Decisión nº 1A-a-9040-12 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 19 de Julio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 393568558

Decisión nº 1A-a-9040-12 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 19 de Julio de 2012

Procedimiento:Sin Lugar El Recurso De Apelación
Ponente:Ruben Dario Morante Hernandez
Número de Expediente:1A-a-9040-12
Fecha de Resolución:19 de Julio de 2012
Emisor:Corte de Apelaciones
RESUMEN

...por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho: CARMEN DEISY CASTRO, en su carácter de Defensora Pública del ciudadano GUILLERMO RAFAEL MADRID SALAS, contra la decisión dictada en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012), por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial... (ver resumen completo)

EXTRACTO GRATUITO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

SALA 1 DE LA CORTE DE APELACIONES

SEDE LOS TEQUES

Los Teques,

202° y 153°

JUEZ PONENTE: DR. RUBÉN DARÍO MORANTE HERNÁNDEZ

CAUSA Nº: 1A-a 9040-12

IMPUTADO (S): GUILLERMO RAFAEL MADRID SALAS

FISCAL: TERCERO (3°) DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

DELITO: HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA.

DEFENSA PÚBLICA: ABG. CARMEN DEISY CASTRO

PROCEDENCIA: TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, SEDE LOS TEQUES.

MATERIA: PENAL

MOTIVO: APELACIÓN DE AUTO

Corresponde a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, conocer acerca del recurso de apelación interpuesto por la Profesional del Derecho CARMEN DEISY CASTRO, en su carácter de Defensora Pública del ciudadano GUILLERMO RAFAEL MADRID SALAS , contra la decisión dictada en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012), por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, SEDE EN LOS TEQUES, mediante la cual negó la solicitud de decaimiento de la medida cautelar privativa de libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.

Este Tribunal de Alzada, para decidir previamente observa:

En fecha dos (02) de mayo de dos mil doce (2012), se le dio entrada a la causa signada con el Nº 1A-a 9040-12 y se designó Ponente a quien con tal carácter suscribe el presente fallo DR. RUBÉN DARÍO MORANTE HERNÁNDEZ.

Admitido como ha sido el presente recurso, conforme a lo previsto en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, encontrándose esta Corte de Apelaciones, en la oportunidad para decidir, lo hace en los siguientes términos.

PRIMERO

DE LA DECISIÓN RECURRIDA

En fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012), el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal estado Bolivariano de Miranda, sede Los Teques, dictó decisión, en virtud de la solicitud presentada por la Abg. CARMEN DEISY CASTRO, Defensora Pública del acusado: GUILLERMO RAFAEL MADRID SALAS; mediante la cual solicitó el decaimiento de la medida cautelar privativa de libertad, que pesa sobre su defendido; emitiendo el siguiente pronunciamiento:

“… Revisadas como han sido la totalidad de las actuaciones que conforman la presente causa, se constata que si bien es cierto que el prenombrado ciudadano ha permanecido hasta el día de hoy, con la imposición de la medida de coerción personal de privación judicial preventiva de libertad, durante el transcurso de DOS (02) AÑOS, CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, sin que hasta el día de hoy se haya logrado realizar el juicio oral y público en la causa que se le sigue, tal y como lo ha manifestado la defensa en su escrito de solicitud; no menos cierto es que a los fines de emitir un pronunciamiento ajustado a derecho es necesario analizar principalmente lo relacionado con los motivos que han originado el retardo procesal en la presente causa, donde existe un total de treinta (30) diferimientos de los actos a partir de la fijación del acto de la audiencia preliminar, pautado a lo largo del proceso, de los cuales en su mayoría son atribuibles a la falta de traslado de los acusados entre ellos el acusado GUILLERMO RAFAEL MADRID SALAS, para la realización de los actos fijados, otros en menor proporción atribuibles a la Defensa Privada de la víctima, y en la fase de juicio la falta de comparecencia de los ciudadanos seleccionados para constituir el Tribunal Mixta.

Al respecto, es necesario invocar el contenido de la normativa Constitucional y Procesal que contempla lo relacionado con el punto en análisis, así como el criterio reiterado y sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia, a saber:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el derecho inviolable de la libertad personal, instituyendo así mismo, el principio de la afirmación de libertad, desarrollado en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, a través del cual queda establecido como regla general el juzgamiento en libertad y solo por vía de excepción la aplicación de las restricción de la libertad, orientados al logro de las finalidades del proceso, es decir, asegurar sus resultas y la consecuente preservación del orden y paz social, debiendo, por tanto adoptarse las medidas cautelares para que las finalidades del proceso sean cumplidas, en interés de la víctima y de la pretensión punitiva del Estado, constituyendo tales mecanismos un límite a los derechos del procesado con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y el normal desarrollo de éste, en forma tal que no se frustren sus resultados y las expectativas que la comunidad tiene en relación al sistema de Justicia; con el entendido que ello bajo ningún concepto debe sindicar el sacrificio de los derechos fundamentales del imputado y/o acusado en concordancia con el Principio de Presunción de Inocencia, establecido en el artículo 49 numeral 2 del Texto Fundamental y el artículo 8 del instrumento adjetivo penal patrio, que lo ampara mientras no sea desvirtuado a través de una sentencia condenatoria firme; la cual hasta la presente fecha no se ha logrado en el caso que nos ocupa.

(...)

Ahora bien, examinando la necesidad del mantenimiento de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, impuesta en contra del ciudadano GUILLERMO RAFAEL MADRID SALAS (…) a tenor de lo establecido en el artículo 264, en concordancia con lo previsto en el artículo 244, ambos del texto adjetivo penal, en virtud de la solicitud interpuesta por la defensa del referido acusado; lo cual constituye un derecho incuestionable del mismo; observamos en principio que nos mantenemos en presencia de la comisión de un hecho punible de grave entidad, que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA tipificado en el articulo 406 numeral 1° (sic) en relación con el artículo 424 del Código Penal; el cual establece una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS, por lo que, si el artículo in comento alegado por la defensa pública del acusado en la solicitud objeto de análisis, establece la proporcionalidad señalando el tiempo de dos (02) años, como termino para que una persona se encuentre sometido a coerción personal, si no ha habido solicitud de prórroga por parte del representante fiscal; y conforme a criterios referidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, (Sentencia del 12 de septiembre de 2001 (caso. Rita Alcira Coy y otros), sin que haya habido tácticas dilatorias de parte del acusado y la defensa; se debe determinar las circunstancias en particular de cada caso en concreto; ya que si bien es cierto que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en reiteradas decisiones, que transcurrido el tiempo previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, decae cualquier medida de coerción personal; no es menos cierto que la misma Sala ha establecido que deben tomarse en cuenta otras circunstancias; a fin de imponer unas medidas menos gravosas y evitar impunidad (…) la defensa no ha tomado en consideración la circunstancias que motivaron la imposición de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, fundamentando la solicitud en elementos que no desvirtúan las circunstancias que dieron lugar a la decisión del Juzgado en Funciones de Control, mediante la cual acordó la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad; por lo que estima esta Juzgadora que el presente caos estamos en presencia de uno de los supuestos de excepción autorizados por el legislador para la procedencia de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad; estando esta medida dentro de los parámetros de proporcionalidad, por cuanto no han variado las circunstancias que ameritaron la misma y además siguen existiendo los mismos fundados elementos de convicción para estimar que el referido ciudadano, ha sido autor o participe en la comisión del hecho delictivo por el cual el Ministerio Público presento (sic) formal acusación; de igual forma, si bien el acusado de marras se ha mantenido preventivamente detenido durante un tiempo superior a lo señalado expresamente por el Legislador adjetivo Penal, en el primer aparte del mencionado artículo 244, el cual contempla como máximo de tiempo dos (02) años, a los fines de mantener una medida de coerción personal; no es menos cierto que ese tiempo transcurrido hasta el día de hoy, ONCE (11) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS, corresponde a un retardo procesal imputable a factores externos, ajenos a este Tribunal.

(…)

Cabe destacar que es innegable que el ciudadano NELSON ENRIQUE MORENO QUINTANA (sic) se encuentra actualmente en calidad de procesado por la comisión del delito de grave entidad, toda vez que no se ha logrado realizar el juicio oral y público en la causa que se le sigue, menos aun se ha logrado la imposición de una sentencia firme; ello en virtud del innegable retardo procesal que embarga la presente causa, el cual parcialmente es atribuible a factores externos, ajenos a este Tribunal, como lo es la ausencia del acusado, por falta de traslado por parte del Internado Judicial de Los Teques, pues ello impide inevitablemente la consecución de las audiencias pautadas, como ha ocurrido en el caso en concreto de la causa en análisis. Aunado al hecho cierto que actualmente existe una solicitud de PRORROGA presentada por el ciudadano Fiscal del Ministerio...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS