gestión administrativa y determinar la fecha de inicio de su vigencia, siendo que en ausencia de esta última precisión se entenderá que surte efectos desde la publicación de dicho acto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en el medio de divulgación oficial del estado, distrito metropolitano o municipio correspondiente, lo que constituye un requisito de impretermitible cumplimiento, puesto que imperativamente lo dispone el primer aparte del artículo 35 del referido instrumento legal.

Al hilo de estas apreciaciones, observa este Juzgador que en el auto del 17 de octubre de 2006 (folio 422 de la tercera pieza del expediente administrativo), el abogado H.O., se avocó al conocimiento de la causa, por haber sido designado Inspector Jefe Encargado de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador Sede Norte, es decir, no hizo mención expresa de que actuaba por delegación,

Ello así, luce necesario resaltar que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, determina que todo acto administrativo deberá contener:

1. Nombre del Ministerio u organismo a que pertenece el órgano que emite el acto.

2. Nombre del órgano que emite el acto.

3. Lugar y fecha donde el acto es dictado.

4. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido.

5. Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes.

6. La decisión respectiva, si fuere el caso.

7. Nombre del funcionario o funcionarios que los suscriben, con indicación de la titularidad con que actúen, e indicación expresa, en caso de actuar por delegación, del número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia.

8. El sello de la oficina.

   En atención a este dispositivo, es criterio del Tribunal que el funcionario cuestionado en manera alguna violó tales disposiciones toda vez que el acto administrativo determina con meridiana claridad el nombre del Ministerio al cual pertenece el órgano que emitió la resolución; el nombre de éste y la expresa mención del funcionario que lo suscribe, con indicación de la titularidad con que actúa, no siendo aplicable al caso sub iudice lo relativo a los requisitos exigidos en caso de actuar por delegación, conforme lo indica el numeral 7, toda vez que en el auto de avocamiento no expresa actuar bajo esta condición, por lo que no estaba obligado a señalar expresamente el número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia.

   Se aprecia asimismo del artículo 26 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.464, de fecha 22 de junio de 2006, la figura del Inspector del Trabajo Jefe, código 84.660, grado 25, lo que evidencia sin lugar a dudas la existencia del cargo del funcionario que suscribió el acto impugnado, lo que determina su competencia para conocer y decidir conforme a los artículos 449 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se declara.

   Por último observa el Tribunal que la circunstancia de que el Inspector del Trabajo no haya notificado su avocamiento, en manera alguna conculca el derecho de defensa de las partes, toda vez que era necesario que existiese alguna causal que ameritara la inhibición del funcionario, conforme a los artículos 36 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y éste no la hubiere declarado antes de dictar la providencia administrativa, lo que sin lugar a dudas determinaría que se le impidió a la recurrente ejercer oportunamente el derecho de recusar, supuesto en el cual se configuraría la violación del enunciado derecho al no haber sido juzgada por un juez independiente e imparcial, como lo garantiza nuestra Carta Fundamental.

   En consecuencia, al no haber en el libelo argumentos que justifiquen que la accionante tenía motivos de recusar al Inspector del Trabajo que emitió y suscribió el acto administrativo recurrido, es evidente que este sentenciador no puede constatar si ciertamente se le impidió, negó o se limitó su derecho a ejercer tal acto, por lo cual juzga el Tribunal que no aparece evidenciado que se haya configurado violación alguna a los derechos garantizados a las partes en todo proceso. Así se declara.

   Determinado entonces la competencia tanto de la Inspectoría del Trabajo, como del Inspector del Trabajo que dictó la providencia administrativa recurrida, pasa el Tribunal a resolver las demás denuncias que conforman el recurso de nulidad en estudio, a cuyo efecto se observa:

   En lo concerniente a la violación del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues a decir de la representación judicial de la recurrente, la solicitud no indica con claridad cuál es la materia objeto de ella e informa sobre un incierto despido masivo que ameritaría seguir el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo, se observa de los folios 1 al 4 de la primera pieza del expediente administrativo, que si bien es cierto que los solicitantes aluden a una (sic.)…“situación de despido masivo que acontece actualmente en la Fundación Caracas…”; también es cierto que fueron claros en cuanto a su petitorio, al expresar en la misma solicitud:

   (sic.)…“Por lo que solicitamos el reenganche y los salarios caídos en virtud de que nos encontramos amparados por el artículo 506 de la Ley Orgánica del Trabajo, que comprende la prohibición del patrono de despido de los trabajadores, cuando el patrono se encuentra en discusión de conflicto colectivo…”

   En consecuencia, estima el Tribunal palmariamente determinado el objeto de la solicitud, lo que hace improcedente la pretendida violación del señalado artículo 49. Así se declara.

   Respecto a las denuncias de vicios de procedimiento, relativas a:

   • Vicios en la notificación de la Fundación Caracas;

   • Falta de fecha en el escrito de promoción de pruebas de la accionada:

   • Que el auto que ordena el cierre y archivo del expediente no está firmado por la Inspectora del Trabajo;

   • Omisión de pronunciamiento respecto al desistimiento de la ciudadana C.E.G.; y

   • Violación del lapso probatorio que contempla el artículo 455 de la Ley Orgánica del Trabajo

   Para decidir advierte el Tribunal que si bien la nulidad procesal se traduce en la falta de adecuación del acto realizado respecto del supuesto normativo que lo contenga; sin embargo, debe precisarse que en los casos de omisión de formalidades procesales hay que atender al principio finalista, toda vez que nuestro Texto Fundamental rechaza la nulidad por la nulidad misma, al establecer la negación de reposiciones inútiles si un acto alcanzó el fin al cual estaba destinado.

   En efecto, dispone el artículo 26, in fine, constitucional:

   …“El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles…”

   De cara a estas apreciaciones estima el Tribunal que ningún perjuicio en su derecho de defensa sufrió la recurrente por los hechos antes enunciados, toda vez que compareció oportunamente, por intermedio de apoderados judiciales, a dar contestación a la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos instaurada en su contra; promovió y evacuó pruebas en el procedimiento y pudo ejercer tempestivamente el recurso contencioso de nulidad.

   El escrito de promoción de pruebas que cursa a los folios 73 al 77 de la primera pieza del expediente administrativo tiene impreso en sello húmedo el sello de la Inspectoría del Trabajo y la fecha…“04 JUL 2006”.

   La circunstancia de haberse proveído en dos (2) autos la admisión de las pruebas promovidas por los solicitantes del reenganche y pago de salarios caídos, no constituye ningún tipo de violación de orden constitucional o legal, toda vez que la Ley en manera alguna prohíbe o limita la cantidad de autos de sustanciación que puedan emitirse en la tramitación de un procedimiento administrativo.

   Por último, en lo referente al desistimiento de la ciudadana C.E.G.d. la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, observa este Juzgador que la Administración hizo pronunciamiento expreso en el auto del 28 de julio de 2006 (folio 384 de la tercera pieza del expediente administrativo); empero, las consecuencias que en orden legal pudiera generar la falta de firma de ese auto por la Inspectora del Trabajo, constituye un error material que a lo sumo resulta sancionable, según su gravedad, conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, siendo de advertir a la parte recurrente, que el desistimiento constituye un acto irrevocable aún cuando no haya sido homologado.

   En consecuencia, se desestiman las denuncias en análisis. Así se declara.

   En relación al vicio denunciado por la recurrente de silencio de las siguientes pruebas:

1. No dio valor probatorio a los recibos de pago salariales.

2. Silenció la prueba del salario de los actores que excede de lo establecido en el Decreto Presidencial Nº 4.446, de fecha 25 de abril de 2006;

3. No dio valor probatorio a la participaciones de despido presentada por ante los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución y a la prueba de informe solicitada a dichos Tribunales…“que permitían demostrar la competencia del órgano jurisdiccional”

4. No le dio valor probatorio a la prueba de informes solicitada al C.N.E., que determinó que el Sindicato SIFTRABOL es una organización ilegal que no aparece en el registro de organizaciones sindicales de ese ente.

5. No le dio valor probatorio a la prueba de informes emanada del sindicato SINBOFUCAR, que indica que Fundacaracas para el 30 de abril de 2006 había depositado un convenio colectivo de trabajo en esa Inspectoría y que por lo tanto no había conflicto alguno.

6. Que la prueba de testigos fue silenciada y distorsionada en cuanto a su contenido, porque todos indicaron que los actores tenían salarios superiores a los previstos en el antes señalado Decreto Presidencial y que en Fundacaracas no existía conflicto colectivo para la época de los despidos.

7. Silenció el auto del 7 de noviembre de 205 inserto al folio 259 del expediente administrativo.

   Concluye su denuncia en que todo...“esto fue silenciado y distorsionado. De la manera más absoluta y con desprecio por el derecho, la Inspectoría del Trabajo, silenció el impacto probatorio de medios legalmente evacuados bajo la equivocada tesis de que nada aporta al proceso, cuando su base probatoria es evidente, siendo medios fundamentales para el esclarecimiento de la verdad”, para decidir, obsérvale Tribunal:

   Como se aprecia de los fundamentos de la denuncia, la representación judicial de la recurrente alega de manera simultánea silencio de pruebas y distorsión de las mismas, situaciones que a juicio de este Sentenciador resultan excluyentes, toda vez que si la Administración silenció las pruebas no pudo jamás distorsionarlas porque para ello era necesario que se pronunciara en el acto recurrido, por lo cual aparece incongruente la denuncia simultanea en análisis. Así se declara.

   No obstante la anterior declaratoria, el Tribunal haciendo suyo el criterio sustentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en aplicación de los artículos 26 y 257 de nuestra Carta Magna,…“según los cuales la obtención de la justicia debe prevalecer sobre los formalismos no esenciales, dicha imperfección no debe constituirse en un impedimento para que se analice el sustrato de la controversia aquí tratada, más cuando, de los propios señalamientos esbozados, surge la clara disconformidad con el acto impugnado” (vid. sent. 06/06/06), de tal modo que pasa el Tribunal a escudriñar el sustrato de la denuncia de silencio de pruebas, y en tal sentido observa:

   Previamente debe resaltarse que la falta de consideración de pruebas o alegatos por parte de la autoridad administrativa violaría, en todo caso, el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuya incidencia en la nulidad del acto no está determinada en la Ley, por lo que dependerá si estos alegatos o pruebas no considerados, son susceptibles de afectar la legalidad del acto en su elemento causal, esto es, en los motivos o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso justifican o dan lugar a la emisión del acto.

   Bajo esta orientación, observa este Juzgador que la resolución recurrida, inserta en copia certificada a los folios 466 al 478 de la primera pieza, analiza las pruebas antes aludidas, y en tal sentido señala:

   …“DOCUMENTALES

   • Marcados de la “A1” a la ¡A24”, originales de los recibos de pago, a los cuales no se le concede valor probatorio, por cuanto los mismos no aportan ningún elemento probatorio al hecho controvertido.

   • Marcado de la “B1” a la “B13”, participaciones de despido por ante los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Quien providencia no le otorga valor probatorio por cuanto los mismos ni aportan ningún elemento probatorio al hecho controvertido.

   PRUEBA DE INFORMES

   En cuanto al informe emanado de la Unidad de recepción y Distribución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, quien providencia no le otorga valor probatorio toda vez que no aporta elemento al hecho controvertido, que en este caso es la inamovilidad de los accionantes.

   En cuanto al informe emanado del C.N.E., quien providencia no le otorga valor probatorio toda vez que si bien es cierto que es demostrativa de que no ha sido registrada la organización sindical (SIFTRABOL), no es menos cierto que consta en la Sala de Sindicato de este ente Administrativo la presentación de los estatutos y actas constitutivas del Sindicato en cuestión.

   En cuanto al informe emanado del SINBOFUCAR, quien providencia no le otorga valor probatorio toda vez, que no aporta elementos al hecho controvertido.

   …(omissis)…

   TESTIMONIALES

   …(omissis)…

   Respecto a las anteriores declaraciones quien providencia le otorga valor probatorio toda vez que aporta elementos al hecho controvertido, en virtud de que las respuestas expresadas por los testigos son congruentes entres si…”

   Ahora bien, la circunstancia de que la Administración haya determinado que las documentales y pruebas de informes no aportan elementos al hecho controvertido, podría configurar una denuncia de naturaleza distinta al silencio de pruebas, esto es, vinculada al elemento causal por falso supuesto, la cual tampoco fundamentó en el libelo.

   Por todo lo expuesto, aparece manifiestamente infundada la denuncia por silencio de pruebas en análisis. Así se declara.

   Por último, en relación al vicio de ausencia de base legal al violar –a decir de la representación judicial de la recurrente- el Decreto Presidencial Nº 4.446 de fecha 25 de abril de 2006, en virtud de que ampara a trabajadores que están fuera del ámbito de validez personal del mencionado instrumento, por lo que, la Inspectora del Trabajo no tenía competencia para sustanciar tal procedimiento, vulnerando igualmente el artículo 13 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para decidir, el Tribunal observa:

   No entiende este Juzgador de qué manera pudo violar la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital – Municipio Libertador el Decreto Presidencial Nº 4.446 de fecha 25 de abril de 2006, toda vez que este instrumento acordó el aumento del salario mínimo en la cantidad de Bs. 465.750,00 mensuales (según el sistema monetario vigente para esa fecha), a partir del 1° de mayo de 2006; y en la cantidad de Bs. 512.325,00 mensuales (de acuerdo al sistema monetario vigente para esa fecha) a partir del 1° de septiembre del mismo año.

   Sin embargo, debe aclararse que tal amento salarial, de acuerdo a los análisis precedentes, resulta inaplicable al caso sub iudice por virtud de la inamovilidad alegada por los solicitantes del reenganche y pago de salarios caídos con fundamento conformidad con el artículo 506 de la Ley Orgánica del Trabajo, caso en el cual no se requiere el análisis del salario devengado por el solicitante para la determinación de la competencia.

   En consecuencia, se desestima la denuncia en análisis. Así se declara.

   Las consideraciones expuestas determinan objetivamente que el presente recurso contencioso de anulación forzosamente debe ser declarado sin lugar. Así se decide.

   - III -

   D E C I S I Ó N

   Por las motivaciones que anteceden, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la FUNDACIÓN CARACAS, (FUNDACARACAS), y, en consecuencia, confirma en todas y cada una de sus partes la providencia administrativa N° 2422-06, dictada en fecha 23 de octubre de 2006 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO FEDERAL (HOY DISTRITO CAPITAL), MUNICIPIO LIBERTADOR, todas identificadas en autos.

   PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Caracas, a los SIETE ( 07 )

   días del mes de agosto de dos mil ocho (2008). Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

   EL JUEZ TEMPORAL,

   MCs. E.J. MOYA MILLÁN

   ABOGADO

   LA SECRETARIA,

   M.G.J.

   En esta misma fecha se publicó y registro la anterior sentencia, siendo las 09:05 a.m.

   LA SECRETARIA,

   EMM/Exp. 5556.