Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 12 de Mayo de 2010
| Fecha de Resolución | 12 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo |
| Ponente | Carmen Esther Gómez |
| Procedimiento | Aud. Constitucional |
En el día de hoy, 12 de M. deD.M.D. (2010), siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), oportunidad fijada por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para que tenga lugar la AUDIENCIA ORAL y PUBLICA en la presente acción de Amparo signada con el Nº: 16.560-10. Se anunció dicho acto a las puertas del Tribunal por el Alguacil del mismo, dejando constancia este Tribunal Constitucional de la no comparecencia al acto del ciudadano F.W.R.B., titular de la cédula de identidad N° V-2.078.276, parte accionante en el A.C.. Asimismo, se deja constancia de la no comparecencia del tercero interesado ciudadana R.M.A. viuda de RODRÍGUEZ, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-1.726.726. Igualmente, se deja constancia de la no comparecencia del Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a cargo del Juez Dr. SAMIL E.L.C., así como la inasistencia del Fiscal del Ministerio Público. Con carácter previo a cualquier otro asunto, corresponde resolver sobre la competencia de ésta Juzgadora el presente recurso de Amparo ejercido por el ciudadano F.W.R.B., titular de la cédula de identidad N° V-2.078.276, asistido por el abogado en ejercicio J.N.A., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 99.575, en contra de la presunta violación al derecho a la defensa, y al debido proceso, contenidas en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Artículos 4, 5, 6 y 18 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, por parte del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, por el Juez Provisorio Dr. SAMIL E.L.C., en la causa signada con el Nro. 306, nomenclatura interna de dicho juzgado; por lo que, de conformidad a lo desarrollado y fundamentado por vía jurisprudencial en las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de enero del año 2000 (casos: D.R.M. y E.M.M.), y 09-03-2000, éste Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, se declara COMPETENTE para conocer de la presente causa actuando en sede Constitucional, en razón que le corresponde decidir de las Acciones de Amparo en contra de resoluciones, decisiones o sentencias dictadas, así como de omisiones de pronunciamiento judicial, realizados por los Juzgados de Primera Instancia conforme a la materia afín establecida. Así se Declara. Ahora bien, vista y revisadas las presentes actuaciones, este Tribunal pasa a decidir en los siguientes términos: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 7 de fecha 1º de febrero de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, mediante, (Caso: J.A.M. y otros), en la cual se dispuso lo siguiente: “(…) La falta de comparencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias.” La anterior sentencia, adaptó el procedimiento de amparo previsto en la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, a las disposiciones de los artículos 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que instauran como características del procedimiento de amparo, la oralidad y ausencia de formalidades, así como, el debido proceso. Igualmente, este criterio fue ratificado por la referida Sala Constitucional, en sentencia Nº 620 del 2 de abril de 2001 (Caso: Industrias Lucky Plas C.A.), en los siguientes términos: “(…) Siendo la oportunidad correspondiente para decidir esta Sala considera necesario advertir que en el proceso de amparo establecido en la sentencia N° [7], del 1° de febrero de 2000, se acordó que el accionante en amparo debe concurrir a la audiencia constitucional y explanar oralmente los motivos en que funda su amparo, ya que el meollo del proceso oral es la audiencia constitucional, no bastando para el accionante la presentación de la solicitud escrita de amparo. (…) La audiencia oral no es un inútil formalismo, sino que es la clave del proceso oral que se funda en el principio de inmediación y, es por ello que, las afirmaciones del accionante deben verterse en la audiencia, para ser escuchadas y controladas no sólo por las partes, sino por el juzgador. (…) Consecuencia del silencio del accionante, es que el amparo debe declararse desistido, y así se declara”. Con base en las consideraciones ut supra señaladas y, verificada en autos la inasistencia del presunto agraviado y del tercero interesado a la audiencia oral y pública de amparo constitucional, celebrada en fecha 12 de mayo de 2010, éste Órgano Jurisdiccional, conforme a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y vista la interpretación de carácter vinculante realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la aludida sentencia Nº 7 de fecha 1º de febrero de 2000, aunado al hecho que del análisis de las actas que conforman el presente expediente, no se evidencia que los hechos alegados por la presunta agraviada afecten el orden público, debe forzosamente este Tribunal Superior declarar terminado el procedimiento de amparo incoado por el ciudadano F.W.R.B., titular de la cédula de identidad N° V-2.078.276, asistido por el abogado en ejercicio J.N.A., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 99.575, en virtud de su incomparecencia a la Audiencia Constitucional Oral y Pública celebrada. Así se declara. DISPOSITIVA: Este Tribunal Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, actuando en sede Constitucional, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO DE A.C. por la incomparecencia a la audiencia constitucional de la parte presunta agraviada ciudadano F.W.R.B., titular de la cédula de identidad N° V-2.078.276, asistido por el abogado en ejercicio J.N.A., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 99.575, en contra de la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2009, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua a cargo del Juez SAMIL E.L., de conformidad con el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 7 de fecha 1° de febrero de 2000. SEGUNDO: SE LEVANTA la Medida Innominada, dictada por este Juzgado Superior en fecha 23 de Febrero de 2010, mediante la cual se ordenó la suspensión de los efectos de la sentencia dictada en fecha 18 de Diciembre de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, líbrense los oficios correspondientes. TERCERO: No hay condenatoria en costas en razón de ser intentada la Acción de Amparo en contra una actuación judicial.
