Decisión nº 068-2014 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 5 de Marzo de 2014

Fecha de Resolución 5 de Marzo de 2014
EmisorTribunal Superior Contencioso Tributario
PonenteIliana Contreras Jaimes
ProcedimientoRecurso Contencioso Tributario

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EL JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

DE LA REGIÓN ZULIANA

Exp. Nro. 888-08

Suspensión de Efectos

Mediante escrito presentado el 11 de marzo de 2008 por el abogado N.B., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 115.374, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de FORAMER DE VENEZUELA, S.A., SUCURSAL DE FORAMER, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 5 de enero de 1995, bajo el Nro. 29, Tomo 7-A-Pro, interpusieron Recurso Contencioso Tributario en contra de la Resolución identificada con letras y números AMB-RRJ-2007-001 del 18 de diciembre de 2007 que declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico, en consecuencia ratificó el Acta de Reparo Fiscal en todos y cada uno de sus elementos y eximió de responsabilidad penal tributaria por error de derecho excusable de la multa por contravención, emanada del Alcalde del Municipio Baralt del Estado Zulia.

En fecha 27 de octubre de 2008 se libraron los oficios de notificación dirigidos al Alcalde, Síndico Procurador, Contralor e Intendente Tributario del Municipio Baralt del Estado Zulia, respectivamente y; el 29 de octubre de 2008, se agregaron las resultas de las notificaciones libradas Alcalde, Síndico Procurador, Contralor e Intendente Tributario del Municipio Baralt del Estado Zulia, respectivamente.

En fecha 7 de noviembre de 2008 se dejo sin efecto la notificación practicada dirigida al Intendente Municipal Tributario del Municipio Baralt y se ordeno librar nuevo oficio de notificación al Intendente Municipal del Servicio Autónomo Bolivariano de Administración Tributaria (SABAT) del Municipio Baralt del Estado Zulia y; el 9 de marzo de 2009, se agrego la resulta de la notificación del Intendente Municipal del Servicio Autónomo Bolivariano de Administración Tributaria (SABAT) del Municipio Baralt del Estado Zulia.

En fecha 30 de abril de 2009 mediante Resolución Nro. 089-2009 se admitió el presente recurso contencioso tributario.

En fecha 18 de mayo de 2009 los abogados H.R.-Muci, M.D.M.C., J.D.L.M., M.C.F.M., G.B. y M.V.O., inscritos en el inpreabogado bajo el Nro 25.739, 41.760, 84.968, 105.164, 83.317 y 131.140 respectivamente consignaron escrito de pruebas

En fecha 1 de junio de 2009 mediante Resolución 131-2009 este tribunal Admitió las pruebas promovidas en fecha 18 de mayo de 2009 y en fecha 16 de junio de 2009 se libro oficio de notificación dirigido al Alcalde del Municipio Baralt del Estado Zulia.

En fecha 30 de julio de 2009 el abogado G.B., anteriormente identificado consigno escrito de informe

El 3 de agosto el Alguacil de ese Tribunal consigno la notificación del Alcalde del Municipio Baralt del Estado Zulia debidamente practicada

En fecha 2 de octubre de 2009 el abogado G.B., anteriormente identificado solicito dos (2) copias certificadas de documento poder que acredita su representación

En fecha 3 de marzo de 2011 el abogado J.L.M. otorgo poder apud acta a los ciudadanos C.E. WEFFE HERNANDEZ, J.D.P., P.A. VASQUEZ Y BURT STEED HEVIA O. inscritos en el inpreabogado bajo el Nro. 70.442, 117.237, 137.692 y 119.225

En fecha 9 de diciembre de 2013 la Dra. I.C.J., en su carácter de Jueza Temporal de este despacho judicial, se abocó al conocimiento del recurso contencioso tributario bajo análisis y se libraron oficios al Alcalde y Síndico Procurador del Municipio Baralt del Estado Zulia y boleta de notificación a la contribuyente.

En fecha 16 de enero de 2014 el Alguacil de este Tribunal consigno la notificación del Alcalde y el Síndico Procurador del Municipio Baralt y la contribuyente debidamente practicadas.

En dicho escrito recursivo, la expresada sociedad mercantil solicita la nulidad del acto administrativo anteriormente identificado y, además la suspensión de los efectos de dicho acto administrativo.

Ahora bien, habiéndose sustanciado la causa principal, el Tribunal observa que está pendiente el pronunciamiento sobre la expresada suspensión de efectos, por lo cual procede a efectuar el estudio cautelar de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

Del escrito recursivo y de la Resolución impugnada se observa que en fecha 26 de julio del año 2007, la contribuyente fue notificada del Acta de Reparo No. SABAT-ARF-2007-024, mediante la cual se autorizó al Licenciado LUIS GERARDO PEROZO VILLANUEVA, para llevar a cabo una fiscalización en materia de impuesto a las Actividades Económicas de Industria y Comercio, Servicios o de Índole Similar.

En fecha 06 de septiembre de 2007, la contribuyente “PRIDE FORAMER S.A.”, interpuso formal escrito de descargo.

En fecha 14 de septiembre de 2007, la contribuyente fue notificada de la Resolución No. SABAT-RCSA-2007-001, de fecha 12 de septiembre de 2007, emanada del Servicio Autónomo Bolivariano de Administración Tributaria del Municipio Baralt del Estado Zulia, mediante la cual confirmó en todos y cada uno de los elementos que la integran la Acta de Reparo No. SABAT-ARF-2007-024.

El 11 de octubre de 2007, la contribuyente interpuso formal escrito jerárquico; siendo en fecha 28 de enero de 2008, cuando la recurrente es notificada de la Resolución AMB-RRJ-2007-001 de fecha 18 de diciembre de 2007, mediante la cual se confirmó en todas las partes la Acta de Reparo anteriormente identificada.

Finalmente en fecha 11 de marzo de 2008, la contribuyente interpuso formal Recurso Contencioso Tributario en contra de la Resolución No. AMB-RRJ-2007-001 de fecha 18 de diciembre de 2007.

Recibido el recurso, practicadas las notificaciones respectivas y, vencido el lapso tipificado en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, para considerarse consumada la notificación del Síndico Procurador Municipal, así como el lapso previsto en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario, para hacer oposición a la admisión del recurso; sin que haya habido oposición al mismo, resuelve este Tribunal conforme lo siguiente:

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La medida de suspensión de los efectos del acto administrativo, al igual que cualquiera otra medida de esa naturaleza, contra actos de efectos particulares de la Administración Tributaria, sean estos sancionatorios o no, en cuanto a su procedencia o improcedencia, debe obedecer al criterio valorativo que haga el Juez de la existencia de los requisitos necesarios y exigibles que determinen o no acordar la medida, y no al hecho de si el acto contra el cual se pida la medida es un acto sancionatorio, negativo o positivo, por cuanto la protección jurisdiccional consagrada en el artículo 259 y la Tutela Judicial Efectiva señalada en el artículo 26, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no hace esa clase de distinción. La protección Jurisdiccional procede contra cualquier acto administrativo que sea impugnable, lo cual no impide que mientras dure el proceso para la declaratoria de la nulidad del acto por la contrariedad con el derecho, si así fuere el caso, pueda, sin embargo, acordarse una medida cautelar que suspenda los efectos del acto; y asimismo la reconocida naturaleza cautelar de la medida de suspensión de efectos del acto, ejercida dentro del p.d.R.C.T., la hace partícipe de las características comunes a las medidas provisionales que tienden a evitar un daño a una de las partes del proceso.

  1. Requisitos de procedencia:

    El Artículo 263 del Código Orgánico Tributario, prevé:

    La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado, sin embargo a instancia de parte el Tribunal podrá suspender los efectos del acto recurrido, en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamenta en la apariencia de buen derecho

    .

    Como se observa, la regla general en cuanto a la suspensión del los efectos de los actos en materia tributaria es la no suspensión de los mismos, más sin embargo el Tribunal tiene por excepción la facultad de dictar la suspensión total o parcial de los efectos del acto bajo pronunciamiento y en atención a la tutela judicial efectiva prevista como garantía constitucional, pero dicha facultad esta regulada por la misma norma de la que se extrae: “en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado”, o “si la impugnación se fundamenta en la apariencia de buen derecho”. Estos requisitos de ley transcritos ut-supra han sido objeto de múltiples estudios y análisis, así lo establece la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 00023 del 10 de enero de 2008, caso: CSR COMPUTACIÓN, C.A.,, S.A., ratifica su criterio contenido en los casos: Servicios Especiales San Antonio S.A. (sentencia No. 01677 del 6-10-2004), Deportes El Márquez (sentencia Nro 607 del 03-06-2004); M.B.d.V. (sentencia No. 737 del 30-06-2004), Agencias Generales Conaven (sentencia Nro. 1023 del 11-08-2004), 04255 del 16 de junio de 2005, Fuller Mantenimiento, C.A.; 00185 del 01 de febrero de 2006, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y 01244 del 12 de julio de 2007, Caso: Comercial Autocentro, C.A., entre otros, manifestando:

    …el citado texto normativo que consagra la procedencia de la suspensión del acto administrativo tributario, consta de dos enunciados: a) que la ejecución del acto pudiera causar graves perjuicios al interesado; b) que la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho.

    En tal sentido, debe a.s.l.‘.a. la que hace referencia la norma es disyuntiva por interpretación literal o gramatical, para entender que los requisitos de procedencia de la medida cautelar no son concurrentes, o si, por el contrario, la ‘o’ debe ser objeto de una interpretación más amplia de una mera comprensión gramatical.

    …(omissis)…

    Así, tomando en consideración dicha circunstancia, la sola apariencia del buen derecho no es suficiente para suspender el acto administrativo tributario; sino que además la ejecución del acto administrativo debe causar perjuicios al interesado, peligro éste calificado por el legislador como grave. La apariencia del derecho y el peligro inminente de daño grave en los derechos e intereses del interesado sería lo que, en todo caso, justificaría la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario.

    En cuanto a la posibilidad de acordar la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario con la sola verificación del periculum in damni, considera la Sala que tampoco puede aisladamente solicitarse y decretarse, en razón de que carece de sentido que un contribuyente que no tenga la apariencia o credibilidad de la existencia de un buen derecho, pueda alegar que se le está causando un daño grave.

    Entonces, al haber quedado evidenciado que ambos enunciados constitutivos del texto legal, a saber, periculum in damni y fumus boni iuris, no se dan en forma completa al analizarse por separado, conforme a lo explicado debe concluirse que ambos forman parte de una unidad, por lo cual no puede hablarse, en este caso, de disyunción en la proposición normativa sino de conjunción, ya que dichos enunciados o las partes que la conforman para ser válidos, esto es, verificarse en la realidad, deben verse en forma conjunta, y no sosteniendo que indistintamente la existencia de que cada uno, por separado, es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal.

    …(omissis)… para que el juez contencioso tributario pueda decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo, deben siempre satisfacerse, de forma concurrente, los dos requisitos antes señalados, vale decir, periculum in damni y fumus boni iuris; ello con la finalidad de llevar al convencimiento del juzgador la necesidad de que la medida deba decretarse, para garantizar y prevenir el eventual daño grave, el cual pudiera causarse con la ejecución inmediata del acto administrativo tributario…

    . (Destacado de la Sala).

    Lo antes señalado establece entre otras cosas que los requisitos de procedibilidad a los cuales hace alusión el articulo 263 del Código Orgánico Tributario de 2001, deben ser interpretados en forma sistemática y no literal, trayendo esto como consecuencia que los Administradores de Justicia deben examinar ambos requisitos, obligando al administrado a comprobar fehacientemente al Juzgado Competente la existencia de los requisitos fumus boni iuris, así como también el periculum in damni.

    En consecuencia, es necesario constatar si los alegatos y pruebas de la recurrente, cumplen conjuntamente ambos requisitos.

  2. Planteamientos de la recurrente:

    La recurrente funda su recurso en la existencia del fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) por el falso supuesto de derecho respecto a los ejercicios investigados en la Resolución SABAT-RCSA-20074-001 debido a la necesidad de la existencia de un establecimiento permanente o lugar fijo de negocio y no la mera utilización de un puerto de embarque por parte de su representada en la jurisdicción del mencionado Municipio, y para lo cual no se pueden pretender aplicar en formar retroactiva la existencia de un puerto de embarque utilizado por la contribuyente conforme al criterio de atribución territorial de ingresos contenidos en la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, la cual no se encontrada vigente durante los ejercicios reparados.

    También fundamente su solicitud en la práctica del falso supuesto de hecho respecto a la determinación efectuada por la Administración Tributaria del Municipio Baralt debido a la toma de consideración de los ingresos brutos atribuidos a otra jurisdicción municipal que por ende escapan de la competente impositiva del mencionado Municipio

    Señala igualmente en cuanto a la presunción grave y elocuente (periculum in damni) que de ejecutarse el acto administrativo, su representada se vería obligada a pagar tal cantidad, por lo cual podría representar un pago de lo indebido.

    Por todo lo antes expresado, su representada solicitó la suspensión de los efectos del acto impugnado, con fundamento al antes mencionado Articulo 263 del Código Orgánico Tributario.

  3. Ahora bien, para decidir sobre la cautelar solicitada el Tribunal observa:

    Es deber de las partes impulsar todo proceso desde su inicio hasta su propia culminación. En razón de ello, encontramos que el artículo 265 del Código Orgánico Tributario establece:

    La instancia se extinguirá por el transcurso de (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa no producirá la perención

    Disposición que concuerda con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:

    Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…

    En sentencia Nº 00696 de fecha catorce (14) de julio del año dos mil diez (2010), la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado en cuanto a la institución de la perención lo siguiente:

    En orden a lo anterior, debe esta Alzada realizar algunas consideraciones respecto a la institución de la perención de la instancia, la cual constituye un medio de terminación procesal que opera por la inactividad de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por más de un (1) año.

    Dicho modo de terminación procesal no es más que una sanción, que tiene por objeto evitar que los procesos en que existe falta de instancia o interés de las partes se prolonguen indefinidamente.

    A tal efecto, se observa que la figura de la perención se encuentra prevista en las normas dispuestas en los artículos 267 del Código de Procedimiento Civil y 265 del vigente Código Orgánico Tributario, en los términos que a continuación se transcriben:

    (…)

    En atención a los dispositivos antes transcritos, esta Sala considera que para que opere la perención en el ámbito tributario, es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos, a saber: 1) la paralización de la causa por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento, transcurrido el cual el tribunal podrá sin más trámites declarar consumada la perención, sea de oficio o a solicitud de parte interesada; 2) la falta de realización de actos de procedimiento por las partes, pues el único límite impuesto por la norma en referencia, es que se haya dicho ‘vistos’, en cuyo caso no existirá inactividad

    .

    Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa N° 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. Conduven).

    Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos debe ser entendida como aquélla en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras).

    En este sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la aplicabilidad de la perención a incidencias cautelares como lo es la de la suspensión de efectos del acto recurrido, en sentencia No. 00871 de fecha 31 de mayo de 2007, caso: LABORATORIOS SUBSTANTIA, C.A., señaló:

    A mayor abundamiento, debe esta Sala precisar que si bien en la presente causa se encontraba pendiente un pronunciamiento respecto de la suspensión de efectos, este Alto Tribunal ha señalado que cuando se trate de cualquier otro pronunciamiento que no sea la sentencia de mérito, no existe impedimento para decretar la perención. Así, la Sala Constitucional en decisión N° 853 del 5 de mayo de 2006, estableció:

    ´El decreto de la perención, por el transcurso de más de un año sin actividad de las partes, ha sido considerado por esta Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia Nº 956/01 del 1 de junio, se dejó sentado lo siguiente:

    ‘...También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención…’.

    Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.

    Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al de mérito.

    En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia N° 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señaló:

    De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia’. (…).

    En el caso en el que se dictó la sentencia citada, se encontraba la causa al igual que en el presente, a la espera de un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, en particular de la Sala Político Administrativa, pero en ambos se trataba de una decisión interlocutoria.

    En ese orden de ideas se indicó en la sentencia citada:

    ‘…que el acto judicial objeto del presente recurso de revisión, es la decisión del 30 de enero de 2003, dictada por la Sala Político-Administrativa, en el proceso correspondiente al recurso de nulidad interpuesto por el hoy solicitante, contra la resolución número DGAC-002 dictada por la Contraloría General de la República, en el cual la parte recurrente apeló, el 18 de abril de 1996, del auto que declaró inadmisible la prueba de testimonial promovida, se ordenó pasar el expediente al ponente a los fines de decidir la incidencia, posteriormente, el 2 de julio de 1997, la parte actora solicitó pronunciamiento sobre la referida apelación. En ese estado la causa principal se paralizó por un período superior a un año, por lo que, la representación de la Contraloría General de la República solicitó se decretara la perención, el 21 de julio de 1998.

    De lo anterior se desprende que en la referida causa no se había dicho ‘vistos’ y estaba pendiente una decisión interlocutoria con relación a la mencionada apelación, razón por la cual no puede pretenderse la aplicación del criterio vinculante establecido por esta Sala con relación a la institución de la perención, que según lo expuesto, conduce a la anulación de las sentencias posteriores al 1 de junio de 2001 que declaren la perención en causas paralizadas por más de un año después de ‘vistos’.

    Siendo así, estima la Sala que, en el caso planteado, la parte actora debió impulsar el procedimiento y ante su falta de actividad operó la perención de la instancia prevista en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo declaró la Sala Político- Administrativa a través de su decisión del 30 de enero de 2003, objeto del presente recurso de revisión

    . (Subrayado y Resaltado de esta Sala).

    En razón del criterio precedentemente expuesto, y atendiendo a lo determinado por la Sala Constitucional en la decisión parcialmente transcrita, debe esta Sala declarar que en el caso de autos ha operado de pleno derecho la perención de la instancia. Así se declara.

    En este sentido, de actas se observa que en el presente caso, desde que los apoderados judiciales de la parte recurrente FORAMER DE VENEZUELA, S.A., presentó conjuntamente con la interposición del Recurso Contencioso Tributario, la solicitud de suspensión de efectos del acto recurrido (11 de marzo de 2008), hasta el día de hoy (5/3/2013), ha transcurrido más de cinco años y once meses sin que la parte recurrente haya efectuado gestión alguna para la prosecución de la medida cautelar respectiva; por lo cual se hace evidente la pérdida del interés en sostener dicha solicitud por lo cual es procedente la figura de la perención. En razón de lo cual, este Tribunal declara la perención de la medida cautelar solicitada en fecha 11 de marzo de 2008 por la representación judicial de la contribuyente, conforme a lo previsto en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario. Así se resuelve.

    DISPOSITIVO

    Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de ley, en el presente Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil FORAMER DE VENEZUELA, S.A., SUCURSAL DE FORAMER, inscrita en el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 5 de enero de 1995, bajo el Nro. 29, Tomo 7-A-Pro, en contra de la Resolución identificada con letras y números AMB-RRJ-2007-001 del 18 de diciembre de 2007, declara:

  4. - Consumada la perención y, en consecuencia; extinguida la instancia en la incidencia de solicitud de medida de suspensión de efectos del acto administrativo, interpuesta por la sociedad mercantil FORAMER DE VENEZUELA, S.A., SUCURSAL DE FORAMER,

  5. - No hay condenatoria en costas, de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

    Publíquese. Regístrese. Notifíquese. Déjese copia. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, en Maracaibo a los cinco (5) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014). Año: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

    La Jueza Temporal,

    Dra. I.C.J..

    La Secretaria,

    Abog. Yusmila R.R..

    En la misma fecha se dictó y publicó este fallo interlocutorio, se registró bajo el Nro ___________- 2014. Así mismo, en la misma fecha se libró oficio bajo el Nro. _________- 2014 dirigido al Síndico Procurador del Municipio Baralt del Estado Zulia y boleta de notificación dirigida a la contribuyente.

    La Secretaria,

    ICJ/lb

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