Decisión nº PJ0042014000107 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 30 de Mayo de 2014

SIN LUGAR la falta cualidad alegada por la abogada YUMARY HURTADO ESCALANTE, coapoderada judicial de la codemandada COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. C.A.

PARCIALMENTE CON LUGAR la acción interpuesta por el ciudadano O.E.A.M., contra ASOCIACION COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. y COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. C.A., motivo: cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, en consecuencia se ordena a las codemandadas a que pague al demandante la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS DIEZ BOLÍVARES, SIN CÉNTIMOS (Bs. 47.310,00) por las razones expuestas en la motiva.

No hay condenatoria en costas por la naturaleza del fallo.

ALEGATOS DE LAS PARTES EN LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA

Con fundamento en los principios procesales de la inmediación y oralidad, pilares esenciales dentro de los cuales reposa el nuevo paradigma adjetivo laboral, este juzgador pasa a transcribir parcialmente los alegatos esgrimidos por las partes presentes en la audiencia oral celebrada por esta superioridad en fecha 21/05/2014.

Alegatos expuestos por la parte recurrente: abogada Anyis peña

 El motivo de nuestro apelación es la inconformidad que tenemos con la sentencia recurrida con respecto al vicio de interpretación de los artículos 177 de la LOPTRA y 22 del reglamento al haberse declarado que efectivamente existe un grupo de empresa punto del cual estamos de acuerdo con la sentencia de la recurrida, porque así fue demostrado pero no interpreto de manera correcta esos artículos y que ha sido criterio sostenido por la sala de aplicar la homogeneidad de los beneficios en los grupos de empresas lo cual es aplicar los beneficios de la contratación colectiva del Colegio Universitario F.T. c.a a la extensión Guanare señalo extensión porque consta claramente en las pruebas aportadas y solicito que sean justamente valoradas que el colegio usa indistintamente esa denominación en sus extensiones de las cuales depende la ubicada en la ciudad de Barquisimeto, evidenciándose de las constancias emitidas todas eran dirigidas por la misma Jefe de Personal Ciudadana Rojas, y de igual manera suscribe la contratación colectiva que hoy se invoca d igual manera las constancias con la misma denominación y la inspección realizada a la sede de la urbanización en los próceres de esta ciudad de Guanare donde también se indica que la sede principal se encuentra en la ciudad de Barquisimeto por todo lo anteriormente expuesto se evidencia que es una extensión.

 Adicionalmente le voy hacer llegar una revista del Colegio Universitario F.T. C.A, donde se señala que tiene extensiones a nivel nacional indicando que su sede principal queda en la ciudad de Barquisimeto y tiene extensiones en caracas, Acarigua y Guanare por eso aporto esta prueba al tribunal para su valoración.

 Además ciudadano Juez existe en este expediente un acuerdo que fue devenido de una jurisdicción voluntaria en el cual se hace una reserva expresa es necesario establecer la diferencia entre jurisdicción voluntaria o Contenciosa, debido a que hubo muchas mesas de trabajo donde ambas partes estábamos de acuerdo que existían diferencias por lo tanto solicito sea revisado debido a que nunca una oferta de pago puede tener los mismos efectos de un acuerdo de jurisdicción contenciosa debido a que en la jurisdicción voluntaria puede el trabajador luego acudir a la via ordinaria a solicitar la diferencia del pago

 Adicionalmente solicito sea justamente valorada las pruebas aportadas, las pruebas de informes del tribunal contencioso, inspectoría de Guanare e inspectoría de Acarigua donde se evidencia que a la extensión de la ciudad de Acarigua se le aplica la convención colectiva por lo que se solicita se le aplique a la extensión Guanare, concluyéndose que la diferencia de denominación de colegio y de asociación no es mas que una maniobra jurídica realizada por los apoderados judiciales de la demandada para no aplicarle la convención colectiva a los trabajadores de la extensión Guanare, de igual manera solicito sea valorado la prueba aportada donde la alcaldía del municipio Guanare establece que el Colegio Universitario F.T. es propietaria de un bien inmueble donde funcionada la extensión Guanare.

 Con respecto al beneficio de alimentación con respecto a lo que establece el reglamento que el pago del beneficio después del año 2006 debe ser con la unidad tributaria para el momento de la cancelación del pago pero del año 2000 al 2006 no debería quedar como un pago con la unidad tributaria para cada periodo que debió hacerse el pago, con respecto a los interés de mora e indemnización por cuanto no seria justo que s ele condene al pago de esos años con la unidad tributaria que le correspondía para cada periodo y no le genere interés ni indexación

Alegatos expuestos por el apoderado judicial de la parte demandada abogado A.J.:

 Alegatos expuestos por el apoderado judicial de la parte demandada abogado A.J.:

 Antes de empezar quiero solo quería verificar si existía un acta de inspección, pero no la tienen pero esta no es una fase de promoción de prueba y nosotros no tenemos forma de controlar esa prueba mas sin embargo no reviste punto importante hay que atenerse al principio de la preclusión de los actos procesales.

 Con respecto a la defensa del colegio universitario F.T., específicamente de la asociación, mi colega no esta presente pero por yo tener poder de ambas

 Como representantes de la asociación hicimos la apelación de la sentencia de instancia en base a tres puntos en específico:

 Evidentemente la Juez de Juicio hizo una ilación bastante completa tanto de las pruebas promovidas como de las defensas argumentadas por las partes, los únicos puntos que tenemos en discusión primeramente el pago del beneficio del cesta tickets desde la fase de mediación estuvimos conformes en pagarlo no pudimos llegar a un acuerdo que nos llevo a la fase de juicio aceptamos que debemos pagar el beneficio porque no se pago oportunamente y verdaderamente la Juez de Juicio indico que ninguna de las partes aporto pruebas para saber que días en especifico debía mandar a cancelar ella toma de manera global el petitorio de la actora nosotros estamos inconformes porque aunque sabemos que debemos pagar no se debe pagar todo lineal, si bien es cierto no se aportaron las pruebas suficientes es sabido por las máximas de experiencias que es beneficio se cancela por días laborados, por ser docente tenia unos periodos de recesos escolares no hubo prestación de servicio efectiva todos los días del año mal pudiera la Juez de Juicio condenar el pago de la manera como lo solicito la parte actora, debiéndose excluir los periodos de vacaciones de agosto de diciembre, días feriados establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo días feriados nacionales, estadales y munipales, este punto es el fundamento principal de muestra apelación.

 Con referencia a los dos puntos posteriores esta la indexación monetaria y los intereses de mora, aplicar esa sanción en los términos establecidos en la del reglamentó sea tratar de establecer una tercera sanción, el patrono se le sanciona teniendo que cancelar después del año 2006 con la ultima unidad tributaria para el momento del pago, mal podría proceder la indexación y los interés de mora

De conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; ésta alzada deja constancia que el desarrollo íntegro de las argumentaciones parcialmente descritas con antelación, se encuentran debidamente plasmados, en la reproducción audiovisual producto de la filmación correspondiente a la audiencia oral y pública de apelación, celebrada ante esta instancia en fecha 21/05/2014, contenido en el cuaderno de recaudos. Así se señala.

PUNTOS CONTROVERTIDOS

Revisadas las actas procesales que conforman el expediente, oída la exposición de la parte recurrente a la audiencia oral y pública de apelación; ésta superioridad observa que el asunto sometido a su consideración, por la representación judicial de la parte demandante-recurrente, consiste en determinar 1.- La existencia de un grupo de empresas, 2.- La aplicación de la convención colectiva de el Colegio Universitario F.T. a los trabajadores de la Asociación Colegio Universitario F.T. 3,.- el pago del beneficio de alimentación,4.- diferencias en los pasivos laborales firmados en la transacción. Así se determina.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Para decidir, ésta alzada debe previamente señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido que el trabajo es un hecho social que goza de la protección del Estado, estipulando principios protectores como el de la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios sociales.

Así pues, en cuanto a la intangibilidad, la Ley Orgánica del Trabajo, establece un marco jurídico para el contrato individual y el contrato colectivo de trabajo, que define el ámbito de aplicación de los derechos de los trabajadores erigiéndose éstos como de orden público y de aplicación territorial, debiéndose rechazar todo intento de aminoración o menoscabo que implique cualquier indicio de discriminación.

Asimismo, considera quien decide que es oportuno hacer referencia al llamado derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se vislumbra como un derecho humano cuya funcionabilidad se enmarca en el ámbito procesal, teniendo un papel relevante pues permite su exigibilidad ante un órgano del Estado, por lo cual, es una garantía que se activa con la pretensión de quien se siente vulnerado en sus derechos -no necesariamente de los calificados como fundamentales- o intereses, incluso los colectivos o difusos.

En este orden de ideas, la tutela judicial efectiva es un derecho humano reconocido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles" (Fin de la cita).

Se establece así esta garantía como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, toda vez, que la promulgación de la justicia como un valor constitucional se manifiesta en la naturaleza de los procedimientos contenidos en el sistema jurídico, que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 257 se deben caracterizar por su simplicidad, uniformidad y eficacia, impositivo plasmado en los términos que de seguidas se trascriben:

"El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales". (Fin de la cita).

En consecuencia, toda la normativa adjetiva del sistema jurídico venezolano se debe acoplar a estos principios, los que a su vez sirven de guía al operador de justicia en la labor de interpretación de dichas normas, no bastando, consecuencialmente con que el justiciable tenga acceso a los órganos de justicia para que se de por satisfecho su derecho, sino que es necesario que el mismo obtenga un pronunciamiento enmarcado dentro de los parámetros que las leyes establecen para garantizar un debido proceso (Artículo 49 constitucional), es decir, que dicho pronunciamiento se produzca de conformidad, no solamente con las normas sustantivas, sino con las normas adjetivas imperantes.

En el asunto planteado, resulta pertinente dejar establecido que dentro de los principios constitucionales que regulan el proceso en general, referente a las formas procesales, es decir, los modos de realización de los diversos actos que conforman el proceso; el sistema venezolano se rige fundamentalmente por el principio de la legalidad de las formas, como principio rector, según el cual la producción de los actos procesales se ciñen a las normas establecidas por la Ley, de lo contrario no deben surtir efecto jurídico alguno y como principio subsidiario el de la Disciplina Judicial, que constituye un sistema intermedio que postula al Juez la facultad de establecer y regular el modo de realización de los actos, atendiendo a la igualdad y al equilibrio de las partes.

En este orden de ideas, si se pretende adminicular estos principios relativos a las formas procesales en la Legislación Venezolana, se observa que los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que cuando la Ley no señale la forma para la realización de algún acto, por remisión del artículo 11 ejusdem, serán admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines del mismo. Esta norma consagra el principio de la legalidad como principio rector y de manera subsidiaria consagra el principio de la disciplina judicial, que igualmente es desarrollado en el artículo 11 de la ley adjetiva laboral.

El nuevo sistema consagrado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo desarrolla el principio fundamental instituido en el artículo 257 de la Constitución de a República Bolivariana de Venezuela, según el cual: “el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia”, enuncia así el carácter meramente instrumental de las normas que reglamentan el proceso, y por lo tanto deben interpretarse y aplicarse de forma que tienda a la consecución del fin al que están subordinadas, debemos entender entonces que el proceso se mantienen como instrumento y por tanto subordinado al logro del fin último al que sostiene el orden jurídico como lo es la justicia material, lo cual debe ser cumplido a cabalidad por quienes regente los órganos administradores de justicia. Así se señala.

A los fines didácticos y para un mejor desarrollo y entendimiento de la presente decisión, se hace necesario para este Juzgador cambiar el orden en que fueron expuestos los puntos de apelación de las partes en la audiencia oral y pública, aunque en la presente audiencia no fue alegado por el apoderado judicial de la parte demandada COLEGIO UNIVERSITARIO F.T., C.A ninguna inconformidad con la declaratoria de IMPROCEDENCIA del alegato de falta de cualidad invocado por la parte demandada en la audiencia de juicio este juzgador, una vez verificado que no hubo violación de normas de orden publico, y que la decisión tomada por la a quo, al declarar sin lugar la defensa alegada, se encuentra ajustada a derecho, y por cuanto los argumentos utilizados por la Jueza de Juicio para formar su convicción y llegar a dichas conclusiones están perfectamente concatenados con las normas de nuestra legislación laboral con lo que respecta a la falta de cualidad, es por ello que quien juzga, confirma lo resuelto por la Jueza de Instancia con respecto a este particular. Así se decide.

Con respecto a la existencia del grupo económico conformado por las co-demandadas, alegado por la parte actora, quien juzga, aplica el mismo criterio y argumentaciones establecido en el párrafo anterior para revisar lo decidido por la jueza a quo, y poder llegar a la convicción de confirmar dicha decisión por no encontrar errores de juzgamiento por la Jueza de Instancia en su sentencia al decretar la existencia del grupo económico. Así se decide.

En cuanto, a la aplicación de la Contratación Colectiva, la parte demandante-recurrente en la audiencia de apelación solicita la aplicación de la misma para el calculo de las prestaciones sociales del ex trabajador, producto de la solidaridad declarada por la Juez a quo, al respecto, quien juzga considera, que a pesar de existir solidaridad entre ambas co-demandadas, dicha solidaridad es aplicable a lo que respecta al pago de los pasivos laborales, mas no a la aplicación de la convención colectiva, ya que la misma esta suscrita solamente por el COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. C.A, como se evidencia de las actas procesales por lo que la misma no le es aplicable a los trabajadores de la ASOCIACION CIVIL COLEGIO UNIVERSITARIO F.T., debido a que son personas jurídicas distintas, y cada una es responsable de las convenciones colectivas que suscriba. Así se determina.

Asi mismo consta en autos, copias certificadas de la consignación dineraria tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del trabajo del edo Portuguesa sede Guanare, dicha transacción fue celebrada en presencia del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución y homologada por el mismo, por lo que los dichos y aseveraciones indicadas en ella se toman como ciertas, y de la lectura de la misma, se evidencia que el demandante O.E.A.M. indicó que mantuvo una relación laboral con la ASOCIACIÓN COLEGIO UNIVERSITARIO F.T., no con la Compañía Anónima, por lo que considera quien juzga que al indicar el trabajador que su patrono fue la Asociación Civil y siendo que esta no suscribió contratación colectiva alguna, mal podría ser beneficiario de dicha convención, debido a que la Contratación colectiva es ley entre las partes y el demandante fue trabajador de la Asociación Colegio Universitario F.T. y la convención colectiva fue suscrita por el Colegio Universitario F.T. C.A.

Por lo anteriormente expuesto, observa este Juzgador que no le es aplicable a el accionante la convención colectiva suscrita por COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. C.A, en consecuencia no se le adeuda por parte de la ASOCIACIÓN COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. C.A, pago de diferencias sobre los montos que fueron acordados en la transacción celebrada entre ambas partes, por cuanto se observa de la misma que el trabajador recibió conforme el pago de prestaciones sociales y otros conceptos de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo vigente para esa fecha, reservándose el derecho a reclamar una posible diferencia producto de la aplicación de la de la convención colectiva. Visto que este Juzgador determinó que el ciudadano O.E.A.M. no le es aplicable dicha convención, así como la transacción realizada ante el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del trabajo del estado Portuguesa sede Guanare, y ya que dicha homologación no fue atacada de forma alguna, tiene el carácter de cosa juzgada y la firmeza que posee la misma, es por lo que se determina que no existe diferencia alguna a cancelar a favor del demandante. Así se decide.

Con respecto a la manera en como fue calculado el beneficio de alimentación por parte de la Jueza a quo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia es clara al establecer que solo en los casos de reclamación de pagos de cesta tickets, una vez culminada la relación de trabajo, estos podrán ser cancelados en dinero en efectivo, debido a que se trasforma en una obligación de dar, otorgándole así al trabajador, la provisión que no percibió durante cada jornada trabajada, es por ello que en el caso de marras, y debido a que la relación laboral ya culmino quien decide ordenara la cancelación del beneficio de alimentación en dinero efectivo como indemnización de lo establecido por el Reglamento de la Ley de Alimentación. Así se decide.

En cuanto a la determinación del monto que por concepto de los referidos cesta tickets adeuda la accionada a el demandante, es necesario traer a colación y nuevamente en cumplimiento a lo establecido por La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con Ponencia del Magistrado, A.V.C. de fecha dieciséis (16) de junio del año 2005, caso: CONSORCIO LAS PLUMAS Y ASOCIADOS, C.A para la determinación del monto que por concepto de los referidos cesta tickets adeuda la accionada al demandante, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo realizada por un solo experto contable, designado en este caso por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución con el fin de darle mas celeridad al caso, quien deberá realizar el cómputo de los días efectivamente laborados por el actor, para lo cual la empresa demandada deberá de proveerle los libros de control de asistencia al experto contable, en el supuesto dado que no tengan acceso a los mismos, se deducirá por días hábiles calendario, por lo cual deberá excluir los días establecidos en el articulo 212 de la Ley orgánica del Trabajo del año 1999, así como los correspondiente a las vacaciones disfrutadas, excluyendo los días que señalen el calendario escolar emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, como no laborables, los días feriados nacionales, regionales, y municipales, control de vacaciones, inasistencia por reposos o injustificadas y permisos del personal, y una vez computados los días efectivamente laborados, calcular el valor correspondiente por cupón o ticket, cuyo valor será el mínimo establecido por el parágrafo 1º del articulo 5 de la Ley Programa de Alimentación de los Trabajadores, es decir, el 0,25 del valor de la unidad tributaria correspondiente al día efectivamente laborado en cada periodo de los años 2000 al 2005, en el cual nació el derecho a percibir el referido beneficio y con lo que corresponde al periodo 2006 al 2010 se calculará al 0,25 del valor de la unidad tributaria del periodo en que se haga efectivo el pago.

En corolario de lo anterior este tribunal debe forzosamente declarar PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por por los abogados J.A.V.R. y ANYIS D.P.H. identificados con matricula de inpreabogados Nº 46.050 y 102.958, actuando con el carácter de Co Apoderados Judiciales del ciudadano O.E.A.M. contra la decisión de fecha 03 de febrero del año 2014, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare; por las razones expuestas en la motiva. SEGUNDO: CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por los abogados YUMARY L.H.E. y A.C.J.G., identificados con matricula de inpreabogado Nº 62.849 y 63.268, actuando en el carácter de Co apoderados Judiciales de las codemandadas ASOCIACIÓN COLEGIO UNIVERSITARIO F.T., contra la decisión de fecha 03 de febrero del año 2014, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare; por las razones expuestas en la motiva. TERCERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por los abogados YUMARY L.H.E. y A.C.J.G., identificados con matricula de inpreabogado Nº 62.849 y 63.268, actuando en el carácter de Co apoderados Judiciales de las codemandadas COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. C.A., contra la decisión de fecha 03 de febrero del año 2014, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare; por las razones expuestas en la motiva. CUARTO: SE MODIFICA PARCIALMENTE, la decisión de fecha 03 de febrero del año 2014, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare; por las razones expuestas en la motiva. QUINTO: PARCIALMENTE CON LUGAR la acción interpuesta por el ciudadano O.E.A.M. parte demandada ASOCIACIÓN COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. y COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. C.A. SEXTO: NO SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo SEPTIMO: NO SE CONDENA EN COSTAS a las parte demandada por la naturaleza del fallo.

DISPOSITIVO

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por los abogados J.A.V.R. y ANYIS D.P.H. identificados con matricula de inpreabogados Nº 46.050 y 102.958, actuando con el carácter de Co Apoderados Judiciales del ciudadano O.E.A.M., contra la decisión de fecha 03 de febrero del año 2014, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare; por las razones expuestas en la motiva.

CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por los abogados YUMARY L.H.E. y A.C.J.G., identificados con matricula de inpreabogado Nº 62.849 y 63.268, actuando en el carácter de co-apoderados Judiciales de la codemandada ASOCIACIÓN COLEGIO UNIVERSITARIO F.T., contra la decisión de fecha 03 de febrero del año 2014, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare; por las razones expuestas en la motiva.

SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por los abogados YUMARY L.H.E. y A.C.J.G., identificados con matricula de inpreabogado Nº 62.849 y 63.268, actuando en el carácter de Co apoderados Judiciales de la codemandada COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. C.A., contra la decisión de fecha 03 de febrero del año 2014, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare; por las razones expuestas en la motiva.

SE MODIFICA PARCIALMENTE, la decisión de fecha 03 de febrero del año 2014, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare; por las razones expuestas en la motiva.

PARCIALMENTE CON LUGAR la acción interpuesta por el ciudadano O.E.A.M., contra ASOCIACIÓN COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. y COLEGIO UNIVERSITARIO F.T. C.A.

NO SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

NO SE CONDENA EN COSTAS a las parte demandada por la naturaleza del fallo.

Dado, sellado y firmado en la Sala de Audiencias, del Juzgado Superior Accidental del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Guanare, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil catorce.

El Juez Superior del Trabajo,

Abg. Osmiyer J.R.C.

La Secretaria,

Abg. Y.A.

En igual fecha y siendo las 11:49 a.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el Artículo 159 Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De igual manera se ordenó su inserción en el Sistema Juris 2000, así cómo su correspondiente publicación en el portal informático http://portuguesa.tsj.gov.ve/.

La Secretaria,

Abg. Y.A.

OJRC/Brenda.