Decisión nº 119 de Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de Zulia, de 18 de Septiembre de 2013

La Representación Judicial de la parte demandada, en la audiencia de apelación, oral y pública celebrada, manifestó los motivos sobre los cuales no está conforme con la sentencia dictada en primera instancia, aduciendo que erró la recurrida al condenarla en costas procesales, al pago de los cesta ticket y a las indemnizaciones contenidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha, por cuanto no existió despido injustificado.

En tal sentido, con respecto a la condenatoria en costas procesales, esta Alzada considera conveniente traer a colación la doctrina jurisprudencial pacífica y reiterada que ha dejado sentada la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aduciendo que: “…se destaca el hecho que el demandado, Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que goza de los privilegios y prerrogativas que al Fisco Nacional acuerdan las leyes (ver art. 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública)”.

Al respecto, la Sala Político Administrativa de nuestro m.T., en sentencia Nº 138 del 19 de febrero de 2004 (caso: Fisco Nacional contra Fundación Servicio para el Agricultor FUSAGRI), estableció:

…Resulta necesario señalar, que el Legislador al conceder expresamente un privilegio o una prerrogativa procesal tal como la señalada anteriormente, a un ente político territorial o a un determinado órgano de la Administración Pública, sea ésta central o descentralizada, o de la Administración Contralora, no lo hace por mero capricho o porque la jerarquía del órgano o ente así lo requiera, sino que tales privilegios procesales son otorgados por la ley en atención a los intereses tutelados por el ordenamiento jurídico que se dilucidan dentro de la controversia procesal, tal como es el caso de los intereses patrimoniales del Estado que se ven debatidos en los juicios contencioso-tributarios. En este específico y especial proceso jurisdiccional, está controvertido el derecho del Estado de exigir de los contribuyentes -cuando se ha verificado un hecho imponible tipificado legalmente- una suma de dinero a objeto de que la misma ingrese al T.N. y, posteriormente, sea utilizada en la prestación de servicios públicos. En síntesis, la tutela de los derechos fiscales es, al mismo tiempo, el resguardo de los intereses del colectivo o de la ciudadanía, quien es la prestataria de los servicios públicos prestados por la Administración Pública

.

Del extracto jurisprudencial transcrito se desprende que los privilegios procesales son de estricto orden público, toda vez que tienen que estar plenamente establecidos en la ley, cuyo propósito consiste en proteger los intereses patrimoniales del Estado. En cuanto el alcance de los privilegios procesales, la Ley Orgánica de Administración Pública, en sus artículos 95 y 97 establece:

Artículo 95: “Los institutos autónomos son personas jurídicas de derecho público de naturaleza fundacional, creadas por ley nacional, estadal u ordenanza conforme a las disposiciones de esta Ley, dotadas de patrimonio propio e independiente de las República, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios, según el caso, con las competencias o actividades determinadas en la ley que los cree”.

Artículo 97: “Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios”.

Del articulado transcrito, se desprende que los institutos autónomos son personas de derecho público, creadas por Ley, los cuales gozarán de los privilegios y prerrogativas procesales de la República.

Así las cosas, se advierte que el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), de conformidad con el artículo 1 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), tiene el carácter de instituto autónomo, por lo que en aplicación de los artículos 95 y 97 de la Ley de Administración Pública, goza de los privilegios procesales de la República. Así pues, respecto a la condenatoria en costas de la República, el artículo 76 del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, aplicable por remisión de las normas transcritas, señala: “Artículo 76. La República no puede ser condenada en costas, aún cuando sean declaradas sin lugar las sentencias apeladas, se nieguen los recursos interpuestos, se dejen perecer o se desista de ellas.”.

Por su parte el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece: “(…) En aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales deben observar los privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales”. Por tanto, al existir expresa previsión legal respecto a la aplicación de los privilegios y prerrogativas de la República a determinado ente público, lo cual conteste con lo previsto en le ley adjetiva laboral, es de obligatorio cumplimiento en la jurisdicción del trabajo, conduce a concluir esta Alzada, que EL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION SOCIALISTA (INCE), no debe ser condenada en costas procesales. ASI SE DECIDE.

En el caso sub examine, observa la Alzada, que efectivamente como lo señala la parte demandada recurrente la sentencia en su parte dispositiva dispuso: “(…) Se condena en costas del recurso a la demandada, en virtud de haber sido vencida totalmente.”

En consecuencia, por cuanto se evidencia que EL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION SOCIALISTA (INCE), goza por Ley, de las mismas prerrogativas y privilegios que la República, ésta no debió ser condenada en costas. QUE QUEDE ASÍ ENTENDIDO.

Como segundo punto de apelación adujo la parte demandada que erró la recurrida al vulnerar lo establecido en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley Programa de Alimentación, de cuyo contenido se infiere que al momento de otorgar los cesta ticket, debe hacerse tomando en consideración lo pactado por las partes, es decir, el número de horas efectivamente laboradas, pues de las actas procesales quedó demostrado que el actor laboró 5 horas diarias, y el cálculo se efectuó por toda la jornada laboral, es decir, por 8 horas, contrariando así lo dispuesto por la norma pertinente.

Al respecto, se debe indicar que la parte demandada admite que se le adeuda este beneficio por lo que, una vez terminada la relación laboral, y dado el incumplimiento del patrono en cuanto a proveer este beneficio, la obligación contenida en dicha Ley especial se transforma en una obligación de dar, de otorgarle al trabajador el monto del dinero respectivo, equivalente a la provisión total o parcial de alimentos que no recibió durante cada jornada trabajada, mientras duró la relación de trabajo, y es por ello que se condena a la empresa demandada al pago en efectivo de lo que corresponda al trabajador por concepto del referido beneficio. Aunado a ello, de las documentales aportadas al proceso por la parte demandada insertas desde el folio (116) al (132) ambos inclusive, debidamente reconocidas por la parte actora, se pudo constatar que efectivamente el ciudadano M.P., laboró 5 horas diarias evidenciándose el valor hora y duración de cada curso, por lo que se deben aplicar íntegramente las disposiciones contenidas en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores:

Artículo 17. Trabajadores y trabajadoras que laboren jornadas inferiores al límite diario

Los trabajadores y trabajadoras que tengan pactada una jornada inferior a la esta establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en La Ley Orgánica del Trabajo, tienen derecho a percibir el beneficio de los días en que laboren tales jornadas, en las condiciones siguientes:

1. Cuando el beneficio sea otorgado a estos trabajadores a través de tickets, cupones o tarjetas electrónicas de alimentación, conforme a los numerales 3 y 4 del artículo 4 de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, podrá ser prorrateado por el numero efectivo de horas laboradas y se considerara satisfecha la obligación por el empleador o empleadora, cuando de cumplimiento a la alícuota respectiva. En este caso, si el trabajador labora para varios empleadores o empleadoras, éstos podrán convenir entre sí que el otorgamiento del beneficio sea realizado en forma íntegra por uno de ello, quedando de esta forma satisfecha la obligación respecto a los otros empleadores…”.

Artículo 18. Trabajadores y trabajadoras con autorización para laborar jornadas superiores al límite diario

Cuando por razones excepcionales o conforme a las autorizaciones previamente otorgadas al respectivo empleador o empleadora por la autoridad competente, el trabajador o trabajadora labore superando los límites de la jornada diaria de trabajo previstos en el artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el exceso por tal jornada dará derecho a percibir el beneficio correspondiente conforme al artículo anterior…”

En consecuencia esta Alzada ordena el cálculo prorrateado del beneficio de cesta ticket en base a la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se de cumplimiento, que dividido entre 8 horas se obtiene el valor de la unidad por hora a 0,25 cuyo resultado se multiplicará por las 5 horas laboradas, y luego por 439 días laborados conforme las planillas de asistencia; se tiene que lo procedente es el prorrateo de las horas inferiores a las 8 horas diarias que prevé el artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a las que se aplica el beneficio prorrateado. ASÍ SE ESTABLECE.

Para mayor abundamiento, conforme a lo pautado en el Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, específicamente el artículo 36, previsto en el TÍTULO V, denominado “DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR O EMPLEADORA” señala: “Artículo 36. Cumplimiento retroactivo, consagra: “Si durante la relación de trabajo el empleador o empleadora no hubiere cumplido con el beneficio de alimentación, estará obligado a otorgarlo retroactivamente al trabajador o trabajadora desde el momento en que haya nacido la obligación a través de la entrega de cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación, independientemente de la modalidad elegida. En caso de terminación de la relación de trabajo por cualquier causa, sin que el empleador o empleadora haya cumplido con el beneficio de alimentación, deberá pagarle al trabajador o trabajadora, a título indemnizatorio lo que le adeude por este concepto en dinero efectivo. En ambos casos el cumplimiento retroactivo será con base en el valor de la unidad tributaria vigente al momento en que se verifique el cumplimiento”. (Fin de la cita. Resaltado propio de ésta alzada). ASI SE DECIDE.

Como tercer punto de apelación indicó la parte demandada que quedó establecido que el trabajador laboró por cursos por tiempo determinado, que él mismo en el libelo de demanda, así lo estableció, pero que fue despedido por cuanto se le dijo que no le iban a dar más cursos en ninguna parte, pero no especificó quién lo despidió ni lo probó con las pruebas evacuadas, pero que sin embargo se le otorgó la indemnización por despido.

Esta Alzada observa que los cursos dictados por el ciudadano M.P., fueron impartidos desde el año 1997 tal y como consta en las documentales agregadas a las actas procesales lo que hace presumir que existe una continuidad laboral; por lo que esta Juzgadora verificará si reúnen los requisitos consagrados en los artículos 74 y 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, para considerarse por tiempo determinado, tal y como lo alegó la reclamada.

Así pues, de las actas del proceso, específicamente de las documentales se evidencia que el actor laboró dictando cursos en las siguientes fechas: 15-06-09 al 13-07-09, del 15-07-09 al 13-08-09, del 17-08-09 al 11-09-09, del 16-09-09 al 14-10-09; igualmente verificando en las actas las constancias de trabajo de fechas anteriores al período reclamado bajo las misma condiciones y modalidades. Del contenido de estas constancias, se observa, que existió continuidad en la relación laboral, ya que lo único que se modificó fue la duración del curso y la denominación, no compartiendo esta Juzgadora los alegatos formulados por la parte demandada, por lo que se concluye que el actor celebró un contrato por tiempo determinado que fue prorrogado automáticamente y de manera voluntaria por parte del Instituto demandado, convirtiéndose en una relación laboral por tiempo indeterminado, violando así los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo; considerando esta sentenciadora, que ha quedado demostrada la verdadera naturaleza del servicio prestado por el demandante en virtud que sus labores consistían en FACILITADOR Y NO COMO PRETENDIO ALEGAR EN LA AUDIENCIA DE APELACION QUE FUE UN TRABAJADOR POR TIEMPO DETERMINADO, TODA VEZ QUE TRAJO A LAS ACTAS PROCESALES LAS CONSTANCIAS DE TRABAJO POR CADA CURSO IMPARTIDO Y QUE AMBAS PARTES FUERON CONTESTES AL INDICAR EL CARGO DESEMPEÑADO POR EL ACTOR; por lo tanto, se concluye que el ciudadano M.E.P.C. PRESTÓ SUS SERVICIOS DE MANERA DIRECTA, SUBORDINADA HASTA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2011, FECHA CIERTA ALEGADA POR LA PARTE ACTORA EN SU LIBELO, PARA EL INSTITUTO NACONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES). ASI SE DECIDE.

En base a las anteriores consideraciones, resulta necesario traer a colación lo establecido por la doctrina y jurisprudencia patrias con relación a este tipo de contratos de trabajo celebrados a tiempo determinado, toda vez que se ha dejado sentado que el contrato de trabajo es una convención por la cual una persona pone su actividad profesional a disposición de otra, de modo que trabaje bajo la dirección de ésta y para su provecho, mediante una remuneración denominada salario, tal y como lo sostiene (Planiol y Riperrt). Igualmente el Profesor Mario l. Deveali lo conceptúa como “aquél en virtud del cual una persona se obliga a ejecutar personalmente una obra, o a prestar un servicio por cuenta de otra, mediante una remuneración”. Es un contrato que por sus características persigue la integración de la persona que trabaja en el cuerpo social de la comunidad y de la empresa para alcanzar con ello una relación armónica en el sistema de producción, fundamentalmente entre sus componentes esenciales, es decir, el capital y el recurso humano, y en este sentido, el ordenamiento jurídico impone a cada parte del contrato de trabajo, obligaciones y derechos. Para el patrono, el poder de dirección es una condición esencial en la ejecución del contrato de trabajo, de allí la subordinación, carácter que se manifiesta a través del sometimiento del trabajador a las órdenes e instrucciones del empleador en la prestación; al decir del profesor R.A.G., en el contrato de trabajo se coarta la libertad personal del obligado para elegir a voluntad las condiciones en que las obligaciones que dimanan del contrato han de ser cumplidas. Así las cosas, si durante la ejecución de un contrato de trabajo el patrono da una orden e instrucción, ésta debe ser cumplida por el obligado, salvo que sea manifiestamente improcedente o ponga en peligro al propio trabajador, circunstancia que deberá ser alegada y probada por el trabajador para eximirse de la obligación de acatamiento que le impone el contrato de trabajo; esta conclusión está recogida en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para el momento. Si por el contrario, no se dan las circunstancias referidas, y no se cumple con la instrucción dada, el trabajador está incurriendo en una causal justificada de despido; por lo que, en argumento en contrario, en el presente caso no se dan los supuestos bajo los cuales es procedente el contrato de trabajo celebrado entre las partes, por tiempo determinado, y cuya duración quedó demostrada que fue desde el 15 de JUNIO de 2009 hasta el 30 de mayo de 2011.

En el presente caso, y tal y como se dejó sentado ut supra, dadas las deficiencias encontradas en el debate probatorio que denominó la parte demandada “por tiempo determinado”, se concluye que la intención de las partes fue obligarse laboralmente en forma indefinida, no logrando demostrar la parte demandada que haya cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo para celebrar un contrato por tiempo determinado. ASÍ SE DECIDE.

En tal sentido, y a los fines de ahondar un poco más sobre la naturaleza jurídica de los contratos por tiempo determinado, tenemos que el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para el momento, consagra: “El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido, y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga…”. Este artículo fija las reglas aplicables a los contratos de trabajo por tiempo determinado, en cuanto al momento de su terminación, la posibilidad de prórroga y los efectos de la celebración de un nuevo contrato en el curso del mes siguiente. El artículo 26 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo complementa el contenido de este artículo, al establecer cuáles son las razones especiales que justifican más de una prórroga en los contratos de trabajo por tiempo determinado, sin alterar su condición. Los contratos de trabajo por tiempo determinado han de celebrarse por escrito, lo cual facilita la prueba que la intención de las partes ha sido la de vincularse por tiempo determinado. Se pone de relieve el carácter excepcional de los contratos de trabajo por tiempo determinado, así como la intención de favorecer la contratación por tiempo indefinido, ya que al limitarse la posibilidad de prórroga y la celebración de nuevos contratos entre las mismas partes, si se incumplen las previsiones establecidas en la norma, el contrato se considerará por tiempo indeterminado. Por su parte, el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para el momento, estipula: “… El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado únicamente en los siguientes casos: a) Cuando lo exija la naturaleza del servicio; b) Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un trabajador; y c) en el caso previsto en el artículo 78 de esta Ley. Regula esta norma, en forma taxativa, los tres (3) supuestos bajo los cuales autoriza el legislador la celebración de contratos de trabajo por tiempo determinado. Tales supuestos justifican la duración limitada del vínculo y son de carácter excepcional, pues la regla general es la contratación por tiempo indefinido. Autoriza la Ley la celebración de un contrato de un contrato por tiempo determinado cuando: 1.- Lo exija la naturaleza del servicio. Es importante destacar que la naturaleza del servicio se puede determinar por su objeto, finalidad o algún elemento característico del contrato. Como ejemplo de este supuesto, podemos mencionar la contratación de encuestadores para una campaña publicitaria con duración predeterminada, la contratación de trabajadores adicionales por incremento temporal en la producción, o bien la contratación de personal adicional en determinada temporada con ocasión del aumento en la demanda en ciertas épocas del año.

En el caso de autos, tal y como antes se dijo, según las características del cargo desempeñado por el actor, jamás pueden subsumirse las labores prestadas en el instituto demandado dentro del referido artículo 77 ejusdem, razón por la que se reitera, la intención de las partes contratantes en el presente procedimiento, fue la de obligarse en forma indefinida. ASÍ SE DECIDE.

Ha de resaltarse que la parte actora en la Audiencia de Apelación, se conformó con la condena del Tribunal aquo, no apelando de ningún concepto, es decir, que dichas partes no atacaron el resto de las cantidades condenadas por el Tribunal de Primera Instancia, por lo que esos conceptos condenados y no recurridos han quedado definitivamente firmes y con efectos de cosa juzgada, razón por la que, esta Sentenciadora los ratificará en su contenido, analizando sólo los motivos de la presente apelación, en v.d.P. de la Reformatio in Peius, que implica estudiar en qué extensión y profundidad puede el Juez Superior conocer de la causa, es decir, determinar cuáles son los poderes respecto al juicio en estado de apelación. Al respecto, sostiene el maestro CALAMANDREI, en su obra Estudios sobre el P.C., traducción de S.S.M.: “El Juez de apelación está obligado a examinar la controversia sólo en los límites en que en primer grado el apelante ha sido vencido y en que, es posible en segundo grado, eliminar tal vencimiento; porque si él se determinare a reformar in peius la primera sentencia, esto es, a agravar el vencimiento del apelante, convirtiéndolo en vencido, allí donde en primer grado era vencedor, vendrá con esto a examinar una parte de la controversia, en relación a la cual faltando al apelante la cualidad de vencido, o sea, la legitimación para obrar, la apelación no habrá tenido ni podrá tener efecto devolutivo”.

Este Tribunal de alzada acoge y protege los principios que rigen en el sistema de doble grado de jurisdicción como lo es el principio dispositivo y el principio de la personalidad del recurso de apelación, en virtud de los cuales los Jueces Superiores están limitados a conocer sólo de las cuestiones presentadas para su consideración por las partes mediante apelación (nemo iudex sine actore) y en la medida del agravio sufrido en la sentencia de primer grado (tantum devollutum quantum apellatum). ASÍ SE DECIDE.

En consideración a lo previamente trascrito y aplicando los principios antes referidos, esta Alzada, pasa a verificar los conceptos que por prestaciones sociales corresponden al actor. Así tenemos:

- TRABAJADOR DEMANDANTE: M.E.P.C..

- FECHA DE INGRESO: 15/06/2009.

- FECHA DE EGRESO: 30/05/2011.

- MOTIVO DE LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL: DESPIDO INJUSTIFICADO.

- SALARIO MENSUAL: Bs. 1.260.

1. - PRESTACION DE ANTIGÜEDAD: Conforme lo dispone el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, resulta:

   Período Salario

   Mensual Salario

   Diario Alícuota

   de Utilidades Alícuota

   de

   Bono Vacacional Salario

   Integral Antigüedad Acumulado

   Jun-09 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 0 0

   Jul-09 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 0 0

   Ago-09 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 0 0

   Sep-09 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 5 222,83

   Oct-09 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 5 222,83

   Nov-09 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 5 222,83

   Dic-09 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 5 222,83

   Ene-10 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 5 222,83

   Feb-10 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 5 222,83

   Mar-10 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 5 222,83

   Abr-10 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 5 222,83

   May-10 1260,00 42,00 1,75 0,82 44,57 5 222,83

   Jun-10 1260,00 42,00 1,75 0,93 44,68 5 223,42

   Jul-10 1260,00 42,00 1,75 0,93 44,68 5 223,42

   Ago-10 1260,00 42,00 1,75 0,93 44,68 5 223,42

   Sep-10 1260,00 42,00 1,75 0,93 44,68 5 223,42

   Oct-10 1260,00 42,00 1,75 0,93 44,68 5 223,42

   Nov-10 1260,00 42,00 1,75 0,93 44,68 5 223,42

   Dic-10 1260,00 42,00 1,75 0,93 44,68 5 223,42

   Ene-11 1260,00 42,00 1,75 0,93 44,68 5 223,42

   Feb-11 1260,00 42,00 1,75 0,93 44,68 5 223,42

   Mar-11 1260,00 42,00 1,75 0,93 44,68 5 223,42

   Abr-11 1260,00 42,00 1,75 0,93 44,68 5 223,42

   May-11 1407,00 46,90 1,95 1,04 49,90 5 249,48

   Total: 4712,57

2. - VACACIONES VENCIDAS Y VACACIONES FRACCIONADAS:

   Vacaciones vencidas y bono vacacional vencido, del período del 15-06-2009 al 15-06-2010, le corresponden 15 días de vacaciones y 07 días de bono vacacional vencido, es decir, 22 días que multiplicado por el último salario normal devengado de Bs. 46,90., hace la cantidad de Bs. 1.031,oo. ASÍ SE DECIDE.

   VACACIONES FRACCIONADAS Y BONO VACACIONAL FRACCIONADO, le corresponde al actor el período del 16-06-2010 al 30-05-2011, la fracción de 8 (16 * 6 / 12 = 8) por vacaciones, y por bono vacacional la fracción de 4 (8 * 6 / 12 = 4), es decir, 12 días que multiplicado por el último salario normal devengado de Bs. 46,90., hace la cantidad de Bs. 562,8. ASÍ SE DECIDE.

3. - BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FRACCIONADA DEL PERIODO 15-06-2009 al 31-12-2009, le corresponde la fracción de 7,5 días (15 * 6 / 12 = 7,5) que multiplicado por el último salario normal devengado de Bs. 46,90 hace la cantidad de Bs. 351,75. ASÍ SE DECIDE.

   BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO VENCIDA, le corresponde al actor por el período del 01-01-2010 al 31-12-2010, la cantidad de 15 días que multiplicados por el último salario normal devengado de Bs. 46,90 hace la cantidad de Bs. 703,5. ASÍ SE DECIDE.

   BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FRACCIONADA DEL PERIODO 01-01-2011 AL 30-05-2011, le corresponde la fracción de 6,25 días (15 * 5 / 12 = 6,25) que multiplicado por el último salario normal devengado de Bs. 46,90 hace la cantidad de Bs. 293,16. ASÍ SE DECIDE.

4. - BONO DE ALIMENTACIÓN NO CANCELADO, Le corresponde al actor los siguientes períodos del 15/06/2009 al 13/11/2009, del 01/02/2010 al 28/10/2010 y del 09/12/2010 al 30/05/2011, los cuales equivalen a 439 días, en base a los días laborados prorrateadas es decir las 5 horas diarias que multiplicados por el 0,25% de la Unidad Tributaria vigente para la fecha en que se de cumplimiento al pago, con los parámetros indicados ( UT / 8 HORAS * 0.25 *5*439 DIAS). A tales efectos, el cálculo del referido concepto corresponderá realizarlo al Juez de Ejecución correspondiente. ASÍ SE DECIDE.

5. - DIFERENCIA DE SALARIO MAL CANCELADO: Le corresponde al actor por el período del 01/05/2011 hasta el 30/05/2011, la diferencia entre Bs. 1260, oo y 1407,oo siendo esta última la que debió ser cancelada al actor por ajuste de salario mínimo según el Ejecutivo Nacional, por lo que resulta en la cantidad de Bs. 147,oo. ASÍ SE DECIDE.

6. - CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO, le corresponde por el período de 1 año y 6 meses que laboró para la patronal, la cantidad de 30 días de salario que multiplicados por el último salario integral de Bs. 49,90 hace la cantidad de Bs. 1.497,oo. ASÍ SE DECIDE.

   En definitiva, por todos y cada uno de los conceptos procedentes, se condena a la parte demandada INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION SOCIALISTA (INCES), a pagar al ciudadano M.P., la cantidad de Bs. 9.298,78, más el monto que resulte del concepto que por beneficio de alimentación se condenó, por lo que la presente demanda ha prosperado parcialmente en derecho. ASÍ SE DECIDE.

   Se ordena la experticia complementaria del pago, para calcular los intereses de prestaciones sociales.

   De conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena el pago del interés de mora de la cantidad condenada a pagar por concepto de prestación de antigüedad, contada desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta la sentencia definitivamente firme; cuyo cálculo se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicándose las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para el cálculos de los intereses de mora. Dichos intereses no serán objeto de capitalización, ni indexación. ASI SE DECIDE.

   Asimismo, se ordena el pago de los intereses de mora por los otros conceptos laborales, a partir de la fecha de terminación del vínculo laboral, hasta que quede definitivamente firme la sentencia. Dicho cálculo será realizado mediante experticia complementaria del fallo a través de un solo experto nombrado por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución que resultare competente, el cual deberá tomar en cuenta las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los intereses de mora. Dichos intereses no serán objeto de capitalización, ni indexación. ASI SE DECIDE.

   Se ordena la corrección monetaria de las cantidades resultantes de la experticia ordenada a pagar por concepto de prestación de antigüedad contada desde la fecha de terminación del vínculo laboral, hasta que quede definitivamente firme; y de los otros conceptos laborales desde la fecha de la notificación de la parte demandada, hasta que quede definitivamente firme la sentencia; cálculo que se efectuará tomando en consideración los índices de precios al consumidor (I.P.C.) publicados por el Banco Central de Venezuela, y lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ello a los efectos de obtener el valor porcentual de corrección de dicha obligación, previa exclusión de dicho cálculo de los lapsos de inactividad por acuerdo entre las partes, caso fortuito o de fuerza mayor, entre ellas las vacaciones judiciales.

   En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

   Estos peritajes serán realizados por un solo experto designado por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. ASÍ SE DECIDE.

   DISPOSITIVO:

   Por los fundamentos expuestos, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el ejercicio de sus facultades legales, Administrando Justicia y por autoridad de la Ley, declara:

   1) PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la profesional del derecho L.L., actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandada, en contra de la decisión dictada en fecha 04 de marzo de 2013, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia;

   2) PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA QUE POR RECLAMO DE PRESTACIONES SOCIALES intentó el ciudadano M.E.P.C., en contra del INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION SOCIALISTA (INCES) (plenamente identificados en actas).

   3) SE CONDENA AL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) A PAGAR AL CIUDADANO M.E.P.C. LA CANTIDAD DE Bs. 9.298,78, más lo que resulte del cálculo del concepto de cesta ticket; y de la experticia complementaria del fallo ordenada;

   4) SE MODIFICA el fallo apelado.

   5) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS.

   6) NOTIFIQUESE DE ESTA DECISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REMITIENDOLE COPIA CERTIFICADA.

   PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. DÉJESE COPIA CERTIFICADA POR SECRETARÍA DEL PRESENTE FALLO.

   Dada, firmada y sellada en la sala de AUDIENCIAS del JUZGADO SUPERIOR CUARTO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

   LA JUEZ,

   M.P.D.S..

   EL SECRETARIO,

   M.N.G..

   En la misma fecha, se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las dos y veintiséis minutos de la tarde (2:26 p.m.).

   EL SECRETARIO,

   M.N.G..