Decisión nº 5291 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 19 de Marzo de 2013

Un vehículo placas ABO-33X, taxi destinado al transporte público, color azul, marca Ford.

Un vehículo, placas BD127T, marca Dodge, color azul, destinado al transporte público.

Un vehículo, placas VBI-380, destinado al transporte público, marca Chevrolet, color azul, Malibú.

Un apartamento ubicado en la urbanización Campo de Oro, distinguido con el N° 01-03, ubicado en el edificio 01, bloque 02 de la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, adquirido según documento de fecha 09 de junio de 1999, bajo el N° 10, folios 48 y siguientes del Protocolo Primero, Tomo Vigésimo Quinto, Segundo Trimestre.

Una casa para habitación ubicada en el sitio denominado “Aguas Calientes” del municipio Campo E.d.E.M., adquirido según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Campo E.d.E.M., en fecha 15 de junio de 1999, bajo el N° 18, Protocolo Primero, Tomo 8, Segundo Trimestre del citado año.

Señaló como domicilio procesal la calle 8, N° 3-47, de la población de Bailadores, Municipio Rivas D.d.E.M..

Mediante escrito presentado en fecha 30 de julio de 2009 (folios 118 al 120), el abogado Y.O.R.M., en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana DIRI M.C.M., procedió a contestar la demanda en los términos que se resumen a continuación:

Que siendo la acción de estricto orden público y los hechos que se pretende hacer valer es el reconocimiento de la unión concubinaria con su representada, procedió a negar tanto los hechos alegados como el derecho invocado en la demanda, por cuanto el demandante no tiene capacidad para sostener el juicio, ya que si bien es cierto que es padre de los hijos que procreó con su representada, también es cierto que se ausentó de la vivienda donde hacían vida común por más de 10 años.

Que la acción está evidentemente prescrita y es por eso que de común acuerdo verbal, los concubinos convinieron que el ciudadano F.Q.M., cedería en plena propiedad, posesión y dominio el inmueble ubicado en el sitio denominado El Salado del Municipio Campo E.d.E.M., donde se encuentra ubicada la casa de habitación que su poderdante construyó con dinero de su propio peculio y a través del crédito otorgado por el IPASME.

Que la fecha en que el ciudadano F.Q.M., se ausentó de la vivienda fue justamente los días cercanos a la venta, es decir, el día 23 de julio de 1997, razón por la cual ratificó la defensa de prescripción de la acción de reconocimiento de unión concubinaria.

Que la vivienda la construyó su representada con gran esfuerzo, mucho tiempo después que el ciudadano F.Q. se ausentó de la casa, y que para esa fecha no estaba culminada.

Que del convenio verbal al que llegaron los concubinos, se acordó que el ciudadano F.Q.M., conservaría para sí una gran cantidad de bienes mueble e inmuebles, como vehículos, cupos para taxis, apartamentos y dinero ya que se dedicaba al préstamo de dinero con intereses y su representada se quedaría con la casa en cuestión para la tramitación del crédito, cosa que no cumplió y posteriormente demandó por unión concubinaria la cual está evidentemente prescrita.

Que como defensa de fondo opone la caducidad de la acción, con fundamento en el artículo 1.346 del Código Civil, por haber operado la prescripción extintiva para el ejercicio de la acción propuesta, siendo que, la prescripción de la acción es una institución indispensable para mantener el orden social y en base a los argumentos jurídicos que a continuación señala:

Que el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil pauta que en la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar; asimismo que junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación, podrá este hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el demandado para intentar o sostener el juicio, y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9º, 10º y 11º del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas. Si el demandado quisiere proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma contestación.

Que establece la norma en comento, que junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación, puede hacer valer las cuestiones a que se refieren los ordinales 9º, 10º y 11º del artículo 346.

Que la defensa planteada contemplada en el ordinal 10º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, promovida y alegada en el acto de contestación de la demanda, con fundamento en lo establecido en el artículo 361 eiusdem, atiende exclusivamente a la acción, con el fin de obtener no la composición de la controversia, sino impedir la entrada de la acción contenida en la demanda, como consecuencia de su caducidad, es por esto, que al declarar con lugar la caducidad, la demanda se declara sin lugar y consecuencialmente, queda desechado y extinguido el proceso, sin estar sujeto al conocimiento del fondo.

Que propuso la reconvención en base a lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: “…si el demandado quisiera proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma contestación…”, y el artículo 365 eiusdem, se refiere a la regla general en materia de reconvención y expresa: “…Podrá el demandado intentar la reconvención o mutua petición, expresado con toda claridad y precisión el objeto y sus fundamento si versare sobre el objeto distinto al del juicio principal lo determinará como lo indica el artículo 340…”.

Que para mayor señalamiento se establece, que la reconvención es un medio de ataque a favor del demandado, a través del cual se hace valer contra el demandante pretensiones basadas en el mismo título de la demanda principal o en uno diferente y que por razones de economía procesal y conexión, el legislador permite que sea interpuesta en el mismo proceso y que sea resuelta en una sola sentencia, pero siempre una mutua pretensión entre demandado y demandante.

Que en palabras del Tratadista A.R.-Romberg (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo III, pág. 145 y ss, señala que: “…puede definirse como la pretensión que el demandado hace valer contra el demandante junto con la contestación en el proceso pendiente, fundada en el mismo proceso y mediante la misma sentencia…”, continua señalando el referido autor, que “…con la reconvención el demandado que la propone adquiere la condición de actor y se le denomina demandado reconviniente, y el actor en la demanda principal, contra quien se hace valer la demanda reconvencional, adquiere la condición de demandado y se le denomina actor reconvenido…”.

Que reconviene al ciudadano F.Q.M., quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 678.914, divorciado, domiciliado en la ciudad de Mérida, para que de ser declarada con lugar la demanda por reconocimiento de unión concubinaria, sean liquidados los siguientes bienes inmuebles y muebles que adquirió y vendió durante el tiempo que el referido ciudadano dijo haber vivido con su representada, es decir, desde el nacimiento de sus hijos hasta el día en que se ausentó del domicilio en el año 1997.

Que en base a la presunción de comunidad y conforme al artículo 767 del Código Civil, la mujer debe probar que adquirió o aumentó un patrimonio durante la unión de hecho y que durante el tiempo en que se formó o aumentó el patrimonio, vivió en permanente concubinato con el hombre contra quien hace valer la presunción a su favor.

Que solicita se admita la reconvención planteada, y de ser cierta la relación concubinaria, se proceda a liquidar los siguientes bienes:

Un vehículo, placas ABO-33X, taxi destinado al transporte público, color azul, marca Ford.

Un vehículo, placa BD127T, marca Dodge, color azul, destinado al transporte público.

Un vehículo, placa VBI-380, destinado al transporte público, marca Chevrolet, color azul, Malibu.

Un apartamento ubicado en la urbanización Campo de Oro, distinguido con el N° 01-03, ubicado en el edificio 01, bloque 02 de esta ciudad de M.M.L.d.E.M., adquirido según documento de fecha 09 de junio de 1999, bajo el N° 10, folios 48 y siguientes, Protocolo Primero, Tomo Vigésimo Quinto, Segundo Trimestre.

Una casa para habitación ubicada en el sitio denominado “Aguas Calientes” del municipio Campo E.d.E.M., adquirido según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Campo E.d.E.M., en fecha 15 de junio de 1999, bajo el N° 18, Protocolo Primero, Tomo 8, Segundo Trimestre del citado año.

Señaló como domicilio procesal la calle 8, N° 3-47, de la población de Bailadores, Municipio Rivas D.d.E.M..

Mediante sentencia de fecha 05 de agosto de 2009 (folios 122 al 130), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, declaró inadmisible la reconvención por partición de bienes y por la naturaleza del fallo, no condenó en costas.

Por auto de fecha 14 de agosto de 2009 (folio 131), el Tribunal de la causa, declaró definitivamente firme la sentencia de fecha 05 de agosto de 2009, en virtud de haber vencido los lapsos legales para interponer los recursos.

Mediante diligencia de fecha 30 de septiembre de 2009 (folio 132), el abogado R.A.T.D., en su condición de apoderado judicial de la parte actora, consignó escrito de promoción de pruebas.

Mediante diligencia de fecha 1° de octubre de 2009 (folio 133), el abogado R.A.T.D., en su condición de apoderado judicial de la parte actora, consignó escrito de promoción de pruebas.

Por auto de fecha 13 de octubre de 2009 (folio 177), el Tribunal de la causa, admitió las pruebas promovidas por el abogado R.A.T.D., en su condición de apoderado judicial de la parte actora.

Por escrito presentado en fecha 19 de octubre de 2009 (folios 181 y 182), el abogado Y.O.R.M., en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana DIRI M.C.M., solicitó la reposición de la causa al estado de admitir las pruebas promovidas por las partes.

Mediante escrito presentado en fecha 19 de octubre de 2009 (folio 183), el abogado Y.O.R.M., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, promovió pruebas en la causa.

En fecha 22 de octubre de 2009 (folios 189 al 200), el Tribunal de la causa declaró sin lugar la reposición de la causa solicitada por la parte demandada y declaró la nulidad del auto de fecha 05 de octubre de 2009, por lo que en consecuencia, decretó la reposición de oficio al estado en que se encontraba para la referida fecha, a los fines de que se dejaran transcurrir tres días de despacho del lapso de promoción de pruebas, no condenó en costas y ordenó la notificación de las partes.

Por diligencia de fecha 26 de octubre de 2009 (folio 215), el Tribunal comisionado declaró desierto el acto de declaración testifical del ciudadano J.O.N.G., por su incomparecencia.

Por diligencia de fecha 26 de octubre de 2009 (folio 216), el Tribunal comisionado declaró desierto el acto de declaración testifical de la ciudadana SATURNILA G.P., por su incomparecencia.

Por diligencia de fecha 26 de octubre de 2009 (folio 217), el Tribunal comisionado declaró desierto el acto de declaración testifical del ciudadano J.A.M., por su incomparecencia.

Por diligencia de fecha 26 de octubre de 2009 (folio 218), el Tribunal comisionado declaró desierto el acto de declaración testifical del ciudadano R.C., por su incomparecencia.

Previa notificación de las partes, mediante diligencia de fecha 11 de febrero de 2010 (folio 229), el abogado R.A.T.D., en su condición de apoderado judicial de la parte actora, consignó escrito de promoción de pruebas.

A través del auto de fecha 23 de febrero de 2010 (folios 233 y 234), el Tribunal de la causa admitió las pruebas promovidas por el abogado R.A.T.D., en su condición de apoderado judicial de la parte actora.

Por auto de fecha 23 de febrero de 2010 (folio 239), el Tribunal de la causa declaró definitivamente firme la decisión dictada en fecha 22 de octubre de 2009.

Mediante auto de fecha 20 de mayo de 2010 (folio 240), el Tribunal de la causa ordenó la apertura de la segunda pieza del expediente, de conformidad con el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil.

Por diligencia de fecha 12 de marzo de 2010 (folio 247), el Tribunal comisionado declaró desierto el acto de declaración testifical del J.O.N.G., por su incomparecencia.

Mediante acta de fecha 12 de marzo de 2010 (folio 248), el Tribunal comisionado dejó constancia escrita del acto de declaración de la testigo SATURNILA G.P..

Mediante acta de fecha 12 de marzo de 2010 (folio 249), el Tribunal comisionado dejó constancia escrita del acto de declaración del testigo J.A.M.G..

Mediante acta de fecha 12 de marzo de 2010 (folio 250), el Tribunal comisionado dejó constancia escrita del acto de declaración del testigo R.C..

Mediante acta de fecha 06 de mayo de 2010 (folio 270), el Tribunal comisionado dejó constancia escrita del acto de declaración del testigo H.D.P., a los fines de reconocer el contenido y firma de documento.

Por auto de fecha 17 de junio de 2010 (folio 273), el Tribunal de la causa acordó que la presentación de los informes debía realizarse en el décimo quinto día de despacho siguiente a esa fecha, para lo cual ordenó la notificación de las partes.

Mediante diligencia de fecha 30 de junio de 2010 (folio 279), el ciudadano Alguacil del Tribunal de la causa, dejó constancia de la notificación del abogado R.A.T.D., en su condición de apoderado judicial de la parte actora.

Mediante diligencia de fecha 13 de julio de 2010 (folio 287), el ciudadano Alguacil del Tribunal comisionado, manifestó que procedió a entregar la boleta de notificación a la ciudadana E.R.M., titular de la cédula de identidad N° 16.317.552, quien entregaría la boleta al abogado Y.O.R.M., en su condición de apoderado judicial de la parte demandada.

A través de la diligencia de fecha 16 de septiembre de 2010 (folio 288), el abogado R.A.T.D., en su condición de apoderado judicial de la parte actora en la causa, consignó escrito de informes en la causa.

Por auto de fecha 06 de octubre de 2010 (folio 296), el Tribunal de la causa ordenó librar a los fines de su publicación por la prensa, el edicto a que se contrae la parte in fine del ordinal 2° del artículo 507 del Código Civil, llamando a hacerse parte a todo aquél que tenga interés directo y manifiesto en el juicio.

Mediante diligencia de fecha 08 de octubre de 2010 (folio 298), el ciudadano Alguacil del Tribunal de la causa, procedió a fijar en la cartelera del tribunal, el e.l. a todo aquél que tenga interés directo y manifiesto en el juicio.

Por auto de fecha 08 de octubre de 2010 (folio 299), el Tribunal de la causa en virtud de encontrase vencido el lapso para presentar observaciones a los informes presentados por la parte contraria, entró en términos para decidir la causa

Mediante diligencia de fecha 18 de octubre de 2010 (folio 301), el abogado R.A.T.D., en su condición de apoderado judicial de la parte actora, consignó ejemplar del periódico donde aparece la publicación del edicto.

A través de la diligencia de fecha 22 de octubre de 2010 (folio 304), la ciudadana DIRI M.C.M., debidamente asistida por el abogado P.D.L., consignó revocatoria de poder otorgado al abogado Y.O.R..

Mediante diligencia de fecha 22 de octubre de 2010 (folio 308), la ciudadana DIRI M.C.M., debidamente asistida por el abogado P.D.L., otorgó poder apud acta a éste, y al abogado K.J.P.B., a los fines de que representen sus derechos e intereses en la causa.

Por auto de fecha 08 de diciembre de 2010 (folio 310), el Tribunal de la causa, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, difirió la publicación de la sentencia para el trigésimo día calendario siguiente a esa fecha.

II

DE LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de fecha 02 de marzo de 2011 (folios 311 al 326), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, declaró:

(Omissis):

…PARTE MOTIVA

PRIMERA: THEMA DECIDENDUM: El juicio por reconocimiento de unión concubinaria fue interpuesto por el ciudadano F.Q.M., en contra de la ciudadana DIRI M.C.M.. Ahora bien, tanto los hechos narrados por la parte actora en el libelo de la demanda, como los señalados por la parte accionada en la contestación de la demanda, fueron debidamente especificados en la parte narrativa de este fallo. Corresponde al Tribunal determinar, la procedencia o no de la acción incoada. Así quedó trabada la litis.

SEGUNDA: DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA.

1) Valor y mérito jurídico probatorio de los documentos “A, B, C, D, E, F, G, H y E” consistente en 9 planos de casa quinta ubicada en el Salado, Ejido del Estado Mérida.

Observa el Tribunal que del folio 143 al 151 corren los referidos planos de un proyecto de casa-quinta, ubicada en el referido sector de El Salado de Ejido, Estado Mérida, en el que figura como propietaria CARRERO MORA DORI, y como arquitecto del proyecto, el ciudadano H.D.P.. Con respecto a los planos topográficos y cartográficos el legislador procesal no prohíbe la promoción de estos instrumentos privados o públicos según sea el caso, emanados de terceros, y cuando son privados, solo regula su admisibilidad sujetándola a la ratificación del instrumento mediante la prueba testifical del tercero, para ratificar dichos planos en su contenido y firma, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

Para el caso que el plano emane de una institución pública, y el mismo no hubiese sido tachado, ni impugnado en forma alguna por la parte contra quien se pretende hacer valer, por el principio de la libertad probatoria a que se contrae el artículo 395 eiusdem, a dicho plano debe asignársele valor probatorio. Sin embargo se debe determinar su eficacia jurídica mediante un análisis de su pertinencia con respecto a los hechos litigiosos.

El artículo 502 del Código de Procedimiento Civil se refiere a los planos como una facultad del Juez para usar dicho medio técnico a pedimento de cualquiera de las partes o aun de oficio, practicado o a practicarse intralitem.

En el caso de los planos topográficos y cartográficos hechos por cartografía nacional, que forman parte de los archivos catastrales de la nación y de entes u organismos dependientes del estado encargados de proporcionar formación fidedigna, son a.c.d. públicos y en tal caso no se requiere su ratificación por vía testifical.

2) Valor y mérito jurídico probatorio de “Proyecto de Vivienda Unifamiliar”, marcada con la “J”.

Observa el Tribunal que del folio 152 al 154 corre en copia fotostática simple el mencionado documento privado emitido por la Oficina Proyectos, Cálculos de Instalaciones, Cómputos Métricos, Avaluos, Levantamientos Topográficos y Dibujos, representada por el Arquitecto H.D.P.; tal documento no se le asigna ningún tipo de valor probatorio, ya que el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, señala que las copias fotostáticas producidas en juicio se reputaran fidedignas cuando se traten de documentos públicos o privados reconocidos expresa o tácitamente por la parte a la cual se oponen y no fueren impugnadas por el adversario, de ello se infiere que las copias fotostáticas de los documentos simplemente privados carecen de todo valor probatorio y sólo sirven a su promovente como un principio de prueba a los fines de adminicularla con respecto a otro medio probatorio legal, pues tal como lo señala el DR. R.E.L.R., en su obra titulada “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”, Tomo III, Página 444 y siguientes: “...el artículo 429 se refiere a la impugnación y cotejo de las reproducciones de documentos públicos y privados reconocidos expresa o tácitamente, restando valor probatorio a los instrumentos privados producidos en copia fotostática simple...”.

De igual manera ha sido doctrina sostenida por la extinta Corte Suprema de Justicia que las copias simples carecen de valor probatorio y así lo dejó establecido en la sentencia de fecha 11 de noviembre de 1999, cuando expresó: “...los documentos privados deben ser presentados en originales, no en copias fotostáticas. Debe recordarse que sólo pueden ser traídos a juicio documentos en copias fotostáticas, cuando se trate de instrumentos públicos, privados reconocidos o legalmente tenidos por reconocidos conforme a la permisión establecida en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. (...) es forzoso concluir para esta Sala que tales fotostáticos no pueden tener valor probatorio en este juicio...”

3) Valor y mérito jurídico probatorio de la tramitación de Permisos de Construcción, marcada “K”.

Evidencia el Tribunal que del folio 155 al 159 corre en copia simple, tramitación de permisos de construcción, emanado por el Departamento de Ingeniería Municipal del Distrito Campo E.d.E.M., expedido a la ciudadana D.M.C.M.. Considera el Tribunal que dicha prueba se trata de un documento público administrativo que se valora como tal; señala este Tribunal, que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en reciente sentencia número 0499, de fecha 20 de marzo de 2.007, contenida en el expediente número AA60-S-2006-001870, con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., al valorar el documento público administrativo, señaló:

…Partiendo del contenido del acto en cuestión y del órgano del cual emanan, la Sala estima que tales documentos deben reputarse como documentos públicos administrativos, que gozan de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, desvirtuable mediante prueba en contrario.

La Sala Constitucional, al referirse a los documentos públicos administrativos en sentencia Nº 1307, de fecha 22 de mayo de 2003, expediente Nº 02-1728, ratificada en sentencia Nº 4992, de fecha 15 de diciembre de 2005, expediente Nº 05-0465, y que hizo suya esta Sala en sentencia Nº 1015 de fecha 13 de junio de 2006, señalo lo siguiente:

…El concepto de documento público administrativo ha sido tratado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Político – Administrativo, y se fundamenta en que los actos escritos emanados de la Administración Publica gozan de una presunción de veracidad y legitimidad, lo que es característico de la autenticidad; formalmente para que un acto sea auténtico se requiere que esté firmado por el funcionario competente para otorgarlo, y que lleve el sello de la oficina que DORIge…

Por su parte la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 00209 de fecha 16 de mayo de 2003, señaló que:

… Los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc.), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el articulo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y por lo tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario.

Por lo que se valora como cierto, por estar revestido del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, por haber sido realizado por funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones y por no existir en los autos prueba en contrario, además por no tratarse de una certificación de mera relación.

4) Valor y mérito jurídico probatorio del recibo o factura emitido por el ciudadano H.D.P., marcada “L”.

Observa el Tribunal que al folio 160 corre en copia fotostática certificada documento privado, contentivo de recibo simple emitido por el Arquitecto H.D.P., a favor del ciudadano F.Q.M., por trabajos realizados como profesional en el área. Tal documento privado observa el Tribunal no fue impugnado por la parte demandada en orden a lo previsto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, ni fueron desconocidas sus firmas, ni tachado con base a las previsiones legales contenidas en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, razones por las cuales se da por reconocido dicho documento privado en orden a lo pautado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil. Así mismo, constató el Tribunal que el mencionado recibo fue reconocido en su contenido y firma, por el mencionado ciudadano H.D.P., esto al habérsele puesto a su vista.

5) Valor y mérito jurídico probatorio del recibo o factura emitido por el constructor o albañil R.C., marcado”M”.

Constata el Tribunal que al folio 161 corre en original recibo emitido por el ciudadano R.C., en virtud del cual hace constar que recibió del ciudadano F.Q.M., la cantidad de OCHO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 8.000,oo), por concepto de presupuesto por mano de obra relativa a la construcción de una Casa-Quinta de dos plantas, ubicada en la Calle Principal, Sector Calle de la Escuela, Casa número 1-48, El Salado Alto, Jurisdicción del Municipio Campo E.d.E.M.. Tal documento privado se le asigna valor jurídico probatorio, toda vez que el mismo fue ratificado por el tercero mediante la prueba testimonial, esto de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

6) Valor y mérito jurídico probatorio de la carta aval de la c.d.r. y buena conducta, emitida por el C.C.S.A. “Cocosalto”, Parroquia Montaban Municipio Campo E.d.E.M., marcado “N y Ñ”.

Observa el Tribunal que a los folios 162 y 163 corre la referida carta aval de la c.d.r. de fecha 26 de mayo de 2009, emitida por el mencionado C.C.d.S.A. “Cocosalto”, Parroquia Montaban, del Municipio Campo E.d.E.M., al ciudadano F.Q., suscrita por el Comité de Igualdad Social del referido consejo comunal, en virtud del cual señala que el ciudadano en referencia tiene su residencia en el Salado Alto, Calle Principal, Calle Principal [sic], Sector Calle La Escuela Casa número 1-48, desde hace diez (10)años. El Tribunal observa que tal documento, no fue impugnado por la parte demandada, es un documento administrativo emanado de la Administración Pública y como tal se valora de conformidad con el ordinal 10 del artículo 29 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

7) Valor y mérito jurídico probatorio de los siguientes documentos:

Documento de venta realizada por el ciudadano J.L.R.J. a los ciudadanos CARRERO MORA D.M. y F.Q.M., contentiva de 4 lotes de terreno con mejoras de una casa rural, registrado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Campo E.d.E.M., en fecha 10 de octubre de 1996, bajo el número 48, Tomo 1º, Protocolo Primero, Trimestre Cuarto marcado “O”.

Documento de cesión y traspaso de los derechos sobre 4 lotes de terreno con mejoras de casa rural, por parte del ciudadano F.Q.M., a la ciudadana D.M.C.M., registrado ante la Oficina Subalterna de Registro de Público del Municipio Campo E.d.E.M. en fecha 23 de julio de 1997, bajo el número 41, Tomo 6º, Protocolo Primero, Trimestre (sin identificar) del año en referencia, marcada “P”.

Documento de crédito hipotecario a favor del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipas–Me), por préstamo otorgado a la ciudadana D.M.C.M., registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Campo E.d.E.M., en fecha 3 de noviembre de 1998, bajo el número 5, Protocolo Primero, Tomo Quinto, Cuarto Trimestre del año en referencia, marcada “Q”.

Constata el Tribunal que los mencionados documentos protocolizados por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Campo E.d.E.M., son documentos públicos; este Tribunal les asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que los mismos no fueron tachados de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil. Sin embargo, de tales documentos públicos no se infiere la existencia de la relación concubinaria accionada, toda vez que si bien fueron valorados por el Tribunal, por así exigirlo el artículo 509, del Código de Procedimiento Civil, resultan inidóneos para comprobar tal relación concubinaria.

8) DE LA PRUEBA TESTIFICAL: La parte actora promovió las testimoniales de los ciudadanos J.O.N.G., SATURNILA GOMEZ [sic] PÉREZ, J.A. MÀRQUEZ GUTIERREZ [sic], R.C. y H.D.P..

El Tribunal comparte el criterio sustentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de marzo de 2.000, posteriormente ratificado en decisión de fecha 5 de octubre de 2.000, en el cual expresa lo siguiente:

Al pronunciarse con respecto a la declaración de un testigo, el Juez no está obligado a transcribir íntegra ni resumidamente el contenido de las preguntas y repreguntas con sus respuestas, pues su deber es indicar las razones por las cuales estima o desestima, según el caso, lo dicho por el testigo, es decir, debe señalar expresamente lo que lo lleva a la convicción de que éste le merece fe o por el contrario considera que incurrió en reticencia o falsedad.

De lo expuesto puede evidenciarse que cuando el sentenciador aprecia el dicho del testigo, no está obligado a transcribir íntegra ni resumidamente el contenido de las preguntas, repreguntas y respuestas respectivas, debe indicar las razones por las cuales estima o desestima, según el caso lo dicho por el testigo. (...)

Siendo así, no incurre la sentencia recurrida en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, pues como antes se indicó, el ad-quem al apreciar a los testigos arriba referidos, cumplió con el deber de señalar expresamente lo que lo llevó a la convicción de que los referidos testigos le merecen fe, como lo fue al indicar algunas de las respuestas dadas a las preguntas que el promovente de la prueba formuló como algunas de las respuestas dadas a las repreguntas, pudiendo con éstas controlarse la prueba mediante el análisis de los elementos en que se apoyó el Juez para apreciar dichos testimonios.”

DECLARACIÓN DEL TESTIGO J.O.N.G.. El Tribunal constata que al folio 250 corre acto en virtud del cual el Tribunal dejó constancia que el ciudadano en mención no compareció a testificar, por lo que dicho acto fue declarado desierto. En tal sentido la testimonial en referencia se tiene como inexistente y en consecuencia no es objeto de valoración.

DECLARACIÓN DE LA TESTIGO SATURNILA GOMEZ [sic] PÉREZ. El Tribunal observa que la declaración efectuada por esta testigo corre agregada al folio 251. La declarante al ser interrogada respondió entre otros hechos los siguientes: Que conocía a los ciudadanos F.Q.M. y D.M.C.M., por cuanto vivían más arriba de su casa en la Calle La Escuela, parte alta del sector El Salado. Señaló que los ciudadanos en mención fungían como pareja, pero que no sabía si eran casados. Advirtió, que tenía conocimiento sobre todo lo dicho, en virtud a que los conocía desde hace aproximadamente 20 años.

Observa el Tribunal que la testigo en mención, señala tener conocimiento respecto a la convivencia entre ambos ciudadanos, sus dichos efectivamente son congruentes con sus afirmaciones, por cuanto la circunstancia del tiempo señalado es suficiente para tener conocimiento respecto a la relación debatida en autos; en este sentido, a la mencionada testimonial se le otorga eficacia jurídica probatoria a favor de la parte actora.

DECLARACIÓN DEL TESTIGO J.A.M.G. [sic]. El Tribunal observa que la declaración efectuada por este testigo corre inserta al folio 252. El declarante al ser interrogado respondió entre otros hechos los siguientes: Que conocía a los ciudadanos F.Q.M. y D.M.C.M., quienes viven en la Calle La Escuela. Que ambos ciudadanos son pareja y tienen más de 30 años viviendo juntos. Que conoce a los referidos ciudadanos hace como veinte años. Que sabía y le constaba que tenían tres hijos y una que era adoptada. Acotó que fue jardinero de estos [sic] y que el señor FEDERICO era quien le pagaba.

Observa el Tribunal, que el testigo en referencia incurrió en contradicción, siendo que sus dichos no revisten concordancia con lo señalado en su testimonial, toda vez que advierte que los ciudadanos en cuestión tenían más de 30 años viviendo juntos, cuando realmente tiene conocimiento de estos [sic], desde hace 20 años; hecho éste, que a todas luces es evidentemente confuso, en este sentido de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, a la referida testimonial no se le asigna eficacia jurídica probatoria.

DECLARACIÓN DEL TESTIGO R.C.. El Tribunal observa que la declaración efectuada por este testigo riela al folio 253. El declarante al ser interrogado respondió entre otros hechos los siguientes: Que conocía a los ciudadanos F.Q.M. y D.M.C.M., quienes viven en una casa ubicada en la Calle “La Escuela”, en el sector El Salado Alto.

Que él hizo la mencionada casa. Que tiene conocimiento que ambos ciudadanos están viviendo juntos, pero que sin embargo no sabía si eran casados o concubinos. Advirtió que los mismos están juntos, desde aproximadamente 18 o 20 años. A la pregunta respecto de la cual señalare si la pareja tenía hijos, respondió que tenían tres hijos y una niña que habían adoptado. A la pregunta en cuanto señalare que relación tenía con estas personas, respondió “yo los conocí desde que él y tenía un restaurante llamado la casona y después el [sic] me buscó para hacerle la casa en la misma dirección que residen ahorita y la casa se la hice en ocho millones y me canceló el señor Federico”. Observa el Tribunal que el testigo en referencia no incurrió en contradicciones o falsedad, su testimonio se valora a favor de la parte demandante, de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

DECLARACIÓN DEL TESTIGO H.D.P..

El Tribunal observa que la declaración efectuada por este testigo corre al folio 273 y la misma versó sobre el reconocimiento de contenido y firma del documento privado relativo a un recibo por Honorarios Profesionales. El declarante al ser impuesto a la vista del referido documento respondió que reconocía el contenido y firma del mismo. En este momento el abogado promovente procedió a interrogar al testigo y éste respondió lo siguiente: Que conocía a los ciudadanos F.Q.M. y D.M.C.M., desde hacia más de 20 años, que sin embargo no sabía si eran casados o si vivían en concubinato, que tenía conocimiento que la pareja en referencia había procreado tres hijos, dos hembras y un varón. A la pregunta en cuanto señalare el tipo de relación que mantuvo con los ciudadanos en cuestión, respondió, que aparte de la amistad que les prodigaba, les realizó un trabajo (como arquitecto de obra), recibiendo un dinero por parte del señor F.Q.. Que la ubicación donde realizó el trabajo, fue en el sector el Salado, Parte Alta, del Municipio Campo E.d.E.M..

Observa el Tribunal que el mencionado testigo no incurrió en contradicción o duda en sus dichos, su testimonio es congruente con lo afirmado en autos toda vez que el tiempo que tiene conociendo a la pareja, es suficiente para determinar el grado de confiabilidad al respecto, aunado a ello el referido testigo reconoció el contenido y firma del recibo concerniente a honorarios profesionales, por concepto del proyecto de construcción de la casa adquirida en el denominado sector El Salado del Municipio Campo E.d.E.M., lugar donde se encuentra la casa de habitación de las partes que debaten en el presente juicio. Por las razones antes expuestas, este Tribunal le asigna eficacia probatoria al mencionado testigo.

Posteriormente, mediante otro escrito de pruebas la parte actora adicionalmente promovió lo siguiente:

9) DE LAS POSICIONES JURADAS: La parte actora promovió de conformidad con el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil, acto de posiciones juradas a la ciudadana D.M.C.M., para que absuelva posiciones juradas, manifestando absolver recíprocamente las mismas.

Constata el Tribunal que de la revisión exhaustiva del expediente las mencionadas posiciones juradas, no se hacen constar en autos, por lo cual, se tienen como inexistentes y en consecuencia no son objeto de valoración.

LA PARTE DEMANDADA NO PROMOVIÓ NINGÚN G.D.P..

DEL PUNTO PREVIO RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, PROPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA:

La parte de [sic]demandada alegó como defensa de fondo la caducidad de la acción, con fundamento en el artículo 1.346 del Código Civil, por haber operado la prescripción extintiva, para ello citó el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil.

Advierte el Tribunal que tal y como se mencionó ut supra la parte demandada no promovió ningún género de prueba que hiciere evidenciar tal circunstancia u alegato planteado. En tal sentido la referida defensa de fondo alegada por la parte demandada no puede prosperar. Así debe decidirse.

La presente acción tiene por objeto el reconocimiento de la unión concubinaria, derivada de la unión de hecho entre los ciudadanos F.Q.M. Y D.M.C.M.. A este respecto señala el Tribunal que la declaración de comunidad concubinaria, contemplada en el artículo 767 del Código Civil, disposición sustantiva se elevó a rango constitucional, ya que el artículo 77 de la Constitución, protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, y asimismo, el señalado dispositivo constitucional agrega que las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio.

En el caso bajo análisis, si bien es cierto que la parte actora alegó una serie de hechos los cuales fueron explanados suficientemente ut supra, además fueron objeto de pruebas, en cambio la parte demanda argumentó una serie de hechos contrarios a los expuestos por ésta, sin embargo no promovió prueba alguna, que permitiera demostrar a ciencia cierta sus alegaciones.

SEPTIMA [sic]: DE LA CARGA DE LA PRUEBA.

El encabezamiento del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil establece:

“Artículo 12: Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer los límites de su oficio. En decisiones el Juez debe atenerse a las normas de derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados, ni probados. (Lo destacado y subrayado fue efectuado por el Tribunal)

Debe destacarse que para poder declarar con lugar una acción judicial debe ineluctablemente existir una plena prueba de todos los hechos que sirven de fundamento a la acción interpuesta. Tanto es así, que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, expresa que los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella y en caso de duda, agrega el expresado dispositivo legal que se sentenciará a favor del demandado y que en igualdad de circunstancias favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y puntos de mera forma; de tal manera que, la interposición de una acción judicial en la que no se presenten pruebas ni sea favorecida por el principio de la comunidad de la prueba con relación a las promovidas por la parte accionada, tal demanda no puede prosperar y así debe decirse.

Por su parte el encabezamiento del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, consagra lo siguiente:

Artículo 506: Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación

. (Lo destacado y subrayado fue efectuado por el Tribunal)

En efecto, resulta elemental desde el punto de vista jurídico, que quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, por tener las partes la carga de la prueba. Además, no se trata de un hecho notorio lo señalado por el accionante en su demanda, y que por lo tanto de conformidad con el único aparte del citado artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, los hechos notorios no son objeto de prueba lo cual no es el caso a que se contrae el presente juicio, ni se trata tampoco de la violación de una máxima de experiencia en orden a lo pautado en el ordinal 2º del artículo 213 eiusdem.

En el mismo orden de ideas, el Código Civil en su artículo 1.354 señala:

Artículo 1.354: Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella, por su parte debe probar el pago o el hecho que ha producido por la extinción de su obligación

En el proceso civil la aportación de las pruebas y la formulación de los alegatos, han de hacerla las partes conforme a las reglas que rigen la carga de la prueba y la formulación o exposición de los alegatos.

El demandante debe probar los hechos por él alegados en el escrito contentivo del escrito libelar, y el demandado debe probar sus argumentos explanados en su escrito de contestación de la demanda. En este sentido, el Tribunal observa que la parte demandada no promovió ninguna prueba, aún y cuando tenía la carga de probar las aseveraciones entabladas en su escrito de contestación de la demanda, por cuanto si una persona alega hechos de conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.354 del Código Civil, tiene la carga de probar sus alegaciones o afirmaciones de hecho, y el Juez de conformidad con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, está en la obligación de atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. Y así se decide.

En el caso bajo estudio luego de analizar los alegatos explanados por la parte actora, así como, las probanzas aportadas por la misma, el Tribunal concluye señalando lo siguiente:

1) Que en los planos concernientes al proyecto de casa-quinta, ubicada en el sector de El Salado de Ejido, del Estado Mérida, figura como propietaria la ciudadana CARRERO MORA DORI, y como arquitecto del proyecto el ciudadano H.D.P..

2) Que la tramitación de permisos de construcción, emanado por el Departamento de Ingeniería Municipal del Distrito Campo E.d.E.M., fue expedido a favor de la ciudadana D.M.C.M..

3) Que el documento privado consistente en un recibo simple emitido por el Arquitecto H.D.P., a favor del ciudadano F.Q.M., fue emitido por proyecto de construcción de una Casa-Quinta de dos plantas, ubicada en la Calle Principal, Sector Calle de la Escuela, Casa número 1-48, El Salado Alto, Jurisdicción del Municipio Campo E.d.E.M.. Tal documento fue reconocido posteriormente en su contenido y firma por el aludido profesional.

4) Que según recibo emitido por el ciudadano R.C., el ciudadano F.Q.M., le pagó la cantidad de OCHO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 8.000,oo), por concepto de presupuesto por mano de obra relativa a la construcción de la casa identificada ut supra.

5) Que según c.d.r., de fecha 26 de mayo de 2009, emitida por el C.C.d.S.A. “Cocosalto”, Parroquia Montaban, del Municipio Campo E.d.E.M., suscrita por el Comité de Igualdad Social del referido consejo comunal, el ciudadano F.Q.M., tiene su residencia en el Salado Alto, Calle Principal, Sector Calle Principal, Sector Calle La Escuela Casa número 1-48, desde hace diez (10) años.

6) Que según documento público de fecha 10 de octubre de 1996, el ciudadano J.L.R.J. vendió a los ciudadanos CARRERO MORA D.M. y F.Q.M., 4 lotes de terreno con mejoras de una casa rural, esto según registro realizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Campo E.d.E.M., bajo el número 48, Tomo 1º, Protocolo Primero, Trimestre Cuarto.

7) Que según documento de fecha 23 de julio de 1997, el ciudadano F.Q.M., realizó la cesión y traspaso de los derechos sobre 4 lotes de terreno con mejoras de casa rural, esto según registro ante la Oficina Subalterna de Registro de Público del Municipio Campo E.d.E.M., bajo el número 41, Tomo 6º, Protocolo Primero, Trimestre (sin identificar) del año en referencia.

8) Que según documento público de fecha 3 de noviembre de 1998, el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (IPAS–ME), concedió a la ciudadana D.M.C.M., un crédito hipotecario, el cual fue registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Campo E.d.E.M., bajo el número 5, Protocolo Primero, Tomo Quinto, Cuarto Trimestre del año en referencia.

9) Que los testigos promovidos admitieron y coincidieron respecto de la convivencia de los ciudadanos F.Q.M. y D.M.C.M., explanando de manera congruente sus dichos, demostrando a todas luces la relación debatida en autos.

10) Que de los documentos públicos aportados, no se infiere la existencia de la relación concubinaria demandada, toda vez que si bien fueron valorados por el Tribunal, por así exigirlo el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, resultan inidóneos para comprobar tal relación concubinaria.

11) Que la parte demandada no promovió pruebas, que permitiera demostrar a ciencia cierta, las aseveraciones establecidas en su escrito de contestación de demanda.

12) Que de las probanzas aportadas por la parte actora, se puede determinar que los ciudadanos F.Q.M. y D.M.C.M., mantuvieron una relación concubinaria por un lapso aproximado de 30 años.

13) Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal determina que la acción, por reconocimiento de unión concubinaria, debe prosperar y así debe decidirse.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: