Decisión nº 2015 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 21 de Septiembre de 2011

Antes de decidir el caso planteado resulta conveniente efectuar algunas puntualizaciones sobre el cobro de honorarios profesionales, por la labor pedagógica que tiene a su cargo todo órgano jurisdiccional y al efecto el Tribunal señala algunas situaciones especiales en este tipo de procedimientos y las características esenciales que les son comunes a cada uno de ellos.

En efecto: 1).- EL JUICIO BREVE: Es utilizado en juicio breve cuando exista sentencia definitiva y firme condenando al perdidoso, en cuyo caso se aplica lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Abogados. 2).- COBRO DE HONORARIOS POR EL APODERADO A SU CLIENTE: De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Abogados, la reclamación que surja en juicio contencioso, acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y declarada de conformidad con lo establecido en la incidencia, si surgiere y la cual no excederá de diez días de despacho. Esta disposición debe concordarse con el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, que establece:

En cualquier estado del juicio el apoderado o el abogado asistente podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Abogados.

En este supuesto está previsto para discusiones de honorarios entre el abogado y su cliente, pero se considera que éste no tiene que esperar la conclusión del juicio para ello, porque se trata de una relación directa, legal y vinculante entre el abogado y dicho cliente. En ambos supuestos o escenarios el procedimiento debe iniciarse con escrito de estimación y solicitud de intimación en el mismo expediente que causan los honorarios reclamados y en ambos casos se ordena abrir cuaderno separado para el trámite y decisión respectiva con respecto a dicho asunto. 3).- ACCIÓN AUTÓNOMA: El cobro de honorarios por supuestos distintos y en acción autónoma, se da en los siguientes casos. A) Cobro de honorarios profesionales por actividades extrajudiciales del abogado a favor del cliente. B) Actividades plurales del abogado a favor de un cliente, sean judiciales o extrajudiciales derivados de causas y casos que puedan ser distintos y cuya acumulación es potestativa del abogado, según algunos tratadistas. C) Por la existencia de un contrato de honorarios, que conforme al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Abogados se pautaba el procedimiento del juicio ordinario, pero dicha norma fue declarada nula por decisión de la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, de fecha 27 de mayo de 1980, por violación del artículo 119 de la ya derogada Constitución Nacional de la República de Venezuela y artículo 139 eiusdem, decisión en donde se indica que: El juicio breve es el indicado para la tramitación y decisión de la discusión del cobro de honorarios extrajudiciales, resultantes del contrato expreso o tácito, que tengan su origen en el monto de los mismos a cobrarlos, es decir, sobre la eficacia del contrato que las causó, por lo que el artículo 23 del mencionado reglamento al ordenar el juicio ordinario para el cobro de los honorarios extrajudiciales estipulados en contrato previo, se creaba una regulación que no solo invadía la competencia del Congreso Nacional en la materia legislativa procesal judicial, sino que también era contraria al espíritu y razón de la Ley. La norma legal que crea el juicio breve para el cobro de honorarios extrajudiciales es la aplicable en este caso. En efecto, la vía procesal para el cobro de honorarios extrajudiciales, existiendo contrato previo, tácito o expreso es la del juicio breve pautado en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y el cobro de honorarios judiciales, mediante igual convenio, se rige por lo ordenado en el artículo 607 eiusdem, en ambos casos conforme a los términos del contrato. 4).- HONORARIOS DEL DEFENSOR JUDICIAL: Existe también el procedimiento para el cobro de los honorarios del defensor judicial, está previsto en el artículo 226 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente:

Los honorarios del defensor y las demás litis expensas se pagarán de los bienes del defendido, conforme lo determina el Tribunal, consultando la opinión de dos abogados sobre la cuantía.

5).- HONORARIOS POR EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE POR EL COLEGIO DE ABOGADOS: De igual manera, existe un procedimiento de arbitraje ante la Junta Directiva del Colegio de Abogados, dicho procedimiento se encuentra establecido en el artículo 45 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, el cual establece lo siguiente:

El abogado deberá evitar toda controversia con su representado referente a honorarios, hasta donde esto sea compatible con la dignidad profesional y con su derecho a recibir una compensación razonable para sus servicios. En caso de surgir la controversia, se recomienda que el abogado proponga el arbitraje a la Junta Directiva del Colegio. Si el patrocinado conviene en el arbitraje el abogado lo aceptará sin reparo alguno.

En Caso de que el abogado se vea obligado a demandar a su patrocinado es aconsejable que se haga representar por un colega.

6).- LÍMITE MÁXIMO: Una lógica hermenéutica del artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, conduce inconcusamente a su aplicación mutatis mutandi al caso de estimar honorarios sus apoderados a la parte victoriosa en el litigio, pues el espíritu de la norma y la intención del legislador se finca, por razones de orden público, en determinar un límite para el cobro de los honorarios judiciales, independientemente de la posición adjetiva del obligado a cancelarlos, siendo inadmisible por contradictorio el desmejorar, en atención a una interpretación restrictiva del procedimiento en cuestión, la situación de la parte gananciosa en la lid procesal. La precedente disquisición determina la irrefragable aplicación del límite del 30% sobre el valor de lo litigado, prescrito en la antedicha norma al monto a reclamar a la actora por concepto de honorarios profesionales judiciales y al no estar discutida por las partes la cantidad establecida como valor de la demanda, frente a las actuaciones relacionadas en un juicio de esta naturaleza, ha de entenderse que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia dicha estimación podrá superar el 30% de la mencionada suma, independientemente de acogerse o no el demandado al derecho de retasa en la pertinente oportunidad.

7).- FASES DEL PROCEDIMIENTO: Cuando se trata de estimación de honorarios profesionales por actuaciones judiciales, la controversia está constituida por dos fases perfectamente diferenciables, ellas son: A) LA FASE DECLARATIVA y; B) LA FASE EJECUTIVA. La fase declarativa está relacionada con el examen y la declaración sobre la procedencia o no del derecho a cobrar honorarios por la parte intimante. Esta decisión tiene recurso ordinario de apelación y recurso extraordinario de casación. La fase ejecutiva, constituida por la retasa, no es recurrible ni por apelación, ni es recurrible por vía de casación, tal como lo expresa el artículo 28 de la Ley de Abogados. Cuando queda definitivamente firme la decisión de la fase declarativa, en la que se declare que hay lugar al cobro de los honorarios profesionales, entra el procedimiento a la fase ejecutiva y dictada la decisión del Tribunal de retasa, a petición de la parte interesada, dictará un decreto fijando su ejecución y establecerá en dicho decreto un lapso que no será menor de tres días ni mayor de diez para que el obligado efectúe el cumplimiento voluntario, sin que pueda comenzar la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia. Si no se cumple voluntariamente, es entonces cuando se procederá a la ejecución forzada. Esta diferenciación entre las dos fases o etapas del procedimiento de estimación e intimación de honorarios, ha permitido a la Sala de Casación Civil por vía de interpretación de la parte in fine del artículo 28 de la Ley de Abogados, expresar que las decisiones por tanto no tienen apelación ni son recurribles a fin de que se les pague a los profesionales del derecho las cantidades justamente ganadas. En la fase declarativa, sí existe tanto apelación como recurso de casación, por ser un fallo definitivo, por cuanto existe la posibilidad jurídica de cometer un vicio de actividad que pueda causar al interesado un agravio jurídico.

En este análisis sobre los honorarios profesionales que se le intiman al propio cliente, se puede establecer en cuanto a la fundamentación jurídica del pago de honorarios profesionales, en la forma siguiente: 1) El abogado que actúa en representación de una parte, por designación de ésta, y pretende el cobro a su cliente, antes de concluir el juicio, en este caso se acciona en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley de Abogados. 2) El abogado que al resultar victoriosa la parte que representa en el juicio y condenada en costas la contraparte, procede a cobrarle a ésta sus honorarios profesionales como lo establecen los artículos 23 y 24 de la Ley de Abogados. Es de advertir, que en ambos casos existe el ejercicio por el intimado del derecho a la retasa en la forma y términos establecidos en los artículos 25, 27, 28 y 29 de la Ley de Abogados, con la específica aplicación de la retasa obligatoria en los casos de los artículos 26 eiusdem.

8).- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA DE TESTIGOS: Cuando un Tribunal dispone que se siga el procedimiento establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil y que por vía de oposición, que implique negársele a la parte intimante el derecho de percibir honorarios y por ser potestativo del Juez, se debe ordenar abrir una articulación probatoria por el lapso de ocho días de despacho, sin término de distancia; con el entendido que de conformidad con el artículo 1382 del Código Civil, no es admisible la prueba de testigos, por cuanto la estimación de la demanda por pago de honorarios profesionales, supere con creces la suma de dos mil bolívares (Bs. 2.000,oo), tal como lo plantea el autor patrio DR. J.C.A. B., en su obra: “LAS COSTAS PROCESALES Y LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS ABOGADOS”, Tomo II, página 278, impreso por Italgráfica C. A., Caracas 2.000.

9).- HONORARIOS PROFESIONALES DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS INTER-VENIDAS: De igual manera existe el caso de cobro de honorarios profesionales con relación a bancos e instituciones financieras intervenidas, para lo cual debe tenerse en especial consideración lo pautado en el artículo 33 de la Ley de Emergencia Financiera y el artículo 253 de la Ley de Bancos y otras Instituciones Financieras, disposiciones éstas sustitutivas también de los procedimientos concursales a que se refiere el artículo 942 del Código de Comercio. En el primer caso, se carece de jurisdicción en orden a las señaladas disposiciones, por lo que el procedimiento debe darse por terminado y la satisfacción de la pretensión debe gestionarse a través del procedimiento de liquidación administrativa previsto en las leyes antes citadas; y en el segundo de los casos, referente a la quiebra, dicha causa de honorarios profesionales debe cesar para que la pretensión de la parte accionante sea gestionada en el proceso de quiebra, al ser calculados en dicho juicio universal.

10).- HONORARIOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. El ordinal 16 del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, le atribuye al Presidente la competencia para conocer de los honorarios devengados en ese alto Tribunal, la intimación de la retasa o delegar tal atribución en el juzgado de sustanciación a que se refiere el artículo 27 de la señalada Ley Orgánica.

11).- LA AUTONOMÍA DEL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES: Se debe destacar que en sentencia de fecha 12 de abril de 2.000, la Sala de Casación Penal, estableció que: “... el proceso de estimación de honorarios es un juicio autónomo propio, no una mera incidencia insertada dentro de un juicio principal, aún cuando se sustancie y decida en el mismo expediente, para esto no sólo abonan razones de celeridad procesal,...”.

La parte accionante en su escrito libelar señala que actúa en su condición de apoderado del ciudadano E.S.C., lo cual resulta total y absolutamente incierto, toda vez que tal como lo señala en su demanda dicho ciudadano había fallecido el día 30 de agosto de 2.004, según acta número 69 en Jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Trujillo; por lo tanto no podía señalar que actuaba como apoderado judicial del ciudadano ya que de conformidad con el ordinal 3º del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, la representación del apoderado cesa con la muerte del mandante. Y de acuerdo con el numeral 3º del artículo 1.704 el mandato se extingue por la muerte del mandante; por lo tanto, no podía el abogado R.A.D.M. alegar su condición de apoderado del ciudadano E.S.C. cuando éste ya había fallecido para el momento de la interposición de la demanda, por las razones de haber cesado tal representación judicial, toda vez que dicho mandato ya se había extinguido.

Por otra parte, resulta a todas luces ilegal la pretensión procedimental del abogado intimante al pretender cobrar, en primer lugar, la cantidad de 46 unidades tributarias de conformidad con el encabezamiento del artículo 22 del Reglamento Nacional de Honorarios Mínimos de Abogados, que establece en cuanto al juicio de divorcio lo siguiente:

El estudio del caso, redacción del libelo y tramitación del juicio de divorcio y separación de cuerpos por vía ordinaria hasta sentencia definitiva causará honorarios mínimos de 46 U.T.

(Lo destacado y subrayado fue efectuado por el Tribunal)

Ya que como bien puede apreciarse si bien es cierto que hubo la redacción de un libelo de demanda, y que se inició el juicio mediante el auto de admisión de la demanda y se notificó por parte del Tribunal al Fiscal del Ministerio Público del Estado Mérida, en orden a lo preceptuado en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimiento Civil, también es igualmente cierto que dicho juicio no se tramitó hasta sentencia definitiva, ya que ni siquiera se efectuó la citación de la demandada ciudadana M.F.V.M., y fue precisamente una de las hijas del ciudadano E.S.C., vale decir, la ciudadana L.C.C.V., asistida por el abogado en ejercicio M.I.L.A., quien mediante diligencia consignó copia certificada del acta de defunción del demandante ciudadano E.S.C., y acompañó copia simple para que al ser constatada con el original fuera agregada en copia fotostática certificada, razón por la cual se dio por terminado el juicio y se ordenó el archivo del expediente; en segundo lugar, igualmente resulta ilegal el cobro del cinco por ciento (5%) del valor del activo para el caso de separación de bienes de la sociedad conyugal, y que fundamenta en el artículo 22, Parágrafo Segundo del Reglamento Nacional de Honorarios Mínimos de Abogados, el cual señala que:

si la separación incluye bienes de la sociedad conyugal, cobrará además de la suma anterior el cinco por ciento (5%) del valor del activo

(Lo destacado y subrayado fue efectuado por el Tribunal)

Toda vez que el abogado intimante agrega dicho monto porcentual según la estimación total de la sociedad de bienes gananciales, estimando tal porcentaje en la cantidad de VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 22.150.000,oo), confundiendo de esta manera el mencionado abogado la acción de divorcio prevista en el artículo 185 del Código Civil, que nada tiene que ver con la liquidación y partición de bienes, pues su objetivo es la disolución del vínculo conyugal, por lo que se repite, que efectivamente existe por parte del abogado intimante una confusión de la institución del divorcio como juicio ordinario con el procedimiento de la separación de bienes prevista en los artículos 189 y 190 eiusdem; y, en tercer lugar, asimismo en cuanto a las diligencias estampadas por el abogado intimante en el expediente principal y el cuaderno separado de medidas, las cuales solicita le sean pagadas, las señaló de las siguientes formas:

1. - Diligencia estampada en fecha 13-05-2004, que riela al folio 10, mediante la cual consignó tres (03) partidas de nacimiento de las hijas de su mandante, y alegando que existe un vacío legal al respecto, estimó tal actuación en seis unidades tributarias (6 U.T.), es decir, CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 148.200,oo).

2. - Diligencia estampada a los folios 15 y 16, de fecha 03-06-2004, mediante la cual consignó fotostatos a certificar para la citación de la demandada; y donde también solicitó embargo preventivo de un bien mueble, y alegando que existe un vacío legal al respecto, estimó tal actuación en seis unidades tributarias (6 U.T.), es decir, CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 148.200,oo).

3. - Diligencia estampada a los folios 3 y 4 del respectivo cuaderno de medida cautelar, de fecha 18-06-2004, en la que promovió medios de probanza dentro de la articulación probatoria sobre el embargo preventivo, y alegando que existe un vacío legal al respecto, estimó tal actuación en seis unidades tributarias (6 U.T.), es decir, CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 148.200,oo).

4. - Diligencia estampada al folio 12 del respectivo cuaderno de medida cautelar, de fecha 25-08-2004, en la cual en nombre de su mandante desistió de la solicitud de medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes muebles de la sociedad conyugal, y alegando que existe un vacío legal al respecto, estimó tal actuación en seis unidades tributarias (6 U.T.), es decir, CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 148.200,oo).

5. - Diligencia estampada al folio 13 del respectivo cuaderno de medida cautelar, de fecha 13-09-2004, en la cual en nombre de su mandante solicitó medida cautelar de secuestro sobre un bien mueble de la sociedad conyugal, y alegando que existe un vacío legal al respecto, estimó tal actuación en seis unidades tributarias (6 U.T.), es decir, CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 148.200,oo).

Tal estimación resulta ilegal, ya que mal puede el intimante formular una analogía que no existe en el Reglamento Nacional de Honorarios Mínimos de Abogados, con relación a una estimación en unidades tributarias por un presunto vacío en cuanto a la citada valoración de dichas diligencias.

En otro orden de ideas, no resulta procedente el cobro de honorarios profesionales a los herederos del causante, por haber fallecido éste encontrándose en curso un juicio de divorcio, ya que actualmente cada una de las partes que se ven involucradas en un juicio de divorcio pagan los honorarios de abogado cada uno por separado, toda vez que con la reforma del Código Civil, fue eliminada la litis expensas en este tipo de juicio. En efecto, el derogado Código Civil en el ordinal 4º del artículo 191 consagraba acordar a la esposa la litis expensas necesarias, pero con la reforma parcial que sufrió el Código sustantivo en el año 1.982, dicho beneficio o pago a favor de la cónyuge fue erradicado de la norma, de lo que se desprende que es inexistente como institución jurídica.

En el Código Civil vigente, a los fines de eliminar desigualdades que existían entre el hombre y la mujer, se establecieron criterios de igualdad, independientemente que el factor predominante que motivó la reforma del Código Civil, fue la actividad desplegada en tal sentido por la Federación de Abogadas de Venezuela, quien estuvo alerta de tales reformas y el legislador patrio eliminó no sólo las desigualdades indicadas por dicha federación, sino que eliminó todas las desigualdades que existían en el Código derogado y como contrapartida estableció en el nuevo Código Civil, la igualdad procesal entre los cónyuges lo que permitió entre otras cosas la eliminación de la litis expensas y la pensión de alimentos para la cónyuge en materia de divorcio y separación de cuerpos, así como también la posibilidad de que cualquiera de los cónyuges pudiera solicitar la separación del hogar común, que con el viejo Código solo se le permitía a la cónyuge; de igual manera se le permitió a la mujer casada la potestad de que pudiera utilizar o no el apellido de casada, y asimismo la potestad del hombre para hacer uso de la acción judicial prevista en el artículo 767 del referido texto legal, para solicitar la existencia de la unión concubinaria que con el texto derogado solo le permitía hacerlo a la mujer, estas fueron algunas de las muchas reformas que realizó el legislador patrio en el nuevo texto sustantivo, y todo ello con el único punto de mira de establecer precisamente la igualdad procesal del hombre y la mujer dentro del contexto de la relación jurídica.

Ahora bien, habiendo sido suprimido el beneficio procesal de la litis expensas a favor de la cónyuge, cuando ésta interponía la acción de divorcio, situación ésta que cambió por la erradicación de dicho beneficio, es razón más que suficiente para que como consecuencia de un juicio de divorcio deba declararse sin lugar el pago de la litis expensas a favor de la cónyuge y como consecuencia de tal situación tampoco resulta válido que ante la muerte del cónyuge la cónyuge y sus herederos, los mismos no pueden ser condenados al pago de una litis expensas que ya fueron eliminadas con la reforma del Código Civil de 1.982, como tampoco para un supuesto en que quien fallece sea la cónyuge que hubiese interpuesto la acción de divorcio, tampoco se podría intimar honorarios al cónyuge sobreviviente y a sus herederos, ya que es un hecho cierto que en materia de divorcio quien solicita los servicios de un abogado debe pagarlos, y así debe decidirse.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Sin lugar la demanda que por estimación e intimación de honorarios profesionales fue interpuesta por el abogado R.A.D.M., en contra de las ciudadanas M.F.V.V.D.C., L.M.C.V., L.C.V. y L.C.C.V., quienes habían sido intimadas por el pago de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 24.817.600,oo). SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento, que constituye la fase declarativa en el procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales, resulta procedente en caso de apelación admitir la misma en ambos efectos y se debe remitir el cuaderno separado de honorarios profesionales de conformidad con el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la parte in fine del artículo 295 eiusdem. TERCERO: Por la naturaleza del fallo no hay expreso pronunciamiento sobre costas. CUARTO: En los juicios de estimación e intimación de honorarios profesionales no resulta procedente la indexación monetaria. QUINTO: Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal se acuerda la notificación de las partes, para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir asimismo con la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. (Negrillas, subrayado y cursivas del texto copiado).

IV

MOTIVACIÓN DEL FALLO

Planteada la presente controversia, cuyo reexamen ex novo fue sometido por vía de apelación al conocimiento de esta Superioridad en los términos que se dejaron sucintamente expuestos, la cuestión a dilucidar en esta Alzada consiste en determinar, si la estimación e intimación de honorarios profesionales por actuaciones judiciales realizadas por el abogado R.A.D.M., en su condición de apoderado judicial del ciudadano E.S.C., en el juicio de divorcio ordinario interpuesto contra la ciudadana M.F.V.M., es improcedente en derecho, y en tal sentido, si la sentencia definitiva de fecha 18 de septiembre de 2006, dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, deba ser confirmada, modificada, revocada o anulada, a cuyo efecto este Tribunal observa:

Observa esta Juzgadora, que la acción interpuesta por el abogado R.A.D.M., es la estimación e intimación de sus honorarios profesionales, causados en el juicio de divorcio ordinario interpuesto por él, actuando como apoderado judicial del ciudadano E.S.C., contra la ciudadana M.F.V.M., honorarios profesionales que quedaron pendientes para su pago y que se detallaron en el escrito libelar mediante el cual se interpuso la presente acción, pago que no fue posible en virtud de la muerte de su mandate, en fecha 30 de agosto de 2004.

Asimismo observa quien decide, que el recurso de apelación sometido al conocimiento de esta Superioridad, fue interpuesto por el abogado R.A.D.M., contra la sentencia definitiva de fecha 18 de septiembre de 2006, mediante la cual el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, declaró sin lugar la demanda que por estimación e intimación de honorarios profesionales fuera incoada contra las ciudadanas M.F.V.V.D.C., L.M.C.V., L.C.V. y L.C.C.V., por la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 24.817.600,oo), actualmente VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE BOLÍVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 24.817.600,oo)

Seguidamente pasa esta Superioridad a determinar la procedencia del cobro de los honorarios profesionales judiciales reclamados por el abogado R.A.D.M., y en tal sentido considera necesario estudiar previamente algunos conceptos consagrados en nuestra legislación patria, sobre el derecho de percibir honorarios por servicios profesionales prestados por los profesionales del derecho, a saber:

Contempla el artículo 22 de la Ley de Abogados lo siguiente:

Artículo 22: El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes.

Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.

La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el Artículo 607 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias.

.

Según disposición del artículo 22 de la Ley de Abogados, el ejercicio de la profesión de abogado da derecho a percibir honorarios profesionales por los trabajos judiciales y extrajudiciales realizados, excepto los casos previstos por la Ley. Sin embargo, la disposición citada reglamenta en forma distinta la vía procesal y el acceso de los abogados a los órganos jurisdiccionales para accionar el cobro de los honorarios profesionales a que tienen derecho por sus diferentes gestiones.

Así tenemos que para exigir judicialmente el cobro de honorarios profesionales provenientes de gestiones en juicio, el precitado artículo 22 de la Ley de Abogados pauta que la solicitud de estimación e intimación del caso, se tramita con arreglo a las disposiciones de este artículo y a lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

Diferente es el procedimiento para reclamar judicialmente el cobro de honorarios profesionales por concepto de gestiones extrajudiciales, en el cual el abogado debe interponer demanda autónoma, llenando las formalidades de Ley, con arreglo a las normas del procedimiento breve contemplado en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Este criterio ha sido sostenido en forma reiterada y pacífica por la jurisprudencia de nuestro M.T.; así, en sentencia de fecha 09 de agosto de 1990, dictada con ponencia del Magistrado CARLOS TREJO PADILLA, citada por Oscar R P.T., en su obra “Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, (vol. 8/9, p. 236), estableció que: “Los referidos procedimientos judiciales que establece la Ley, son incompatibles entre sí, por lo que la acumulación de pretensiones que se refieran a cobro de honorarios judiciales y extrajudiciales respectivamente, está vedada por disposición expresa del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil” (sic)

El artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, contempla que en cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados.

Igualmente, el artículo 23 de la Ley de Abogados establece que: “Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir su intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley”.

De conformidad con estas disposiciones legales, se observa que la Ley concede al abogado dos vías procesales distintas para reclamar el pago de sus honorarios profesionales, dependiendo si éstos han sido causados en juicio o fuera de él.

En consecuencia, tratándose de honorarios extrajudiciales, su reclamación debe hacerse por vía principal, es decir, debe interponerse por demanda autónoma, con las formalidades de ley, la cual se sustanciará y decidirá con arreglo a las disposiciones del procedimiento breve, pautado en el artículo 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso, el conocimiento de la acción, corresponderá indiscutiblemente al Juez Civil competente por razón del territorio y del valor de la demanda.

En cambio, para reclamar judicialmente el cobro de honorarios profesionales provenientes de sus gestiones en juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán en cualquier estado de la causa, estimar sus honorarios y exigir su pago, bien a su propio cliente, bien a la parte que haya resultado vencida y por ende condenada en costas, en cuyo caso la reclamación deberá sustanciarse en cuaderno separado en el expediente de la causa que dio origen a tales honorarios, acorde al trámite procedimental establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados y conforme a las previsiones del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

La más reciente doctrina emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 25 de julio de 2011, con ponencia del Magistrado JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, dejó claramente establecido, con carácter vinculante, el procedimiento de intimación de honorarios profesionales de abogado y las fases que lo informan, conforme a la conducta asumida por el intimado, en los siguientes términos:

(omissis):…

…Por otra parte, en cuanto al proceso de cobro de honorarios profesionales del abogado, tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia n.°: RC.000235, del 01 de junio de 2011, caso: J.E.C.C.d. profesionales, el mismo se sustancia por un procedimiento especial previsto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, tiene carácter autónomo y puede comprender dos etapas, que son las siguientes:

El proceso de intimación de honorarios profesionales de abogado, pautado en el artículo 22 de la Ley de Abogados, tiene carácter autónomo y puede comprender o abarcar dos etapas, una de conocimiento y otra de retasa, según la conducta asumida por el intimado. En la etapa de conocimiento, cuya apertura se produce con la introducción del escrito de estimación e intimación de los honorarios, lo que constituye una verdadera demanda de cobro, una vez citado el demandado, éste dispone de diez días para impugnar el cobro de los honorarios intimados y para acogerse a la retasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de abogados. (Cfr. Sentencia de esta Sala, de fecha 11 de agosto de 1993, caso: J.A.G. contra Bancentro C.A). Luego de ello, se debe abrir expresamente por el tribunal, la articulación probatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil; esta fase culmina con la respectiva sentencia definitivamente firme de condena, que se pronuncia sobre la demanda o, como fase única, con el solo ejercicio del derecho de retasa, por parte del intimado.

La parte perdedora tiene derecho a que le sea revisada la indicada sentencia de condena dictada en la fase de conocimiento, no sólo por el tribunal de alzada sino incluso por casación, bajo los supuestos y oportunidades previstos por la ley.

En la segunda fase, de retasa, el demandado tiene derecho a que sea retasado el monto condenado a pagar por la sentencia de condena, todo de conformidad con el procedimiento de retasa dispuesto en la Ley de Abogados, siendo de observar que la solicitud de acogerse al derecho de retasa puede ser ejercido por el demandado en la oportunidad de contestar la demanda, o dentro de los diez días de despacho después de haber quedado firme la sentencia de condena. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 601, caso: A.B.M. y Otros contra Seguros Los Andes, C.A., expediente 2010-000110).

Ahora bien, hechas las anteriores consideraciones, deben hacerse las siguientes advertencias puntuales, de gran trascendencia: 1º- La fase de conocimiento termina con la sentencia de condena y, en caso de que quede firme y no se haya ejercido el derecho de retasa oportunamente, será dicha sentencia la que se ejecute, sin que deba aludirse ni haya lugar a una nueva demanda en que se dicte decreto o auto intimatorio alguno. De ahí la importancia, de que la sentencia que condene al pago deba indicar el monto que condena a pagar al demandado si es el caso, tanto porque debe bastarse a si misma para toda virtual ejecución, como también, para que sirva de parámetro a los jueces retasadores…

(sic) (Subrayado del texto copiado; resaltado de este Juzgado Superior).

Tal como señaló la parte actora en el escrito introductorio de la instancia, el artículo 22 de la Ley de Abogados, consagra que el ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, conforme a las tarifas de honorarios mínimos establecidas en el artículo 1 del nuevo Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados, en unidades tributarias.

Asimismo, establecen los artículos 1.110 y 1.112 del Código Civil Venezolano lo siguiente:

Artículo 1.110: Los coherederos contribuyen al pago de las deudas y cargas de la herencia en proporción a sus cuotas hereditarias, salvo que el testador haya dispuesto otra cosa

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Artículo 1.112: Los herederos están obligados a satisfacer las deudas y cargas hereditarias personalmente, en proporción a su cuota, e hipotecariamente por el todo, salvo su recurso, si hay lugar, contra los coherederos en razón de la parte con que deben contribuir

.

En razón de lo dispuesto en los artículos 1.110 y 1.112 del Código Civil, los coherederos contribuyen al pago de las deudas y cargas de la herencia en proporción a sus cuotas hereditarias, y están obligados a satisfacer las deudas y cargas hereditarias personalmente, en proporción a su cuota.

Esta cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no esté separado legalmente, es lo que el referido texto sustantivo en su artículo 883, denomina la legítima, a saber:

Artículo 883: La legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no esté separado legalmente de bienes, con arreglo a los artículos siguientes.

El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición

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Artículo 884: La legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o naturales, y la del cónyuge, será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada; y concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas establecidos para dicha sucesión

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Ahora bien, de las actuaciones que obran en copia certificada a los folios 112 al 155 del presente expediente, se observa que en efecto, el abogado R.A.D.M., en ejercicio de las facultades conferidas por el ciudadano E.S.C., mediante instrumento poder otorgado por ante la Notaría Pública Segunda del Estado Mérida, en fecha 1° de marzo de 2004, anotado bajo el N° 15, Tomo 18 de los Libros de autenticaciones llevados por esa oficina notarial, realizó las actuaciones judiciales en el juicio de divorcio contenido en el expediente signado con el número de expediente 7791 de la nomenclatura propia del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, cuyos honorarios son el objeto de la reclamación a que se contrae el presente expediente, las cuales fueron discriminados en el escrito libelar.

Por otra parte se observa, que la parte intimada en su contestación a la demanda, rechazó y negó el derecho del demandante a cobrar las cantidades de dinero por concepto de las actuaciones judiciales que fueron desglosadas en el libelo y se acogió al derecho de retasa, alegando que en materia de divorcio ya no existe el concepto que existía en el Código Civil derogado que se denomina litis expensas, mediante las cuales se obligaba al cónyuge varón cuando demandaba por divorcio, a pagar honorarios a la cónyuge, que actualmente el Código Civil no recoge tal concepto, sino que en esta materia, cada parte debe pagar los honorarios a los abogados que contrate y que el concepto de honorarios profesionales no se heredan, ni jamás pueden formar parte de la carga procesal de los herederos.

En este sentido considera esta Alzada, que tomando en consideración el hecho que el ejercicio de la profesión del abogado es una obligación de medios y de resultados que dependen de la naturaleza de la actuación, en lo que concierne al cobro de honorarios judiciales, indudablemente, además de los medios valen los resultados obtenidos, pues depende de la voluntad y diligencia empleada por el abogado en representación de su mandante, la obtención de efectivos resultados, y, en el caso sub examine, la parte intimante demostró fehacientemente su disposición diligente, expedita, acuciosa y presta en lo que respecta a los trámites procesales que fueron de sumo interés para el ciudadano E.S.C. antes de su muerte y para el momento en que se encontraba vigente el mandato conferido.

Igualmente considera quien decide, que independientemente del hecho de que el ciudadano E.S.C. haya fallecido en fecha 30 de agosto de 2004, vale decir, cinco (05) meses después de haber otorgado poder al abogado R.A.D.M., consta de los autos que en vida, facultó a éste para el trámite procesal de la demanda de divorcio incoada contra su cónyuge, vale decir, que en ejercicio de la representación judicial conferida, el referido abogado ejecutó determinadas actuaciones judiciales en nombre de su cliente, ciudadano E.S.C., que le generaron los honorarios profesionales que hoy demanda, y por tanto, el hecho mismo del fallecimiento de aquél no constituye ni mucho menos, la imposibilidad del abogado de cobrar sus honorarios derivados de las actuaciones realizadas en el referido juicio de divorcio, máxime cuando actuó por mandato de su conferente, a menos que se hubiere demostrado en el decurso del proceso, que tales honorarios hubiesen sido debidamente satisfechos.

Por otra parte, discrepa esta Superioridad del criterio que motivó al Juez de la recurrida a considerar que el demandante no tiene derecho al cobro de los honorarios profesionales intimados por haber sido causados en juicio de divorcio, argumentando que fue suprimido de nuestro vigente texto sustantivo el beneficio procesal de la litis expensas a favor del o la cónyuge que interponía la acción de divorcio, consagrado en el derogado Código Civil de 1.982, y, como consecuencia de tal situación, tampoco resulta válido que ante la muerte de uno de los cónyuges, el cónyuge sobreviviente y sus herederos puedan ser condenados al pago de una litis expensas, ya que es un hecho cierto que en materia de divorcio quien solicita los servicios de un abogado debe pagarlos.

En efecto, considera esta Alzada que el supuesto de hecho esgrimido por el Juez de la causa en la recurrida, se corresponde con la situación en la cual los honorarios intimados obedecen a la terminación del juicio de divorcio mediante sentencia definitiva, lo cual no ocurrió en el caso bajo estudio, en virtud que el cobro de honorarios profesionales por parte del abogado R.A.D.M., a las herederas del ciudadano E.S.C., obedecen al pago de sus honorarios causados por las actuaciones procesales realizadas en nombre del causante de las demandadas, quienes conforme con lo dispuesto en los artículos 1.110 y 1.112 del Código Civil, como sus coherederas deben contribuir al pago de las deudas y cargas de la herencia en proporción a sus cuotas hereditarias, y están obligadas a satisfacer las deudas y cargas hereditarias personalmente, como ya se dijo, en proporción a su cuota.

Así, por cuanto de los autos no existe elemento de prueba que conlleve a este Juzgador a considerar que nada se adeuda al intimante por los conceptos señalados en el escrito de la demanda, resulta ajustado a derecho la reclamación del intimante a cobrar sus honorarios judiciales en virtud de las actuaciones judiciales efectuadas en representación del ciudadano E.S.C., en el juicio de divorcio antes mencionado.

En tal sentido, se considera que el abogado R.A.D.M., en su condición de parte intimante, le corresponde el derecho de cobrar a las ciudadanas M.F.V.V.D.C., L.M.C.V., L.C.V. y L.C.C.V., en su condición de herederas del causante E.S.C., lo concerniente a las actuaciones realizadas en nombre del referido causante, las cuales se encontraban dentro de los términos bajo los cuales se le facultó para ejercer la representación legal en el juicio de divorcio, porque efectivamente realizó las actividades encomendadas que reclama. Y así se decide.

Ahora bien se evidencia de la revisión minuciosa del escrito libelar, que el abogado intimante R.A.D.M., además de discriminar las actuaciones judiciales que demanda, relacionó todos los bienes que conformaban la sociedad conyugal, señalando al respecto:

Que la suma total del valor estimado de la sociedad de gananciales, según el valor dado a cada bien es la cantidad de cuatrocientos cuarenta y tres millones de bolívares (Bs. 443.000.000), actualmente cuatrocientos cuarenta y tres mil bolívares (Bs. 443.000,00).

Que el artículo 22, parágrafo segundo del Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados, establece que: “Si la separación incluye bienes de la comunidad conyugal, cobrará además de la suma anterior el cinco por ciento (5%) del valor del activo”.

Que dicho monto porcentual, según la estimación total de la sociedad de gananciales es por la cantidad de veintidós millones ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 22.150.000,00), actualmente veintidós mil ciento cincuenta bolívares (Bs. 22.150,00).

Que la suma total de las actuaciones antes mencionadas de manera pormenorizada, fueron realizadas en nombre de su mandante el ciudadano E.S.C. y constituyen sus honorarios profesionales por disposición de la ley, los cuales alcanzan la cantidad de veinticuatro millones ochocientos diecisiete mil seiscientos bolívares (Bs. 24.817.600), actualmente veinticuatro mil ochocientos diecisiete bolívares con sesenta céntimos (Bs. 24.817,60).

El artículo 22 del Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados, establece:

Artículo 22: El estudio del caso, redacción del libelo y tramitaciones del juicio de divorcio y separación de cuerpos por vía ordinaria hasta sentencia definitiva es de Bs. 300.000,oo.

En caso de ejercicio de recursos en otra instancia y Recurso de Casación, los honorarios serán a convenir entre el Abogado y su cliente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el caso previsto en el artículo 185-A del Código Civil. Bs. 150.000,oo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la separación incluye bienes de la comunidad conyugal, se cobrara además de la suma anterior, el 5% del valor del activo

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Al respecto considera quien decide, que el parágrafo segundo de la norma transcrita up supra, en el caso bajo estudio no resulta aplicable, en primer lugar porque el juicio en cual se realizaron las actuaciones judiciales demandadas por el abogado R.A.D.M., se refiere a la acción de divorcio ordinario, el cual no prevé de manera conjunta la liquidación de los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal por referirse a acciones que se excluyen entre sí, y en segundo lugar, porque el referido juicio de divorcio no se desarrolló hasta su conclusión con la sentencia definitiva, por el contrario, antes de la oportunidad legal para la contestación de la demanda, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del Estado Mérida, mediante auto de fecha 03 de noviembre de 2004 (folio 155), en virtud de la muerte del ciudadano E.S.C., quien era el cónyuge demandante, declaró terminado el juicio y ordenó el archivo del expediente, lo que significa que no hubo declaratoria judicial de partición y liquidación de bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, razón por la cual mal podría esta Alzada, acordar el 5% del valor de los activos, como lo señala el intimante en su libelo. Y así se decide.

Igualmente se evidencia de la revisión minuciosa del escrito libelar, que el abogado intimante R.A.D.M., solicitó que en la sentencia definitiva se ordenara una experticia complementaria del fallo para determinar la corrección monetaria por ajuste inflacionario, de todos los conceptos demandados.

Al respecto observa esta Alzada, que ha sido criterio pacífico y reiterado del nuestro m.T. de la República, que en materia de estimación e intimación de Honorarios Profesionales, es procedente la solicitud de la indexación monetaria y en el presente caso resulta procedente, en virtud de que se trata de una obligación de carácter pecuniario y fue solicitada en su debida oportunidad, además por ser un hecho notorio, que la devaluación de la moneda acarrea un detrimento en el patrimonio del accionante, razón por la cual, resulta procedente la referida corrección monetaria, la cual deberá calcularse desde la fecha de la interposición de la demanda hasta la fecha en la cual quede definitivamente firme la sentencia definitiva. Y así se declara.

Por cuanto la representación legal de las ciudadanas M.F.V.V.D.C., L.M.C.V., L.C.V. y L.C.C.V., en su condición de herederas del causante E.S.C., parte intimada, en la oportunidad legal de dar contestación a la demanda y formular oposición, expresamente se acogieron al derecho de retasa, una vez quede firme la presente decisión y se remitan las actuaciones al tribunal de la causa, se ordena la apertura del procedimiento correspondiente. Y así se decide.

Por las consideraciones que anteceden, la sentencia recurrida debe ser modificada, como en efecto se hará en el dispositivo del present5e fallo. Y así se decide.

DISPOSITIVO

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, actuando en sede civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autori¬dad de la Ley, dicta sen¬tencia en los términos siguientes: