Decisión nº 79-2008 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 29 de Septiembre de 2008

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RESUMEN

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella incoada por el ciudadano JOSÉ EMILIANO ARZOLA CHACIN, por intermedio de su apoderada judicial, abogada ALEXIS PINTO D’ASCOLI, ambas identificadas en la parte motiva ... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

EXPEDIENTE Nº 7821

El 16 de febrero de 2007, la abogada ALEXIS PINTO D`ASCOLI, inscrita en el Inpreabogado bajo el No.12.322, obrando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ EMILIANO ARZOLA CHACIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.4.356.212, interpuso ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor de causas, querella contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, demandando el pago a su representado de bono recreacional contemplado en la VII Convención Colectiva de Condiciones de Trabajo FAPICUV-ME 2000-2001.

Asignado por distribución el libelo a este Juzgado Superior, por auto de fecha 08 de marzo de 2007 se admitió la querella y ordenó practicar las citaciones y notificaciones de ley.

Cumplidas las diversas etapas del proceso, en fecha 22 de noviembre de 2008 se enunció el dispositivo de la sentencia y declaró sin lugar la pretensión del actor.

Efectuado el estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, procede este Juzgado Superior a publicar el fallo definitivo in extenso, sin narrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en los siguientes términos:

ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLANTE

En el libelo de la querella, alegó la apoderada judicial de la parte querellante como fundamento de su pretensión, lo siguiente:

Que el día 30 de diciembre de 1994, le fue otorgado a su representado el beneficio de jubilación, ostentando por ello actualmente el estatus de personal jubilado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Que el monto de su pensión de jubilación fue establecido en un porcentaje equivalente al 100% del último sueldo que devengó como personal activo.

Que la base legal aducida en el acto para el reconocimiento de su jubilación fueron los artículos 15 y 47 de la Ley Orgánica de Fuerza Armada Nacional, en concordancia con el artículo 13 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente y la V Convención Colectiva de Condiciones de Trabajo FAPICUV-ME 94-95, en cuya cláusula 35 se estipuló para todo el personal activo e incluso jubilado el pago del concepto originalmente denominado bono vacacional.

Que la base de cálculo de ese bono es la contenida en la Resolución de fecha 20 de junio de 2001, emanada de la Oficina de Planificación del Sector Universitario del Consejo Nacional de Universidades. Que posteriormente, en la VII Convención Colectiva de Condiciones de Trabajo FAPICUV-ME 2000-2001, se estableció en su cláusula 72 el pago del bono recreacional a los docentes jubilados, concepto que afirma sustituyó el bono vacacional, surgiendo en virtud de ello el derecho de su representada a percibir el mismo.

Que a pesar de lo expuesto su representado no ha recibido pago alguno por dicho concepto, motivo por el cual, en fecha 20 de octubre de 2006 consignó ante la Dirección del Despacho del Ministro de la Defensa, escrito solicitando el reconocimiento formal y por escrito del derecho al pago al personal en condición de jubilado del bono establecido en la citada cláusula 72, calculado en base a la fórmula dispuesta en la Resolución de fecha 20 de junio de 2001, emanada del Consejo Nacional de Universidades, para el calculo del bono vacacional, requerimiento del cual afirma nunca obtuvo respuesta, conducta omisiva con la que denuncia se le conculcó el derecho a obtener oportuna y adecuada respuesta establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En base a lo expuesto solicita se condene al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a reconocer el derecho que asiste a su representado a percibir el denominado bono recreacional, calculado en la forma establecida en la mencionada Resolución de fecha 20 de junio del 2001, dictada por el Consejo Nacional de Universidades.

ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLADA

En el escrito de contestación a la querella, la abogada MARIA MILAGROS VARGUILLAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el No.97.716, actuando con el carácter de sustituta de la...

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