Decisión nº IG012012000629 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Septiembre de 2012

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RESUMEN

Esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARÍA AUXILIADORA MADRÍZ LOVERA, en su condición de Defensora Pública Séptima Penal del ciudadano: FRANCISCO ANTONIO SALAS, contra el auto dictado... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón

Santa Ana de Coro, 11 de Septiembre de 2012

202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2008-001709

ASUNTO : IP01-R-2012-000169

JUEZA PONENTE: GLENDA ZULAY OVIEDO RANGEL

PENADO: FRANCISCO ANTONIO SALAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.646.233, recluido actualmente en la Comunidad Penitenciaria de Coro.

DEFENSORA: ABOGADA MARÍA AUXILIADORA MADRÍZ LOVERA, Defensora Pública Séptima Penal del Sistema Autónomo de Defensa Pública.

MINISTERIO PÚBLICO: ABOGADA MARÍA DE LOURDES URBINA ACOSTA, Fiscal Décima Séptima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, con competencia en Protección de Derechos Fundamentales.

Ingresaron a esta Corte de Apelaciones las presentes actuaciones, procedentes del Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, con sede en la ciudad de Coro, por virtud del recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARÍA AUXILIADORA MADRÍZ LOVERA, en su condición de Defensora Pública Séptima Penal del ciudadano: FRANCISCO ANTONIO SALAS, contra el auto dictado en fecha 19 de julio de 2012 por el referido Juzgado, mediante el cual negó la fórmula alternativa de cumplimiento de pena de Régimen Abierto al mencionado ciudadano, con ocasión de la pena que cumple por la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la modalidad de Ocultamiento, tipificado en el artículo 31 de la derogada Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente para la fecha de la comisión de los hechos.

El cuaderno separado contentivo del recurso se recibió en esta Corte en fecha 05 de Septiembre de 2012, dándose cuenta en Sala y designándose Ponente a la Jueza quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

En fecha 06 de septiembre de 2012 el recurso de apelación fue declarado admitido y de conformidad con lo previsto en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal se ordenó requerir al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución la remisión a esta Sala del asunto penal principal N° IP01-P-2008-001709, el cual se recibió el día 10/09/2012, motivo por el cual, estando en la oportunidad de resolver el fondo de la pretensión aducida, procede esta Alzada a hacerlo en los términos siguientes:

ALEGATOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN

Manifestó la Defensora Pública Penal en fase de ejecución que interponía el recurso de apelación contra la decisión dictada el 19/07/2012 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, en la que se hace constar que su representado fue condenado por la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, tipificado en el artículo 31 de la derogada Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, negándole la fórmula alternativa de cumplimiento de pena referida al Régimen Abierto, a pesar de que había transcurrido el tiempo necesario de reclusión para optar a ese beneficio.

Denunció la infracción de los Artículos 19 (principio de Progresividad) y 24 (PRO-REO) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los Artículos 1, 8, 9, 1 9, 243, 246, 247 y disposiciones transitorias (extraactividad), Parágrafo Tercero del Código Orgánico Procesal Penal y la misma se sustenta en apoyo a los siguientes hechos:

Que en fecha 08 de Agosto del presente año, fue notificada mediante Boleta respectiva de la resolución sobre la Negativa de la formula del cumplimiento de pena referente al: RÉGIMEN ABIERTO; así como de Libertad condicional y suspensión condicional de la ejecución de la pena, las cuales fueron NEGADAS, en cuanto a que, por decisión del Máximo Tribunal, en Sala Constitucional, máximo intérprete de de la Carta Magna, ha señalado en reiteradas jurisprudencias, la restricción de manera vinculante para los demás tribunales de jerarquía inferior, el otorgamiento “de beneficios por cumplimiento de pena” en los delitos relacionados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por haber interpretado que los mismos son de lesa humanidad (criterio reiterado y pacífico, que ha sido reflejado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 875, del 26 de Junio del año 2012, con ponencia de la magistrada LUISA ESTELA MORALES, quien sostuvo. “La negativa a la aplicabilidad, para el otorgamiento de los beneficios en cuanto a las Formulas Alternativas del cumplimiento de la Pena previstos en el Capitulo tercero, Libro Quinto referente a la ejecución de sentencia ni la suspensión condicional de la del cumplimiento de la Pena establecido en el articulo 60 de la Ley orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas referente a suspensión condicional del cumplimiento de la pena, los delitos contra la salud física y moral del colectivo como los consagrados en la supra mencionada ley en todas modalidades, a partir de la presente fecha en adelante.”

Alegó, que si bien es cierto que el artículo 29 Constitucional establece que dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía no es menos cierto que las Alternativas del cumplimiento de pena así como el Destacamento de Trabajo, Régimen Abierto, libertad Condicional y Confinamiento, no son beneficios alternativos para el cumplimiento de pena, por cuanto estos solo se podrán otorgar una vez que el penado o penada haya cumplido con el tiempo de pena establecido por la normativa jurídica para tal efecto y no para los fines de garantizar las resultas del proceso, hasta la sentencia definitivamente firme, a los fines de imponer una sanción y no puedan sustraerse del otorgamiento del mismo y que conlleve a la impunidad, siendo a ello que se refiere el artículo 29 de la Constitución Bolivariana de la Republica de Venezuela, por lo que se pregunta qué impunidad pudiera originar el hecho de que se imponga una sanción y el tribunal competente en funciones de ejecución establezca las formulas alternativas para su cumplimiento, en cuanto a no otorgarlos en la fase de ejecución; se refiere al INDULTO Y LA AMNISTIA, beneficios estos que hacen cesar la pena y sus efectos, conlleva a la IMPUNIDAD, no así las FORMULAS ALTERNATIVAS de PRE-Libertad de cumplimiento de pena (Suspensión Condicional de la Ejecución de la pena, así como el Destacamento de Trabajo, Libertad Condicional y confinamiento) no siendo estos beneficios procesales, sino alternativas de PRE-libertad de cumplimiento de pena, que se refiere a que nada tiene que ver con la sanción, ni la forma de su cumplimiento.

Expresó, que el artículo 272 Constitucional establece que: “… En todo caso, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena no privativa de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria…”, disposición que se refiere a la progresividad de los derechos humanos penitenciarios, que aun cuando los delitos de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas son delitos de lesa humanidad, no es menos cierto que los mismos en su límite máximo tendrían que exceder de la pena de ocho años, lo que se evidencia del presente caso, por cuanto la pena impuesta es de 8 años, en base a lo establecido en el articulo 31 tercer aparte de la Ley especial derogada, por lo que no entraría dentro del supuesto del Trafico, ni por ende de Lesa Humanidad, lo que, técnica y jurídicamente haría posible el otorgamiento de dichas alternativas para garantizar la respectiva progresividad, por lo tanto, debió ser otorgada.

Manifestó, que la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sus decisiones vinculantes para todos los tribunales de la Republica, se refiere a las conductas en sus decisiones de hechos que no se encuentren reguladas en la Ley, (Lagunas, normas en blanco, choque de normas, etc.), sin embargo por EXTRAACTIVIDAD DE LA LEY PENAL la entrada en vigencia de la Ley contra el Trafico Ilícito de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, en su articulo 177, donde establece los requisitos para la SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA exigirá, además de los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, el cumplimiento de los siguientes: 1. Que el penado no incurra en otro delito; 2. Que no sea reincidente; 3. Que no sea extranjero ni extranjera; 4. Que el hecho punible cometido merezca pena privativa de libertad que no exceda de seis años en su límite máximo; destacando la parte apelante que, sin menoscabo de lo dicho, el artículo 24 de la Carta Magna consagra el principio de la irretroactividad de la ley, excepto cuando imponga menor pena y que las leyes de procedimiento se aplicarán aún para los procesos que se hallaren en curso desde el mismo momento de entrar en vigencia, pero en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea…”.

Argumentó, que siendo que los recaudos que exige la normativa jurídica fueron consignados por ese despacho defensoril en fecha 31 de Octubre de 2011, según consta en folios 63 al 65, riela la primera evaluación Psicosocial favorable de su defendido para optar a la fórmula alternativa del cumplimiento de pena del régimen abierto, pero sin verificación de los recaudos (Carta de trabajo y residencia), según riela a los folios 67 al 70 consignadas por la Defensa, posteriormente por ante el predicho Despacho Judicial riela segunda evaluación psicosocial de su defendido y la clasificación penal en fechas 30/05/2012 (folios 180 al 183), al folio 85 al 91 las verificaciones...

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